ALDHU repudia los ataques contra Michelle Bachelet

En las últimas semanas, hemos asistido a una campaña feroz por parte de la diplomacia de los Estados Unidos, y de algunas ONGs De Derechos Humanos de sede norteamericana, en contra de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet. Este hecho es a propósito de la visita que ésta realiza a la República popular China, en el marco del cumplimiento de una resolución del Consejo de derechos humanos de la ONU.

Esta visita largamente esperada se concentrará en la región de Xinjiang, que ha venido siendo objeto de denuncias y advertencias de que, en esa región, el gobierno chino estaría violando sistemáticamente los Derechos Humanos de la población musulmana, integrantes de la etnia Uigur.

La alta comisionada se encuentra en China, iniciando esta visita que ha sido previamente preparada por una misión de avanzada. Con esta misión se ha verificado la existencia de las condiciones de accesibilidad a las fuentes de información, qué tanto Michelle Bachelet, cuánto el secretario general de la ONU Antonio Guterres solicitaron a las autoridades de ese país.

El resultado de esta importante visita se conocerá, como es obvio, una vez que haya concluido y que la alta comisionada emita su informe al respecto. Lo insólito es que antes que se verifique la visita, y se emita su correspondiente informe, un grupo de ONGs lideradas por Human Rights Watch, en sintonía con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han dirigido una sucesión de ataques concertados en contra de la alta comisionada, intentando poner en duda su objetividad e imparcialidad.

Estos ataques contienen la intención de amedrentar, condicionar e influir sobre Michelle Bachelet, intentando que ella se subordine a las orientaciones de Washington. El gobierno norteamericano se ha empeñado en convencer al mundo de la existencia de un genocidio uigur, cuya ocurrencia fue creada por Mark Pompeo, una semana antes de dejar La Secretaría de Estado de Donald Trump.

Esta campaña sistemática, concertada y agresiva, violenta los más elementales principios que rigen el multilateralismo y que inspiran la acción de las Naciones Unidas. En efecto, todo el sistema multilateral de la ONU descansa en el principio de la buena fe que debe regir las relaciones entre los Estados, cuando éstos participan especialmente en esfuerzos colectivos, cuyos propósitos son nada menos que garantizar la paz y la civilizada convivencia entre las naciones. El principio de la buena fe exige a las partes conducirse con honestidad lealtad y razonabilidad, que en este caso supondría al menos respetar la investidura y la persona de la alta comisionada, absteniéndose de estos intentos por condicionar su trabajo y amedrentar su conducta.

la objetividad e imparcialidad con que Michelle Bachelet ha conducido el accionar de la oficina de alta comisionada para los derechos humanos, es reconocida por la mayoría de las naciones que integran La ONU. Quienes conocemos su trayectoria como presidenta de la República de Chile, como ministra de Estado y como líder por la lucha de la igualdad y no discriminación para las mujeres en el mundo, podemos asegurar que no habrá fuerza alguna que la haga titubear a la hora de cumplir su mandato.

la Asociación Latinoamericana para los derechos humanos ALDHU, respalda absoluta e irrestrictamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Repudiamos los ataques y presiones que la diplomacia norteamericana y sus aliados intenta hacer sobre ella, con el propósito de incidir en el informe que emitirá, una vez concluida su visita a la República popular China.

Declaración  ALDHU

La Moción para establecer la desigualdad ante la justicia para migrantes

 Recientemente el Foro Migratorio de las Mesas Temáticas del Senado, dieron a conocer de una moción que que pretende modificar el código penal para que una circunstancia agravante sea que el un delito de robo o hurto sea ejecutado por una o más personas en condición migratoria irregular; de la siguiente Forma: 

   B.- Incorpórese el siguiente numeral 6 nuevo al artículo 456 bis: 6°) Que el delito sea ejecutado por una o más personas extranjeras en condición migratoria irregular, utilizando para tales efectos, motocicletas, bicimotos, motonetas o vehículos similares. ”, Boletín 14989 – 25.

