Denuncian 1.181 casos de abuso policial y 26 víctimas mortales durante las protestas en Colombia

Organizaciones a favor de los derechos humanos reportan alarmantes cifras de violencia policial en el marco de las protestas contra el Gobierno colombiano. Algunas reportan abusos que rozan el millar, o incluso lo superan, así como decenas de muertes a manos de las autoridades y casos de violencia sexual, hechos que resumen tan solo los primeros días de unas manifestaciones que se extienden a su sexta jornada.

A medida que se extienden las protestas en Colombia, crecen también las denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales. La ONG local Temblores ha documentado -y denunciado- la constante represión de las autoridades a las manifestaciones, principalmente pacíficas, en las que decenas de miles de ciudadanos han expresado su descontento hacia el Gobierno de Iván Duque.

De acuerdo con la organización, tan solo en los tres primeros días de las protestas (iniciadas el pasado 28 de abril), las acciones policiales han dejado un balance de 1.181 casos de violencia policial, 92 víctimas de abuso de la fuerza, 26 víctimas mortales, cuatro víctimas de agresión sexual, 672 detenciones arbitrarias y 12 víctimas de agresiones a los ojos. 

Las cifras oficiales, reportadas por la Defensoría del Pueblo, son menores a las de varias ONG. El ente contabiliza 16 muertos, así como 254 civiles y  457 policías heridos. Sin embargo, el reporte de la institución, encargada de velar por la defensa de los DD. HH. en el país, no fue publicado sino hasta este sexto día de protestas y no ofrece detalles sobre la identidad de las víctimas ni las circunstancias de sus muertes.

Por su parte, el Comité promotor de las protestas indicó también este lunes unas cifras mucho superiores a las de la Defensoría. "Al momento, tenemos 1.089 casos de violencia policial, dentro de los cuales hemos podido identificar al menos 124 heridos de violencia", dijo Martha Alonso, representante de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), quien reportó también "726 detenciones arbitrarias, seis hechos de violencia sexual, 27 homicidios" y 12 jóvenes que "han perdido sus ojos".

El Ministerio de Defensa justifica la represión por la acción de "organizaciones criminales"

Las manifestaciones iniciaron el pasado miércoles con un llamado a la protesta pacífica que llevó a miles de personas a las calles de las principales ciudades del país. Varias de estas protestas desencadenaron en enfrentamientos con la Policía, que con frecuencia inició los altercados con disparos de gases lacrimógenos. También se han producido hechos de vandalismo y desmanes en ciudades como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá. 

El ministro de Defensa, Diego Molano, descartó dar cifras de sobre los fallecimientos ocurridos en las protestas, asegurando que esa era una labor de la Fiscalía General -que hasta el momento no se ha pronunciado- y dijo que la muerte de esas personas se debía a "la acción criminal de los vándalos", a la vez que responsabilizó de la violencia a "organizaciones criminales", que según el Gobierno son las causantes de los altercados. 

"Colombia enfrenta una amenaza terrorista, organizaciones criminales están detrás de los actos violentos que empañan la protesta pacífica. Se trata de actos premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las FARC y el ELN", dijo Molano, quien también indicó que las autoridades han registrado 540 policías y 306 civiles heridos durante las protestas.

Sin embargo, diversas organizaciones como Temblores ponen el foco de la responsabilidad de estas muertes en el accionar de las fuerzas de seguridad y las acusan de haber causado el deceso "de manera deliberada y premeditada" a decenas de personas en los últimos días. Según la ONG, los agentes policiales han disparado al menos en 30 ocasiones con armas de fuego en medio de manifestaciones. 

El detonante de las marchas fue un proyecto de reforma tributaria impulsado por el Gobierno de Duque. El texto pretendía reunir 23,4 billones de pesos (unos 6.302 millones de dólares) con medidas como la aplicación del IVA del 19 % a los servicios públicos, que habría supuesto una mayor carga económica sobre las debilitadas clases media y baja en el país: solo en 2019 los efectos colaterales de la pandemia llevaron a 3,5 millones de ciudadanos a la pobreza, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. 

Aunque el presidente Iván Duque anunció el domingo 2 de mayo el retiro del polémico proyecto, el llamado a las protestas ha continuado en varias ciudades del país en medio del descontento contra el Ejecutivo. A la ira de los manifestantes se suma también ahora la violenta respuesta de las autoridades contra el estallido de las manifestaciones.

