Un grupo de diputados DC encabezados por
Matías Walker solicitó al ministro del Interior Andrés Chadwick que le pida
cuentas al general director de Carabineros Mario Rozas por la situación de los
oficiales y suboficiales de la 21° Comisaría que hoy son blanco de una
investigación penal por el delito de torturas que sustenta Francisco Ledezma,
fiscal de Alta Complejidad Centro Norte.
Tras el reportaje de La Tercera Domingo
titulado “Las sesiones de tortura del mayor Arzola” los parlamentarios
manifestaron su preocupación por la señal que está dando la policía uniformada
ya que aún no se entregan los resultados de la investigación administrativa de
este caso y se mantiene a los indagados en sus puestos de trabajo. Incluso uno
de ellos es el actual jefe de la Comisaría de Pudahuel. Los hechos indagados en
la 21° Comisaría dan cuenta de una serie de conductas alejadas de la ley por
parte de oficiales y suboficiales contra quienes se ha acreditado actos de
torturas, golpizas, detenciones ilegales en contra de estudiantes,
discapacitados, extranjeros y comerciantes ambulantes.
Matías Walker, Gabriel Ascencio y Gabriel Silber emplazaron al ministro del Interior para que adopte medidas ante la inacción del mando institucional que aún mantiene en sus cargos a los uniformados acusados de tortura de la 21° Comisaría de Estación Central.
A través de un oficio, Walker junto a los
diputados Gabriel Ascencio y Gabriel Silber, pidieron a la autoridad que se
curse la baja de los 12 carabineros formalizados por apremios, detenciones
ilegales y obstrucción a la investigación y
se tome como medida suspender o suprimir la pensión que recibe del
Estado el suboficial mayor (R) Francisco
Arzola, conocido como “el paco nazi”, y que actualmente enfrenta un juicio oral
por sus conductas ante el Cuarto Tribunal Oral de Santiago. Asimismo, los
parlamentarios pidieron a Chadwick que se curse “en forma urgente una investigación
por los hechos que determine las responsabilidades de mando de los oficiales en
la unidad de Estación Central involucrada, y se nombre a un nuevo oficial a
cargo mientras se esclarecen las responsabilidades señaladas”.
Los diputados DC destacan en el oficio
dirigido a Chadwick que “si bien hoy Francisco Arzola se encuentra enfrentando
la justicia como responsable del delito de tortura por primera vez en nuestro
país desde la vuelta a la democracia, causa gran preocupación conocer qué ha
sucedido con el resto de los carabineros que pertenecían a la misma unidad de
Arzola y que estaban bajo su mando, además de conocer que responsabilidad ha
sido determinada para toda la cadena de mando que, o conocieron en forma
directa los hechos, o debían cuando menos conocer los hechos que estaban
sucediendo por la responsabilidad de mando que le corresponde a cada oficial en
la institución por la actividad de sus subalternos”.
Para los parlamentarios, es grave lo que “se
ha conocido en recientes publicaciones de prensa, algunos de los funcionarios
involucrados siguen dentro de la institución, prosiguiendo con su carrera y
sometidos algunos de ellos a un sumario interno de la institución del cual no
se conoce nada y del que no ha habido resultados en el sentido de separarlos de
la institución, siendo que todos fueron partícipes, al menos como cómplices y
en algunos como autores, de los delitos de tortura”.
Junto con esto agregan que “además, existirían
aun en la misma unidad de Estación Central funcionarios de Carabineros que se
denominan a sí mismos aprendices de Francisco Arzola y continuadores de su
‘obra’, estando involucrados en otros hechos de apremios ilegítimos que podrían
ser denominados casos de tortura, de los cuales ni las autoridades policiales
ni las políticas a cargo de la seguridad pública, como es el caso del Sr.
Ministro del Interior, le han dado solución, separando del servicio a la
totalidad de los uniformados envueltos en estos hechos”.
El diputado Walker explicó a La Tercera PM que
“son graves las situaciones que aparecen en el reportaje por eso le pedimos al
ministro del Interior que se proceda a dar la baja de todos los funcionarios de
Carabineros que han sido formalizados por actos de tortura, de violencia
desmedida y detenciones ilegales”.
Fuente: La tercera
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU,
afirmó “no es admisible que las fuerzas
del orden de un país actúen como autores de tortura a sus ciudadanos. Estos hechos
deberían ser obra del pasado y allí deberían
quedar”
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