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domingo, 5 de junio de 2022

Bachelet, Blinken, China y los derechos humanos

Washington, 26 de mayo 2022

Por Daniel Barrios


Mientras el Departamento de Estado cree que China representa una amenaza grave al orden pos-Segunda Guerra Mundial, Bachelet subrayaba el papel de Beijing en la construcción de un orden mundial multilateral y su protagonismo para superar las crisis globales

“Aunque continúa la guerra del presidente Putin, nos mantendremos enfocados en el desafío al orden internacional más grave a largo plazo: el presentado por la República Popular de China”, subrayó el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en un discurso pronunciado la semana pasada en la Universidad George Washington, cuando presentó las líneas estratégicas de la Casa Blanca para competir con Beijing en la carrera para definir el equilibrio político, económico y militar del siglo XXI.

“China es el único país que tiene tanto la intención de reestructurar el orden internacional como la creciente capacidad económica, diplomática, militar y tecnológica para hacerlo”, agregó.

“Si bien Estados Unidos considera a Rusia la amenaza más aguda e inmediata a la estabilidad internacional, el gobierno cree que China significa un peligro mayor”, dijo Blinken y comprometió los esfuerzos de su gobierno para convertir el bloque internacional que hoy se opone al Kremlin por el conflicto bélico en Ucrania en una coalición más amplia para contrarrestar al gigante asiático. 

El discurso del jefe de la diplomacia norteamericana, hasta ahora el más explícito sobre la política del presidente Joe Biden respecto a China, exhuma la esencia de la “doctrina Truman”, el expresidente estadounidense de la Guerra Fría y el que lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Una política de contención en la que se establecía que Estados Unidos debe brindar apoyo económico y militar a los países del mundo para contener la expansión del comunismo (ahora “el socialismo con características chinas”) o las fuerzas soviéticas (ahora las fuerzas chinas). 

Beijing, 28 de mayo de 2022.



“Teniendo en cuenta el importante papel de China en el multilateralismo, la visita fue una oportunidad para mí para discutir también varios otros problemas regionales y globales, donde China puede usar su influencia para traer soluciones políticas”, destacaba Michelle Bachelet, 48 horas después, a los más de 200 periodistas de todo el mundo que se conectaron a distancia para conocer los resultados de su misión de seis días a la República Popular. 

Dadas las numerosas crisis globales que se entrecruzan a las que se enfrenta el mundo hoy en día, incluido el cambio climático, las amenazas a la paz y la seguridad y la inestabilidad en el sistema económico mundial, así como el impacto de la pandemia de covid-19, “China tiene un papel muy importante que desempeñar como país colaborador clave en foros multilaterales y regionales”, agregó la dos veces presidenta de Chile. 

Mientras el Departamento de Estado cree que China representa una amenaza grave al orden pos-Segunda Guerra Mundial, la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas -según algunos candidata a suceder a António Guterres y convertirse en la primera mujer secretaria general de la ONU- subrayaba el papel de Beijing en la construcción de un orden mundial multilateral y su protagonismo para superar las crisis globales que atraviesa el mundo. 

La misión de Bachelet - la primera de un alto comisionado en 17 años- se estuvo preparando desde que en 2018, apenas asumido el cargo, la funcionaria internacional expresó su deseo de viajar a Xinjiang ante las “preocupantes” denuncias que llegaban sobre los campos de reeducación. Desde entonces China extendió reiteradas invitaciones con la única condición de que la misma se hiciera sin “prejuicios” ni “fines políticos”. 

EEUU, el primero en acusar a China de “genocidio” y “crímenes de lesa humanidad” contra la minoría turco musulmana uigur, fue también quién lideró las críticas a Bachelet que precedieron su misión.

 Estamos “profundamente preocupados por la próxima visita de la alta comisionada”, declaró el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, apenas confirmada las fechas del viaje. 

"No esperamos que la República Popular China otorgue el acceso necesario para realizar una evaluación completa y sin manipulación del entorno de los derechos humanos en Xinjiang", dijo Price.

 La llegada de la exjefe de Estado fue precedida por un equipo de cinco funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) con el objetivo de verificar si existían las condiciones para un "acceso sin vigilancia a un amplio número de actores de la sociedad civil y lugares, así como interacciones con funcionarios de alto nivel”. 

