Hay gobiernos que han usado la pandemia como excusa para detener o retener a los ciudadanos más críticos. Defensores, periodistas o activistas permanecen incluso en prisiones afectadas por la covid-19 como una suerte de doble castigo, según denuncia hoy Amnistía Internacional
En este dramático tiempo coronavírico mundial (con más de 700.000 fallecidos y casi ya 20 millones de infectados) en que tantas situaciones críticas y nuevas se están viviendo y tan necesario ha sido y es el trabajo conjunto de todos los sectores para salir adelante a escala local, nacional y global, muchos gobiernos han hecho de su capa un sayo y han aprovechado para reprimir aún más a los ciudadanos, incluso a aquellos ya retenidos o encarcelados. Así lo denuncia hoy Amnistía Internacional (AI) en un nuevo informe titulado Atreverse a defender los derechos humanos durante una pandemia.
En él, y a través de cinco apartados, se enumeran otros tantos modos y modas de persecución de defensores de derechos humanos (DDHH) que se han producido en gran parte del mundo en estos últimos meses. Desde el uso del confinamiento como pretexto para el control y ataque a determinadas personas o grupos, algo que, indican, ha sucedido en Hungría, Zimbabue, Níger, Tailandia o, especialmente, en Filipinas (con el presidente Duterte animando a la "caza del activista", y donde el caso de Maria Resa es el más destacado pero no el único), hasta los castigos específicos asociados a la identidad de los defensores, es decir, que algunos de ellos además de ser atacados por el trabajo que realizan están en riesgo por ser quienes son. "Sus desafíos se derivan de la desigualdad estructural y la discriminación porque son mujeres, personas indígenas o afrodescendientes, migrantes, refugiados o personas LGBTI o pertenecen a otros grupos que son sistemáticamente discriminados y marginados", señala el informe.
En silenciar a aquellas personas que han sido críticas con el manejo y las medidas tomadas por los políticos y gobiernos contra la pandemia han destacado China, Polonia, Nicaragua, EE.UU. o Rusia. Así, Amnistía Internacional ha identificado a 131 personas en todo el mundo que han sido víctima de hostigamiento, enjuiciamiento, homicidio o encarcelamiento bajo pretextos relacionados con la covid-19. "La legislación sobre noticias falsas, las restricciones de la circulación, la menor protección policial y la mayor intolerancia a la crítica han dado lugar a una nueva oleada de represión en todo el mundo contra quienes han denunciado irregularidades en el sector sanitario o han señalado respuestas inadecuadas a la pandemia", indican.
No liberar a los ya encarcelados como doble castigo parece haber sido uno de los métodos de represión preferidos, según AI. "Gobiernos a los que se alabó durante estos meses por dejar en libertad a miles de presos por prevención sanitaria antes los brotes de coronavirus (como hicieron Egipto, India, Irán y Turquía) han excluido de esta excarcelación a los defensores de derechos humanos y/o han continuado practicando detenciones de activistas, periodistas y ciudadanos críticos", indican.
El 25 de marzo de 2020 pasado, en el momento álgido de la pandemia, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, instó a los Estados a poner en libertad “a todas las personas recluidas ilícitamente, entre ellas las presas y presos políticos y las detenidas por sus opiniones críticas y disidentes”. Debían hacerlo, pidió, en respuesta a la amenaza sanitaria. No obstante, varios países hicieron oídos sordos y excluyeron a los defensores de las medidas para descongestionar las prisiones. "En India, por ejemplo, muchos estudiantes y activistas que habían participado en protestas pacíficas contra la Ley de Ciudadanía, que es discriminatoria, continúan detenidas injustamente", denuncia AI.
En Egipto, sigue, el Gobierno no puso en libertad a los detenidos únicamente por expresar su opinión, "ni a miles de otros presos y presas preventivos, muchos de los cuales se enfrentan a cargos de terrorismo excesivamente imprecisos entre motivos de preocupación por el incumplimiento de las garantías procesales". En Irán, las autoridades anunciaron que habían puesto en libertad temporalmente a 85.000 personas presas, "pero muchos defensores continúan recluidos por cargos de motivación política en condiciones atroces". Entre ellos, Narges Mohammadi, que padece graves problemas de salud y a la que se le niega atención médica.
"En Turquía, las medidas de descongestión, en virtud de las cuales más de 100.000 personas quedaron en libertad en abril, han excluido expresamente a las personas detenidas en espera de juicio y a las que se encuentran en prisión preventiva o han sido declaradas culpables en aplicación de la legislación antiterrorista turca, excesivamente general. Entre ellas hay activistas políticos y de derechos humanos, periodistas, personas del mundo académico y otras que se han pronunciado en contra del Gobierno".
“Su exclusión de las medidas de libertad subraya el carácter político de su encarcelamiento. Es evidente que el gobierno turco le teme a la crítica aún más que a la pandemia”, asegura Lisa Maracani, investigadora de la organización. Recordemos que en el caso de Turquía, este mismo julio un tribunal del país condenó a cuatro defensores de derechos humanos, entre ellos dos directivos de Amnistía Internacional, a entre dos y seis años de cárcel, acusándoles de estar relacionados con organizaciones terroristas y conspirar para derrocar al Gobierno del islamista Erdogan. "Acusaciones que los observadores internacionales tachan de ridículas e insostenibles y fruto de un sistema judicial cada vez más controlado por el Ejecutivo", escribía el corresponsal de EL PAÍS Andrés Mourenza.
En otros países en los que el hacinamiento en las prisiones ya es grave, los gobiernos han seguido deteniendo a activistas por cargos falsos, agravando el problema y poniendo en peligro a más personas, tal como sucede en Túnez, Marruecos, Níger, Zimbabue y Angola, entre otros países.
Convertirlos en blanco fácil
Finalmente, señala este informe, otro modo de persecución sutil es dejar expuestos o no protegidos a aquellos defensores ya en riesgo previo (algo que ha sucedido en aquellos países donde los asesinatos ya existían previamente) lo que ha brindado nuevas oportunidades a aquellos que quieren silenciarlos. Es decir, convertirlos en blanco fácil. Y lo han conseguido, en algunos casos, con muertes sobre la mesa como la de la lideresa comunitaria Carlota Isabel Salinas Pérez, activista de los derechos de las mujeres a la que mataron a la puerta de su casa en marzo mientras repartía alimentos. Así, denuncia AI, en Colombia y México, por ejemplo, se han reducido las medidas de protección policial; en Honduras, el incidente reciente más grave es la posible desaparición forzada de cinco jóvenes, cuatro de los cuales son activistas de la Organización Fraternal Negra Hondureña. "Unos hombres vestidos con uniforme policial se los llevaron el 18 de julio de sus hogares". Y en Colombia, la organización de la sociedad civil Indepaz denunció 166 homicidios durante el primer semestre de 2020.
Así, son muchos los que parecen haber hecho caso omiso a lo que esta organización independiente (una de las pocas que se financia sólo de sus socios, más de siete millones) sugirió a los Estados ya en primavera, al igual que hizo la ONU. Entonces instó a los países a garantizar que los defensores de Derechos Humanos fueran tenidos en cuenta en sus respuestas para abordar la pandemia, "por ser actores clave para garantizar que las medidas implementadas respetan los derechos humanos y no dejan a nadie atrás". Amnistía pidió entonces a todos que "no utilizasen restricciones relacionadas con la covid-19 como pretexto para reducir aún más el espacio cívico y tomar medidas enérgicas contra los disidentes o aquellos que defienden los derechos humanos, o para suprimir la información relevante que se considera incómoda para un Gobierno". Tres meses despues, esta investigación, interesantísima y cargada de casos personales y enlaces a datos, documenta ataques contra ellos perpetrados durante el periodo de la covid-19 en nada menos que 46 países.
Sobre el exceso de celo de los cuerpos de seguridad y el uso de la violencia previos y durante el confinamiento en países africanos hablamos en el artículo El virus que también mata derechos en referencia a Nigeria, Senegal, Kenia o Sudáfrica. “La policía mata más que el virus' ha sido un titular que se ha repetido al menos en dos ocasiones, en Nigeria y en Kenia, y que representa la sensación sobre la excesiva violencia de la policía para hacer respetar los toques de queda y el resto de medidas de contención de la covid-19. Las redes sociales se han hecho eco de estos atropellos y en algunos han conseguido algo poco común: que las autoridades reaccionasen y reconociesen errores, pidiesen disculpas o anunciasen investigaciones y sanciones, según los casos", escribía Carlos Bajo Erro, periodista especializado en activismo africano.
