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martes, 24 de mayo de 2022

ALDHU repudia los ataques contra Michelle Bachelet

En las últimas semanas, hemos asistido a una campaña feroz por parte de la diplomacia de los Estados Unidos, y de algunas ONGs De Derechos Humanos de sede norteamericana, en contra de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet. Este hecho es a propósito de la visita que ésta realiza a la República popular China, en el marco del cumplimiento de una resolución del Consejo de derechos humanos de la ONU.



Esta visita largamente esperada se concentrará en la región de Xinjiang, que ha venido siendo objeto de denuncias y advertencias de que, en esa región, el gobierno chino estaría violando sistemáticamente los Derechos Humanos de la población musulmana, integrantes de la etnia Uigur.

La alta comisionada se encuentra en China, iniciando esta visita que ha sido previamente preparada por una misión de avanzada. Con esta misión se ha verificado la existencia de las condiciones de accesibilidad a las fuentes de información, qué tanto Michelle Bachelet, cuánto el secretario general de la ONU Antonio Guterres solicitaron a las autoridades de ese país.

El resultado de esta importante visita se conocerá, como es obvio, una vez que haya concluido y que la alta comisionada emita su informe al respecto. Lo insólito es que antes que se verifique la visita, y se emita su correspondiente informe, un grupo de ONGs lideradas por Human Rights Watch, en sintonía con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han dirigido una sucesión de ataques concertados en contra de la alta comisionada, intentando poner en duda su objetividad e imparcialidad.

Estos ataques contienen la intención de amedrentar, condicionar e influir sobre Michelle Bachelet, intentando que ella se subordine a las orientaciones de Washington. El gobierno norteamericano se ha empeñado en convencer al mundo de la existencia de un genocidio uigur, cuya ocurrencia fue creada por Mark Pompeo, una semana antes de dejar La Secretaría de Estado de Donald Trump.

Esta campaña sistemática, concertada y agresiva, violenta los más elementales principios que rigen el multilateralismo y que inspiran la acción de las Naciones Unidas. En efecto, todo el sistema multilateral de la ONU descansa en el principio de la buena fe que debe regir las relaciones entre los Estados, cuando éstos participan especialmente en esfuerzos colectivos, cuyos propósitos son nada menos que garantizar la paz y la civilizada convivencia entre las naciones. El principio de la buena fe exige a las partes conducirse con honestidad lealtad y razonabilidad, que en este caso supondría al menos respetar la investidura y la persona de la alta comisionada, absteniéndose de estos intentos por condicionar su trabajo y amedrentar su conducta.

la objetividad e imparcialidad con que Michelle Bachelet ha conducido el accionar de la oficina de alta comisionada para los derechos humanos, es reconocida por la mayoría de las naciones que integran La ONU. Quienes conocemos su trayectoria como presidenta de la República de Chile, como ministra de Estado y como líder por la lucha de la igualdad y no discriminación para las mujeres en el mundo, podemos asegurar que no habrá fuerza alguna que la haga titubear a la hora de cumplir su mandato.

la Asociación Latinoamericana para los derechos humanos ALDHU, respalda absoluta e irrestrictamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Repudiamos los ataques y presiones que la diplomacia norteamericana y sus aliados intenta hacer sobre ella, con el propósito de incidir en el informe que emitirá, una vez concluida su visita a la República popular China.

Declaración  ALDHU

jueves, 13 de enero de 2022

Bolsonaro, una amenaza para la democracia en Brasil, advierte Human Right Watch

Según el reporte, su gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos en varias áreas, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión.


Las elecciones generales de este año en Brasil serán una prueba para la democracia del país debido a las amenazas del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien ha cuestionado la validez de su sistema de votación, dijo el jueves Human Rights Watch.

En su informe anual sobre abusos contra los derechos en el mundo, el grupo con sede en Washington instó al Supremo Tribunal Federal, al Congreso y a otras instituciones democráticas de Brasil a permanecer vigilantes y resistir cualquier intento de Bolsonaro de socavar las elecciones de octubre.


“El presidente Bolsonaro intentó debilitar los pilares de la democracia, atacando al poder judicial y repitiendo acusaciones infundadas de fraude electoral”, dijo Maria Laura Canineu, directora de Human Rights Watch en Brasil.

Su gobierno ha promovido políticas contrarias a los derechos humanos en varias áreas, incluyendo los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas con discapacidad y la libertad de expresión, dijo el informe.

La oficina del presidente no respondió a una solicitud de comentarios sobre el informe. Bolsonaro planea buscar la reelección en octubre, aunque no ha anunciado formalmente su candidatura.

Brasil registró en 2020 el mayor número de muertes resultantes de la acción policial desde que el indicador comenzó a ser seguido y cerca del 80% de las víctimas fueron personas negras, dijo HRW.

Bolsonaro ha fomentado la violencia policial y ha defendido un proyecto de ley que busca dificultar que los policías respondan por los casos de abusos, añadió.

Su gobierno inició investigaciones penales contra sus críticos, incluso con el uso de la Ley de Seguridad Nacional de la dictadura militar de 1964-1985 que él defiende, dijo.

Bolsonaro ha promovido proyectos de ley para negar el derecho de muchos pueblos indígenas a sus tierras tradicionales y, en la práctica, legalizar la minería ilegal en esos territorios.


Durante su gobierno, la deforestación en la Amazonia se ha disparado hasta alcanzar el nivel más alto desde 2006, como muestran los propios datos del gobierno, señaló Human Rights Watch.

Fuente: Reuters

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Los mandatarios deberían respetar las instituciones democráticas para poder mantener los sistemas gubernamentales libres de autoritarismos y poder mantener una democracia fuerte que ayude el desarrollo de todos los ciudadanos del ´país".