No obstante el dictamen favorable de la misión preparatoria, Human Rights Watch (HRW) se sumó a las críticas de Estados Unidos, y consideró "poco creíble" que el gobierno chino permita a Bachelet "ver todo lo que no quiere que vea, o que permita a los defensores de derechos humanos [...] hablarle sin vigilancia y sin temor a represalias”. 

"El legado de Bachelet se juzgará por su voluntad a la hora de hacer que un Estado poderoso responda por sus crímenes contra la humanidad", advirtió Sophie Richardson, directora de HRW para China 

“Un grupo de ONG lideradas por Human Rights Watch, en sintonía con el Departamento de Estado de Estados Unidos, ha dirigido una sucesión de ataques concertados en contra de la alta comisionada, intentando poner en duda su objetividad e imparcialidad”, denunció en un comunicado oficial la Asociación Latinoamericana para los derechos humanos Aldhu, con la firma de su secretario general, el chileno Juan de Dios Parra. 

“Aldhu respalda absoluta e irrestrictamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Repudiamos los ataques y presiones que la diplomacia norteamericana y sus aliados intenta hacer sobre ella, con el propósito de incidir en el informe que emitirá, una vez concluida su visita a la República popular China”, concluye la declaración de la institución con sede en Quito y que entre sus representantes cuenta con expresidentes, premios Nobel de la paz, legisladores y personalidades de todos los países de la región. 

El valor de mi misión, subrayó Bachelet, que aclaró que “no era una investigación”, ha estado en la posibilidad de abordar la situación de los derechos humanos en Xinjiang y el resto de China con las máximas autoridades del país. 

Durante su estadía, la jefa de los derechos humanos de la ONU, cuyo mandato vence el próximo mes de setiembre, mantuvo una videoconferencia con el presidente Xi Jinping y se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, en Guangzhou. 

Según informó a los periodistas, pudo entablar conversaciones con personas de diferentes sectores, incluidos altos funcionarios de Xinjiang, representantes de las minorías étnicas locales, académicos, líderes religiosos, y además visitó una prisión para hablar con los reclusos, así como antiguos centros de educación y formación profesional donde se entrevistó con exalumnos. 

Todas las reuniones con personas en la región de Xinjiang fueron "sin supervisión" a las fuentes con las que la ONU había previsto y “organizadas por nosotros”, acotó Bachelet. 

Ante la campaña considerada un instrumento para liquidar la identidad cultural de las minorías étnicas, China siempre ha sostenido que su programa de centros de reeducación y otras políticas hacia los uigures en Xinjiang es necesario para combatir el terrorismo y el extremismo, después de una serie de atentados en la primera mitad de la década pasada perpetrados por el Movimiento Islámico de Turkestán Oriental, el cual es sindicado por la ONU como un grupo terrorista. 

“He planteado preguntas y preocupaciones sobre la aplicación de medidas antiterroristas y de desradicalización” y “particularmente el impacto en los derechos de los uigures y otras minorías musulmanas”, agregó Bachelet, quien padeció cárcel y torturas durante la dictadura del general Pinochet. 

Al mismo tiempo se congratuló con la República Popular por haber erradicado la pobreza extrema 10 años antes de la fecha prevista, la protección del derecho a la salud y los derechos sociales y económicos más amplios, su legislación para proteger los derechos de la mujer y su apoyo de la Agenda Multilateral 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto a nivel nacional como internacional.

Comentando los resultados de la misión de las Naciones Unidas, el viceministro de Relaciones Exteriores de China, Ma Zhaoxu, aseguró que la misma fue la oportunidad de observar y experimentar de primera mano el verdadero Xinjiang en medio de “muchas mentiras sensacionalistas contadas por ciertos países occidentales y elementos anti-China para cumplir con sus motivos de usar la región de Xinjiang para contener a China”. 

La evaluación de Washington -a una visita que exigió durante años a la Acnudh para que pudiera “ver con sus propios ojos” las violaciones a los derechos humanos en China- fue tan categórica como esperada. 

 “Nos preocupa que las condiciones que las autoridades impusieron en la visita no permitieron una evaluación completa e independiente del entorno de derechos humanos en la República Popular China, incluso en Xinjiang, donde continúan el genocidio y los crímenes contra la humanidad», consignó un comunicado del Departamento de Estado firmado por Blinken. 

