Daniel Ortega continúa su cruzada contra la Iglesia católica y detiene a un tercer sacerdote

Al acoso a los templos se suma la apertura de una investigación contra un obispo por «ejecutar actos de odio», según la Policía de Nicaragua.

Óscar Danilo Benavidez Tinoco, párroco de la iglesia Espíritu Santo, ubicada en el municipio de Mulukukú, perteneciente a la Diócesis de Siuna, se convirtió el domingo en el tercer sacerdote detenido por el régimen de Daniel Ortega. «Comunicamos a todos nuestros fieles católicos que en la tarde de hoy domingo 14 de agosto fue detenido el presbítero Óscar Benavides párroco de la parroquia Espíritu Santo Mulukukú, desconocemos las causas o motivos de su detención, esperamos que las autoridades nos mantengan informados», informó la Diócesis de Siuna en un comunicado difundido en redes sociales recogido por el medio '100% Noticias'. El lunes, Benavidez fue trasladado a la prisión del Chipote, donde están encarcelados en la actualidad 180 presos políticos.

Esta nueva detención muestra la escalada de represión del régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica, crítica con el régimen, que obligó a convocar una reunión de urgencia a la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado viernes para abordar esta situación.

Este mismo martes, los feligreses de una congregación no pudieron entrar en la Parroquia de Santa Lucía en Ciudad Darío, norte de Nicaragua porque la policía orteguista impidió el acceso al templo y el sacerdote tuvo que dar el sacramento detrás de una valla, según se puede ver en las imágenes colgadas en las redes sociales.

#Nicaragua Católicos de Santa Lucía, Ciudad Darío, participaron en la misa en la calle ante impedimento policial de ingresar al templo. El sacerdote Sebastián López, pidió a Dios fortaleza ante estos momentos difíciles. Régimen escala persecución a iglesia católica⤵️ pic.twitter.com/j14rBV4lOT

— 100%NOTICIAS (@100noticiasni) August 16, 2022

 El caso de Danilo Benavidez Tinoco se suma al hostigamiento sufrido desde hace semanas por el obispo Rolando Álvarez. La Policía Nacional mantiene rodeada la casa parroquial de monseñor, ubicada en la ciudad de Matagalpa, en el centro del país. La medida fue impuesta desde el 4 de agosto, el mismo día en que Álvarez realizó una procesión con los símbolos del catolicismo. Una escena como esta no se veía desde las protestas de abril de 2018, cuando miles salieron contra el régimen, incluidos varios curas que también hicieron procesiones por la «paz». Por ello, algunas fuentes eclesiásticas han asegurado que existen «presiones» por parte del Gobierno de Ortega hacia la jerarquía católica de Nicaragua con el fin de sacar al prelado del país.

“Gracias, muchísimas gracias al pueblo nicaragüense. Gracias al clero de Estelí, de Siuna y de Matagalpa que se ha pronunciado. Dios les bendice y guarde. Gracias a los millones de hermanos que a través de las redes han manifestado que están con nosotros. Gracias al Celam”.

— Monseñor Rolando José Alvarez L. (@DiocesisdeMat) August 5, 2022

 Sin embargo, monseñor Álvarez se ha negado a irse. Dentro de la curia graba vídeos y los cuelga a las redes sociales de la Diócesis de Matagalpa, su sede religiosa. El día que fue asediado aseguró que tiene una misión religiosa, y que la lucha de los «creyentes», no es solo contra «fuerzas humanas».

«Recuerden amadísimos hermanos, el miedo paraliza, la desesperanza auto sepulta y el odio es la muerte del corazón; al odio se le responde con el amor, a la desesperanza con la esperanza, al miedo con la fortaleza y con la valentía que nos da el Cristo glorioso y resucitado», dijo el jerarca católico en otra transmisión realizada el 6 de agosto.

La situación en la curia de Matagalpa ha elevado las alarmas nuevamente en el país. La persecución ejecutada por estas fechas en 2021 contra siete aspirantes a la presidencia y decenas de líderes opositores sigue latente. El régimen abrió «una investigación» contra el líder religioso por «intentar organizar grupos violentos y ejecutar actos de odio en contra de la población», según reza un documento publicado por la Policía Nacional un día después de la procesión. Dentro de la casa parroquial también se encuentran otras 11 personas que acompañan al obispo en sus jornadas de oración.

La vicepresidente Rosario Murillo también hizo mención a los hechos el pasado jueves, tildando las acciones de Álvarez como «crimen de lesa espiritualidad», una tipificación inexistente en el marco jurídico. «Todavía quedan algunos personajes que son bufonescos, que hacen el ridículo… Sin estatura moral alguna. Personajes que creen que el tiempo no ha transcurrido, personajes que creen que pueden ocupar lugares de autoridad, que tal vez no merecen, que tal vez no son para ello», agregó la vicemandataria, quien en otras ocasiones ha tildado a los curas católicos de «golpistas» y «falsos profetas».