La tasa de detención para ese tipo de delitos es muy baja, representando el 4,7%. Los delincuentes serían hombres de nomás de treinta años en, extranjeros y en situación migratoria irregular (citado en el proyecto de ley  de la Cámara. (Aquí)

Sin tantos datos acumulados, esta propuesta parecería una estrategia para poner en debate temas populistas como culpabilización de los migrantes sobre la inseguridad y precariedad. Esta precariedad es vivida por los migrantes y la por sociedad chilena después de la pandemia. La culpabilización del extranjero, de lo desconocido; y la inducción al susto y al miedo y la rabia parecen tácticas para que los grupos más conservadores obtengan réditos y desaprobación con el actual sistema político.

Desde ALDHU, nos sumamos a las mesas temáticas, considerando que este Proyecto es contrario  a los principios básicos de Derechos Humanos, contradice a la Ley de Migraciones y contiene errores conceptuales que hacen que su contenido sea rechazado por las organizaciones de migrantes y pro migrantes y expertos en el tema migratorio. El fundamental equívoco de este Proyecto es confundir y generar discriminación y xenofobia al poner en igualdad de condiciones la comisión de delitos con la condición de migrante irregular.

El código penal contempla la pluralidad de malhechores, cuando el hecho delictivo se realiza con una dos o más personas está sancionado según el artículo 449 bis. del Código Penal, “Será circunstancia agravante de los delitos contemplados en los Párrafos 1, 2, 3, 4 y 4 bis  de este Título, y del descrito en el artículo 456 bis A, el hecho de que el imputado haya actuado formando parte de una agrupación u organización de dos o más personas destinada a cometer dichos hechos punibles, siempre que ésta o aquélla no constituyere una asociación ilícita de que trata el Párrafo 10 del Título VI del Libro Segundo." 1

El hecho que los malhechores sean extranjeros sean uno dos o más no implica agravante.

La condición migratoria de irregularidad o la nacionalidad de quienes realizan actos delictivos no generan un mayor plus valor al hecho delictivo o a la conducta sancionada, el que esté en situación irregular no hace que sea más o menos grave la acción. La acción en sí es cometer un delito con pluralidad de malhechores, como sea que se cometa el ilícito, no la condición migratoria del o los individuos.

La situación de irregularidad migratoria en que se encuentra una persona, ya sea por la entrada irregular al territorio o por la carencia o vencimiento de la autorización de residencia, puede constituir una infracción administrativa y no un delito. Por lo tanto, no puede dar lugar a una respuesta punitiva por parte del Estado, tal como lo han señalado mecanismos internacionales de derechos humanos. Específicamente, se ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos. Más aún, la detención de personas migrantes utilizada como un mecanismo de control migratorio, constituye una respuesta desproporcionada, arbitraria, inadecuada e ineficaz para dar respuesta al creciente fenómeno de la inmigración irregular, criminaliza

la migración irregular y produce un grave impacto en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes.

Es importante en este contexto citar, el artículo 19 N° 2 de la Constitución chilena vigente que asegura a todas las personas: “la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley". Esta igualdad básica de naturaleza de todos los seres humanos, asumida por los ordenamientos jurídicos, exige eliminar las discriminaciones en el ámbito sociológico, prohibiendo toda distinción basada en aspectos subjetivos de las personas por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.2

Por su parte la Ley de Migraciones, expresa claramente en su “Artículo 9.- la no criminalización. “La migración irregular no es constitutiva de delito”.

Leer declaración completa: En defensa de la dignidad y Derechos de los migrantes Irregulares

Cuestión de vida y de muerte.

Art. Opinión Baltasar Garzón.

“No es cuestión de risa, es cuestión de vida y de muerte". Recuerdo estas palabras de la Fiscal General del Estado el 2 de marzo de este año, en una comparecencia ante el Congreso destinada a presentar las memorias de la Fiscalía General del Estado de 2020 y 2019, en relación con los asesinatos de mujeres. Dolores Delgado reprochaba así los murmullos y risitas de los diputados de Vox que niegan la violencia de género como uno de los más nauseabundos pilares de su oferta programática.

Según cifras oficiales del Ministerio de Igualdad, hasta el 4 de agosto 30 mujeres habían muerto en 2021. De ellas, solo siete habían presentado denuncia previa. Sus presuntos asesinos fueron sus parejas, exparejas o pareja en fase de ruptura. 