Durante la videoconferencia Xi Jinping prometió a Bachelet que su país continuará "promoviendo la protección de los derechos humanos y el Estado de derecho, y mantendremos el orden y la justicia social. El pueblo chino disfruta hoy de más y más derechos democráticos, y los derechos humanos de los chinos tienen unas garantías sin precedentes”. 

"Pero lo que no es para nada necesario son los 'profesores' arrogantes con otros países, y mucho menos que se politicen estos asuntos", dijo el líder chino en velada referencia a Estados Unidos. 

Para Bachelet, que consideró que “las reuniones con el presidente Xi y altos funcionarios han sido valiosas para abordar directamente cuestiones sobre derechos humanos y preocupaciones en China y globales”, ese tipo de “profesores” tampoco sería necesario.


Fuente: Caras y caretas

viernes, 3 de junio de 2022

Corte Suprema dejó sin efecto licitación del litio hecha por el Gobierno de Piñera

 

Publicado:   
Autor: Cooperativa.cl

El máximo tribunal acogió sendos recursos de protección presentados por dos comunidades indígenas contra las Bases del proceso y la adjudicación.

Estableció que la licitación "omitió la individualización del lugar geográfico donde se desarrollará la actividad", por lo que no se pudo hacer una consulta en esas poblaciones.




La Corte Suprema, mediante dos fallos, acogió sendos recursos de protección presentadas por comunidades indígenas y dejó sin efecto la polémica licitación del litio que realizó el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, cuya adjudicación informó en enero, dos meses antes del término de su período.

El 12 de enero de este año, dos días antes de lo previsto, el Ministerio de Minería publicó el resultado del proceso que buscaba producir 400.000 toneladas de litio metálico comercializable (LME), divididas en cinco cuotas de 80.000 toneladas cada una: finalmente otorgó dos, una a la multinacional china ByD y otra a la firma Servicios y Operaciones Mineras del Norte, cuyas ofertas totalizaron 121 millones de dólares para el Estado.

En este marco, primero, las comunidades indígenas atacameñas de Camar recurrieron contra las "Bases de Licitación Pública, Nacional e Internacional, para la Suscripción de un Contrato Especial de Operación para la Exploración, Explotación y Beneficio de Yacimientos de Litio", al considerar que no cumplió con el requisito de fijar un área específica para desarrollar el proyecto, con lo que no se pudo hacer la consulta indígena previa, como estipula la ley.

La Tercera Sala del máximo tribunal les dio la razón y estableció que "el mecanismo propuesto por la autoridad eludió un deber en lo relativo a la completa determinación del objeto de la licitación, pues omitió la individualización del lugar geográfico en que se desarrollará la actividad minera; adolece de falta de delimitación precisa de su objeto, de manera tal que no resulta posible determinar, a ciencia cierta, cuáles son las comunidades, personas y eventuales otros titulares de derechos que pudieren resultar afectados".

"Incluso reviste la potencialidad de afectar pertenencias mineras previamente constituidas, mediante una superposición de derechos", sostuvo la instancia integrada por la ministra Ángela Vivanco, los ministros Sergio Muñoz, Mario Carroza y Jean Pierre Matus y el abogado (i) Pedro Águila.

En ese sentido, sostuvo que el proceso "vulnera, como consecuencia ineludible, y deviene en impracticable para el caso, el derecho" de comunidades indígenas a una consulta previa.

Por ello, en el fallo publicado ayer miércoles, la Suprema dejó sin efecto las Bases del proceso contenidas en el Decreto N°23 del 27 de julio de 2021 del Ministerio de Minería.


COMUNIDAD COYO CONTRA LA ADJUDICACIÓN

La misma Sala analizó otro recurso de protección interpuesto por la comunidad Coyo contra la adjudicación de las dos cuotas de litio metálico comercializable, alegando que se vulneró su garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Los ministros razonaron que "el perjuicio que esta omisión irroga se hace especialmente patente en el caso de la Consulta Indígena, la que no se podrá practicar en tanto no exista conocimiento del lugar donde generará sus efectos la medida de la administración, en este caso, la licitación de cuotas de litio", y que "se pierde entonces, la oportunidad de la consulta, la que no será previa ni realmente influyente sobre los Contratos a celebrarse, ya que estos ya tienen definidos su cuota de extracción, vigencia del contrato, forma de administración, deberes de información, forma de solución de controversias y causales de terminación del contrato, entre otros".

