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domingo, 5 de febrero de 2012

EXPLOTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS: A COSTA DEL PLANETA Y DE LOS DERECHOS HUMANOS


En plena era de la información, el crecimiento de algunos países industrializados o de los llamados “emergentes” depende de la explotación de sus materias primas: níquel, litio, bauxita para fabricar aluminio, zinc, plata, uranio, plomo, cobre, oro, hierro, gas, petróleo, manganeso y estaño.

Super explotación de materias primas
están destruyendo el planeta
A estos países se les comienza a denominar CARBS (las siglas se utilizan en el inglés para abreviar carbohydrates), un nuevo “club” compuesto por Canadá, Australia, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Se calcula en 60 billones de dólares el valor de las materias primas que controlan estos cinco países y que abarcan casi un tercio del total de las tierras en el planeta. Suponen además entre el 25% y el 50% de la producción mundial de los metales y minerales mencionados. Pero en términos demográficos, estos países sólo concentran el 6% de la población mundial.

No han tardado los elogios hacia los CARBS por haber triplicado su consumo desde 2003, por su gestión de esas materias primas para reducir la deuda pública y por el fortalecimiento de sus divisas. Han acumulado más de un billón de dólares de reservas en moneda extranjera, lo que les permitirá invertir en infraestructuras para aumentar la exportación de minerales y de metales. Aunque también Estados Unidos ha desarrollado su sector minero, no se le considera parte del “club” porque sus explotaciones sólo cubren demandas internas de consumo.

Preocupa el impacto de la minería en Canadá, Australia y Rusia. Algunas de las explotaciones se efectúan con técnicas como la minería a cielo abierto, que muchos ecologistas consideran una agresión al medioambiente. Se levantan toneladas de partículas tóxicas y se contaminan acuíferos, ríos y lagos, lo que pone en peligro los cultivos, la flora y la fauna. Estos países resisten las turbulencias de “los mercados” financieros, pero con el riesgo de inflar una burbuja como las que han explotado en otros países y de tener un impacto medioambiental que arrastrarían las generaciones venideras.

Para rentabilizar la extracción mineral, algunas grandes empresas emplean “mano de obra barata”, muchas veces extranjera, que necesita el trabajo y que tiene dificultades para reclamar ante los tribunales condiciones dignas de trabajo. Durante el último siglo, la extracción de materias primas en países empobrecidos, ha estado vinculada a gobiernos corrompidos, a secuelas graves en la salud, a condiciones de trabajo esclavo, a represiones militares, desapariciones y torturas, lo que ha disparado las demandas contra empresas multinacionales como Royal Dutch y Shell en tribunales de Estados Unidos y de otros países.

La experiencia de los CARBS y de Estados Unidos en la industria metalúrgica les ha servido a sus empresas como plataforma para invertir y desarrollar proyectos en otros países con materias primas. En América Latina, han obtenido concesiones mineras que han desatado protestas de las poblaciones locales. Están al tanto de las posibles consecuencias ante marcos jurídicos menos comprometidos con el medioambiente y más “amigables” con las inversiones extranjeras que los que existen en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos. Temen que los impactos medioambientales provoquen desplazamientos de poblaciones autóctonas que defienden el derecho colectivo a sus tierras, vinculadas a su identidad como pueblo y a su sustento. Naciones Unidas ha apoyado esas reivindicaciones de los pueblos indígenas, por encima de un supuesto derecho al desarrollo económico nacional.

Ante las protestas, los enfrentamientos populares y el conflicto político, la empresa minera estadounidense Newmont ha paralizado el proyecto Conga en Perú hasta que el gobierno y la población de Cajamarca lleguen a un acuerdo. Se ha mantenido el Estado de excepción “para garantizar el orden público y los servicios básicos”.

El pueblo huichol en México tiene reivindicaciones similares ante las concesiones mineras a empresas como la canadiense First Majestic en la zona de Wirikuta, que considera de valor espiritual, además de indispensable para su sustento agrícola y de consumo del agua.