Son unas cifras que van a todo galope y que amenazan con igualar o incluso superar el horrible balance de 2020, cuando en pleno auge de la pandemia fueron asesinadas 45 mujeres. El patrón se repite este año. Las estadísticas son sombrías y desesperanzadoras y de ellas da fe el último informe sobre evolución del número de mujeres víctimas mortales por violencia de género en España. 

Y es dramático porque desde 2003, año en el que empezaron a oficializarse estos datos, son 1.108 las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Con todo lo fríos que son, los números permiten dimensionar el problema y medir su evolución para adoptar mejores medidas de prevención y protección. Por ello es útil recordar que las cifras reflejan una escasa disposición a denunciar por parte de las víctimas. Ese aspecto me preocupa sobremanera, porque esto quiere decir que estas mujeres, acosadas en la intimidad de su vida familiar o personal, temerosas por la suerte de sus hijos, no se atreven a dar el paso para señalar a su agresor cotidiano y pedir ayuda. Sin duda que en ello intervienen diferentes factores, desde la dificultad para reconocerse en situación de riesgo, pasando por el miedo a la reacción del agresor, la inseguridad ante el vacío económico que puede generarse tras la denuncia o incluso por un sentimiento de culpa al pensar que se merece esta situación por no ser la esposa o la madre que se espera de acuerdo con los patrones culturales vigentes que siguen otorgando un gran papel al patriarcado. Hay múltiples factores, pero todos ellos dejan en evidencia que, como sociedad, no hemos sido capaces de crear la red de protección que requieren las mujeres en esta situación de vulnerabilidad. Mujeres que no ven salida y que callan sumidas en su infierno diario, sin posibilidad de hallar respuestas en un entorno hostil o, cuando menos indiferente, en una sociedad insensible y en una justicia que es reacia a ofrecer la protección urgente y necesaria que precisan.

Mejor justicia

¿Cómo combatir esta inhibición que lleva en demasiadas ocasiones a la muerte? Los jueces, lo fiscales, los abogados… tenemos mucho que reflexionar en este sentido. Es sabido que la Fiscalía trabaja con un equipo de fiscales formados de manera especializada y que coordina la acción de diferentes departamentos relacionados con esta materia, para mantener una dinámica continua de conocimiento y sensibilización, con instrucciones claras de acompañamiento a la víctima durante todo el proceso e incluso tras la ejecución de la sentencia.

En cuanto a los jueces, creo que la formación inicial debería tener mucho más contenido en esta materia y no solo en lo que se refiere a los conocimientos teóricos, sino especialmente en cuanto a la aplicación del Derecho, que debiera tener en cuenta de manera transversal unos criterios de igualdad de género aplicados a lo cotidiano, tanto a los casos que resuelven, como en su entorno laboral e inclusive en su propio espacio personal. El machismo no debiera tener cabida en el Poder Judicial, ni en el ámbito de cualquier otro operador jurídico y en general de toda persona que trabaje en la administración de justicia. 

La responsabilidad de implementar y elaborar programas de concienciación en la judicatura y mantener una vigilancia continua y rigurosa contra aquellas actitudes que atentan contra los derechos de las mujeres es del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, tan cuestionado por su falta de renovación, anunciaba el 8 de marzo del 2019, Día Internacional de la mujer, la puesta en marcha del primer curso obligatorio en perspectiva de género, a raíz del Pacto de Estado contra la Violencia Doméstica y de Género, lo que es digno de celebrar. Sin embargo, a dos años de estos cursos, asociaciones de jueces y juristas han hecho pública su opinión de que, por el momento, no han dado grandes frutos. El curso se dirigía a jueces, juezas y fiscales que quieran acceder a cualquier tipo de especialidad dentro de la carrera judicial. 

Demasiado tarde

Este curso, como requisito, parece una buena iniciativa, pero he aquí un escollo importante: la medida es hacia futuro, por lo que quienes ya disponían previamente de plaza en juzgados relativos a violencia de género no están obligados a cursarlo ni a acreditar su formación en la materia. Esto podría ser considerado como una afectación grave del derecho a la igualdad en la aplicación del derecho, ya que un caso podría ser tratado de una manera u otra, según toque un juez o jueza con o sin esta especialización. La formación debe ser inicial y también continuada. No hay excusas porque existe una gran oferta de clases y cursos específicos, incluso en modalidad online (de auge con la pandemia pero que ha llegado para quedarse) y de formación de formadores.

