ALDHU respalda iniciativa de la convención para liberar secreteos sobre tortura y prisión política en Chile.

 

Para la ALDHU, esta iniciativa convencional resulta del más alto valor y pertinencia por cuanto su consagración contribuirá a impedir la consolidación de la impunidad para los crímenes de lesa humanidad y crímenes atroces cometidos por los órganos de represión de la dictadura militar que afectó a Chile desde el setiembre de 1973 hasta marzo de 1990.

Junto con expresar nuestra nuestro mayor reconocimiento al valor que tiene la iniciativa comentada, para quienes defendemos la vigencia de los Derechos Humanos, y trabajamos por a obtener toda la verdad para lograr toda la justicia ante las graves violaciones a los Derechos de las víctimas de la represión durante la dictadura militar en Chile, queremos hacer propicia la oportunidad para compartir con los convencionales y en especial con quienes integran la comisión de Derechos Fundamentales y muy particularmente con los 11 convencionales autores de esta valiosa iniciativa, la querella criminal por el delito de genocidio y asociación ilícita genocida que interpusimos junto al presidente de la ALDHU, Senador Juan Pablo Letelier, y los juristas; Adil Brkovic, Fernando Zegers, Carlos López Dawson, Gladys Guzmán y quien suscribe, Juan de Dios Parra; ante los tribunales de Justicia chilenos el 11 de septiembre del 2017.

El caso del Chilean Eagles College: el centro educacional que habría sido un centro de tortura

El ex colegio Chilean Eagles College de La Florida se encuentra en proceso de demolición, pero hay denuncias de infraestructura subterránea desconocida y que según diversos testigos bajo sus cimientos habría una serie de catacumbas y túneles que habrían sido ocupados como centros de tortura durante la dictadura. 

#Dictadura #DerechosHumanos #Tortura #ALDHU

Organizaciones de DDHH han realizado diversas acciones para lograr detener la demolición y para reunir testimonios de quienes estuvieron en el lugar. Hasta la fecha son 12 estudiantes de la época y profesores que están dispuestos a entregar sus testimonios ante los organismos correspondientes. Hoy está prevista una manifestación en el frontis del establecimiento.

Varias organizaciones de derechos humanos convocaron a una manifestación para el viernes 4 de febrero en el frontis del ex colegio de La Florida, denunciado como excentro de tortura.

El lugar se encuentra en proceso de demolición, pero "bajo sus cimientos habría una serie de catacumbas y túneles que habrían sido ocupados como centros de tortura durante la dictadura”, informó esta semana el canal La Red.

Las organizaciones han realizado diversas acciones para lograr detener la demolición y para reunir testimonios de quienes estuvieron en el lugar. Hasta la fecha son 12 estudiantes de la época y profesores que están dispuestos a entregar sus testimonios ante los organismos correspondientes.

El pasado martes, testigos, acompañados por dirigentes sociales, abogados, autoridades de la comuna, del distrito y del Colegio de Profesores, concurrieron a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar se investiguen las denuncias.

Respaldo

La Red de Sitios de Memoria manifestó "Mientras no se investigue a fondo la efectividad de los hechos denunciados y de ser ciertos, La Red de Sitios de Memoria apoyará en todo lo posible para la recuperación de ese espacio como un sitio de memoria", anunció.

El Informe de la Comisión Nacional sobre prisión Política y Tortura, de 2004, reconoce 1.132 recintos utilizados a lo largo del país como centros de detención, secuestro, tortura, exterminio y desaparición, "pero en la actualidad aun quedan muchos por reconocer y otros tantos por recuperar, como resultaría ser el caso del colegio Chilean Eagles College".

"Se debe indicar que en Chile, los lugares y sitios de memoria han sido recuperados, gestionados y preservados por las propias organizaciones de derechos humanos, ya que  no cuentan con normativa estatal que los proteja, sin embargo, las organización vinculadas a este ámbito no nos daremos por vencidos y seguiremos en la lucha por preservar la memoria histórica, por el reconocimiento y recuperación de los sitios que han sido utilizados a lo largo del país como centros de detención, secuestro, tortura, exterminio y desaparición, como también lograr a nivel constitucional el reconocimiento de la Memoria como eje central de la democracia y de toda sociedad, abogando para que estos lugares obtengan la categoría de sitio de memoria con una protección especial", agrega la declaración.

