El 26 de septiembre de 2018 el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU aprobó su primera resolución sobre Venezuela. El
documento es producto de un esfuerzo de años realizado por organizaciones no
gubernamentales (ONGs) dedicadas a documentar y denunciar violaciones a los
derechos humanos, así como del trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los Derechos Humanos y la voluntad de una mayoría de 27 de los 47
países que conformaban el Consejo.

Actualmente, once organizaciones de derechos
humanos han instado al Consejo que establezca una “comisión de investigación
sobre Venezuela“. También es posible que Venezuela sea electa como miembro del
Consejo por un período de tres años a partir del 2020. Conviene entonces
repasar el funcionamiento del Consejo y su relevancia ante la grave situación
que atraviesa el país.
¿Qué es el Consejo de Derechos Humanos?
Es el principal organismo intergubernamental
de la ONU dedicado a los derechos humanos. Busca fortalecer la promoción y la protección
de los derechos humanos y actuar cuando ocurren violaciones en la materia en
cualquier parte del mundo. En líneas generales, existen violaciones de derechos
humanos cuando un Estado no cumple con sus obligaciones, por acción u omisión.
Es decir, los estados no sólo están obligados a respetar los derechos humanos;
también a garantizarlos, por lo que deben prevenir, investigar, sancionar y
reparar cualquier violación a los derechos de sus ciudadanos.
El Consejo se reúne en tres períodos de
sesiones anuales. Usualmente ocurren en marzo, julio y septiembre. También
puede celebrar reuniones de emergencia. El Consejo realiza recomendaciones a
los estados sobre cómo respetar y garantizar los derechos humanos. También
puede establecer comisiones de investigación y misiones de determinación de
hechos. Entre los sus mecanismos principales está el Examen Periódico Universal
, el cual evalúa sistemáticamente la situación de los derechos humanos en cada
país y el Método de Denuncias que permite a individuos y organizaciones
presentar quejas.
¿Cuál es la relación del Consejo con la
Oficina del Alto Comisionado?
El Consejo es un órgano político compuesto por
países. Sus miembros pueden adoptar sus decisiones por consenso o mediante el
voto. Para adoptar un proyecto de resolución mediante el voto hay que contar
con el apoyo de una mayoría simple. Las decisiones no son vinculantes, sino que
constituyen recomendaciones. Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado
forma parte de la Secretaría de la ONU y cuenta con un Alto Comisionado que
debe ser independiente. El Alto Comisionado es nominado por el Secretario
General y aprobado por la Asamblea General .
La Oficina del Alto Comisionado no está
estrictamente subordinada al Consejo o viceversa. Ambas instituciones responden
a la Asamblea General. La Oficina del Alto Comisionado provee apoyo sustantivo,
logístico y administrativo al trabajo que realizan los mecanismos de derechos
humanos de la ONU, incluyendo al Consejo y otros órganos creados por
disposición de tratados de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado
también puede proveer asistencia a gobiernos a través de técnicos en las áreas
de derechos humanos, administración de justicia, reformas legislativas y
procesos electorales.
¿Cómo son electos los países para formar parte
del Consejo?
Los países miembros del Consejo son electos
mediante el voto secreto de mínimo una mayoría de la Asamblea General de la
ONU, donde cada uno de los 193 Estados miembros tiene derecho a un voto. Un
tercio de los 47 puestos se renueva cada año. El número de países miembros está
dividido por regiones. África ha sido adjudicada con 13 puestos, Asia y el
Pacífico 13 puestos, Latinoamérica y el Caribe 8 puestos, Europa del Este y
otros países occidentales 7 puestos y Europa del Este 6 puestos.
Los países de Latinoamérica y el Caribe que
todavía no han formado parte del Consejo en sus 13 años de existencia son:
Colombia, República Dominicana, Honduras, Jamaica, Haití, Belice, Guyana,
Trinidad y Tobago, Surinam, Antigua y Barbuda, Dominica, Barbados, Granada, San
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Vicente y Nieves.
¿Cómo es posible que un Estado cuestionado por
violaciones a DDHH sea parte del Consejo?
La resolución de la Asamblea General de la ONU
que creó el Consejo decidió que cualquier Estado podía ser elegido como
miembro. Al momento de la elección, los Estados reunidos en la Asamblea General
deberían tener en cuenta la contribución de los países candidatos a la
promoción y protección de los derechos humanos. En teoría, los países que son
parte del Consejo deben adherirse a los estándares más altos sobre derechos
humanos, cooperar plenamente con el Consejo y someterse al mecanismo de Examen
Periódico Universal. Sin embargo, la decisión sobre si un país es parte del Consejo
es política, y depende de que el país candidato consiga la mayoría de votos en
la Asamblea General.