Fuente: France.com

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "la defensa de la población debe ser una prioridad para la policía y también para el ejército, las conductas que estamos viendo en América Latina por parte de estos cuerpos del estado serán sancionadas en algún momento por órganos internacionales. La sociedad en latinoamérica está cansada de la represión y de la falta de libertades (manifestación, expresión información...). Los presidentes deben escuchar más a la sociedad que al fin y al cabo es a quien está sirviendo, para quien trabaja".

Piñera habría indultado a militar implicado en el secuestro y desaparición de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez

En medio de las preocupaciones por el avance de la pandemia COVID 19, pasó casi desapercibida la noticia del nuevo indulto presidencial a un criminal de lesa humanidad. La medida habría favorecido al general ® Hugo Prado Contreras, excomandante de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE),  quien cumplía una pena de 5 años de presidio por su complicidad en el secuestro y asesinato de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), cuyos cuerpos fueron lanzados al mar desde una aeronave del Comando de Aviación del Ejército.

Este se trata de un proceder constituyente de una clara impunidad frente a los crímenes horrendos cometidos bajo dictadura. Tal medida incumple normativas internacionales suscritas por Chile y socava aún más la autoridad y credibilidad del Estado chileno en materia de justicia. El futuro debate constitucional debe abordar la grotesca paradoja de un país  donde delitos menores o simples faltas son castigadas con extrema severidad, mientras que los autores y cómplices de secuestros y asesinatos múltiples son enviados a sus hogares aduciendo su “buena conducta”, edad o enfermedades.

Los cinco 

Los frentistas Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, fueron raptados a principios de septiembre de 1987 para utilizarlos como rehenes de canje ante el secuestro por parte del FPMR del coronel de Ejército Carlos Carreño Barrera, quien fue liberado el 3 de diciembre de 1987 en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

Las investigaciones en torno a este caso establecen un vínculo directo con Augusto Pinochet a través de su asesor el general Santiago Sinclair.  El proceso conocido como “causa de los cinco” es uno de los últimos crímenes  de la dictadura en el cual se utilizó la táctica de la desaparición, lanzando los cuerpos al mar desde helicópteros militares.

Fuente: Villa Grimaldi . Cooperación Parque por la paz

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU comentó al respecto: "Como ya anunció el abogado Francisco Bustos, los beneficios carcelarios entregados por el ejecutivo durante el 2020 y 2021 a agentes uniformados de la DINA y la CNI no han cumplido con la normas de Derecho internacional, lo que podría generar responsabilidad internacional del estado chileno. Los beneficios fueron otorgados mediante la Ley 19.856 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la cual tiene como fin la creación de un sistema de reinserción social en base a la observación de buena conducta de los condenados. La situación es preocupante, debido a que los beneficios fueron entregados casi exclusivamente con intervención del Poder Ejecutivo mediante resoluciones exentas del trámite de toma de razón ante Contraloría, ni tampoco control jurisdiccional. 

El Derecho internacional, si bien no prohíbe acceder a beneficios, sí señala que deben imponerse sanciones efectivas de modo de evitar la impunidad. También, señala que los familiares deben ser oídos al momento de discutir estos temas. Es preocupante saber que algunos de ellos no han cumplido con la rehabilitación o la consciencia del delito. La justicia también fue cómplice de esta situación, al juzgar los hechos tardíamente y con penas muy menores.

Un poder ejecutivo que intenta legitimar una dictadura que atentó durante décadas sobre los derechos humanos no debería permitirse".

CÁRCEL DE GUANTÁNAMO, petición de cierre

Excancilleres y personalidades de Latinoamérica exhortan a Biden al cierre de Guantánamo

Veintitrés excancilleres y una cincuentena de personalidades políticas, académicas y diplomáticas de la región pidieron a Estados Unidos la clausura definitiva de la prisión

#Guantanamo #Cuba #latinoamérica Derechoshumanos

A través de una carta pública, 78 personalidades políticas, académicas y diplomáticas de Latinoamérica exhortan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo, Cuba, donde todavía permanecen 40 detenidos. Lo hacen luego de la solicitud que 24 senadores demócratas le hicieron al mandatario para clausurar definitivamente el recinto establecido en 2002, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. De acuerdo a un reciente informe de un grupo de expertos de Naciones Unidas, los apresados se encuentran en una especie de limbo legal, fuera del alcance del sistema judicial y constitucional estadounidense. Entre los firmantes de la misiva latinoamericana se encuentran 23 excancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y Perú, junto a otras voces de países como Nicaragua y Uruguay.