Finalmente, la Red de Sitios, "a fin de contribuir con la verdad y justicia con los hechos que ocurrieron en este colegio cuestionado", informó que analiza la posibilidad de presentar un recurso de protección a fin de lograr la paralización de las obras.

Fuente: El mostrador

Desde la ALDHU el Secretario General, Juan de Dios Parra, indicó al respecto: "Es necesario crear una constitución que ayude a preservar la memoria y la historia del país. La información y la investigación ayuda a esclarecer el pasado y recordar lo olvidado. Ante la reiteración de los negacionismos, respecto a la historia del país , es necesario establecer un marco (normativo) para el recuerdo y el reconocimiento de un pasado oscuro y encubierto".  

Los túneles bajo un colegio en La Florida que habrían sido ocupados como centro de tortura: Será demolido sin investigación. Artículo la Red. 

Artículo: la Red

Se trata del Chilean Eagles College, el que fue construido en la década de los 80 pero según comentarios de estudiantes y vecinos debajo habrían catacumbas y calabozos a los cuales se accede desde la sala de profesores. Hoy se construirá un proyecto inmobiliario.

El colegio Chilean Eagles College de La Florida está en proceso de demolición, sin embargo, bajo sus cimientos habría una serie de catacumbas y túneles que habrían sido ocupados como centros de tortura durante la dictadura.

Sin embargo, no se ha podido confirmar ni descartar esa información ya que hasta el momento no se ha podido realizar una investigación, por lo que peligra la posibilidad de llegar a la verdad.

Aunque el colegio fue construido en 1981, los galpones ya existían previamente en la década del 70 y según los vecinos más antiguos, durante los primeros años de la Dictadura Cívico-Militar de Pinochet, “este lugar era usado como barracas de alguna manera, porque cada cierto tiempo llegaban camiones con milicos”.

En las manifestaciones y tomas de 2011, los estudiantes pudieron tener acceso libre a las dependencias del colegio lo que les permitió llegar hasta la escotilla que da acceso a los túneles, la que según testigos, se encontraría en la sala de profesores.

“El túnel está aparentemente construido de ladrillo y parece ser un pasillo recto, sin embargo al adentrarse la morfología del túnel comienza a cambiar y conforme se curva ligeramente, se aprecian “Calabozos” o “Jaulas” de metal en el costado izquierdo del túnel, con rejas en muchos casos rotas. Cada jaula mide aproximadamente 2 por 3 metros, quizás menos, no eran grandes. No hay una cantidad específica pero aparentemente eran muchas, por lo menos decenas, pero incluso se habla de cientos, aunque podría ser una exageración debido a la indefinida extensión de las catacumbas”, señala el texto.

Los estudiantes mencionan que para el año 2012, cuando estaban investigando el tema, incluso habían páginas web que mencionaban listas de Centros de Tortura y aparecía listado Vicente Valdés #80 como uno de ellos, pero lamentablemente esas web ya no existen o serían muy difíciles de encontrar.

Esta wea es re turbia, la dueña de mi ex colegio era conocida amiga de Pin0ch3t, y siempre se habló de que habían túneles que usaban como centro de tortura que conectaban el Chilean con el Santuario de Schoenstatt. Ahora con la demolición aparecieron, y los borraran como si nada pic.twitter.com/A5iDzqOUXu

— Rwko ☪️ (@elrwko) January 29, 2022

 La leyenda cuenta que el túnel llegaría hasta el Santuario de Schöenstatt, lo que daría una extensión de por lo bajo unos 100 o 200 metros.

Los mismos jóvenes en su intento de descubrir la verdad hablaron con vecinos, quienes señalaban que los guardias del santuario comentaban que debajo había un sistema de catacumbas que bien podría conectar con el sector del colegio ya que, a principio de los años 50 cuando comenzó a construirse el santuario, estas tierras pertenecían a la orden religiosa y aún no estaban las casas que hay ahora.

Sin embargo, las demoliciones de las instalaciones del colegio ya comenzaron sin que haya una investigación respecto a lo que hay debajo del colegio, lo que podría dar luces de lo que realmente ocurrió en los ’70 y si efectivamente en los cimientos del colegio se torturó.

Fotos: Chasqui Outdoor

Guantánamo, veinte años de horror. Art. Baltasar Garzón

Han pasado 20 años desde que llegaran a Guantánamo los primeros detenidos. El centro de detención norteamericano está ubicado en una base naval situada en el este de Cuba. El gobierno cubano reclama continuamente su cierre y considera que se encuentra en territorio ocupado. La prisión se construyó en 96 horas, tras los terribles ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y ha llegado a contar con 780 prisioneros. Pertenecían a 49 nacionalidades distintas, sobre todo afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes y, cuando fueron detenidos, sus edades oscilaban desde los 13 a los 89 años. Guantánamo es un lugar inexpugnable donde la tortura y la impunidad estaban —y es de suponer que están aún—, a la orden del día.