De esa forma, concluyeron que "se ha vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley de los pueblos originarios establecidos en el Salar de Atacama –por lo demás, una de las grandes reservas mundiales de litio–, ya que la omisión arbitraria observada en la totalidad del procedimiento licitatorio ha impedido que los recurrentes ejerzan los derechos que les correspondan en forma oportuna".

Aquello es "razón suficiente para acoger la acción constitucional", afirmó el segundo fallo de la Tercera Sala, que dejó sin efecto la adjudicación de las dos cuotas de litio.

Según informó El Mercurio esta mañana, el Ministerio de Minería del actual Gobierno aún no ha sido notificado de las resoluciones. "Una vez efectuado esto, procederemos a hacer las gestiones que en derecho corresponden", aseguraron desde la cartera en el matutino.

En enero, cuando se conoció el resultado de la licitación que ya no será efectiva, el Presidente Gabriel Boric -entonces Mandatario electo- lo consideró una "mala noticia". Su Administración aboga por la creación de una "Empresa Nacional del Litio", aspiración que reafirmó ayer en su primera Cuenta Pública.

CIDH sumó a Guatemala a la lista de países con graves violaciones a los derechos humanos

 La comisión interamericana aseveró en su informe que observa “acciones estatales que debilitan la independencia judicial” en el país centroamericano.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) añadió a Guatemala a su lista de países donde observa graves violaciones a los derechos humanos. El organismo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) denuncia “acciones estatales que debilitan la independencia judicial”.

La entidad agregó que esas acciones “ponen en entredicho la lucha contra la impunidad y la corrupción” en el país centroamericano. La nación ya estuvo en la lista en años pasados, pero no así en 2021. La CIDH alerta del “progresivo debilitamiento de la institucionalidad democrática”.

La comisión avisa que en el país que gobierna Alejandro Giammattei se observan “injerencias sistemáticas contra la independencia” del sistema judicial. También identifica “irregularidades en el proceso de elección de magistrados” y “la criminalización y estigmatización” de jueces.

El comunicado de la CIDH también reconoce la “iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo” para cumplir con sus recomendaciones. El gobierno esperaba su incorporación a la lista y en marzo el canciller Mario Búcaro calificó de “injusto” ante la OEA que “este informe no refleje la verdad”.

La CIDH mantiene en esa lista a Cuba, Nicaragua y Venezuela, según su Informe Anual 2021. En mayo, Estados Unidos y la Unión Europea criticaron la designación de Consuelo Porras como fiscal general de Guatemala. Washington estima que al menos seis fiscales anticorrupción fueron detenidos.

El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei en un acto oficial

Fuente: ADNradio

sábado, 28 de mayo de 2022

Declaración del Observatorio Ciudadano a partir del asesinato de Segundo Catril Neculqueo


La Declaración del Observatorio Ciudadano

Por la gravedad de la situación ante un nuevo episodio de violencia en la Araucanía, que termina con la vida de otro comunero mapuche, nos permitimos hacer llegar la Declaración del Observatorio Ciudadano. 



Una emboscada a un microbús que conducía a trabajadores a faenas forestales, ocurrido el día de ayer 24 de mayo, en un sector rural de la comuna de Lumaco, en la Araucanía, cobró otra víctima fatal. Esta vez se trata de Segundo Catril Neculqueo, mapuche de 66 años, quien recibió un impacto de bala en su cabeza. La emboscada realizada por desconocidos con armas de grueso calibre, deja además otros dos trabajadores mapuches heridos. 

La información disponible da cuenta de que las víctimas de esta emboscada eran trabajadores que participan de una iniciativa impulsada por un dirigente mapuche, Santos Reinao, subcontratista de la empresa CMPC, que se dirigían al fundo Choque, un predio de propiedad de dicha empresa en el que habría un acuerdo entre las comunidades aledañas al lago Lleu Lleu, para su reforestación parcial con bosque nativo.  