“Entendemos que esa solicitud de los legisladores apunta a reivindicar el respeto a la ley, la centralidad de los derechos humanos y de la democracia en la política interna e internacional de Estados Unidos. Sin embargo, tal decisión trascendería la dimensión local y enviaría un claro y significativo mensaje al mundo y a América Latina en particular, en cuyo territorio se encuentra establecida esa prisión”, asegura la carta pública firmada por la Mesa de Reflexión Latinoamericana, una comunidad de relaciones internacionales de América Latina, que agrupa a nombres relevantes del mundo diplomático de la región. Entre los firmantes se encuentran los excancilleres Susana Malcorra (Argentina), Celso Amorim (Brasil), Carlos Iturralde Ballivián (Bolivia), José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés (Chile), Rodrigo Psrdo (Colombia), Bernardo Sepúlveda (México), entre otros. El peruano Rafael Roncagliolo, canciller de Ollanta Humala entre 2011 y 2013, se involucró activamente en la redacción de la carta a Biden hasta pocas horas antes de su muerte, que se produjo este sábado.

Para los latinoamericanos, el gesto de cerrar la prisión de la base naval de Guantánamo, “en una hora tan crucial como la que vivimos, contribuiría a crear un nuevo espacio de conversación en el continente americano”. Se refieren a asuntos como el fortalecimiento de la democracia, el respeto de los derechos humanos, la desigualdad, la cooperación y el desarrollo, la transferencia de tecnología, y la reestructuración del sistema interamericano. La Mesa de Reflexión Latinoamericana, que nació en 2020 a propósito de la discusión sobre la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), apela a consolidar una “deliberación moderna, respetuosa e ineludible que se deben Estados Unidos y América Latina”, según la misiva que será hecha pública este lunes, a la que tuvo acceso EL PAÍS.

En este contexto, las personalidades políticas, académicas y diplomáticas de la región consideran que el cierre de la prisión de Guantánamo puede llegar a convertirse en un “símbolo de gran valor en ese nuevo espacio de análisis de las relaciones interamericanas, en horas de incertidumbre y desafío”. El Gobierno del republicano George W. Bush estableció una prisión militar de alta seguridad en la base naval que Estados Unidos tiene en Guantánamo (Cuba) para concentrar a los arrestados acusados de terrorismo en la operación internacional que el país inició tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las torres gemelas en Nueva York

Fuente: El País

ROCÍO MONTES Santiago De Chile - 02 MAY 2021 - 14:49 ECT

FARC reconoce crímenes de lesa humanidad ante tribunal de paz en Colombia

 Líderes de la disuelta guerrilla de las FARC en Colombia aceptaron este viernes su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas que les imputó el tribunal surgido del acuerdo de paz.

"Reconocemos expresamente la responsabilidad por los hechos y conductas descritas por la Sala en el auto" de imputación emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 28 de enero, indicaron en una carta siete antiguos jefes rebeldes que firmaron el histórico pacto de paz en 2016.

"Dichos hechos y conductas consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares", añadieron.

En un comunicado, la jurisdicción informó que revisará el documento entregado por los exguerrilleros y las observaciones de las víctimas para evaluar si hay "un reconocimiento pleno de las delitos imputados y aportes a la verdad".

De ser así, impondrá sanciones que "pueden incluir restricciones efectivas de la libertad" de entre dos y cinco años. De lo contrario, los imputados se exponen a penas de hasta 20 años en prisión.

"Hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrentar las personas que fueron secuestradas por las FARC (...), del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas y sus familias", declaró el ahora senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Lozada.

Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados por
crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas.

Entre esos mandos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda Comunes, surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido. Uno de los involucrados falleció en enero.

Se trata de la primera imputación de la JEP desde su creación en 2017. El tribunal juzga los peores crímenes cometidos en más de seis décadas de conflicto armado.

Durante su prolongada y fallida lucha por el poder, las FARC recurrieron al secuestro de personas con fines económicos y políticos.

En julio de 2018, los líderes rebeldes empezaron a responder de forma individual ante la justicia transicional por ese delito, uno de los crímenes más repudiados por los colombianos.

Desde entonces, pidieron perdón en distintas ocasiones a las víctimas, además de comprometerse a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de poder ejercer la política como partido y obtener penas alternativas a la prisión.

- Asesinatos de excombatientes -

Al mando del país cuando se firmó la paz, el expresidente Juan Manuel Santos saludó en Twitter "la contribución a la verdad, con el reconocimiento de las FARC de su responsabilidad en los secuestros", que "es un paso muy importante hacia la reconciliación".

La ONU, encargada de vigilar la implementación del acuerdo, se sumó a las felicitaciones.