Se desangran el planeta y las economías, mientras se extiende un modelo de consumo a una población que no para de crecer y que el planeta no puede soportar. No se presentan alternativas al aumento del consumo como receta contra la crisis, aunque las clases medias y trabajadores puedan permitirse cada vez menos cosas por las medidas de austeridad que les imponen, y de las que se salvan los más ricos y las multinacionales.  Carlos Miguélez Monroy - Periodista, coordinador del CCS



sábado, 4 de febrero de 2012

LAS COMISIONES DE LA VERDAD EN AMÉRICA LATINA


Entrega del Informe Rettig en Chile

Las Comisiones de la Verdad son organismos oficiales de investigación creados para ayudar a las sociedades que han enfrentado graves situaciones de dictadura, violencia política o guerra interna, a enfrentarse críticamente con su pasado, a fin de superar las profundas crisis y traumas generados por la violencia y evitar que tales hechos se repitan en el futuro cercano.

A través de las Comisiones de la Verdad se busca conocer las causas de la violencia, identificar a los elementos en Conflicto, Investigar los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos y establecer las responsabilidades jurídicas correspondientes.

El trabajo de las Comisiones de la Verdad permite identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad (Fuerzas Armadas, Policía, Poder Judicial), entre otros factores inmersos en esta problemática. Esta investigación abre la posibilidad de reivindicar la memoria de las víctimas, proponer una política de reparación del daño, e impedir que aquellos que participaron en las violaciones de los derechos humanos, sigan cumpliendo con sus funciones públicas, burlándose del Estado de derecho.
Un listado breve de algunas de las Comisiones de la Verdad en América Latina.
Ernesto Sabato entrega el Informe "Nunca Más"
al Presidente Alfonsin
Argentina: Comisión Nacional para la Desaparición de Personas (también conocida como Comisión Sábato). El informe se titulo “Nunca Más” y fue emitido en 1985. La comisión llevo a cabo su trabajo entre 1983 y 1984 y cubrió el periodo entre 1976-1983. Entre sus principales hallazgos identificó mecanismos sistemáticos de de violación de los derechos humanos y estableció al menos 8.961 desaparecidos por la dictadura militar.

Chile: Comisión Nacional para la Verdad y Reconciliación (también conocida como Comisión Rettig). La comisión trabajo durante 1990-1991 y cubrió el periodo entre el 11 de septiembre de 1973 el 11 de marzo de 1990. El Informe Final fue publicado en 1991 y documentó crímenes perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet. El informe incluye información respecto a 2,279 víctimas de la dictadura.
Chile: Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (también conocida como Comisión Valech). La comisión se creó en 2003 y cubrió el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Su mandato incluyó establecer quiénes sufrieron de tortura y privación de libertad por razones políticas y proponer medidas de reparación. El Informe Final se presentó en 2004. Una segunda Comisión
Valech, llamada oficialmente Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura, fue creada por la presidenta Michelle Bachelet mediante el Decreto Supremo Nº 43 publicado el 5 de febrero de 2010. 
La Comisión culminó sus funciones el 17 de agosto de 2011, haciendo entrega de su informe  el 18 de agosto de ese año.  


Ecuador: Comisión de la Verdad para Impedir la Impunidad. Se creó en el 2007 y cubrió el periodo entre el 3 de mayo de 2007 y septiembre de 2009. La comisión emitió su informe en junio de 2010 el cual establece que se perpetraron graves violaciones de derechos humanos durante la administración de León Febres Cordero en base a una política estatal e identifico a 456 personas que fueron víctimas de distintos crímenes incluidos tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales entre otros.
El Salvador: Comisión de la Verdad para el El Salvador. El informe final se tituló “De la locura a la esperanza” y fue emitido en marzo de 1993. Incluye información sobre distintas ejecuciones extrajudiciales emitidas por agentes estatales, asesinatos perpetrados por escuadrones de la muerte, desapariciones y masacres, entre otros. Cubre el periodo entre enero de 1980 y julio de 1991.
Guatemala: Comisión para el Esclarecimiento Histórico. La comisión trabajó entre agosto de 1997 y febrero de 1999 y cubrió el periodo entre 1962 y 1996. El Informe Final se titulo “Guatemala: memoria del silencio” y registró más de 42.000 víctimas de violaciones a los derechos humanos así como actos de genocidio perpetrados por fuerzas estatales en contra de la población maya.