Fuente: abc.es

Cuba: Cierra 2021 con cientos de presos políticos y sin amnistía en el horizonte

 Para manifestantes del 11 y 12 de julio, las condenas impuestas en juicios sumarios pueden oscilar desde 12 meses hasta 27 años en cárcel.

#Cuba #2021 #presospolíticos

Para finales de 2020, organizaciones dedicadas a la promoción de la democracia y los derechos humanos reportaban la cifra de 134 presos y condenados por motivos políticos en Cuba. Un año después, en el país caribeño hay cientos de personas privadas de su libertad por no comulgar con el régimen “socialista”. Las elevadas cifras emergen casi en su totalidad del estallido social del 11 de julio de 2021, cuando residentes de la mayoría de las provincias se lanzaron a las calles con reclamos heterogéneos bajo un común denominador: pedían “cambios”.

Eran momentos en que la etiqueta #SOSCuba se había vuelto viral en redes sociales debido al activismo ciudadano y a la solidaridad de decenas de personalidades internacionales como la exestrella porno Mia Khalifa, quien llegó a dar los “buenos días” a todos excepto al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. Se vivió también, por esas fechas de julio, la desesperación por la escasez de oxígeno para tratar a pacientes de COVID-19, el retorno de los apagones de fin de siglo, la falta de medicamentos y alimentos básicos, así como productos de primera necesidad.

Por acumulación —no de un año sino de 62—, los cubanos llegaron a las calles. Hicieron suyo el lema ‘Patria y vida’ de la canción homónima, y por unos días la esperanza volvió a la nación y no dejó indiferente al exilio. Los manifestantes demostraron que no era imposible gritar Libertad frente a los ojos del poder. Sobre todo, si el símbolo de ese reclamo es una anciana con un cubierto, golpeando una cazuela vacía. La “abuelita” cubana, como muchos empezaron a llamarla, se convirtió en un ícono de la resistencia y del estallido social. Su imagen recorrió pantallas y quedó grabada no solo en un mural de la Calle 8 en Miami, sino también en cada uno de sus coterráneos.

Del orgullo a la indignación

Los sentimientos, a lo largo de estos meses, han ido mutando. El orgullo inicial y la esperanza de cambio que suscitaron las protestas, tomaron forma de indignación por las severas condenas que imponen los órganos de justicia cubanos a los manifestantes. Pocos días después de las protestas comenzaron las detenciones y los juicios sumarios colectivos en los que fueron sentenciadas al menos 67 personas según admitió el Ministerio de Justicia (MINJUS). Fueron juicios colectivos (con o sin abogados defensores) en los que las penas de cárcel varían entre 8 y 12 meses. A medida que han pasado los meses, otros manifestantes han sido enjuiciados por la vía ordinaria en tribunales municipales.

Mientras los meses anteriores transcurrieron en espera de juicios a unos 800 manifestantes, diciembre ha venido a sustituir la pausa por la prisa en los tribunales. En la semana laborable del 13 al 17 de diciembre, de acuerdo con la plataforma Justicia 11-J —de documentación de presos políticos— dieron curso a juicios contra manifestantes del 11 y del 12 de julio, a los que la Fiscalía ha llegado a pedir hasta 27 años de privación de libertad. Si bien algunos familiares fueron notificados con muy poca antelación, la plataforma investigó que estaban previstos al menos 8 juicios a alrededor de 100 manifestantes del 11-J en varias provincias del país, que se suman a las otras 37 personas sancionadas en juicios ordinarios en semanas previas.

Más juicios antes de Navidad

Hasta ahora, aunque el MINJUS admite 67, Justicia 11-J ha documentado la ejecución de 46 procesos judiciales sumarios, y de juicios ordinarios a 204 personas. Al menos otras 204 personas tienen peticiones fiscales en espera de juicio. Antes de Navidad, durante la semana del 20 al 24 de diciembre, documentan 8 juicios a unos 55 manifestantes del 11J en varias provincias del país, sumándose a los 108 juzgados la semana pasada. “Entre los delitos que se imputan están instigación a delinquir, desórdenes públicos, desacato, atentado, denegación de auxilio, desobediencia, resistencia, evasión de presos y detenidos, y daños. Continúan los juicios por el delito (contra la Seguridad del Estado) de sedición”, expone la plataforma y precisa que además serán juzgados esta semana, sin relación con las protestas del 11J, los activistas y exprisioneros políticos Tony Salazar Deulofeo y Carlos Álvarez Rojas.