Es "un avance importante en derechos de las víctimas" y una muestra del "compromiso continuo" de los excombatientes con el acuerdo, valoró el jefe de la misión local de paz, Carlos Ruiz Massieu, en la misma red social.

Pero sigue siendo "fundamental proveer todas las garantías y proteger la vida de todos los y las excombatientes comprometidos con aportar la verdad y reconocer responsabilidad" para seguir avanzando en el proceso, recordó.

De los 13.000 exguerrilleros que se acogieron al proceso de paz, 272 fueron asesinados en cuatro años, en medio del repunte de la violencia que vive el país, alimentado por la expansión de grupos armados en regiones alejadas.

Otros se rearmaron y forman parte de las disidencias, que suman unos 2.500 hombres armados y se nutren principalmente del narcotráfico y la minería ilegal, según inteligencia militar.

En un comunicado reciente, la JEP denunció que las agresiones contra excombatientes eran parte de una "tragedia humanitaria" y pidió al Estado actuar para impedirlas.

Opuesto desde un inicio a los acuerdos que considera indulgentes con los rebeldes, el gobierno de Iván Duque aún no se ha pronunciado sobre el reconocimiento de los secuestros por parte de Comunes.

Fuente: Yahoo Noticias AFP (lv-dl/jss/yow)

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Estamos contentos de que la Jurisdicción Especial para la Paz esté dando sus frutos. Deseamos que Colombia llegue a tener paz algún día; ese gran país lo merece". 

Impunidad . Artículo Opinión: Paco Moncayo.

 La historia política de la humanidad refiere acontecimientos de explotación, abusos y arbitrariedades ejercidas desde el poder, que se magnifican en los sistemas totalitarios y autoritarios. La lista de emperadores, reyes, papas, dictadores, presidentes y autoridades de rango inferior, con el relato de crímenes abominables contra los pueblos que tuvieron que soportar su tiranía, es interminable.

Los cultores más sabios de la ciencia política propusieron una solución práctica: dividir el poder en tres funciones independientes, sometidas al imperio de la norma jurídica y obligadas a la protección de los derechos humanos. La Revolución francesa y la Revolución americana llevaron a la práctica ese modelo. Los regímenes absolutistas lucharon sin tregua en un proceso de larga agonía.

Los países latinoamericanos adoptaron sistemas republicanos presidencialistas y dictaron cartas constitucionales, pero todo quedó en letra muerta porque era imposible importar instituciones políticas a su patética realidad. Desde entonces, la región ha sido víctima de caudillos, la mayoría ineptos y corruptos, que cometieron abyectas tropelías.

Una debilidad de los incipientes sistemas republicanos ha sido la manipulación de la justicia desde el poder político y económico. Así, los corruptos logran impunidad y persiguen inocentes. Cuando la justicia obra conforme a norma jurídica y los condena, acuden a trapacerías y salen indemnes. Uno de esos embauques es el de ‘asegurar la gobernabilidad’, un sinsentido porque una gobernabilidad fundamentada en la impunidad es la que ha conducido a la actual postración del pueblo ecuatoriano.

El presidente electo Guillermo Lasso, hombre de principios morales sólidos, cometería un error de fatales consecuencias si escucha a asesores que, argumentando ‘acuerdos de gobernabilidad’ o intereses de Estado, le conducen a convertirse en un rehén de intereses mezquinos que desde la Asamblea harían fracasar su gestión. A la democracia no se la salva pactando a favor de los corruptos, sino acordando políticas públicas en bien del pueblo.

Fuente: La hora

El "encubrimiento sofisticado" de EEUU y El Salvador de la matanza del Mozote

 San Francisco Gotera (El Salvador), 26 abr (EFE).- La perito estadounidense Terry Karl reveló este lunes en El Salvador que un asesor militar de EE.UU. presenció la masacre de unos 1.000 civiles desarmados a manos el Ejército salvadoreño en 1981, en la remota localidad de El Mozote.

De acuerdo con Karl, en El Mozote se encontraba junto al teniente coronel Domingo Monterrosa, señalado de encabezar la matanza en el terreno, el sargento mayor Bruce Hazelwood.

Añadió que "la presencia de un asesor militar de Estados Unidos con Monterrosa" era "ilegal" en esa época y que Hazelwood es "el único americano (estadounidense) que puede saber las órdenes verbales" que se dieron durante la masacre.

Karl dio esta declaración ante el juez instructor de la oriental localidad de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, en un audiencia de adelanto de pruebas en la causa penal que enfrentan 15 militares retirados por la masacre de El Mozote y sitios aledaños.