Salomón Lerner entrega Informe de Comisión
de Verdad a Presidente Toledo
Perú: Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú. Se estableció en junio de 2001 y su mandato le permitió investigar asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, tortura y otros graves daños, violaciones a los derechos colectivos de poblaciones andinas y nativas y otros crímenes y graves violaciones cometidos en contra de las personas. Su mandato cubrió el periodo entre mayo de 1980 y noviembre de 2000 y su trabajo duro 23 meses. Entre otras cosas a la CVR se le permitió entrevistar y compilar información de cualquier persona, solicitar cooperación de funcionarios públicos, obtener asistencia de expertos y llevar a cabo audiencias públicas. El informe final se presentó en agosto de 2003 y determinó que hubo cerca de 69.280 víctimas en el periodo analizado, un número mucho más alto al que se había estado manejando anteriormente.

viernes, 3 de febrero de 2012

INTRODUCIR LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA EN LA DECLARACIÓN DE QUITO


(PL) La viceministra ecuatoriana de Medio Ambiente, Mercy Borbor, reclamó hoy ante los ministros latinoamericanos reunidos en esta capital introducir los derechos de la naturaleza en la Declaración de Quito, derivada de este encuentro.

"La naturaleza es un sujeto de derecho y por lo tanto tenemos que defenderla así como lo hacemos con los derechos humanos", señaló la viceministra en el contexto de la XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

En esta cita, convertida también en la primera de los titulares de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), se espera alcanzar una posición común con vista a la Cumbre Río+20, que se realizará en Brasil en junio de este año.

Borbor recordó que su país ha sido el primero en el mundo en reconocer tales derechos en su Constitución, lo cual ha redundado en que en aquellas actividades donde se generó un daño a los ecosistemas, se inicien procesos de compensación y reparación.

Acotó que de ser considerados los derechos medioambientales, se garantizaría en grado elevado la conservación, al restringir las actividades que puedan conducir a la alteración de los ciclos vitales en el planeta.

Respecto a las discusiones en este foro, refirió que es importante que se propongan nuevos temas emergentes para esta zona geográfica y que insten a los Estados a respetar íntegramente la naturaleza y con ello la sobrevivencia de la humanidad.

Ecuador, como anfitrión de esta reunión ministerial latinoamericana y caribeña, espera fortalecer el Foro y construir una visión conjunta con la Celac para poder impulsar iniciativas concretas medioambientales.

Los representantes ecuatorianos han presentado alternativas nacionales como los programas Socio Bosque y la Reparación ambiental y social, así como la iniciativa Yasuní ITT.

Con esta última se propone dejar bajo tierra millonarias reservas de crudo ubicadas en el parque nacional Yasuní, en la Amazonía, a cambio de una compensación económica internacional correspondiente a la mitad de los 14 mil millones de dólares que obtendría Ecuador si lo explotara.

Las propuestas emanadas desde Quito serán analizadas por los mandatarios de la Celac en la próxima Cumbre en Venezuela.