Aunque ninguna organización o grupo de personas ha reivindicado la emboscada, es posible que el hecho tenga relación con la situación de conflictividad generada por la presencia de las forestales como CMPC ha generado en la zona. Cabe dar cuenta que existe un total del 48.792,6 Hectáreas de plantaciones forestales, correspondientes al 43,6% de la superficie total de la comuna de Lumaco, plantaciones que se encuentran sobre Territorios y tierras de propiedad ancestral del pueblo mapuche, e incluso sobre tierras de propiedad legal del pueblo mapuche, gran parte de las cuales son reivindicas por comunidades y organizaciones mapuche del territorio. 

 Más allá de las circunstancias antes descritas, y de quienes puedan ser los responsables directos de estos hechos, el Observatorio Ciudadano condena enérgicamente este atentado en contra de la vida e integridad de las personas, independiente de quienes sean las víctimas. 

Como organismo de derechos humanos nos parece fundamental señalar en este momento crítico – en que el uso de la fuerza en contra de la propiedad y de personas, tanto mapuche como no mapuche, emerge como una realidad cada vez más presente en la zona– que ninguna causa, sea ésta mapuche, particular o estatal, justifica tomar o dañar la vida o la integridad de cualquier persona. 

De la misma manera, hacemos un llamado de atención a todos los actores presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, a asumir acciones urgentes para frenar y revertir este espiral de violencia que amenaza con escalar, con consecuencias graves para la convivencia intercultural en la zona. 

Hacemos en primer término un llamado al Estado, garante del bien común, incluyendo tanto al gobierno como a las instituciones estatales en general, a desarrollar todos los esfuerzos posibles, no sólo para determinar a los autores de estos delitos y lograr su sanción por la justicia, sino también para abordar los problemas de fondo que subyacen a la conflictividad en La Araucanía y regiones aledañas (Wallmapu), los que desde el Observatorio hemos representado por años, y que están relacionados con la negación de los derechos colectivos del pueblo mapuche, en particular el desposeimiento de sus tierras de ocupación tradicional. 

Hacemos también un llamado enérgico a las autoridades de gobierno a desarrollar con urgencia una estrategia más decidida, sistemática y coherente con miras a posibilitar procesos de diálogo con el pueblo mapuche para lograr, a corto plazo, acuerdos constructivos que permitan abordar la deuda histórica que existe con este pueblo y sus comunidades que resulta fundamental para frenar el clima de violencia existente en la zona.  

Vemos lo anterior, como una medida que se debe tomar en paralelo al trabajo que ha desarrollado a lo largo de estos últimos meses la Convención Constitucional, en que justamente se proponen las bases de una nueva convivencia plurinacional e intercultural para Chile. 

Asimismo, hacemos un llamado a las empresas forestales presentes en el territorio de ocupación tradicional mapuche, las que, con cerca de 2 millones de hectáreas de monocultivos en esta parte del país, han vulnerado por décadas los derechos fundamentales de este pueblo, incluyendo sus derechos de tenencia tradicional, el derecho a participar de los beneficios que dichas empresas generan y el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo. Las instamos a abstenerse de desarrollar prácticas que han conducido a generar divisiones al interior del pueblo mapuche y sus comunidades, y a asumir la responsabilidad que tienen en la generación de la conflictividad y violencia en la zona, haciendo abandono progresivo de ella. 

Hacemos también un llamado a aquellas organizaciones del pueblo mapuche que reivindican el uso de la fuerza - y en algunos casos la resistencia armada - provocando en ocasiones, como lo han hecho por años los agentes del estado, víctimas fatales, a abrirse al diálogo como forma de avanzar hacia soluciones a sus legítimas demandas basadas en los derechos colectivos que les asisten como pueblo.   

Finalmente, instamos a la sociedad civil nacional y regional, a las organizaciones sociales y de derechos humanos, a aunar esfuerzos para la construcción de un movimiento de paz basado, no en la defensa de privilegios de unos pocos, sino en los derechos humanos de todos los pueblos y personas que habitamos en esta parte del país, de modo de incidir más activamente en la generación de espacios de diálogo y entendimiento intercultural y plurinacional, urgentes para lograr una paz justa en esta parte del país. 