Asimismo, el Centro para una Cuba Libre, con sede en Washington, D.C. alertó en un comunicado que la vida del activista Demis Valdés Sarduy corre peligro tras declararse en huelga de hambre desde hace más de una semana exigiendo atención médica. Valdés Sarduy participó en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio Placetas, Villa Clara, en el centro de la isla, y fue detenido el 18 de julio en el Hospital de Placetas donde se encontraba con su hijo enfermo. Fue trasladado a la Prisión La Pendiente, ubicada en Santa Clara, donde lo mantuvieron incomunicado. La vista oral del juicio de los procesados por las protestas del 11J ocurrió los días 15, 16 y 17 de diciembre en la ciudad de Placetas.

Reclamos y huelga

El reclamo de este centro busca que “las organizaciones de derechos humanos” y “los gobiernos libres del mundo” intercedan “ante el régimen de La Habana por la vida de Valdés Sarduy”, quien “padece estrechez de la uretra y tiene un marcapaso que debieron reprogramarle desde mucho antes de ir a prisión”.

“A modo de protesta mantiene una huelga de hambre a tal punto que en la vista oral se desmayó y lo retiraron una hora de la sala. El abogado solicitó un cambio de medida, pero no hay respuesta al mismo”, explicó desde Cuba Librado Linares García, líder del Movimiento Cubano Reflexión, quien agregó que al activista se le impide hablar por teléfono con su esposa.

Esta organización declaró que durante el mes de diciembre “se comenzaron a acelerar los juicios, luego se interrumpieron y comenzaron de nuevo”. Para un juicio celebrado el 14 de diciembre en el Tribunal de Juan Delgado y Carmen, en el municipio 10 de Octubre, La Habana (correspondiente a la Sala de la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial), “según fuimos informados, se sacaron los presos de madrugada, vestidos de civil, la casi totalidad de ellos eran de [la prisión] Combinado del Este, [en el este de la capital], y vinculados a los sucesos del 12 de julio en [el barrio habanero] La Güinera, las peticiones fiscales estaban entre 15 y 30 años de privación de libertad”.

En el mismo tribunal intentó testificar Aldo Delgado, familiar del manifestante cubano-canadiense Luis Compte, a quien le piden 24 años de cárcel. Contra toda lógica, Delgado fue detenido en el juicio. Nadie está a salvo en la repartición de sanciones que dirige el Estado cubano.

Con más de 1.300 personas en un listado de detenidos creado por iniciativa ciudadana —700 de ellas presas al día de hoy—, el gobierno se sigue mostrando tal cual es: impiadoso, conservador, atascado en rígidos y viejos esquemas sin cabida para el disenso ciudadano. Tan centrado está en perpetuarse en el poder, que se torna ciego y sordo ante la realidad espeluznante de mantener en sus cárceles, como parte de la alta cifra de presos políticos, a menores de edad. Diversas organizaciones y personas dentro y fuera de Cuba se han pronunciado por su liberación. Sin embargo, para los presos políticos, sean jóvenes o adultos, no parece haber amnistía en el horizonte.

Fuente: Diario las américas

El régimen de Ortega profundiza la represión en Nicaragua: a días de las elecciones, aumentó la cifra de presos políticos

Cinco candidatos disputarán la jefatura de Estado de Nicaragua al líder sandinista Daniel Ortega, quien parte como favorito para su quinto mandato y cuarto consecutivo, en medio del arresto de siete aspirantes a candidatos presidenciales de la oposición que se perfilaban como sus principales rivales. (EFE)

El observatorio denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informó que el número de opositores encarcelados aumentó a 159 en el país centroamericano

El observatorio denominado Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), informó este viernes que el número de opositores convictos en Nicaragua aumentó a 159.

La nueva cifra de presos políticos incluye a cuatro disidentes cuyos familiares dieron permiso para ser incluidos en la lista, entre ellos los dos últimos en ser arrestados, Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal patronal de Nicaragua.

Hasta el 23 de septiembre pasado el número de presos políticos en la lista del Mecanismo ascendía a 155, diez de los cuales permanecen en prisión desde antes de las manifestaciones antigubernamentales de 2018.

Entre los 159 reos están diez mujeres, incluyendo la aspirante a la Presidencia Cristiana Chamorro, quien tiene casa por cárcel, al igual que la ex primera dama (1997-2002) María Fernanda Flores de Alemán.

Otros 111 opositores están recluidos en diferentes penitenciarias, dos en oficinas policiales, y 34 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), que ha sido denunciada por organismos defensores de los derechos humanos como supuesto centro de torturas de la Policía Nacional.

Según el informe, los “presos políticos sufren sometimiento a interrogatorios constantes, amenazas, aislamiento, malos tratos y torturas (que) infringen estrés, ansiedad, insomnio, y otros factores que ponen en grave riesgo la salud e integridad física”.

Agregó que padecen “incomunicación, acoso, mala alimentación, negligencia médica, violencia de género a presas y familiares mujeres, que se dan especialmente en las exhaustivas requisas (…) están expuestas a desnudos, sentadillas, tocamientos indebidos”.