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RECRUDECE VIOLENCIA TERRORISTA EN COLOMBIA

Recrudece violencia terrorista
en Colombia

La Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos (ALDHU)  condena la nueva escalada de violencia que vive Colombia, creándose un clima de elevada tensión, a raíz de  una serie de atentados dinamiteros contra estaciones policiales que han ocasionado una veintena de muertos y un centenar de heridos.
Estos hechos que vuelven a poner en la agenda internacional la violencia terrorista en Colombia,  se producen en medio de un proceso para la liberación unilateral de al menos seis prisioneros en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cuando se intentaba acercar a las partes en conflicto a través de un eventual diálogo.
Los ataques ocurrieron horas después de que las FARC aplazaran indefinidamente la liberación de cinco policías y un militar, secuestrados desde hace más de doce años, invocando que la zona donde se produciría su entrega había sido militarizada.  Las liberaciones habían sido anunciadas en diciembre como "un gesto de paz".
Atentados son condenados por la
comunidad internacional
Las autoridades colombianas acusan a las FARC de estar detrás de estos atentados,  lo cual  ha generado el rechazo dentro y fuera del país, pese que hasta ahora el grupo beligerante no ha confirmado ni rechazado esas versiones. Aunque tanto para la prensa como para la opinión pública resulta paradójico que esta serie de ataques surja justo cuando determinados grupos de la sociedad civil despliegan  sus esfuerzos para hallar una salida negociada al conflicto y en los momentos en que  se están realizando esfuerzos para la liberación unilateral de todos los prisioneros en poder de la guerrilla, como un gesto de paz y disposición al diálogo.
En solo dos días dos estaciones de policía fueron atacadas con explosivos. El primero tuvo lugar en el municipio de Villa Rica, departamento de Cauca, con un saldo de seis muertos y 42 heridos. El segundo de esta serie, fue perpetrado en la localidad de Tumaco, departamento fronterizo de Nariño, que ocasionó 11 víctimas fatales y más de 60 lesionados.
Esta creciente ola de atentados aumenta la desconfianza entre los bandos, y las acusaciones contribuyen a exacerbar los ánimos, en momentos que la sociedad y la comunidad internacional claman por la paz. Según organizaciones de Derechos Humanos de Colombia,  no es seguro que los tres atentados sean de autoría de  las FARC. El caso que más dudas le genera es el de Tumaco,  localidad cercana a la frontera con Ecuador, que se ha convertido en un importante puerto de salida de droga y de entrada de armas a Colombia. De hecho, según el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, este ataque pudiera ser el resultado de una alianza entre las FARC y los “Rastrojos”, una importante banda de narcotraficantes de origen paramilitar.
Según el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, estas acciones hacen cada vez más difícil la posibilidad de un diálogo con las FARC, y  anunció que redoblará su ofensiva contra la insurgencia.  Por su parte la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, anunció que el gobierno pedirá a la comunidad internacional condenar los recientes atentados dinamiteros perpetrados en el país.
Coincidimos con las declaraciones hechas por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien manifestó que "Estos hechos representan una afrenta contra el Estado colombiano y un crimen deleznable en contra de la población que merece el rotundo rechazo de toda la comunidad internacional".
Sea cual fuere el origen de esta nueva escalada de violencia, es urgente que tanto el Gobierno de Colombia, la comunidad internacional, y los organismos de derechos humanos, hagan todos los esfuerzos por esclarecer estos hechos y restablecer en ese país las condiciones para avanzar en los diálogos de paz y convivencia entre los colombianos.

Asociación Latinoamérica para los Derechos Humanos (ALDHU)

Santiago de Chile, 3 de Febrero de 2011

AMNISTÍA INTERNACIONAL DENUNCIA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA INDÍGENA EN INFORME A LA ONU


Criminalización de protestas indígenas

(Adital) El informe "Derechos de los Pueblos Indígenas y Persecución de Manifestantes”, de autoría de Amnistía Internacional (AI), relata la preocupación de esta organización por la constante criminalización de las protestas realizadas por la población indígena de Ecuador. El documento, preparado para ser presentado en el Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas, que se realizará en mayo y junio para evaluar la situación de los derechos humanos en Ecuador, se enfoca en especial en las vulneraciones de derechos cometidas por la ausencia de la consulta previa a los pueblos ecuatorianos.

Amnistía Internacional llama la atención sobre el hecho de que, a pesar de que la Constitución Nacional de 2008 "reconoce explícitamente la identidad plurinacional y pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos concernientes a recursos naturales no renovables y que afecten a sus tierras y medios de vida”, el Estado no ha tenido esta máxima en consideración, pues no estableció mecanismo alguno que garantice la consulta previa.

Incumplimiento del Convenio 169 de la OIT
Además de tener que convertirse en una realidad, dado que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas así lo determina, las consultas deben ser realizadas y sus resultados tenidos en cuenta. AI pide que las consultas no sean transformadas en una mera formalidad, sino que ayuden al Estado a alcanzar un acuerdo con los pueblos indígenas afectados.

La ausencia de este mecanismo ha provocado muchas protestas y manifestaciones en el país. En algunos casos, las acciones, que comenzaron en forma pacífica, terminaron en enfrentamientos con la policía, situación que llevó a líderes indígenas a ser detenidos y condenados por delitos como terrorismo, sabotaje, asociación ilícita, lesiones, secuestro, asesinato, robo, obstrucción ilegal de vía pública e invasión de propiedad ajena. Gran parte de las acusaciones es infundada y se realiza en el contexto de lucha por la posesión de los recursos naturales.

Otra situación que provoca preocupación es el Decreto Presidencial 982, promulgado en 2008. En su artículo 13, el decreto habla sobre la disolución de las organizaciones no gubernamentales por comprometer la seguridad o los intereses del Estado. Amnistía teme que el artículo sea aplicado sobre las organizaciones contrarias a las leyes y políticas propuestas por el Estado.

