Al menos 67 personas murieron, y otra veintena ha resultado herida, como consecuencia de una serie de motines en tres cárceles de Ecuador, en una acción que el Gobierno considera que fue “concertada” por organizaciones criminales con el objetivo de “generar violencia”.
Las autoridades han confirmado incidentes en tres cárceles en las ciudades de Latacunga, Guayaquil y Cuenca, y el despliegue de grupos tácticos de la Policía para contener la violencia. También se han desplegado militares en las inmediaciones de los centros para apoyar las operaciones.
El director del SNAI -el sistema de prisiones ecuatoriano-, Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías, pero sí entre los heridos. En la cárcel de Tui, en Cuenca, hubo 38 víctimas mortales, en la de Guayaquil, 21 y ocho más en Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi.
Moncayo ha explicado en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38.000 encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales están algunas de las responsables de los motines de este martes, como ‘Los Choneros’, ‘Los Lagartos’ o ‘Los ChoneKillers’, según detalla el diario ‘El Comercio’.
Fuente:
La tercera
COMUNICADO ALDHU
Descargar comunicado
La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU), expresa
su consternación y dolor por el resultado preliminar de sesenta y tres
privados de libertad fallecidos en dichos motines, como consecuencia del
enfrentamiento de bandas delictivas de alta peligrosidad.
Las personas detenidas en los Centros de Reclusión estatales, si bien se
encuentran privadas de su libertad, son seres humanos titulares de derechos
inalienables, y es el Estado que los tiene a su cargo, el responsable de
asegurarles la efectiva vigencia de todos sus demás derechos y en particular,
de garantizarles la seguridad y la vida. A esos efectos, está obligado a
mantener el orden en las prisiones, impidiendo que el control de las mismas
sea enajenado a mafias criminales. El almacenamiento de presos, sin control
ni seguridad, genera las condiciones para que los establecimientos de
detención se conviertan en territorios de disputa de las peligrosas mafias
criminales que operan tanto al interior como en el exterior de los mismos.
El Estado puede y debe conocer la situación de los establecimientos y es
responsabilidad exclusiva de las autoridades prevenir, anticipar y conjurar estos
estallidos, que cuando ocurren, como hoy en Ecuador, cobran la vida de
decenas de seres humanos, enlutando a la sociedad toda.
En consecuencia, hacemos un llamado urgente al Gobierno Ecuatoriano para
establezca las responsabilidades emergentes de los hechos, y aborde con
seriedad y responsabilidad la tarea de reformar el sistema penitenciario,
actualmente colapsado.
Santiago de Chile, 23 de febrero de 2021
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