La situación del 25 % de los opositores convictos, con 50 años o más, es peor, ya que carecen de “asistencia médica especializada, acceso a un baño apropiado, alimentación de acuerdo a sus necesidades calóricas, dietas especiales, acceso a patio soleado, y espacios donde puedan ejercitarse”, destacó el informe.

En total, 102 de los capturados han sido condenados, 45 están bajo proceso judicial, y dos están detenidos sin procesos judiciales en su contra, reflejó.

El Mecanismo atribuyó las 46 detenciones que van en 2021 a “la escalada represiva del contexto electoral”.

Nicaragua irá a las urnas el 7 de noviembre próximo, en unos comicios en las que el presidente Daniel Ortega, quien ya gobernó de 1979 a 1990 y recuperó el poder en 2007, espera su tercera reelección consecutiva, para un cuarto periodo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario murillo, como vicepresidenta.

La cantidad de presos políticos reportada podría no ser exacta, ya que el régimen no revela los datos oficiales sobre los detenidos ni da acceso a los mismos, advirtió el Mecanismo.

(Con información de EFE)

Fuente: Infobae

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó al respecto: "Daniel Ortega debería haber liberado a los presos políticos. La realización de unas elecciones con algunos de los posibles candidatos entre rejas provocan que, en el caso que gane Ortega, las elecciones serán cuestionadas y puestas en duda durante su mandato. Ortega debería de dar un paso al lado y dejar que el país se desarrolle mediante un modelo más participativo y democrático",  

Chile: una mujer indígena fue elegida para liderar redacción de la nueva Constitución

 Elisa Loncón es la presidente de la Convención Constituyente.

Los 155 candidatos que redactarán la nueva Constitución de Chile eligieron este domingo a Elisa Loncón, una mujer indígena, para presidir el órgano que creará la nueva ley fundamental, que sustituirá a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Loncón, una lingüista y activista mapuche -la etnia indígena mayoritaria en Chile-, fue elegida por mayoría absoluta en segunda vuelta, en la sesión inaugural de la convención que tuvo lugar en el antiguo Congreso Nacional de la capital, un acto que se detuvo durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes.

“Quiero agradecerle a todo el pueblo de Chile por votar por una persona mapuche y mujer para cambiar la historia de este país”, celebró Loncon, tras su elección, en idioma mapudungún y luego en español.

Con este acto, Chile dio el pistoletazo de salida a la redacción de una nueva Constitución, la primera en el mundo redactada por un órgano paritario y la primera del país en la que se incluirá a los pueblos indígenas, un grupo que supone el 12,8 % de la población pero que nunca había sido reconocido en la ley fundamental.

Pese a que el rol y las atribuciones que tendrá el presidente todavía no están definidos por ahora, los expertos apuntan la elección de Loncon como un acto simbólico e histórico, como un guiño al feminismo y a los pueblos indígenas, y se prevé que ejerza como portavoz y moderadora del debate.

“Estamos instalando una manera de ser plural, democrática, participativa, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de la madre de Tierra, de las mujeres que caminaron en contra de un sistema de dominación y de los niños”, consignó la ya presidenta de la convención.

Loncon ocupa uno de los 17 escaños reservados para indígenas dentro de la convención, siete de los cuales fueron para el pueblo mapuche, dos para el aimara y un representante de cada uno del resto: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Entre los sellos que quiere imprimir a la nueva Constitución está el de la plurinacionalidad para que se reconozcan las lenguas, las culturas y los territorios de los pueblos originarios, según dijo en entrevistas con algunos medios en los días previos.

También en estas instancias se refirió a los presos de las protestas sociales como “presos políticos”.

La convención constituyente, que fue íntegramente electa en las urnas el pasado mayo, está dominado por ciudadanos independientes sin afiliación a partidos (son 48 de los 155 candidatos), la mayoría de tendencia progresista, mientras que la derecha oficialista solo obtuvo 37 escaños.

El proceso constituyente nació en 2019 como un acuerdo entre los partidos políticos para tratar de amainar la mayor crisis social en tres décadas de democracia, que estalló en octubre de ese año con masivas marchas por un modelo socioeconómico más justo, y que dejó al menos una treintena de fallecidos y miles de heridos.

El órgano tendrá hasta un año para redactar la Constitución, la primera que emanará de un proceso plenamente democrático en la historia de Chile y un texto que deberá refrendarse en otro plebiscito en 2022 y que sustituirá a la criticada Carta Magna actual.

Heredada de la dictadura Pinochet (1973-1990), la actual ley fundamental es vista por muchos sectores por su corte neoliberal y por haber privatizado servicios básicos como el agua, la educación o las pensiones.

Fuente: infobae.com