Desde el pasado mes de marzo se decretó la suspensión de actividades no esenciales para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)
Olga Hernández Ávila, profesora de la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Universidad Iberoamericana sostiene que la pandemia por coronavirus puso en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos laborales del mundo.
En una publicación realizada en la página oficial de la institución educativa, la académica señaló las omisiones de algunas empresas maquiladoras que se mantuvieron laborando, sin establecer las adecuadas medidas sanitarias para sus trabajadores, pese al llamado que hizo el Gobierno Federal para frenar operaciones de las actividades no esenciales. Dichas empresas continuaron así hasta que la autoridad los obligó a parar operaciones, debido a la contingencia por coronavirus, lo cual provocó el contagio de de empleadas y empleados.
Y es que según el último informe de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el miércoles, en México se han registrado 27,634 casos confirmados de coronavirus y 2,704 defunciones. Para evitar la propagación del virus, desde el pasado mes de marzo, el Gobierno Federal anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la cual se hizo un llamado enérgico a la población para permanecer en casa y se pidió al sector privado colaborar mediante la suspensión de actividades no esenciales, de manera que se redujera la movilidad y, en consecuencia, el riesgo de contraer COVID-19.
Hernández Ávila ejemplificó su premisa con la situación de los campesinos del Valle de San Quintín en Baja California, una de las entidades con mayor número de contagios, los cuales no pueden parar sus actividades laborales al tratarse de la única forma que tienen para mantener sus ingresos, debido a que se les paga por jornal, al carecer del derecho a un empleo estable, el cual es uno de los 11 Derechos Humanos laborales.
Otra cuestión que destaca la académica son aquellos derechos que son violados en algunas ciudades, en donde, a pesar de las medidas establecidas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, permanecen abiertas algunas grandes tiendas de electrodomésticos, sin atender a ninguna disposición de seguridad sanitaria, y sin recibir algún tipo de sanción o llamado de atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS).
Por otra parte, se encuentra la situación de los trabajadores del sector informal, la cual según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la ocupación y empleo, en el último cuatrimestre de 2019, 31.3 millones de personas se encuentran dentro de la población ocupada informal. La mayoría de las y los trabajadores que pertenecen a este rubro no están protegidas por el Estado, lo que significa que no tienen garantizado el derecho a la seguridad social “el cual entre otras cosas permite acceder a servicios de salud y a una indemnización por enfermedad laboral.”, señaló la académica.
Para seguir ejemplificando la problemática, Hernández Ávila utiliza el caso de las y los trabajadores del hogar, que, según el sindicato de dicho gremio, durante el confinamiento por coronavirus, únicamente el 4% de sus sindicalizados están recibiendo un salario sin asistir al domicilio donde prestan sus servicios.
“Y aunque sólo el 17% de las personas que trabajan en la formalidad acceden al derecho a la seguridad social, es decir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunas de ellas no escapan a la violación a sus derechos humanos laborales, por ejemplo, les inscriben con un salario base de cotización inferior al real, lo cual mina el acceso a créditos de vivienda y a la cotización de su futura pensión.”, destaca el artículo.
Aunado a esto, la académica expresó su preocupación por el home office que muchas empresas han podido implementar como opción para seguir manteniendo sus operaciones.
La investigadora señaló que posiblemente, después de la pandemia, varios centros de trabajo recurran a dicha modalidad y con esto, se incrementen las violaciones a los derechos humanos laborales, “ya que si éstos no se les garantizan a quienes acuden a los centros de trabajo, cabe pensar que menos a quienes trabajarán desde sus casas, personas que en principio podrían verse obligadas a laborar más de ocho horas al día, que son el máximo establecido por ley para una jornada.”, indicó.
Para contrarrestar las vulneraciones a los derechos humanos de los trabajadores, la docente de la Dirección de Educación continua de la IBERO dijo que apuesta por el establecimiento de una “renta básica universal” en México, ésta opción consistiría en otorgar a las personas un salario básico, lo cual puede garantizar su acceso al mínimo al derecho humano de un nivel de vida adecuado
Fuente: Infobae
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU apuntó: "Ante los nuevos cambios que nos depara el futuro, debemos luchar para una "nueva normalidad" con mayor protección a los Derechos Humanos, sinó el virus nos habrá ganado la batalla".
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