Paulo Abrão, quien encabezó la misión de la CIDH, recomendó que se forme una comisión de investigación internacional integrada por expertos similar a la que se formó para investigar la desaparición de 43 estudiantes en México.
«Normalmente en estas situaciones…. las instituciones nacionales no están preparadas para resolver un cúmulo tan masivo de violaciones a los derechos humanos» como los registrados en Bolivia tras la destitución de Evo, dijo Abrão en una entrevista en Cochabamba.
De acuerdo con la CIDH ya son al menos 33 los muertos desde el golpe de Estado como consecuencia de la represión a las manifestaciones contra el gobierno de facto.
Abrão fue recibido en la ciudad de Sacaba por miles de personas al grito de «justicia». Al menos 9 personas que participaban de las protestas fueron asesinadas en Sacaba por las fuerzas de seguridad que responden al gobierno de facto.
Los testigos de la masacre contaron a Abrão que las fuerzas de seguridad utilizan munición real para reprimir protestas pacíficas.
«Mi hermano Julio Pinto está en terapia intensiva», dijo Félix Pinto, un campesino indígena, a Abrão y a su equipo. «Es como si estuviera muerto ahora mismo.»
El gobierno de Áñez niega que las fuerzas de seguridad tengan responsabilidad en las muertes, y el fiscal general aseguró que las balas encontradas no son del tipo que se entrega a militares y a la policía.
Fuente: Diario San Rafael
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