Hace 43 años, el
atentado con autobomba que mató al excanciller y exembajador de Chile en
Estados Unidos, Orlando Letelier, y su colega Ronni Moffitt, en Washington DC,
estremeció a la capital norteamericana. Tras el ataque perpetrado el 21 de
septiembre de 1976 motivó años después que cuatro funcionarios del Departamento
de Estado norteamericano comenzaran a presionar por una política que obligara a
Augusto Pinochet a abandonar el poder. Así lo revela un memorando
desclasificado de un “canal disidente” publicado ayer por el Archivo de
Seguridad Nacional de la Universidad George Washington.
“Es probable que el
Presidente Pinochet haya ordenado el asesinato de Letelier y otros”,
escribieron los autores del memorándum en su llamado por una política agresiva
para poner fin a las relaciones normales con Chile hasta que el militar fuera
removido. “Nuestra única esperanza de justicia es que Estados Unidos tome
medidas para lograrlo”, comentan en el documento.
Según explica a La
Tercera Peter Kornbluh, director de la parte Chile del Archivo de Seguridad
Nacional, este “canal disidente” es un mecanismo especial, y cuidadosamente
utilizado, para que los funcionarios del Departamento de Estado “proporcionen
una oposición constructiva o puntos de vista alternativos sobre cuestiones
sustantivas de política exterior que no se pueden comunicar de manera completa
y oportuna a través de canales y procedimientos operativos regulares”. En otras
palabras, este canal permite que los funcionarios “desafíen la política
existente sin miedo a la repercusión que cause en sus superiores”.
El Archivo de
Seguridad Nacional obtuvo el memorando de este canal disidente sobre el
asesinato de Letelier y Moffitt a través de un requerimiento de la Ley de
Libertad de Información. El documento secreto, titulado “Los asesinatos de
Letelier/Moffitt: Política hacia Chile”, fue archivado el 1 de octubre de 1979,
poco después de que la Corte Suprema de Chile rechazara una petición del
Departamento de Justicia de Estados Unidos para extraditar a los dos
principales funcionarios de la policía secreta chilena, DINA, por su papel en
el ataque terrorista en Washington DC.
Los informes de
inteligencia de la CIA, señala el Archivo de Seguridad Nacional, revelaron que
Pinochet había intercedido personalmente ante la corte para asegurar que la
solicitud de extradición fuera denegada. Los cuatro autores del memorándum se
opusieron a la política del Departamento de Estado de aceptar la decisión de la
Corte Suprema y continuar las relaciones normales con el régimen para no poner
en peligro los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos en Chile.
A juicio de los
autores del memo, bajo el régimen de Pinochet, Chile estaba llevando a cabo
“una campaña de terrorismo internacional”, situación que requería una respuesta
contundente de Estados Unidos. “El fracaso de EE.UU. de no reaccionar ante este
atropello y desafío a nuestra ley y poder solo puede llevarnos al desprecio en
Chile y en otros lugares. Otros no se desanimarán de (cometer) actos
terroristas patrocinados oficialmente en nuestro país por gobiernos que
intentan reprimir a la oposición en las comunidades de exiliados “, escribieron
los funcionarios.
Así, el memorándum
recomendaba una denuncia oficial explícita de Pinochet y la DINA, y una serie
de sanciones destinadas a obligar al general chileno a abandonar el poder y
reemplazarlo con un liderazgo militar más “responsable”. “La comunidad de inteligencia llegó a la
conclusión de que apartar a Pinochet resultaría en su reemplazo por cualquiera
de varios generales, y las políticas actuales continuarían con la probabilidad
de una transición algo más rápida hacia el gobierno civil”, señala el
documento. “La partida (de Pinochet)
también quitaría el principal símbolo de la represión chilena y permitiría una
flexibilidad política mucho mayor en el trato con Chile”, agrega.
Los nombres de los
cuatro autores del memorándum están incluidos en el documento desclasificado,
pero no las posiciones que ellos mantenían en el Departamento de Estado. El
embajador Francis McNeil, exsubsecretario adjunto de Asuntos Interamericanos,
fue uno de los firmantes. Él identificó al redactor principal como Robert S.
Steven, exfuncionario del Escritorio Chile en el Departamento de Estado, y otro
funcionario, el Asesor Legal Asistente para Asuntos Interamericanos, Frank Willis,
como signatarios del memorándum. El cuarto firmante, un abogado del
Departamento de Estado que trabajó en la solicitud de extradición, no pudo ser
identificado, destaca el Archivo de Seguridad Nacional.
“Bob Steven recurrió
al canal disidente porque era un último recurso establecido para lograr que los
tomadores de decisiones miraran más de cerca la política impugnada”, recordó
McNeil. “Los chilenos sabían que conocíamos que habían asesinado a Letelier y
Moffitt y esperaban que nos derrumbáramos. Eso hizo que castigar al régimen
fuera aún más necesario, no solo por los asesinatos, sino para evitar que otros
los imitaran. Después de todo, fue hasta el 11 de septiembre (de 2011) el único
ataque terrorista de posguerra patrocinado por extranjeros en suelo
estadounidense”.
Según recuerda, McNeil
varias de las recomendaciones para sanciones contra el régimen de Pinochet
fueron adoptadas por el Departamento de Estado, pero su posición finalmente no
influyó en la leve respuesta de la administración Carter al asesinato de
Letelier y Moffitt. Sin embargo, otras agencias, incluido el Consejo de
Seguridad Nacional (CSN), se mantuvieron hostiles a tomar una posición firme.
“Nunca me he sentido cómodo con la forma en que el Departamento de Estado ha
manejado el caso de Letelier”, informó Robert Pastor, especialista en América
Latina del CSN, al Asesor de Seguridad Nacional de Carter, Zbigniew Brzezinski,
10 días después de que se archivara el memorándum del canal disidente.
Las pocas sanciones
impuestas por Carter resultaron “efímeras”, destaca el Archivo de Seguridad
Nacional, que recuerda que, al final, la Casa Blanca no responsabilizó
frontalmente a Pinochet por el asesinato de Letelier y Moffitt, a pesar de los
informes de inteligencia de la CIA que determinaron que “Pinochet ordenó
personalmente” un acto de terrorismo en Washington D.C. y encabezó el
encubrimiento del papel de su régimen en estas muertes. Esos informes se
mantuvieron en secreto durante décadas y solo se desclasificaron a solicitud
del gobierno de Michelle Bachelet en el 40° aniversario del asesinato, en
septiembre de 2016.
Fuente: La tercera
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