OPINIÓN
El Consejo de Derechos Humanos concluyó el martes 23 de junio su 43º período ordinario de sesiones, tras haberlas retomado luego de su suspensión el 13 de marzo debido a la pandemia de COVID-19. Durante la cuarta semana de sesiones, entre las resoluciones adoptadas bajo el ítem 2 de la agenda, se incluyó la resolución A/HRC/43/L.35 sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
Nicaragua ha sido objeto de serias denuncias desde abril de 2018, a raíz de las graves violaciones de derechos humanos y otros abusos cometidos. Entre otros, represiones violentas, arrestos ilegales y detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, comisión de actos de violencia por grupos armados, detenciones ilegales, prisión arbitraria, hostigamiento y torturas.
En lo que se refiere a su contenido, esta resolución del Consejo solicita a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que refuerce el seguimiento llevado a cabo por su Oficina y continúe informando sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Le requiere, entre otras medidas, la preparación de un informe exhaustivo por escrito en el que se evalúen los avances y los desafíos al respecto, y que someta dicho informe al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, seguido de un diálogo interactivo, y también que presente oralmente a éste, en sus períodos de sesiones 44º y 45º, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en dicho país (punto 13 de la resolución).
La resolución expresa su gran preocupación por la persistencia de las restricciones al espacio cívico y la represión de la disidencia, la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación, los estudiantes, las víctimas y sus familiares, y otras personas que expresan opiniones críticas respecto del Gobierno.
El texto votado contiene serias advertencias para el Gobierno de Nicaragua, instándolo a que respete los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, así como la independencia de los medios de comunicación, la fiscalía y el poder judicial, y solicita que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas. Asimismo, lo exhorta directamente a que deje de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias, a que respete las debidas garantías procesales y garantice la independencia e imparcialidad del sistema de justicia.
En otro de sus puntos de la resolución se le pide al Gobierno de Nicaragua que investigue y sancione los actos de intimidación o represalia, que reanude su cooperación con los organismos internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado, el Consejo de Derechos Humanos, y la Organización de los Estados Americanos, y que permita el acceso sin trabas a todo el país, facilitando las visitas.
Además del contenido de la resolución, indudablemente valioso, y que puede seguirse mediante la lectura de sus considerandos y puntos de exposición, el resultado de la votación también merece reflexiones. La resolución fue adoptada por 24 votos a favor, 19 abstenciones y 4 votos en contra.
En primer lugar, los cuatro votos en contra son los que corresponden a Eritrea, Filipinas, Somalia y Venezuela. Resulta interesante recalcar que según la calificación de Freedom House (organización no gubernamental que conduce investigaciones sobre la democracia y los derechos humanos), salvo Filipinas que tiene el estatus de país parcialmente libre, los otros tres países son calificados como no libres. A mayor abundamiento, en el caso de Eritrea y Somalia, el Consejo de Derechos Humanos, durante 2019, renovó los mandatos de país establecidos por existir en esos dos países una situación grave de violación de derechos. Los mandatos por países, que normalmente duran un año y pueden renovarse, permiten a los titulares de mandatos examinar y asesorar a distintas partes interesadas -incluyendo al Consejo y al país en cuestión- sobre las situaciones de derechos humanos en un determinado país o territorio.
En segundo lugar, en cuanto a los países que se han abstenido de votar, puede interpretarse que su abstención tenga más de un significado en función de sus propios compromisos o intereses, pero sin duda alguna tiene el claro significado de no apoyar el mandato específico que tiene la Alta Comisionada para vigilar de manera directa la situación de Nicaragua.
Varios de los países que se abstuvieron tienen también situaciones graves de derechos humanos y han sido, o son, objeto de seria preocupación por los organismos internacionales, como Sudán, Congo o Libia, e incluso tienen o tuvieron mandatos especiales que se dedican o dedicaron a su situación. Algunos otros no mantienen una invitación permanente a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, como Angola, Bangladesh, Namibia o Nepal, lo que quiere decir que no están preparados para recibir una visita de cualquier titular de los procedimientos especiales del Consejo.
Se concluye entonces, que aquellos países que no han apoyado la resolución mediante el voto positivo se caracterizan por regímenes autoritarios o al menos poseen una pobre calidad democrática e institucional. Estas características resultan de constante reiteración en las votaciones en el seno del Consejo, en el cual las dictaduras buscan apañarse entre sí. Por otra parte, debe señalarse, entre los votos a favor, el de los países de América Latina y el Caribe que actualmente integran el Consejo, esto es: Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, México, Perú y Uruguay. La excepción, que por supuesto no sorprende, ha sido la dictadura de Venezuela, que como ya se ha dicho es uno de los cuatro países que votó en contra.
Es de destacar que la comunidad internacional ha sido contundente al efectuar estas exhortaciones de una gravedad alarmante, infundiendo aliento sobre la sociedad civil al dar continuidad a la resolución tomada en marzo de 2019.
Resta ahora ver si el gobierno de Daniel Ortega emprende el camino hacia un diálogo amplio y creíble, que lleve a una rendición de cuentas de todas las violaciones de derechos humanos cometidas, tal como se le reclama o, en cambio, si continuará su lamentable derrotero dictatorial y opresivo.
Roxana Perel es Investigadora Asociada de CADAL.