#Guantanamo #EEUU #Tortura #DerechosHumanos #Democracia

Sin duda sigue siendo una demostración de lo peor de un Estado y de lo que los seres humanos son capaces de inferir a sus semejantes. En estas dos décadas solo han sido procesados doce de los recluidos y de ellos dos fueron condenados por una comisión militar. Hoy quedan aún 39 personas presas, 27 de ellas, por tanto, sin cargos. Las 27 personas sobre las que no pesa acusación alguna en todo este tiempo permanecen allí en el concepto de que son detenidos de guerra en el conflicto con Al Qaeda, sin que se vea final a su situación.  Señalo, como recordaba recientemente el diario La Vanguardia, que el juicio a los cinco presuntos cabecillas del 11-S, entre ellos el supuesto líder Jalid Sheij Mohamed, sigue sin iniciarse después de diez años de audiencias previas.

En 2002, desde el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, yo había dictado un procesamiento contra el ciudadano español Hamed Abderraman Ahmed —alias Hamido y preso en Guantánamo— como integrante de la célula española de Al Qaeda y, en diciembre de 2003, emití una orden de detención. Esto me sirvió para reclamar a Estados Unidos su extradición. Se consiguió su libertad en febrero de 2004 a cambio del compromiso del Gobierno de José María Aznar de mantenerlo en prisión, asunto que está claro era en realidad de mi competencia en base al procedimiento abierto. El 13 de febrero, Interpol me confirmó su entrega. Recuerdo que, ese mismo día, recibí la llamada del ministro de Justicia, José María Michavila pidiéndome la seguridad de que el detenido no sería puesto en libertad, pues podría perjudicar las elecciones que se iban a celebrar el 14 de marzo siguiente. Le respondí de forma contundente que lo que me decía estaba fuera de lugar.

Impactante declaración

Aquel iba a ser el primer caso en el mundo en el que se conseguía liberar a una persona de aquella prisión. Se trataba de que alguien que había estado privado de todos sus derechos los recuperara, sin perjuicio de las imputaciones que se le pudieran hacer y que eran anteriores a su marcha desde España a Afganistán. Una vez que llegó, ordené que fuera sometido a un exhaustivo examen médico, pero antes, le pregunté sobre la detención y el trato recibido en Guantánamo.

Reproduzco mis notas de aquellas fechas: “Me habló de celdas individuales de hierro (jaulas) de 2 x 1,5 m; con salida, no todos los días, de quince minutos al exterior, en silencio permanente, con capucha en la cabeza, golpes en el rostro, sucesivos interrogatorios sin abogado. Durante más de dos años, esta persona ha vivido una situación de no derecho. He acordado que le ingresen en el Gregorio Marañón, a pesar de que los informes médicos no son desfavorables. He experimentado una sensación confusa. Por una parte, la satisfacción de que me hayan entregado a un presunto terrorista, pero, por otra, la pena, el malestar, la repugnancia y el desasosiego que me produce la desorientación que traía, el calvario que ha tenido que pasar en ese campo de concentración. He autorizado que la familia lo vea en espacio abierto y cómodo (el despacho del secretario y no en los calabozos) por si esta alternativa le pudiera traer lo vivido en Guantánamo. El letrado Javier Nart ha estado muy profesional y me ha comentado que presentará una demanda de responsabilidad civil contra los Estados Unidos”.

EEUU contra el juez

En el 2009 inicié la apertura de una causa judicial para investigar a los responsables de las torturas contra los presos de Guantánamo. Se sumaron varias denuncias y querellas. Hoy todavía, como aquel día de 2004, me sobrecoge el relato de las víctimas. La práctica de la tortura ha sido una tentación y una constante a lo largo de la historia. En múltiples investigaciones así se ha constatado (dictaduras, Guantánamo, Abu Ghraib, terrorismo, cárceles, interrogatorios). Es la negación en sí misma de la racionalidad del ser humano y la negación más grosera del Estado de derecho.