 

Observatorio Ciudadano 

Temuco, 26 de mayo de 2022 

 

i El Observatorio Ciudadano es una organización no gubernamental sin fines de lucro dedicada a la defensa, promoción y documentación de derechos humanos. Fue creado en septiembre de 2004, en la ciudad de Temuco, Chile, como Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas, por un grupo de ciudadanos de distintos lugares del país, diversas profesiones y procedencia étnica. El Coordinador del Área de DDHH es José Aylwin Oyarzun.  

Declaración Observatorio Ciudadano XX


Corte investiga 12 mil carpetas con testimonios de conscriptos por violaciones a DDHH en dictadura

 Publicado por Manuel Stuardo

La información es de Fabián Polanco


La justicia investiga 12 mil carpetas con testimonios en dictadura. El ocultamiento de estos antecedentes en el Ministerio de Justicia, que no fueron remitidos al Poder Judicial, podría dar cuenta de irregularidades e incluso delitos.

La Corte de Apelaciones de Concepción abrió una investigación a partir de 12 mil carpetas con testimonios de conscriptos del Ejército sobre violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Esos antecedentes han estado en poder del Ministerio de Justicia desde el año 2018, sin que hasta ahora fueran entregados al Poder Judicial.

La decisión de iniciar la investigación fue en respuesta a una carta de abogados del Programa de Derechos Humanos al ministro en visita, Carlos Aldana, dando cuenta de 12 mil carpetas con antecedentes sobre delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, y que han estado guardadas en una oficina del Ministerio de Justicia.

Esas carpetas contienen testimonios de conscriptos del Ejército entregados a la Subsecretaría de Derechos Humanos a partir de enero de 2018, dando cuenta de torturas, fusilamientos y otros hechos de los cuales los uniformados, cumpliendo el Servicio Militar, fueron víctimas y testigos.

Estos antecedentes no estaban en conocimiento de los jueces dedicados a investigar violaciones de derechos humanos durante la dictadura y por eso la decisión de abrir la indagatoria, confirmada por el propio ministro en visita de Concepción, Carlos Aldana.

Según la carta enviada al magistrado Aldana por los abogados del Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, la situación es delicada, deslizando posibles irregularidades e incluso delitos en el ocultamiento de los testimonios de conscriptos, lo que debería ser establecido a través de sumarios administrativos o incluso investigaciones a cargo del Ministerio Público.

Las primeras 6 mil carpetas fueron recibidas cuando lideraba la Subsecretaría de Derechos Humanos la actual diputada Lorena Fríes, quien explicó que efectivamente su gestión inició un análisis de esos antecedentes poco antes de terminar el segundo mandato de Michelle Bachelet, y que correspondía a la administración entrante concluir el trabajo.

Hasta ahora desde el Ministerio de Justicia no ha habido un pronunciamiento, a pesar que entre las diligencias ordenadas por el ministro Aldana está la declaración de Sandro Gaete, coordinador del Área de Investigación Administrativa del Programa de Derechos Humanos.

Fuente: Biobíochile.cl

martes, 24 de mayo de 2022

ALDHU repudia los ataques contra Michelle Bachelet

En las últimas semanas, hemos asistido a una campaña feroz por parte de la diplomacia de los Estados Unidos, y de algunas ONGs De Derechos Humanos de sede norteamericana, en contra de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos Michelle Bachelet. Este hecho es a propósito de la visita que ésta realiza a la República popular China, en el marco del cumplimiento de una resolución del Consejo de derechos humanos de la ONU.



Esta visita largamente esperada se concentrará en la región de Xinjiang, que ha venido siendo objeto de denuncias y advertencias de que, en esa región, el gobierno chino estaría violando sistemáticamente los Derechos Humanos de la población musulmana, integrantes de la etnia Uigur.

La alta comisionada se encuentra en China, iniciando esta visita que ha sido previamente preparada por una misión de avanzada. Con esta misión se ha verificado la existencia de las condiciones de accesibilidad a las fuentes de información, qué tanto Michelle Bachelet, cuánto el secretario general de la ONU Antonio Guterres solicitaron a las autoridades de ese país.

