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| La foto de portada es del colectivo Migrar Photo |
Los autores escriben aquí a título personal,
como abogados y no como consejeros del INDH.
Las violaciones graves a los derechos humanos
en Chile con ocasión de las masivas protestas que ocurren desde hace tres
semanas están sorprendiendo a la comunidad internacional. No sólo los
observadores de derechos humanos de las Naciones Unidas están presentes en el
país, sino que también observadores de ONGs internacionales como Amnesty
International y muchas otras, todos quienes han expresado desde ya su
preocupación por la gravedad de lo que han podido apreciar. Asimismo, el lunes
tomará lugar una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
donde representantes de la sociedad civil expondrán la situación de derechos
humanos, la que está en la retina del resto del mundo.
La violencia institucional que se ha revelado
con rasgos bastante masivos en cuanto a las víctimas, por cierto, no es una
consecuencia necesaria de la violencia, sea anómica u organizada, que ha
llevado a saqueos e incendios, ni menos del control del orden público frente a
las movilizaciones populares.
Los miles de heridos, cientos de ellos con
heridas oculares, incluyendo estallidos y pérdida de visión, ponen de
manifiesto la falta de respeto a sus propios protocolos de uso de la fuerza por
parte de Carabineros, de manera que, aunque se ejerza pacíficamente el derecho
a reunión y protesta, ello puede resultar en un riesgo a la vida e integridad de
los ciudadanos y ciudadanas. Aún más indignantes son las denuncias de torturas,
incluyendo las que implican violencia sexual, así como las muertes ocasionadas
por agentes estatales.
Esto sigue sucediendo en todo el país, con la
misma recurrencia y crudeza, aunque ya ha sido advertido por diversas
instituciones, se le ha representado a las autoridades y pedido que tomen
medidas para evitarlo.
“Ayer, expertos de la ONU han indicado que el
elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no
letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y ha violado los
requisitos de necesidad y proporcionalidad”.
Este nivel de violencia parece inédito para un
país que dejó atrás hace casi tres décadas una dictadura y cuyas élites se
ufanaban con sus promesas de desarrollo futuro. Sin embargo, no es tan
sorprendente, salvo en su magnitud y alcance, si se toman en cuenta patrones
que se han repetido a menor escala por años.
Por supuesto, la inequitativa realización de
los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el modelo
económico-social y constitucional vigente está a la base de las demandas
sociales, pero los mismos derechos civiles han sido atacados constantemente
respecto a ciertos grupos vulnerables, como se ve en la represión de la
protesta mapuche, la violencia contra la mujer, la discriminación contra los
extranjeros, la violencia contra la población LGBTI, y la represión de las
protestas estudiantiles, entre tantos otros ejemplos.
Lamentablemente, la violencia de quienes
actúan a nombre del Estado ya ha estado presente como una respuesta constante
frente a las manifestaciones de descontento y las demandas de transformación
profunda en la sociedad.
A pesar de esta realidad, también es evidente
que hemos visto en pocos días una escalada y concentración de violencia estatal
que ha roto todas las ilusiones de ser un país modelo de democracia.
Los desnudamientos, violaciones y abusos
sexuales que se han reportado nos develan un peligroso patrón que emerge cuando
se dirige la violencia por agentes estatales contra mujeres, e incluso niñas y
niños.
La violencia innecesaria al momento de las
detenciones, las denuncias recurrentes de tortura y otros tratos crueles nos
pone frente a los ojos, que las peores facetas de la violencia estatal no se
han erradicado completamente, pese a todos los esfuerzos por mejorar la
formación en derechos humanos de las fuerzas policiales.
Ayer, expertos de la ONU han indicado que el
elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no
letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y ha violado los
requisitos de necesidad y proporcionalidad. Ello incluye el uso de munición que
puede provocar y ha provocado heridas muy graves. De ello deriva, y de la
práctica de disparos directos a zonas vitales del cuerpo, con toda seguridad,
nuestro tristemente célebre record mundial e histórico en pérdida de visión por
armas de fuego, como lo ha indicado la Asociación de Oftalmólogos.
La forma en que han sido tratados adolescentes
en las manifestaciones, incluso con la irrupción de policías al interior de los
establecimientos escolares, y en su posterior detención, muestra como su
calidad de sujetos de derechos fundamentales no es respetada por las
autoridades.
Los extranjeros, durante estos días, también
han sido agredidos con fuerza policial excesiva, heridos, detenidos y tratados
con violencia.
“La pulsión por la modernización capitalista
que ha obsesionado a las élites para llevarnos a un mañana de bienestar, ha
chocado con las formas más sombrías del ayer, convertidas en tan solo 21 días
en prácticas recurrentes, dolorosas y persistentes de violencia estatal que
lamentablemente invaden los desafíos actuales de nuestra vida en común”.
Así también, los periodistas, de medios
nacionales y extranjeros han visto obstaculizado su trabajo y han resultado
heridos. Dicho sea de paso, el rol de los medios de comunicación de la más
variada naturaleza, ha vuelto a demostrar la importancia de la diversidad,
profundidad y prontitud del flujo de la información en circunstancias como la
presente, así como la compleja responsabilidad de distinguir lo real de lo
inventado.
Un aspecto que ha comenzado a aflorar y sobre
el que hay que poner especial atención, está dado por la creciente evidencia de
modalidades de vigilancia y represión políticamente dirigida. La convivencia de
una actividad policial cuyos excesos son arbitrarios e indiscriminados con una
que tenga objetivos políticos específicos y dirigida hacia líderes sociales de
diversos sectores debe ser motivo de honda preocupación y de denuncia explícita
y, sin duda, constituirá un factor relevante a la hora de calificar y
caracterizar, en clave de derechos humanos, el período que estamos viviendo.
La pulsión por la modernización capitalista
que ha obsesionado a las élites para llevarnos a un mañana de bienestar ha
chocado con las formas más sombrías del ayer, convertidas en tan solo 21 días
en prácticas recurrentes, dolorosas y persistentes de violencia estatal que
lamentablemente invaden los desafíos actuales de nuestra vida en común.
Sin el cese terminante de las graves de
violaciones a los derechos humanos, la aplicación de la resposabilidad a sus
autores, la adecuada reparación a las víctimas, y la modificación de las pautas
de comportamiento de los agentes del Estado tampoco podremos encontrar salida a
la crisis en que estamos ahora.
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