El artículo 27, del mismo decreto, también deja clara la intromisión del Estado en la vida de las organizaciones civiles. "[Las organizaciones no gubernamentales] están obligadas a proporcionar [a las autoridades] las actas de asambleas, informes económicos, informes de auditoría y memorias aprobadas, o cualquier otra información que se refieran a sus actividades”, dispone el artículo.

Para evitar que se mantenga este cuadro de violaciones de derechos de los indígenas, Amnistía Internacional pide que el Estado ecuatoriano concrete las consultas libres, previas e informadas con el objetivo de que se consiga el consentimiento de los pueblos indígenas antes del comienzo de proyectos que afecten sus derechos.
AI pide también la garantía de que las disposiciones del Decreto Presidencial no sean utilizadas para impedir el trabajo de los defensores y las defensoras de los derechos humanos y que el Estado promueva, proteja y respete el derecho a la libertad de reunión, expresión y asociación.

Un último llamamiento es realizado en el sentido de terminar con la utilización del sistema judicial para impedir a los dirigentes indígenas, campesinos y otras comunidades a ejercer su derecho a la libertad de reunión y asociación, inclusive cuando hay desacuerdo con las medidas y políticas adoptadas por el Estado. (Natacha Pitts)

jueves, 2 de febrero de 2012

RECLAMAN EN PERÚ DECLARAR ACCESO AL AGUA COMO DERECHO HUMANO


Marcha por el agua, contra proyectos
mineros

La Marcha por el Agua, llevada a cabo por organizaciones campesinas y populares, comenzó hoy en la norandina región de Cajamarca, para demandar, entre otros puntos, que el agua sea considerada derecho humano.


La movilización tuvo un acto de inicio en la zona de las lagunas de Cajamarca, que serán afectadas por el proyecto aurífero Conga, rechazado por la marcha nacional, en la que participarán diversas regiones.

Un "pago" (tributo) a la Pachamama (Madre Tierra) como símbolo de la defensa del medio ambiente marcó el inicio y tras la ceremonia los campesinos y otros sectores participantes se aprestan a viajar a Cajamarca, capital regional, a 840 kilómetros al noreste de aquí, donde realizarán manifestaciones.

De allí continuarán rumbo a Lima, y en el trayecto -que harán en autobuses- se unirán otros contingentes de la región norte, en tanto avanzan otros del centro, sur y oriente del país, con la misma meta.

En conferencia de prensa ofrecida en Lima, los organizadores subrayaron el carácter pacífico de la protesta y denunciaron una campaña empresarial minera para desprestigiarla, inclusive con eventuales provocaciones.

Otros reclamos de la movilización apuntan a la prohibición de actividades mineras en cabeceras de cuencas hídricas y del uso de cianuro y mercurio en la minería.

El dirigente sindical Juan Chang, integrante de la Comisión Nacional Organizadora de la movilización, subrayó el carácter pacífico y ordenado de la movilización, en tanto el sacerdote ambientalista Marco Arana llamó a la ciudadanía a no escuchar las calumnias contra la marcha.

En Lima, el ex viceministro de Gestión Ambiental José de Echave anunció su apoyo a la movilización y exhortó al gobierno a dialogar con el gobierno regional y dirigentes sociales de Cajamarca sobre el conflictivo proyecto Conga, que el Ejecutivo apoya.

Echave dejó el gobierno en diciembre pasado, en una crisis ministerial en la que fueron retirados casi todos los ministros y otros funcionarios progresistas, motivada por la protesta cajamarquina contra el proyecto Conga.

Ver más Información en:



miércoles, 1 de febrero de 2012

INDÍGENAS PARAGUAYOS RECLAMAN TIERRAS ANCESTRALES


Indígenas son desalojados de la Plaza uruguaya en
Asunción

La lucha por las tierras que indígenas y campesinos libran en los campos de Paraguay se ha trasladado a Asunción. Todo, al rededor de la Plaza Uruguaya. La policía desalojo con violencia a los indígenas que ocupaban la Plaza y la Comisión del Bicentenario la va a enrejar. Del suceso al tema de fondo: la profunda injusticia y el racismo de las autoridades del país.

En la actualidad, hay alrededor de 80 indígenas acampando en la plaza.

