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lunes, 18 de agosto de 2014

Ecuador olvida, Colombia gana, y los habitantes de la frontera norte permanecen en el olvido.


 


Con polémicos acuerdos, el gobierno ecuatoriano decidió olvidar los incidentes que lo alejaron diplomáticamente de su similar colombiano, como la agresión que sufriera el Ecuador con el bombardeo de Angostura; o relativizando los daños producidos por las fumigaciones realizadas para erradicar los cultivos de coca en territorio colombiano, pero que afectaron la salud de campesinos del cordón fronterizo ecuatoriano, mataron sus animales y destruyeron los cultivos de sus fincas.

Las fumigaciones
Como parte del denominado Plan Colombia, que se implementó desde 1999 en ese país, se planificó erradicar los cultivos de coca que se multiplicaban sin control en los territorios fronterizos, donde el Estado colombiano no tenía presencia y se disputaban el control territorial las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La erradicación manual había fracasado y Colombia optó por realizar fumigaciones aéreas, con avionetas que volaban a gran altura, pues debían eludir los ataques de los grupos armados que controlaban la región. El compuesto usado en estas fumigaciones contenía glifosato, Cosmo Flux y POEA, dando como resultado un compuesto químico altamente nocivo para la salud humana y que contaminó las tierras, los esteros y las fuentes de agua.

La altitud de las fumigaciones y la acción del viento provocó que este compuesto tóxico caiga más allá de diez kilómetros al interior de territorio ecuatoriano, tal como lo estableció un informe técnico realizado por el Comité Interinstitucional contra la Fumigaciones (CIF), liderado por el médico Adolfo Maldonado, experto en enfermedades tropicales.
Además, un informe genético realizado por técnicos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, también encontró daños genéticos en mujeres de la zona fronteriza en el Putumayo, que habían estado expuestas a las fumigaciones colombianas.

Todas estas evidencias llevaron al gobierno ecuatoriano a demandar a Colombia en el Tribunal de Justicia de la Haya, tanto por las afectaciones a la salud de los pobladores ecuatorianos fronterizos, como por los daños a los cultivos y a las tierras de estos campesinos.

Por su parte, los campesinos afectados se agruparon en la Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES) y, junto a organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, durante doce años presionaron para que los diferentes gobiernos ecuatorianos exijan a Colombia que no fumigue en una area de 10 kilómetros, contados desde la frontera hacia adentro de su territorio; ésto para garantizar que no se afecte a suelo ecuatoriano. En el gobierno de Alfredo Palacio, en el 2006, se logró tácitamente la aceptación de Colombia a esta tesis y se dejó de fumigar en el área, pese a que siempre negó que las fumigaciones produjeran efectos nocivos.

Sorpresivamente, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa anunció el pasado mes de septiembre de 2013, que había retirado la demanda a Colombia en la Corte de la Haya, y se había logrado un acuerdo[1] mediante el cual el país vecino entregaba 15 millones de dólares al gobierno ecuatoriano, como una colaboración para el desarrollo fronterizo; el gobierno ecuatoriano, en cambio, lo manejó como un fondo de compensaciones para los campesinos afectados, y así lo dio a conocer en reuniones realizadas con FORCCOFES en la ciudad de Lago Agrio, en Sucumbíos.

El convenio además establece que Colombia podrá llegar a fumigar hasta a dos kilómetros de la frontera, dentro de territorio colombiano, con lo que el gobierno ecuatoriano ha destruido la tesis de las organizaciones ecuatorianas al aceptar la tesis colombiana, a pesar de la gran cantidad de pruebas que han proporcionado las organizaciones para demostrar la nocividad del compuesto químico utilizado por Colombia y su incidencia hasta en diez kilómetros de distancia de los sitios de fumigación.  

FORCCOFES también ha rechazado la declinación del gobierno ecuatoriano a defender la soberanía nacional y los derechos de los campesinos de frontera; sin embargo, el anuncio del gobierno ecuatoriano de que utilizará los quince millones de dólares para compensar a los campesinos ha provocado fricciones entre los miembros de FORCCOFES, poniendo en riesgo a la estructura organizativa más fuerte del cordón fronterizo, lo que sin duda favorecería el silencio frente a las nuevas fumigaciones colombianas.