El resultado de esta importante visita se conocerá, como es obvio, una vez que haya concluido y que la alta comisionada emita su informe al respecto. Lo insólito es que antes que se verifique la visita, y se emita su correspondiente informe, un grupo de ONGs lideradas por Human Rights Watch, en sintonía con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, han dirigido una sucesión de ataques concertados en contra de la alta comisionada, intentando poner en duda su objetividad e imparcialidad.

Estos ataques contienen la intención de amedrentar, condicionar e influir sobre Michelle Bachelet, intentando que ella se subordine a las orientaciones de Washington. El gobierno norteamericano se ha empeñado en convencer al mundo de la existencia de un genocidio uigur, cuya ocurrencia fue creada por Mark Pompeo, una semana antes de dejar La Secretaría de Estado de Donald Trump.

Esta campaña sistemática, concertada y agresiva, violenta los más elementales principios que rigen el multilateralismo y que inspiran la acción de las Naciones Unidas. En efecto, todo el sistema multilateral de la ONU descansa en el principio de la buena fe que debe regir las relaciones entre los Estados, cuando éstos participan especialmente en esfuerzos colectivos, cuyos propósitos son nada menos que garantizar la paz y la civilizada convivencia entre las naciones. El principio de la buena fe exige a las partes conducirse con honestidad lealtad y razonabilidad, que en este caso supondría al menos respetar la investidura y la persona de la alta comisionada, absteniéndose de estos intentos por condicionar su trabajo y amedrentar su conducta.

la objetividad e imparcialidad con que Michelle Bachelet ha conducido el accionar de la oficina de alta comisionada para los derechos humanos, es reconocida por la mayoría de las naciones que integran La ONU. Quienes conocemos su trayectoria como presidenta de la República de Chile, como ministra de Estado y como líder por la lucha de la igualdad y no discriminación para las mujeres en el mundo, podemos asegurar que no habrá fuerza alguna que la haga titubear a la hora de cumplir su mandato.

la Asociación Latinoamericana para los derechos humanos ALDHU, respalda absoluta e irrestrictamente a la alta comisionada Michelle Bachelet. Repudiamos los ataques y presiones que la diplomacia norteamericana y sus aliados intenta hacer sobre ella, con el propósito de incidir en el informe que emitirá, una vez concluida su visita a la República popular China.

Declaración  ALDHU

sábado, 21 de mayo de 2022

La hora de Colombia

Es indudable que cualquier proceso de construcción y consolidación de la paz siempre enfrenta un camino lleno de obstáculos, pero ello no deben ser óbice para quienes se empeñan en perseverar en la senda elegida, pues son conscientes de que era, es y siempre será la única alternativa posible. La paz, fruto del entendimiento, la negociación y el acuerdo, siempre será mejor que el doloroso recurso a la violencia para imponer las ideas propias, por muy buenas que estas puedan llegar a parecer. Esto, que se aplicó y aún se aplica a Colombia, es también válido en otros contextos, como la guerra en Ucrania, pues antes o después los que hoy envían sus tropas al enfrentamiento, deberán volver a la mesa de negociaciones si en realidad quieren establecer una paz duradera para sus pueblos.



El que otrora pareciera un interminable e irresoluble conflicto colombiano, un buen día llegó a su fin, y fuimos muchos los que alrededor del mundo acompañamos ese proceso y nos alegramos y emocionamos con los nuevos horizontes que se abrían para tantas y tantas personas dentro como fuera de Colombia. Mi recuerdo y homenaje para las víctimas, las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes, en especial a mis amigas y amigos del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) ejemplo de organización y consecuencia para tantas otras comunidades nativas de Latinoamérica.

Una de las cosas más destacables de este proceso de paz fue que no se renunció a la justicia, no se bendijo la impunidad con leyes de amnistía, como la de Pinochet en Chile, las de Obediencia debida y Punto final en Argentina, o la torcida interpretación que hizo hace no muchos años el Tribunal Supremo español sobre la Ley de Amnistía de 1977. Con soluciones novedosas y que están haciendo historia, Colombia ha buscado los mecanismos especiales para hacer justicia, a pesar de las dificultades y de los defectos propios de un sistema nuevo, que pretende conciliar la justicia con el proceso de paz, demostrando que ambas son posibles, necesarias, complementarias y no excluyentes como tantas veces erróneamente se ha señalado.


Fuente: El Espectador