El nombramiento de un Ministro de la Defensa Civil marcó en Colombia un antes y después en las acusaciones en contra de militares por violaciones a derechos humanos.
Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– El 24 de abril de 2014, el Senado mexicano aprobó por unanimidad cambiar el Código de Justicia Militar para poder juzgar en tribunales civiles a integrantes de las Fuerzas Armadas que cometan cualquier delito contra ciudadanos. Más de un año después, y con acusaciones a cuestas por ejecuciones en Tlatlaya y Tanhuato, el papel de las Fuerzas Armadas en la guerra contra el narco ha sido cuestionado al grado que el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, propuso sacar a los militares de las calles y evitar que cometan más violaciones a las garantías de los mexicanos.
La realidad mexicana ha sido comparada muchas veces con Colombia, país que tiene más de 50 años en conflicto armado contra grupos de narcotraficantes, paramilitares y guerrilla. Sin embargo, desde hace más de dos décadas ha entrado en un proceso de paz en el que los reportes sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por militares empezaron a disminuir cuando se empezó a encarcelar a altos mandos del Ejército relacionados con este tipo de delitos.
Así lo señaló Javier Ciurlizza, director para América Latina de The Internacional Crisis Group, una Organización No Gubernamental (ONG), dedicada a la prevención y solución de conflictos, quien expuso que el tema de militares involucrados en agresiones a ciudadanos en Colombia podría equipararse con lo que sucede actualmente en México.
“La justicia colombiana, que no funcionó durante mucho tiempo, ha empezado a enjuiciar y a procesar penalmente a altos mandos de las fuerzas militares por violaciones a derechos humanos y en la Corte se ha afirmado que las violaciones a derechos humanos son siempre jurisdicción de la sociedad civil, que deben ser juzgados en tribunales civiles”, expresó en entrevista desde Colombia.
Para llegar a este punto, recordó, Colombia tuvo que hacer cambios en lo que se refiere a la impartición de justicia y los mandos militares. El primero fue quitarles el fuero; el segundo fue educar, no sólo a militares sino también a fuerzas civiles, en materia de respeto a los derechos humanos; el tercero, establecer reglas de combate que dejan claro en qué casos deben militares y policías usar armas, y un cuarto que ha marcado la diferencia: desde 2004 el Ministerio de la Defensa está encabezado por un civil.
Colombia ha recorrido un largo camino de violaciones a los derechos humanos, impunidad, desaparición forzada y aparición de fosas clandestinas, entre otros. Pero ante esa realidad, señaló el entrevistado, sus gobernantes han permitido y escuchado las recomendaciones de organismos internacionales para recuperar la paz y garantizar la impartición de justicia a las víctimas.
Información de la Fiscalía General de Colombia, citada por Ciurlizza, plantea que entre 2006 y 2010 se investigó a mil 830 militares y subalternos y hasta ahora son siete los oficiales superiores, entre coroneles y generales, condenados por violaciones a los derechos humanos, con penas que van de ocho a 40 años de prisión; algunos purgan las penas en cárceles civiles y a otros se les permite purgarla los cuarteles para garantizar su seguridad.
Nota completa en:
http://www.sinembargo.mx/17-10-2015/1518711
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