Como es natural, las autoridades norteamericanas nunca colaboraron sino para impedir la investigación con la colaboración inestimable de algunos funcionarios españoles, según se desveló en el 2010 por WikiLeaks. No se me olvidan aquellos cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid que hablaban de «torcer el brazo a Garzón» o «sospechamos que Garzón va a conseguir toda la publicidad para el caso a no ser que se le obligue a abandonarlo». Probablemente esa publicación salvó precisamente el caso e hizo que los magistrados de la Audiencia Nacional confirmaran la competencia y ordenaran la continuación de la investigación. El Tribunal Supremo español calificaría Guantánamo de limbo judicial, considerando que cualquier prueba obtenida allí era ilegal.  

El informe del Senado USA

El 9 de diciembre de 2014, un informe del Senado norteamericano dejaba claro que Guantánamo constituye la escenificación de la barbarie de un sistema que perdió toda referencia humanitaria y que olvidó el Estado de derecho en las cloacas de los centros de detención clandestinos, prisiones secretas y en cada golpe o humillación sobre personas desvalidas, privadas de los más elementales derechos. En un artículo que publiqué días después en la web de mi Fundación, FIBGAR, reseñaba lo mismo que hoy pienso, que la justificación de la necesidad de aplicar estos métodos para combatir el terrorismo, además de constituir una aberración jurídica, es falsa y soporta un engaño de más de doce años, compartido por muchos gobiernos y sistemas judiciales que han permanecido en un ominoso silencio. Y que la vergüenza se extiende a todos aquellos países cuyos dirigentes han consentido y siguen consintiendo las ilícitas acciones de las agencias norteamericanas y de quienes les ayudan o soportan.

Pero, más aún, que ese dictamen del Senado confirmaba que tales acciones criminales de la CIA en Guantánamo fueron inútiles pues los detenidos —que no habían sido juzgados— ante estos métodos expeditivos, firmaban declaraciones falsas que debían servir para justificar a los altos responsables de esa agencia de información y a las autoridades USA que torturaron sistemáticamente como medio para luchar contra el terrorismo y como política de Estado para someter a otros países.

La Jurisdicción Universal

En cuanto a la administración estadounidense, el presidente George Bush admitió que los talibanes y afganos detenidos quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares violaba las leyes internacionales. Fueron excarcelados 500 de los arrestados. Otros 200 saldrían de su encierro durante el mandato de Obama, quien planteó cerrar el centro en un año. Llegó Donald Trump y paralizó este proceso. Joe Biden alcanzó la presidencia con la promesa de clausurarlo. Hasta la fecha solo se ha trasladado a un preso. La postura de su administración es clara: Guantánamo es “una mancha moral”, como declaró el portavoz del Departamento de Estado Ned Price. Pero Biden se enfrenta a la postura de los republicanos en el Senado que rechazan cualquier posibilidad en este sentido. Consideran a los reclusos peligrosos y se prohíbe que se utilicen fondos públicos para su transporte a cualquier destino o para mejora alguna en las instalaciones penitenciarias.

En Londres, actualmente se suceden protestas por lo que denominan presos eternos. “Acusadles o soltadles”, reclaman los manifestantes. Guantánamo se constituye como una vergüenza y un paradigma de lo que un país que se disfraza de derechos humanos, es capaz de hacer contra ellos equivocando el mensaje de salvaguarda del mundo.

La Jurisdicción Universal, instrumento que nos permitió en España llevar a cabo esta instrucción y los juicios posteriores, se había revelado como una herramienta capaz de poner en jaque los ataques sistemáticos y arbitrarios por parte de cualquier régimen por poderoso que fuera, pero la política soporta mal las presiones y, en demasiadas ocasiones, los jueces no luchan como debieran por su independencia. La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, con el gobierno del PP, venía a echar el cierre definitivo tras una primera reforma en 2009 con un gobierno socialista, que la limitaba. Si España había sido un referente mundial, los intereses geopolíticos remataron la actitud combativa contra la impunidad y el amparo a los vulnerables.

En cuanto a Guantánamo, siempre busqué la fórmula para sacar de aquel lugar de pesadilla a quienes podía. Las consecuencias que me han reportado mis convicciones han sido diversas y evidentes. Pero todo ello no ha hecho sino reafirmarme, hoy y durante estos veinte años, en que la defensa de las víctimas y las garantías del Estado de Derecho se deben mantener por encima de cualquier componenda, y que es crucial denunciar a aquellos que buscan poner obstáculos al ejercicio de la Justicia independiente. Por muy poderosos que sean.

Fuente: Infolibre.es