Han pasado 20 años desde que llegaran a Guantánamo los primeros detenidos. El centro de detención norteamericano está ubicado en una base naval situada en el este de Cuba. El gobierno cubano reclama continuamente su cierre y considera que se encuentra en territorio ocupado. La prisión se construyó en 96 horas, tras los terribles ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y ha llegado a contar con 780 prisioneros. Pertenecían a 49 nacionalidades distintas, sobre todo afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes y, cuando fueron detenidos, sus edades oscilaban desde los 13 a los 89 años. Guantánamo es un lugar inexpugnable donde la tortura y la impunidad estaban —y es de suponer que están aún—, a la orden del día.
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Sin duda sigue siendo una demostración de lo peor de un Estado y de lo que los seres humanos son capaces de inferir a sus semejantes. En estas dos décadas solo han sido procesados doce de los recluidos y de ellos dos fueron condenados por una comisión militar. Hoy quedan aún 39 personas presas, 27 de ellas, por tanto, sin cargos. Las 27 personas sobre las que no pesa acusación alguna en todo este tiempo permanecen allí en el concepto de que son detenidos de guerra en el conflicto con Al Qaeda, sin que se vea final a su situación. Señalo, como recordaba recientemente el diario La Vanguardia, que el juicio a los cinco presuntos cabecillas del 11-S, entre ellos el supuesto líder Jalid Sheij Mohamed, sigue sin iniciarse después de diez años de audiencias previas.
En 2002, desde el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, yo había dictado un procesamiento contra el ciudadano español Hamed Abderraman Ahmed —alias Hamido y preso en Guantánamo— como integrante de la célula española de Al Qaeda y, en diciembre de 2003, emití una orden de detención. Esto me sirvió para reclamar a Estados Unidos su extradición. Se consiguió su libertad en febrero de 2004 a cambio del compromiso del Gobierno de José María Aznar de mantenerlo en prisión, asunto que está claro era en realidad de mi competencia en base al procedimiento abierto. El 13 de febrero, Interpol me confirmó su entrega. Recuerdo que, ese mismo día, recibí la llamada del ministro de Justicia, José María Michavila pidiéndome la seguridad de que el detenido no sería puesto en libertad, pues podría perjudicar las elecciones que se iban a celebrar el 14 de marzo siguiente. Le respondí de forma contundente que lo que me decía estaba fuera de lugar.
Impactante declaración
Aquel iba a ser el primer caso en el mundo en el que se conseguía liberar a una persona de aquella prisión. Se trataba de que alguien que había estado privado de todos sus derechos los recuperara, sin perjuicio de las imputaciones que se le pudieran hacer y que eran anteriores a su marcha desde España a Afganistán. Una vez que llegó, ordené que fuera sometido a un exhaustivo examen médico, pero antes, le pregunté sobre la detención y el trato recibido en Guantánamo.
Reproduzco mis notas de aquellas fechas: “Me habló de celdas individuales de hierro (jaulas) de 2 x 1,5 m; con salida, no todos los días, de quince minutos al exterior, en silencio permanente, con capucha en la cabeza, golpes en el rostro, sucesivos interrogatorios sin abogado. Durante más de dos años, esta persona ha vivido una situación de no derecho. He acordado que le ingresen en el Gregorio Marañón, a pesar de que los informes médicos no son desfavorables. He experimentado una sensación confusa. Por una parte, la satisfacción de que me hayan entregado a un presunto terrorista, pero, por otra, la pena, el malestar, la repugnancia y el desasosiego que me produce la desorientación que traía, el calvario que ha tenido que pasar en ese campo de concentración. He autorizado que la familia lo vea en espacio abierto y cómodo (el despacho del secretario y no en los calabozos) por si esta alternativa le pudiera traer lo vivido en Guantánamo. El letrado Javier Nart ha estado muy profesional y me ha comentado que presentará una demanda de responsabilidad civil contra los Estados Unidos”.
EEUU contra el juez
En el 2009 inicié la apertura de una causa judicial para investigar a los responsables de las torturas contra los presos de Guantánamo. Se sumaron varias denuncias y querellas. Hoy todavía, como aquel día de 2004, me sobrecoge el relato de las víctimas. La práctica de la tortura ha sido una tentación y una constante a lo largo de la historia. En múltiples investigaciones así se ha constatado (dictaduras, Guantánamo, Abu Ghraib, terrorismo, cárceles, interrogatorios). Es la negación en sí misma de la racionalidad del ser humano y la negación más grosera del Estado de derecho.