A modo de ejemplo, recuerdo un caso en que el Tribunal Constitucional, en agosto de 2020, concedió amparo a una mujer que, en el curso de un procedimiento de divorcio, denunció maltrato psicológico por parte de su pareja. En opinión del Constitucional los hechos no se habían investigado suficientemente por lo que ordenó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer que anulara su decisión de archivo, reabriera la investigación y llevara a cabo nuevas diligencias. En suma, se trataba de un toque de atención a los jueces a fin de que garanticen una investigación suficiente y eficaz. Y que respeten los criterios que nos vinculan a los dictámenes de Tribunales como el Europeo de Derechos Humanos.

Puedo imaginar el largo camino de esta mujer, en búsqueda de justicia, en todo lo extenuante y oneroso que debe haber sido, y lo prohibitivo para tantas otras mujeres que necesitan urgentemente de una respuesta rápida y certera. 

Ocurre que en demasiadas ocasiones los jueces llegan tarde. De eso se lamentan profesionales de la judicatura que a diario se enfrentan al problema. Recuerdo un interesante artículo de El Confidencial que leí el año pasado, en el que tres magistradas analizaban la realidad habitual, insistiendo en la necesidad de “trabajar y centrar esfuerzos en mejorar lo que sucede antes y después de su intervención”, haciendo hincapié en la prevención y el seguimiento y cómo evitar que la mínima parte de denunciantes se echen para atrás. Las juezas entrevistadas reclamaban información, formación y concienciación social como elementos básicos para conseguir que se rompa la barrera escalofriante del 80% de quienes padecen en silencio sin informar de su estado; lleguen las denuncias para poder brindar protección y que cuando llegue la intervención se esté aun a tiempo de salvarles la vida.

El papel de la ultraderecha

Vivimos un momento tormentoso en el que la ultraderecha, que ha ido avanzando con la ayuda de la derecha convencional, maneja como un mantra la negación de la violencia machista y acribilla con bulos y textos propagandísticos tal rechazo. En marzo de 2020 el grupo parlamentario de Vox presentó una Proposición no de Ley relativa al Pacto de Estado contra la violencia de género, instando a su modificación y a la elaboración de una Ley de Violencia Intrafamiliar. Pedían penas iguales para todos los casos de violencia en el ámbito de la familia, independientemente del sexo de la víctima y del agresor, y medidas de protección para todas las víctimas sin admitir que la mayoría de las agresiones se dirigen hacia la mujer por el hecho de serlo. En enero de este año hacían gala de similar desprecio mediante enmiendas contra el Proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, que entraron en vigor meses antes como real decreto.

Vox volvió a sacar a pasear su discurso negacionista en enero de 2021, cuando restó importancia a las víctimas de esta lacra estructural a través de las enmiendas registradas al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género durante la pandemia, unas medidas que entraron en vigor a principios de abril vía real decreto y que ahora se tramitan como proyecto de ley.

La extrema derecha española ningunea, directamente, informes como la Macroencuesta sobre Violencia sobre las Mujeres, del Ministerio de Igualdad que en septiembre de 2020 ponía en evidencia cómo más de 11 millones y medio de mujeres mayores de 16 años, un 57% del total, han sufrido a lo largo de su vida algún tipo de violencia machista solo por el hecho de ser mujeres. El 99,6% de sus agresores fueron hombres. 

Las risas de Vox

Esta actitud machacona de Vox contra la evidencia empírica de la existencia de la violencia de género, abre paso y es un aliciente para aquellos que se sienten amenazados en sus privilegios como machos alfa. Lo decía alto y claro la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rossell recientemente, al afirmar que no podía descartarse que el repunte de violencia que vivimos desde el fin del estado de alarma puede tener que ver “con hombres envalentonados e indignados con el feminismo". Concuerdo con Rossell que existe responsabilidad política en esa forma de presentar las cosas, que muestra al hombre como víctima e induce al silencio de la mujer por el hecho de no creerla. 