El único recurso previsto por la Asamblea
General es la posibilidad de suspender el derecho de participación de un país
que sea parte del Consejo por graves y sistemáticas violaciones a los derechos
humanos en su territorio. Esa decisión nuevamente es netamente política, y
requiere una mayoría de dos tercios de los países miembros de la ONU reunidos
en la Asamblea General.
Desde sus primeros años de funcionamiento, el
Consejo ha sido objeto de críticas porque países donde existen gravísimas
violaciones a los derechos humanos son electos miembros. En 2018, por ejemplo,
la elección de Filipinas y Eritrea generó una gran indignación . En junio de
ese año, Estados Unidos decidió renunciar a su puesto en el Consejo alegando
que el Consejo es protector de abusadores de derechos humanos y tiene
prejuicios políticos en contra de Israel. En algunas regiones ha sido usual que
se presenten sólo el número de países que puede ser elegido, anulándose
cualquier posibilidad de competencia.
La solución a los problemas que enfrenta el
Consejo es concretar la voluntad política de adoptar ciertas reformas. Debería
realizarse un trabajo diplomático para que los países reunidos en la Asamblea
General cambien algunas dinámicas. Por ejemplo, la mayoría de dos tercios para
suspender el derecho a la participación de un país que viole los derechos
humanos es sumamente alta y difícil de alcanzar. Sólo Libia durante el gobierno
de Muamar el Gadafi ha sido suspendida. También debería haber una exigencia
para que cada región tenga que presentar el doble de candidatos en comparación
con las plazas disponibles, logrando así fomentar la competencia por tener un
mejor récord en derechos humanos. Por último, pudiese requerirse que antes de
cualquier elección, cada país candidato rinda cuentas de la situación de los
derechos humanos en su territorio.
¿Es posible que Venezuela sea electa?
A pesar que el Consejo ha dicho que en
Venezuela existen “graves violaciones de los derechos humanos” y el informe de la Alta Comisionada Bachelet
concluyó que en la última década se ha “puesto en marcha una estrategia
orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a
quienes critican al Gobierno”, la elección de Venezuela es muy probable.
La situación actual es que sólo existen dos
candidatos para las dos plazas sujetas a elección por Latinoamérica y el
Caribe. Esos dos candidatos son Brasil y Venezuela. En consecuencia, una
mayoría simple de la Asamblea General de la ONU podría elegir que Venezuela
vuelva a ser parte del Consejo luego de haber sido miembro entre 2016 y 2018.
La elección tendrá lugar el 16 de octubre de 2019. Sólo si otro país de la región
es candidato podría surgir la posibilidad que Venezuela no sea electa y una
mayoría de los países de la ONU manifiesten al régimen de Nicolás Maduro que la
situación de los derechos humanos hace inaceptable que Venezuela sea parte del
Consejo. Países como Jamaica, Belice, República Dominicana o Colombia, que no
han sido miembros aún del Consejo, podrían tener opción de ser electos.
¿Habrá una comisión de investigación sobre
Venezuela?
Once ONG de derechos humanos solicitaron
recientemente al Consejo que establezca una comisión de investigación sobre
Venezuela durante su actual periodo de sesiones, el cual finaliza el próximo 27
de septiembre. Por ahora, la evaluación de la propuesta no figura en la agenda
del período de sesiones por lo que, salvo sorpresa, no es muy probable que sea
acogida. Nada obsta para que esa decisión sea adoptada en una reunión de
emergencia o en la próxima sesión ordinaria de marzo 2020.
Una comisión de investigación, que operaría
fuera de Venezuela si el régimen de Maduro no permite su entrada, podría
investigar denuncias específicas de derechos humanos, promover la rendición de
cuentas y otorgar una legitimidad reforzada a la información recabada. Eso
luego podría servir para que otros organismos como la Corte Penal Internacional
o los propios países avancen en sus esfuerzos de adoptar medidas para presionar
por una resolución a la crisis.
En cualquier caso, el estatus actual de la
solicitud planteada por las ONG demuestra que todavía queda espacio para hacer
un trabajo diplomático que permita aumentar la vigilancia y acción
internacional ante la grave crisis de derechos humanos que sufren millones de
venezolanos.
Autor: Mariano de Alba
Fuente: Tipsfemeninos.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario