La ALDHU, continua este dialogo, emulando la experiencia que impulsó hace treinta años, en Montevideo (Uruguay), cuando convocó al Diálogo Este-Sur sobre Derechos humanos . En aquella oportunidad, la ALDHU logró promover una profunda reflexión: Líderes de ambas regiones, desde sus realidades, avanzaban al establecimiento de regímenes democráticos y al intercambio de experiencias y visiones entre sus protagonistas. El diálogo resultó un aporte para ensanchar la mirada y ampliar las perspectivas de los procesos que se vivían en tan diferentes latitudes.
En esta ocasión, queremos acercar el pensamiento y la reflexión del académico Pan Deng, que presenta su texto: "Es una tontería afirmar que la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong socava el Estado de derecho".
Es una tontería afirmar que la Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong socava el Estado de derecho
Desde que comenzó el proceso legislativo de la ley de seguridad nacional para la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK), algunos de los llamados “expertos legales” en Hong Kong han expresado su preocupación por el futuro Estado de derecho en la ciudad. Principalmente cuestionaron “la jurisdicción necesaria reservada por el Gobierno central” y “el nombramiento de jueces por el jefe ejecutivo para escuchar casos de seguridad nacional”, en un intento por obstruir el proceso legislativo. Sin embargo, la ley se aprobó por unanimidad y surte efectos en Hong Kong. No obstante, algunas personas siguen satanizando la ley con el propósito de confundir lo correcto y lo incorrecto, engañar al público en general y crear una confrontación.
Representación de la más alta confianza
El sentido común de la política y la ley converge en el hecho de que la protección de la seguridad nacional siempre ha sido una cuestión de soberanía que cae dentro de las atribuciones de las autoridades del Gobierno central. Según la práctica internacional, el Gobierno central de cualquier país del mundo tiene como responsabilidad principal su seguridad nacional. Es difícil encontrar un país que designe la misión de salvaguardar los problemas de seguridad nacional a las autoridades locales.
El ejemplo más reciente fue cuando el líder independentista catalán incitó al público a realizar manifestaciones. El Tribunal Supremo español, en vez de un tribunal local, lo condenó por sedición y a 13 años de prisión.
El Gobierno central podría haber solicitado autorización legal y hacerse cargo de todos los problemas de seguridad nacional en la RAEHK. Sin embargo, decidió designar la audiencia y el juicio de la mayoría de los casos de seguridad nacional a los tribunales locales de la RAEHK. El Gobierno central solo ejerce jurisdicción sobre casos en “circunstancias específicas”.
Lo que se cuenta como “circunstancias específicas” es también un punto de debate entre las diferentes partes y un término que enfrenta además los ataques más vehementes de los oponentes. La legislación define claramente “circunstancias específicas” como los siguientes tres escenarios: (1) cuando el gobierno de la RAEHK tenga dificultades para ejercer jurisdicción sobre el caso; (2) cuando ocurra una situación grave en la que el gobierno de la RAEHK no puede hacer cumplir efectivamente la ley de seguridad nacional; (3) cuando se ha producido una amenaza importante e inminente para la seguridad nacional. Incluso en los casos bajo las tres categorías, la presentación e investigación de tales casos sigue estando bajo el mandato del gobierno de la RAEHK, mientras que el procesamiento y el juicio serán supervisados por el Gobierno central.
En otras palabras, el Gobierno central y el gobierno de la RAEHK tienen una división clara del trabajo en la protección de la seguridad nacional. La RAEHK asume la responsabilidad principal de los casos de seguridad nacional, mientras que el Gobierno central actúa como último recurso y tiene la última palabra sobre el fallo. Solo cuando un caso va más allá de la capacidad o jurisdicción del gobierno de la RAEHK, el Gobierno central intervendrá y ejercerá cierta jurisdicción.
A juzgar por las disposiciones legales, dado que el Gobierno central ha reservado solo jurisdicciones muy limitadas, se puede inferir que en el futuro cumplimiento de la ley, el Gobierno central ejercerá la máxima moderación cuando intervenga en casos relevantes.
Cumplimiento de las prácticas internacionales y locales
El nombramiento de jueces es un proceso político en sí mismo. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se reservan mutuamente el derecho de nombrar y remover a personas en puestos importantes entre sí. Esta es una de las formas más importantes de verificar y equilibrar el marco de la “separación de poderes”. La práctica de nombrar jueces por funcionarios del Gobierno es muy común en todo el mundo.
Por ejemplo, en Estados Unidos, los jueces de la Corte Suprema son nominados por el presidente, aprobados por el Senado y luego nombrados por el presidente. Después de que regresara a China en 1997, Hong Kong adoptó un mecanismo similar. Los jueces en todos los niveles de los tribunales son nombrados por el jefe ejecutivo. Mientras tanto, el Consejo Legislativo de Hong Kong también tiene el poder de revisar el nombramiento y la destitución de los jueces del Tribunal de Apelación Final de Hong Kong, así como del juez jefe del Tribunal Superior.
Vale la pena señalar que el jefe ejecutivo no puede nombrar ni remover jueces a voluntad, sino que solo puede elegir de la lista de candidatos propuesta por la Comisión de Recomendación de Oficiales Judiciales. Los jueces que juzgan los casos de seguridad nacional también deben pasar por los procedimientos anteriores.
Más importante aún, el jefe ejecutivo debe seleccionar un grupo de jueces que estén calificados para escuchar los casos de seguridad nacional de acuerdo con la lista propuesta de candidatos antes de que ocurra un caso específico y no después. El poder de nombrar jueces para casos específicos seguirá yendo a los tribunales locales en el futuro.
Si se mira alrededor del mundo, es normal designar jueces especiales para escuchar casos especiales, sin mencionar que algunos países crean equipos separados de jueces para casos que involucran asuntos especiales como la tierra, el trabajo y los impuestos. También es común que muchos países hagan una distinción de los jueces penales de los jueces civiles al estipular que algunos jueces pueden escuchar tanto a los criminales como a los casos civiles, pero solo algunos pueden escuchar casos civiles.
En Hong Kong, el nombramiento de jueces especiales para escuchar un determinado tipo de caso no es un invento bajo la nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong. Por ejemplo, tanto el Tribunal de Comercio como el Tribunal de Arbitraje tienen una lista predeterminada de jueces; lo mismo, es cierto, para el Tribunal de Familia que maneja disputas de violencia doméstica.
El nombramiento de jueces por el jefe ejecutivo y el nombramiento de jueces para escuchar casos especializados han sido efectivos durante 23 años tras el regreso de Hong Kong a China y ya se han convertido en parte del sistema judicial local. Nadie había cuestionado esta práctica antes como una “socavación del Estado de derecho”.
El Estado de derecho es uno de los valores centrales que la sociedad de Hong Kong aprecia. Para el Gobierno central chino, es parte de su deber natural proteger el Estado de derecho, cuidar a Hong Kong y pensar en su estabilidad y prosperidad a largo plazo. A la luz de dicho deber, la ley de seguridad nacional para la RAEHK ha adoptado los arreglos legales más efectivos y que tengan el menor impacto en la sociedad de Hong Kong. Algunos expertos incluso la describen como “la ley de seguridad nacional más indulgente del mundo”.
Sin embargo, el perdón sin principios solo dará como resultado la pérdida de disuasión. El episodio violento del movimiento antienmienda del año pasado es una lección dolorosa. Si bien la ley de seguridad nacional de la RAEHK respeta la autonomía local tanto como es posible, desvanece la ilusión de las fuerzas hostiles en Hong Kong de convertir la ley de seguridad nacional en un tigre sin dientes.
*Pan Deng es secretario general de la Asociación Nacional de los Estudiantes Retornados de Iberoamérica de China, director ejecutivo del Centro de Derecho de América Latina de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China, y profesor distinguido del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Ciencia y Tecnología del Suroeste.
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