Debemos pues actuar no solo contra esta lacra feminicida sino contra quienes la consideran como un hecho normalizado y no reprobable. La violencia de género existe. La omisión y la negación llevan a la tortura y al asesinato; a que la vida de miles de mujeres, que forman parte de más de la mitad de la población, discurra en un bucle infinito y callado de dolor e impotencia. Las risas que Dolores Delgado reprochó a Vox en aquella sesión parlamentaria, no eran sino los clavos que pretenden cerrar el ataúd de la esperanza, porque, como ella misma dijo, no es cuestión de risas, sino cuestión de vida y de muerte.

Baltasar Garzón Real es jurista y Presidente de FIBGAR

Fuente: Infolibre

El Papa Francisco fulmina las bases ideológicas y prácticas del neoliberalismo

Contundentes definiciones en la última encíclica papal sobre la globalización, el rol de los Estados, la propiedad privada, el liberalismo, el populismo, las políticas de asistencia social, las finanzas, las deuda de países pobres y los pactos sociales. La posición del Papa Francisco genera muchísima incomodidad en el poder económico y en grupos sociales y mediáticos conservadores.

Las encíclicas “Lumen fidei” (2013) y “Laudato si” (2015), la exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” (2013) o sus palabras en seminarios como “Nuevas formas de fraternidad solidaria de inclusión, integración e innovación (I+I+I)” celebrado a comienzos de este año, llevaron al Papa Francisco a convertirse en la voz global más poderosa para cuestionar el actual poder económico mundial. 

La tercera encíclica “Fratelli tutti”, fue un nuevo capítulo en este recorrido, donde no dejó tema económico sin tocar, desde la globalización hasta el rol de los Estados y la propiedad privada, pasando por el neoliberalismo, el populismo, las políticas de asistencia social, las finanzas, los endeudamientos soberanos, o los pactos sociales, entre otros.

En relación a la promocionada apertura al mundo, sostuvo que “es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas”, añadiendo que “se refiere exclusivamente a la apertura a los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin trabas ni complicaciones en todos los países”. 

Para agregar que “el avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes que se protegen a sí mismos, pero procura licuar las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes”, con lo que “la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales”.

En otro tramo indicó que "la propaganda política, los medios y los constructores de opinión pública persisten en fomentar una cultura individualista e ingenua ante los intereses económicos desenfrenados y la organización de las sociedades al servicio de los que ya tienen demasiado poder”.

Modelos neoliberales

esta encíclica realiza una fuerte crítica a los modelos neoliberales, al señalar que "el mercado solo no resuelve todo, aunque otra vez nos quieran hacer creer este dogma de fe neoliberal. Se trata de un pensamiento pobre, repetitivo, que propone siempre las mismas recetas frente a cualquier desafío que se presente. El neoliberalismo se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico “derrame” o “goteo” -sin nombrarlo- como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad, que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social”

Apunta que "el fin de la historia no fue tal, y las recetas dogmáticas de la teoría económica imperante mostraron no ser infalibles. La fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que, además de rehabilitar una sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos”.

En relación a las políticas económicas globales, afirma que “se argumenta que conviene limitar la ayuda a los países pobres, de modo que toquen fondo y decidan tomar medidas de austeridad. No se advierte que, detrás de estas afirmaciones abstractas difíciles de sostener, hay muchas vidas que se desgarran”.

Denuncia que el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso “a veces se ve fuertemente dificultado por la presión que origina la deuda externa. El pago de la deuda en muchas ocasiones no sólo no favorece el desarrollo, sino que lo limita y lo condiciona fuertemente. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida debe ser saldada, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento”.

Estados nacionales

De hecho, plantea que el siglo XXI "es escenario de un debilitamiento de poder de los Estados nacionales, sobre todo porque la dimensión económico-financiera, de características transnacionales, tiende a predominar sobre la política". Avala una economía y una tecnocracia subordinada, pues afirma que "la política no debe someterse a la economía y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia". 

Por eso, sin dejar de "rechazar el mal uso del poder, la corrupción, la falta de respeto a las leyes y la ineficiencia", afirma que "no se puede justificar una economía sin política, que sería incapaz de propiciar otra lógica que rija los diversos aspectos de la crisis actual (…) No se puede pedir esto a la economía, ni se puede aceptar que esta asuma el poder real del Estado”. 

Señala la necesidad de Estados que se encuentren presentes y activos, junto con “instituciones de la sociedad civil que vayan más allá de la libertad de los mecanismos eficientistas de determinados sistemas económicos, políticos o ideológicos, porque realmente se orientan en primer lugar a las personas y al bien común. Algunos nacen en familias de buena posición económica, reciben buena educación, crecen bien alimentados, o poseen naturalmente capacidades destacadas. Ellos seguramente no necesitarán un Estado activo y sólo reclamarán libertad. Pero evidentemente no cabe la misma regla para una persona con discapacidad, para alguien que nació en un hogar extremadamente pobre, para alguien que creció con una educación de baja calidad y con escasas posibilidades de curar adecuadamente sus enfermedades. Si la sociedad se rige primariamente por los criterios de la libertad de mercado y de la eficiencia, no hay lugar para ellos, y la fraternidad será una expresión romántica más”. 

Incluso, en el apartado Reproponer la función social de la propiedad, va más allá y plantea que “si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad se debe a que otro se lo está quedando”. Y cita a Juan Pablo II al señalar que “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada”. Para enfatizar que antes que su derecho, “está el más importante y anterior principio de la subordinación de toda propiedad privada al destino universal de los bienes de la tierra y, por tanto, el derecho de todos a su uso”, una definición que en Argentina se vuelve clave ante las diferentes tomas de tierras.

Populismo y liberalismo

Si hay un debate que trasciende al país, es del populismo, del cual fue “acusado” hasta el mismo Papa Francisco. No deja de mencionar que ciertas formas populistas usan a los pobres “demagógicamente para sus fines” y que él está “lejos de proponer un populismo irresponsable”, criticando los casos donde “se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación”. Para apuntar también que "a veces se tienen ideologías de izquierda o pensamientos sociales, junto con hábitos individualistas y procedimientos ineficaces que sólo llegan a unos pocos".

Pero afirma que la pretensión de instalar el populismo como clave de lectura de la realidad social, tiene la debilidad de que “ignora la legitimidad de la noción de pueblo", y "es muy difícil proyectar algo grande a largo plazo si no se logra que eso se convierta en un sueño colectivo”, dando cuenta del rechazo “por las visiones liberales individualistas, donde la sociedad es considerada una mera suma de intereses que coexisten. En ciertos contextos, es frecuente acusar de populistas a todos los que defiendan los derechos de los más débiles de la sociedad", señalando también ciertas “formas liberales al servicio de los intereses económicos de los poderosos”.

En otro tramo que parece apuntar al rol clave de las organizaciones sociales, plantea superar "esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos”.

Por último, también muestra su desencanto por la falta de aprendizaje del sistema económico global, pues señala que "la crisis financiera de 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y para una nueva regulación de la actividad financiera especulativa y de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo”. Es más, parece que las verdaderas estrategias que se desarrollaron posteriormente en el mundo se orientaron a más individualismo, a más desintegración, a más libertad para los verdaderos poderosos que siempre encuentran la manera de salir indemnes".

Pactos sociales

Una referencia habitual en la economía son los “pactos sociales”, es decir los acuerdos entre empresarios y trabajadores para garantizar una armonía de clases.

Según señala el Papa en su encíclica, “la paz social es trabajosa” ya que no consiste “en una paz que surge acallando las reivindicaciones sociales o evitando que hagan lío”, ya que no es “un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz”. 

Francisco afirma que “cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, como si los pobres no existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o temprano provoca alguna forma de violencia, muchas veces inesperada. (…) Por lo tanto, no se trata solamente de buscar un encuentro entre los que detentan diversas formas de poder económico, político o académico. Un encuentro social real pone en verdadero diálogo las grandes formas culturales que representan a la mayoría de la población”.

Concluye diciendo que “quienes pretenden pacificar a una sociedad no deben olvidar que la inequidad y la falta de un desarrollo humano integral no permiten generar paz. (…) Cuando la sociedad -local, nacional o mundial- abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Si hay que volver a empezar, siempre será desde los últimos”.    

@JBlejmar

Por Julián Blejmar

Fuente: Página 12