Violencia policial contras ocupantes
“Venimos a pedir al gobierno que nos otorgue agua potable, que construya escuelas en nuestras comunidades, que nos incluya en los programas sociales que llevan adelante”, explicó en guaraní Tomás Domínguez, líder de la comunidad Mbyá Guaraní de la ciudad de Coronel Oviedo, a aproximadamente 130 kilómetros al este de Asunción. “La ciudadanía nos ayuda en cierta forma para tener alimentos mientras estamos en la plaza, sólo así tenemos para comer. Los niños no comieron nada aún hoy”.

La población indígena de Paraguay es de 108.308 personas, según la Encuesta de Hogares Indígenas de Paraguay, llevada a cabo por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos entre mayo y junio de 2008.

De acuerdo al estudio, sólo el 12,2% de la población indígena posee seguro médico y el 40,2% es analfabeta. Además, los datos revelaron que solamente el 5,9% de la población indígena cuenta con servicio de agua potable y únicamente el 21,3% accede al suministro de energía eléctrica. El 40,2% de la población indígena de Paraguay es analfabeta.

(Otramérica) Como ya dijo Bartomeu Melià, antropólogo y  jesuita español, en el diario El País el pasado septiembre, la sociedad paraguaya no está a favor de los indígenas, por mucho que se hable el guaraní o se refieran a ellos como “nuestros hermanos indígenas”. La práctica es diferente.
Y  esto lo contemplamos con acciones como las que se vienen dando en el último mes. La plaza Uruguaya  en Asunción va a ser enrejada y  para ello, previamente, fue expulsado con extrema violencia por parte de la policía un grupo de unos 100 indígenas que ocupaban la zona como forma de denuncia. La finalidad del enrejado propuesta por parte de la Municipalidad responde, supuestamente, a medidas de limpieza y mejora de la plaza. En realidad, se trata de una nueva forma de exclusión de una minoría étnica la cual pretende ejercer su derecho legítimo a manifestarse.
Como afirma Ignacio Telesca, historiador paraguayo, en un país donde el 50% de la población vive bajo la línea de la pobreza, desentenderse de esa realidad para priorizar la estética, es un despropósito.
La Comuna capitalian acariciaba este proyecto desde hace tiempo. De hecho, el  19 de julio de 2011 se firmó el Convenio entre la Municipalidad de Asunción, que administra Arnaldo Samaniego, y la Comisión del Bicentenario, a raíz del cual la Comisión pasa a encargarse de la financiación del proyecto de construcción y vallado.
La tensió  no ha cedido. Unos 200 policías se mantenían el miércoles 11 de enero alrededor de la Plaza y había otro contingente en Plaza Italia, todo para evitar nuevas ocupaciones.
Como señala Telesca, el  tema del enrejado no  es contra los indígenas, sino contra toda protesta social, ceñirse al tema de la estética sería  quedarse en la superficie de un problema que no es indígena, sino paraguayo y que apunta directamente al tema de la reforma agraria. No se trata pues de una reja más o menos, sino de una concepción del país y de la ciudadanía.
 El problema de las tierras malhabidas

Comunidades Guaranies solo exigen  sus
derechos
Desde la época de la dictadura stronista hasta la actualidad, el  mayor porcentaje de tierras está concentrado en manos de grandes terratenientes, políticos y diplomáticos, a los que les fueron entregadas tierras en incumplimiento de la ley agraria, ya que que ésta establece que sólo pueden  adjudicar propiedades a aquellas personas que se dedican habitualmente a las labores agropecuarias y que no tengan en propiedad otros inmuebles rurales; es decir, a campesinos sin tierra.
Entre estos beneficiarios se encuentran políticos oficialistas, traficantes y hacendados de origen brasileño y hasta ex presidentes de la República. En la selecta lista no hay sólo ciudadanos paraguayos,  sino  que hasta el exdictador nicaragüense Anastasio Somoza fue adjudicatario de 8.000 hectáreas en Nueva Asunción, Alto Paraguay, durante su exilio de un año en el país.
La Comisión de Verdad y Justicia investigó más de 200.000 adjudicaciones entre 1954 y 2003, lo que supone una superficie total de 12.229.594 hectáreas. Según su informe, existen unos  7.851.295 héctareas (64.2%) de tierras que fueron adjudicadas ilegalmente. Se calcula que 3.336 adjudicatarios obtuvieron sus títulos de forma irregular.