La diligencia se lleva a cabo en un hotel de la ciudad de San Francisco Gotera para garantizar las medidas de sanidad, ya que también fueron citadas las víctimas de la masacre.

De acuerdo con la experta, cuya exposición se espera que se extienda por tres días, Hazelwood declaró bajo secreto ante la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, que investigó los crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992).

Ante esa comisión, que emitió un informe final en 1993, declaró: "No diré que Monterrosa no lo ordenó", en referencia a la masacre.

David Morales, abogado de las víctimas y miembro de la organización Cristosal, señaló a Efe que esta información, que forma parte de un informe de la perito, es "inédita" y que es el resultado de una investigación en la que por primera vez asesores estadounidenses asignados a la embajada de EE.UU. en El Salvador accedieron a hablar sobre la masacre.

Morales indicó que Hazelwood se negó a hablar con Karl, pero otros militares, incluido un enviado especial para indagar si se había producido la matanza, sí fueron entrevistados.

Este militar, relató Karl, señaló que el Ejército salvadoreño no le permitió ir a la zona de la masacre. Además, un informe que presentó la experta habría sido alterado.

"ENCUBRIMIENTO" EN ESTADOS UNIDOS

Karl sostuvo que en Estados Unidos y en El Salvador se dio un "encubrimiento sofisticado" de la matanza, en la que la mayoría de víctimas fueron niños, para que no se cortara la ayuda del país norteamericano.

Recordó que en febrero de 1982, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reegan (1981-1989), debía certificar ante el Congreso una reducción de violaciones a derechos humanos en el país centroamericano, a cuyo Ejército brindaba ayudas millonarias.

Días antes de esta certificación, los diarios The Washington Post y The New York Times publicaron informaciones sobre la matanza.

La perito señaló que no le era posible asegurar que Reegan tenía conocimiento de la masacre.

Morales, quien conoció el informe de Karl con anterioridad por su papel de abogado de las víctimas, indicó que Elliot Abrams, ex subsecretario de Estado para Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios, buscó "encubrir la masacre" para que fuera autorizada la continuidad de la ayuda a los militares salvadoreños.

Un informe del Congreso estadounidense publicado en 1993 señaló que funcionarios de Estados Unidos, de todos los niveles, mintieron e ignoraron las flagrantes violaciones a los derechos humanos cometidas por el Gobierno de El Salvador durante la guerra civil.

LAS CLAVES DEL PERITAJE

Karl destacó, durante su exposición, que el Ejército salvadoreño tenía como un "blanco principal" el departamento de Morazán (noroeste), donde se ubica El Mozote, porque temía que se convirtiera en la "retaguardia" de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Añadió que se implementó una "estrategia de exterminio", sin diferenciar entre combatientes y civiles.

Agregó que un grupo de oficiales planificó, ordenó, coordinó y encubrió la estrategia de exterminio y que operaciones como la que derivó en la masacre de El Mozote sólo era posible con la participación activa del alto mando del Ejército y del Estado Mayor.

Abogada Ebru Timtik murió tras huelga de hambre por querer tener un juicio justo (Septiembre- Turquía)

 Se fue en silencio, ayer por la tarde, en una habitación de hospital donde había sido trasladada desde la cárcel tras observarse enferma.

#EbruTimtik #Huelgadehambre ##Derechoshumanos 

Se fue en la huelga de hambre 238 con la que pedía un juicio justo en un país, Turquía, donde la justicia es un elemento inexistente. Especialmente si eres mujer. Especialmente si eres abogada de derechos humanos. Especialmente si no doblas la espalda ante un poder que quisiera taparte la boca. 

Así murió Ebru Timitik, de hambre y de injusticia. Su corazón simplemente se detuvo porque ya no tenía nada que bombear en un cuerpo escarnificado de la inedia. 

Murió defendiendo su derecho a un juicio justo tras ser condenada a 13 años, junto con otros 18 abogados como ella, detenidos con la acusación de terrorismo, solo por defender a otras personas acusadas del mismo crimen. Murió como Ibrahim y como Helin y como Mustafa del Grup Yorum, fallecieron después de 300 días de ayuno para combatir la misma acusación.

Murió como lo hacen los Héroes, sacrificando su vida por los derechos de todos.

Solo hay una forma de celebrar la memoria de esta gran mujer: no te quedes callado. Haz llegar su voz lo más lejos posible, donde ella ya no puede llegar.

Hay ideas tan fuertes capaces de sobrevivir incluso a la muerte

Adiós Ebru. Viva Ebru.

Hagámoslo circular.

Fuente facebook