FORCCOFES no solo logró superar las primeras fricciones que se dieron a su interior, en especial con aquellas personas interesadas en obtener grandes ganancias con las compensaciones; sino que ahora logró unir a los habitantes de Mataje, parroquia fronteriza ubicada al norte de la provincia costeña de Esmeraldas, y de Tobar Donoso, parroquia fronteriza de la provincia del Carchi, en la sierra. Estas dos parroquias también fueron afectadas por las fumigaciones colombianas y ahora exigen a la Cancillería del Ecuador que entreguen la compensación dada por Colombia y, a la vez, que no se renuncie a la prohibición de fumigaciones en la franja de diez kilómetros, pese al acuerdo al que han llegado los gobiernos.

Olvidemos el bombardeo de Angostura
Todo el enojo y el discurso nacionalista que mostró el Presidente Rafael Correa, después del bombardeo colombiano en territorio del Ecuador, en Angostura, ocurrido el 1 de marzo de 2008, también deberá ser olvidado; y se deberá olvidar no solo la agresión territorial, sino también las 21 muertes que produjeron este bombardeo, cuatro de ellas de estudiantes mexicanos y un ecuatoriano.

En efecto, con el acuerdo amistoso entre Ecuador y Colombia también se ha dado por terminado con el proceso que el gobierno ecuatoriano seguía al colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Colombia accedió a otorgar una indemnización de 35.000 dólares a la familia del ecuatoriano Franklin Aizalla, muerto en este bombardeo; con ello se da por superado este conflicto.

“Un acuerdo amistoso no puede darse al margen de la justicia, sin conversar con las familias de todas las víctimas. No podemos olvidar”, asegura Adrián Ramírez, Presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDH), que lleva adelante el proceso presentado por los padres de los estudiantes mexicanos muertos en Angostura. Por ello, y una vez que se comprueba la imposibilidad de buscar justicia en territorio nacional, los familiares de las víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y están evaluando la posibilidad de llevar ante la Corte Penal Internacional al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, y al actual presidente Juan Manuel Santos, quien fuera Ministro de Defensa de Colombia, cuando se produjo el bombardeo. “Tarde o temprano, ellos deberán responder por estos crímenes”, dice Ramírez. El presidente ecuatoriano Rafael Correa ahora cataloga de “buena persona” al presidente colombiano Manuel Santos, olvidando que él fue uno de los artífices del bombardeo en Angostura.

Por otra parte, las comunidades campesinas e indígenas aledañas a la zona del bombardeo, en el Cantón Putumayo, han decidido crear un parque ecológico en esta zona, como una contribución a la construcción de una cultura de paz. “El Parque de la Paz será un sitio de recordación, no solo de quienes murieron allí, sino del deber que tenemos de construir la paz y conservarla”, dice Darwin Rodríguez, dirigente indígena kichwa de la región.

Los acuerdos de colaboración militar
Los acuerdos extrajudiciales descritos se complementan con otro acuerdo de cooperación militar firmado en Puerto El Carmen, en la frontera colombo – ecuatoriana. Aún cuando el acuerdo es secreto, luego de esta firma se han incrementado las escaramuzas entre fuerzas militares ecuatorianas y grupos rebeldes colombianos, así como la detención de guerrilleros de las FARC, los que son inmediatamente entregados a Colombia; por lo que se puede inferir que la colaboración en la frontera se da principalmente para enfrentar a la guerrilla colombiana.

El Plan Colombia preveía involucrar al Ecuador en el conflicto colombiano, dando a Ecuador el papel de control militar de la frontera para impedir el paso de grupos rebeldes colombianos, mientras el ejército de ese país los atacaba.

Ecuador nunca cedió a este plan, ni siquiera en el gobierno de Lucio Gutiérrez, muy cercano a la política militarista de Colombia; sin embargo, ahora Rafael Correa ha cedido ante la agenda militar colombiana, tal como lo demuestran los enfrentamientos ocurridos, en especial el sucedido el pasado 8 de agosto de 2013, en el que murió un militar ecuatoriano y cinco presuntos guerrilleros de las FARC.

La Ministra de Defensa del Ecuador, María Fernanda Espinoza, aceptó públicamente que este enfrentamiento se dio luego de que se recibiera información de Colombia sobre la movilización de los guerrilleros, con lo que hizo evidente la vigencia del modelo denominado “yunque y martillo”, en donde se denomina “yunque” a las fuerzas de contención ecuatorianas, y “martillo” a la arremetida del ejército colombiano contra las fuerzas irregulares.

La Comisión de Derechos Humanos de la Federación de Mujeres de la Provincia de Sucumbíos ha denunciado los diversos enfrentamientos que se han registrado en la frontera, lo que vulnera la seguridad de las comunidades fronterizas, en especial en el cantón Putumayo. Los militares consideran a estas comunidades como aliadas de las FARC, demostrando una falta de comprensión de la dinámica fronteriza, o una intensión deliberada de trastocar la realidad para justificar sus incursiones.

