El Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, una instancia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), analizó el encarcelamiento y juicio que mantuvo la dictadura de Daniel Ortega durante seis meses contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, así como el allanamiento del canal 100% Noticias, el 21 de diciembre de 2018.
El grupo de Trabajo concluye en su resolución que “la privación de libertad de Miguel Mora y Lucía Pineda fue arbitraria, por cuanto contraviene los artículos 9, 10, 11 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
En el documento, el organismo de Naciones Unidas pide a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo “que adopte las medidas necesarias para remediar la situación del Sr. Mora y la Sra. Pineda sin dilación y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes, incluidas las dispuestas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto… Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería concederle al Sr. Mora y a la Sra. Pineda el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
Igualmente, piden al Gobierno de Ortega que “lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente de las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad del Sr. Mora y la Sra. Pineda y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
La documentación del secuestro
En la resolución de más de 15 páginas, el Grupo de Trabajo recuenta los sucesos, desde el asedio contra el periodista Miguel Mora en los días previos a su encarcelamiento, las amenazas del ente regulador Telcor, la orden para que las empresas de cable sacaran del aire la televisora, hasta el allanamiento y el juicio político contra los comunicadores.
También documenta los interrogatorios a los que fueron sometidos, las horas que permanecieron incomunicados, las presiones contra Pineda para que grabara un video pidiendo perdón a Daniel Ortega por informar sobre la represión, el hostigamiento contra sus familiares durante las visitas en la cárcel, y la negativa del régimen a permitir asistencia consular para la periodista Lucía Pineda por parte del consulado de Costa Rica, país del que también es nacional, lo cual, según la resolución del Grupo de Trabajo, viola preceptos internacionales.
La entidad que documentó el caso determina que todos los abusos cometidos por la dictadura de Ortega contra de Mora y Pineda se reducen a acciones represivas contra su derecho constitucional al ejercicio del periodismo. “El Grupo de Trabajo considera que la detención, posterior procesamiento y juicio se debió al ejercicio de su derecho a la libertad de opinión, de expresión y de difundir informaciones de todo tipo, particularmente las relacionadas con la represión contra las protestas de abril de 2018”.
Dictadura reprime y calla
La resolución también deja claro que durante la investigación y documentación de este caso solicitaron la versión del régimen orteguista, pero las autoridades guardaron silencio. “El Grupo de Trabajo transmitió los alegatos de la fuente al Gobierno el 9 de diciembre de 2019, solicitándole que suministrase una respuesta antes del 7 de febrero de 2020. El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya respondido a la comunicación en el plazo establecido. Ante la falta de respuesta del Gobierno, el Grupo de Trabajo ha decidido emitir la presente opinión, de conformidad con el párrafo 15 de sus métodos de trabajo”.
Finalmente, el Grupo califica la llamada Ley de Amnistía aprobada por el régimen como “incierta, debido a que los procedimientos penales no fueron sobreseídos definitivamente y al mismo tiempo contiene una disposición que amenaza con la pérdida de los beneficios de la ley para quienes incurran en conductas reiterativas que constituyan delitos, lo que genera incertidumbre jurídica”.
“Poderoso precedente”
La periodista Lucía Pineda Ubau, directora de 100% Noticias, y quien se encuentra en Costa Rica desde que salió de la cárcel en junio del 2019, esta resolución “es una victoria más del periodismo independiente no solo de Nicaragua sino de las Américas”.
Pineda considera que el pronunciamiento del Grupo de Trabajo Sobre Detención Arbitraria “sienta un poderoso precedente para que nunca más ningún gobierno de la región cometa semejante atropello y violación de los derechos humanos. Según los abogados de Raza e igualdad, esto sienta una valiosa jurisprudencia en cuanto a libertades públicas en la región. Este caso fue inédito y es una victoria para todos”, escribió Pineda en un grupo de periodistas.
Fuente: Artículo66
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