"Si esos defensores de derechos humanos que estaban advirtiendo contra la propagación del coronavirus hubieran sido escuchados hace meses y no silenciados, el mundo sería un lugar mucho más saludable ahora, con muchas menos vidas y medios de vida perdidos. El mundo no puede darse el lujo de ignorar a periodistas, científicos y sanitarios o defensores profesionales de los derechos humanos", señala Mary Lawlor, la Relatora Especial de las Naciones Unidas.
Lamentablemente lo que muestran la realidad y estos datos, según Maracani, es que en lugar de hacerles sitio para que apoyen los esfuerzos dirigidos a abordar la pandemia y a prepararse para una recuperación justa, los gobiernos están "tomando medidas contraproducentes para silenciar a quienes consideran opositores" y la covid-19 ha sido "un castigo añadido para los defensores".
Como conclusión, Amnistía Internacional insiste en este informe en que la pandemia ha presentado una serie de nuevos desafíos sociales múltiples que no pueden abordarse únicamente con enfoques de arriba hacia abajo. "Los Estados deben aprender rápidamente de los errores, adaptarse, innovar y proporcionar respuestas flexibles y diferenciadas a los vastos problemas derivados de la crisis. Esto solo se puede lograr cuando se permite la crítica y el debate, y se consulta, escucha y anima a diferentes sectores de la sociedad a participar. Es por eso que los defensores son actores importantes en la lucha contra la pandemia y deberían ser vistos como aliados, no como enemigos".
Los Estados deberían reconocer, señala, que sin los individuos y colectivos que defienden los Derechos Humanos en todo el mundo, será casi imposible abordar la covid-19 y salvar tantas vidas y medios de subsistencia como sea posible. Por lo tanto, no es solo su obligación, sino que es de interés general "reconocerlos, protegerlos y permitirles llevar a cabo su trabajo crucial para que se pueda mitigar el impacto más duro de la crisis y los que más en riesgo están no se queden fuera".
“Ahora más que nunca, su trabajo es esencial para luchar por la igualdad en el acceso a atención médica, alimentos y alojamiento, y para informar a la ciudadanía sobre el virus y las formas de protegerse. Los gobiernos que explotan esta crisis para atacar a quienes defienden los derechos humanos deben saber que se les está vigilando de cerca”, advierte Maracani.
LA PANDEMIA COMO CALDO DE CULTIVO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
El nuevo informe de Amnistía Internacional sobre los riesgos a la hora de defender los derechos humanos hoy desvela que son muchas las organizaciones feministas que se ocupan ya del impacto de esta crisis en las mujeres en general y en las activistas en particular, incluidas las que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, las que trabajan contra la violencia doméstica y otras de género. SISMA Mujer de Colombia, por ejemplo, publicó un análisis en profundidad de cómo la pandemia ha provocado un aumento de los niveles de violencia contra ambos grupos, tanto doméstica como en amenazas, ataques físicos y asesinatos de mujeres activistas. La Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres también ha publicado un análisis de la situación en México y América Central, citando numerosas amenazas para ellas, incluidos ataques de género y falta de protección, así como pérdida de medios de vida y de acceso a los servicios de salud. El informe de Amnistía también documenta los intentos de excluir a las defensoras de derechos humanos de participar en la respuesta a la pandemia, en particular aquellas que ya fueron marginadas, hostigadas e intimidadas antes, como las que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. En El Salvador, reportan un aumento en las amenazas en línea, acoso y uso de lenguaje despectivo, misógino y estigmatizante en las redes sociales, incluso por parte de funcionarios estatales y de los que apoyan al gobierno. Particularmente en el caso de activistas y periodistas que han criticado públicamente el manejo de la crisis por parte del Gobierno en los últimos meses, según indica esta investigación.
Fuente: El país
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