Los acuerdos descritos dejan ver que el gobierno ecuatoriano ha privilegiado consolidar las relaciones comerciales con Colombia y normalizar las relaciones diplomáticas, aún cuando esto ponga nuevamente en riesgo a las comunidades de frontera, las que también verán disminuidas sus capacidades organizativas debido a las ofertas de indemnizaciones económicas insuficientes.

Indígenas y campesinos de frontera llegan a Quito
Desde que se hizo público la entrega de 15 millones de dólares por parte del gobierno colombiano, el gobierno del Ecuador anunció que se los entregaría directamente a los campesinos e indígenas afectados por las fumigaciones.

Los habitantes de la frontera, a través de FORCCOFES realizaron varias propuestas al gobierno ecuatoriano para que se entregue ese dinero; primero expusieron la necesidad de invertir en las comunidades a través de proyectos que reactiven la producción agraria, en especial el cultivo de café y cacao. Esta propuesta fue negada bajo la premisa de que este dinero se entregaría directamente a las personas perjudicadas.

FORCCOFES realizó una serie de asambleas regionales a fin de elaborar una lista de personas realmente perjudicas por las fumigaciones; este fue un trabajo de unos cuatro meses, y al final se entregó la lista a la Cancillería ecuatoriana, junto a la propuesta de manejar el dinero a través de un fideicomiso, a fin de garantizar que el dinero llegue efectivamente a los campesinos e indígenas de la frontera. El gobierno se negó a conformar el fideicomiso solicitado por FORCCOFES, insistiendo en que entregaría directamente el dinero a unas 2.800 familias, de las cerca de cinco mil que FORCCOFES había identificado a través de sus asambleas regionales.

Las asambleas de FORCCOFES, a las que se incorporaron delegaciones de las comunidades afectadas de Mataje y Tobar Donoso, resolvieron acudir a Quito para hablar directamente con el Canciller Ricardo Patiño, a fin de conocer qué pasa con las compensaciones y exigirle que el Ecuador mantenga la tesis de no fumigación en la franja de 10 kilómetros, que es la razón de existencia de FORCCOFES.

193 dirigentes llegaron a Quito en la mañana del 13 de agosto, luego de sortear los intentos de la Cancillería para que se suspenda esta acción, bajo el argumento de que se ya está arreglando los desembolsos de las compensaciones.

Esta vez los habitantes fronterizos no se dejaron convencer y mantuvieron su movilización, logrando ser recibidos por el embajador Galo Galarza, el asesor Fernando Paredes y otros funcionarios de la Cancillería.

La posición de los campesinos fue clara: se entreguen las compensaciones y se exija a Colombia que no fumigue en la franja de 10 kilómetros.
El representante de la Cancillería, Eduardo Paredes, luego de acusar a las ONGs y a lo que el gobierno denomina “prensa corrupta” de intentar confundir y manipular a las organizaciones de frontera, aseguró que se está trabajando sobre las compensaciones para trasladar el dinero dado ya por el Estado colombiano.
La doctora Verónica Yuquilema, abogada del equipo legal de INREDH, aclaró que la delegación de campesinos tiene voz propia y la tiene porque ha vivido las consecuencias de las fumigaciones y soporta día a día estas afectaciones que hasta ahora, 14 años después, son evidentes. En el caso de INREDH, la doctora Yuquilema aclaró que esta organización tiene presencia efectiva en la frontera y todas sus investigaciones han sido corroboradas in situ, sin necesidad de recurrir a fuentes periodísticas privadas, ni de la prensa oficial del gobierno[2].  

Finalmente la Cancillería anunció que se procederá a dar las compensaciones anunciadas y que, en el caso de las fumigaciones, se han establecido procedimientos para receptar quejas de daños producidos por nuevas fumigaciones.

El temor de los habitantes de frontera es que la repetición de las fumigaciones a menos de 10 kilómetros de la frontera los hará desplazarse de sus fincas y no habrá compensación que pueda ser efectiva para rehacer sus tareas agrícolas, menos aún si las compensaciones bordearán un monto de 2.500 dólares por familia afectada.

A la tarde, las lideresas y líderes de la frontera que vinieron a Quito, que esta vez fue uno por cada comunidad, retornaron a sus fincas no sin antes indicar que si el gobierno no cumple y no los protege ante nuevas fumigaciones, retornarán a Quito, y esta vez lo harán con más gente de sus comunidades.  

Luis Ángel Saavedra
INREDH

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