LA PAZ, Bolivia (Xinhua).- Las cárceles en países de América Latina presentan "males" comunes como hacinamiento, atención deficiente, mala alimentación y falta de acceso a la salud, entre otros, informó el defensor del Pueblo en Bolivia, Rolando Villena.
El representante dio a conocer en la ciudad de La Paz un informe de la Red de Comunicación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), organismo del que forma parte la institución boliviana.
De acuerdo con el reporte, a nivel regional se observa un aumento de los adolescentes privados de la libertad, lo que constituye una clara violación a los derechos humanos, además de existir una precaria infraestructura carcelaria.
Villena expresó su alarma por la situación que presentan las penitenciarías y las personas que se encuentran privadas de su libertad en países como Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Paraguay, Panamá, Puerto Rico y Nicaragua.
"El informe en cuestión recoge las verificaciones y monitoreo que realizaron las defensorías del Pueblo o instituciones nacionales de derechos humanos en varios países latinoamericanos", indicó.
Según el reporte, Paraguay, Bolivia, Nicaragua y Panamá registran los más altos niveles de hacinamiento, frente a Colombia, Brasil y Costa Rica que reportan niveles de entre 36 y 60 por ciento en este indicador.
Según la FIO, el número de personas privadas de su libertad en los penales de estos países latinoamericanos supera entre 39 y 300 por ciento la capacidad de los mismos.
En Paraguay, por ejemplo, el principal centro de reclusión alberga a 4 mil personas en un espacio diseñado para mil 200.
En Bolivia, el hacinamiento se encuentra en alrededor del 202 por ciento, pues el número de detenidos alcanza los 14 mil 770, cuando la infraestructura carcelaria está diseñada para 4 mil 884.
En Nicaragua, a su vez, hay 10 mil 378 personas privadas de su libertad, cuando el espacio disponible es para 4 mil 605, lo que significa 125 por ciento de sobrepoblación.
A esta situación se suma la deficiente o inexistente atención médica y la mala infraestructura carcelaria. El informe destaca que en Bolivia esta situación es un indicador permanente de "vulneración de derechos humanos" al no existir la suficiente cantidad de médicos y personal especializado.
En Brasil, cerca de la mitad de los penales no cuentan con cama para los detenidos y un 25 por ciento de ellos no tiene colchón, además de que la insalubridad es propicia para la proliferación de epidemias e infecciones.
En Costa Rica, por su parte, los reos no solo enfrentan problemas en el acceso a la salud, sino que incluso tienen que pagar por un espacio, una cama o por el uso del teléfono.
Según el defensor del Pueblo boliviano, la situación en Venezuela y Puerto Rico es menos crítica.
En el primer país se ha logrado construir y remodelar penales bajo la concepción de "mayor respeto a la dignidad humana". En el segundo caso, si bien no enfrenta problemas de hacinamiento en sus cárceles, las mayores quejas se refieren a mala alimentación y atención médica inadecuada.
De acuerdo con el estudio de la FIO, otra preocupación es el aumento de adolescentes privados de su libertad, que es "angustiante". Este sector de la población se encuentra detenido por delitos como robo, hurto, homicidio y violación, mientras que la edad de los infractores oscila entre los 12 y 17 años.
Según Villena, esta crítica situación ha llevado a las defensorías del Pueblo o instituciones similares a emitir recomendaciones a sus estados, como uso racional de la prisión preventiva y mecanismos alternativos, como la detención domiciliaria en enfermos.
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