Como es natural, las autoridades norteamericanas nunca colaboraron sino para impedir la investigación con la colaboración inestimable de algunos funcionarios españoles, según se desveló en el 2010 por WikiLeaks. No se me olvidan aquellos cables de la embajada de Estados Unidos en Madrid que hablaban de «torcer el brazo a Garzón» o «sospechamos que Garzón va a conseguir toda la publicidad para el caso a no ser que se le obligue a abandonarlo». Probablemente esa publicación salvó precisamente el caso e hizo que los magistrados de la Audiencia Nacional confirmaran la competencia y ordenaran la continuación de la investigación. El Tribunal Supremo español calificaría Guantánamo de limbo judicial, considerando que cualquier prueba obtenida allí era ilegal.
El informe del Senado USA
El 9 de diciembre de 2014, un informe del Senado norteamericano dejaba claro que Guantánamo constituye la escenificación de la barbarie de un sistema que perdió toda referencia humanitaria y que olvidó el Estado de derecho en las cloacas de los centros de detención clandestinos, prisiones secretas y en cada golpe o humillación sobre personas desvalidas, privadas de los más elementales derechos. En un artículo que publiqué días después en la web de mi Fundación, FIBGAR, reseñaba lo mismo que hoy pienso, que la justificación de la necesidad de aplicar estos métodos para combatir el terrorismo, además de constituir una aberración jurídica, es falsa y soporta un engaño de más de doce años, compartido por muchos gobiernos y sistemas judiciales que han permanecido en un ominoso silencio. Y que la vergüenza se extiende a todos aquellos países cuyos dirigentes han consentido y siguen consintiendo las ilícitas acciones de las agencias norteamericanas y de quienes les ayudan o soportan.
Pero, más aún, que ese dictamen del Senado confirmaba que tales acciones criminales de la CIA en Guantánamo fueron inútiles pues los detenidos —que no habían sido juzgados— ante estos métodos expeditivos, firmaban declaraciones falsas que debían servir para justificar a los altos responsables de esa agencia de información y a las autoridades USA que torturaron sistemáticamente como medio para luchar contra el terrorismo y como política de Estado para someter a otros países.
La Jurisdicción Universal
En cuanto a la administración estadounidense, el presidente George Bush admitió que los talibanes y afganos detenidos quedarían cubiertos por la Convención de Ginebra. En 2006, el Tribunal Supremo estableció que ese convenio se aplicaba a todos los detenidos y que el sistema de comisiones militares violaba las leyes internacionales. Fueron excarcelados 500 de los arrestados. Otros 200 saldrían de su encierro durante el mandato de Obama, quien planteó cerrar el centro en un año. Llegó Donald Trump y paralizó este proceso. Joe Biden alcanzó la presidencia con la promesa de clausurarlo. Hasta la fecha solo se ha trasladado a un preso. La postura de su administración es clara: Guantánamo es “una mancha moral”, como declaró el portavoz del Departamento de Estado Ned Price. Pero Biden se enfrenta a la postura de los republicanos en el Senado que rechazan cualquier posibilidad en este sentido. Consideran a los reclusos peligrosos y se prohíbe que se utilicen fondos públicos para su transporte a cualquier destino o para mejora alguna en las instalaciones penitenciarias.
En Londres, actualmente se suceden protestas por lo que denominan presos eternos. “Acusadles o soltadles”, reclaman los manifestantes. Guantánamo se constituye como una vergüenza y un paradigma de lo que un país que se disfraza de derechos humanos, es capaz de hacer contra ellos equivocando el mensaje de salvaguarda del mundo.
La Jurisdicción Universal, instrumento que nos permitió en España llevar a cabo esta instrucción y los juicios posteriores, se había revelado como una herramienta capaz de poner en jaque los ataques sistemáticos y arbitrarios por parte de cualquier régimen por poderoso que fuera, pero la política soporta mal las presiones y, en demasiadas ocasiones, los jueces no luchan como debieran por su independencia. La Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal, con el gobierno del PP, venía a echar el cierre definitivo tras una primera reforma en 2009 con un gobierno socialista, que la limitaba. Si España había sido un referente mundial, los intereses geopolíticos remataron la actitud combativa contra la impunidad y el amparo a los vulnerables.
En cuanto a Guantánamo, siempre busqué la fórmula para sacar de aquel lugar de pesadilla a quienes podía. Las consecuencias que me han reportado mis convicciones han sido diversas y evidentes. Pero todo ello no ha hecho sino reafirmarme, hoy y durante estos veinte años, en que la defensa de las víctimas y las garantías del Estado de Derecho se deben mantener por encima de cualquier componenda, y que es crucial denunciar a aquellos que buscan poner obstáculos al ejercicio de la Justicia independiente. Por muy poderosos que sean.
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