En la misma semana en que el Presidente
Sebastián Piñera estuvo en Nueva York, en Washington se llevó a cabo, en la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un encuentro con
representantes de Chile, México y Perú. En la cita se presentó el informe sobre
el "uso indebido de sistemas de justicia penal para tomar represalias
contra las defensoras y los defensores del ambiente", en el que se remarcó
la importancia del Acuerdo de Escazú en la protección de las garantías
fundamentales de los defensores del medio ambiente, cuya negación –se denunció–
va en aumento en América Latina. De Chile se presentó el caso del
encarcelamiento de Alberto Curamil y los hallazgos sin vida de los activistas
ambientales Alejandro Castro y Macarena Valdés. La ONG Front Line Defenders
informó que 212 defensores de DDHH han sido asesinados en América Latina y
cerca de un 70% de ellos corresponde a activistas ligados al mundo
medioambiental. “Los estados tienen que hacerse cargo de proteger a los
defensores”, sostiene el director ejecutivo de la ONG Fima, Ezio Costa, uno de
los asistentes a la reunión en la capital estadounidense.
En la semana en que se
llevó a cabo la Cumbre de Acción Climática y 74 Asamblea de Naciones Unidas, la
sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington,
fue escenario de una reunión clave, cuyos temas principales fueron la
persecución de defensores ambientales en América Latina, la región con el mayor
número de ataques a personas que defienden el medio ambiente, y la consiguiente
importancia de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. El tratado –que el
Gobierno de Sebastián Piñera se resiste a suscribir– establece específicamente
en uno de sus artículos una protección para defensores ambientales.
“Este efectivamente es
un problema que está aumentando no solamente en la variable de la
criminalización, sino también en la variable de las amenazas y de los atentados
contra defensores ambientales. Estas cosas tienen que, de alguna manera,
ponerse sobre la mesa, y los estados tienen que hacerse cargo de proteger a los
defensores", enfatiza a El Mostrador el director ejecutivo de la ONG FIMA,
Ezio Costa, uno de los asistentes a la cita de Washington, junto a
representantes de México y Perú.
En esa línea, se
abordó la importancia que tiene el Acuerdo de Escazú para precisamente
garantizar los derechos de los defensores medioambientales. “Los países deben
firmar y ratificar Escazú y, por lo tanto, poner en sus legislaciones una
protección específica para los defensores ambientales, de manera de evitar
tanto las amenazas como la criminalización", insiste Costa.
El Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido
como Acuerdo de Escazú, es un tratado impulsado por 17 países de Latinoamérica
y el Caribe. El protocolo fue firmado en principio por 14 países el 27 de
septiembre de 2018. Un año más tarde, el tratado cuenta con un total de 19
países signatarios y a la fecha 6 naciones lo han ratificado, debiendo alcanzar
11 Estados Parte para entrar en vigor.
Dicho acuerdo
establece, en su artículo 9.1, respecto a los defensores de los DDHH en asuntos
ambientales, que "cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en
el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los
derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas,
restricciones e inseguridad".
Durante la audiencia
en Washington, se presentó el informe sobre el "uso indebido de sistemas
de justicia penal para tomar represalias contra las defensoras y los defensores
del ambiente". Y también hubo testimonios concretos sobre el tema de la
persecución y el uso indebido de la justicia penal contra los defensores
medioambientales.
Un informe de la ONG
Front Line Defenders, sostiene que 212 defensores de Derechos Humanos fueron
asesinados en América Latina, cerca de un 70% de ellos corresponde a activistas
ligados al mundo medioambiental y se concentran en países como Brasil y
Colombia. "Las actividades más riesgosas a nivel mundial son ser defensor
de derechos medioambientales y periodista”, ha asegurado el exdirector del
INDH, Branislav Marelic.
Uno de los casos
chilenos presentados fue el de Macarena Valdés, defensora de los DDHH y
medioambientales de la comunidad mapuche Newen de Tranguil, en la comuna de
Panguipulli, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el 22 de agosto de 2016.
Estaba colgada de una de las vigas de su casa, hogar en el que vivía con sus
cuatro hijos y su pareja, el werkén (vocero) de la comunidad e ingeniero
medioambiental, Rubén Collío.
En la jornada se
presentó también el caso de Alejandro Castro, conocido como "El
Mecha", quien fue encontrado muerto en la madrugada del 4 de octubre, de
la misma manera. Estaba colgado de su mochila en la reja perimetral de la línea
férrea en Valparaíso.
La versión de un
suicidio “sin intervención de terceros” entregada por la PDI la tarde del 4 de
octubre, es resistida por su familia y el mundo social organizado de Quintero,
quienes sostienen que la tesis era
apresurada. “Un joven activo como él no pudo haber hecho eso, menos en esas
condiciones”, aseguró un dirigente de pescadores artesanales, que prefiere
mantener su nombre en reserva.
En ese contexto, Belén
Curamil, hija de Alberto Curamil, prestó testimonio donde denunció como
criminalización la prisión preventiva que afecta a su padre en la cárcel de
Temuco, desde hace más de un año.
"Hoy, mi padre,
Alberto Curamil, sufre la prisión política porque es un defensor ambiental y
autoridad tradicional de un pueblo originario en el país. Solo queremos que se
haga un juicio justo e imparcial para demostrar su inocencia, pero el juicio se
dilata y no llega", reivindicó ante el tribunal.
"La lucha del
pueblo mapuche es una lucha por la vida, por el equilibrio de los ecosistemas,
por ser más y mejores personas que convivan con la tierra. Pero en Chile eso no
se reconoce y la respuesta es siempre la misma: la criminalización, el
hostigamiento y la ausencia de justicia para nuestro pueblo y luchadores
socioambientales”.
Ante la falta de
claridad de estos casos, Ezio Costa advierte que Escazú es el primer acuerdo en
el mundo que incorpora precisamente una lógica de protección de los defensores
ambientales. "En Chile no tenemos ninguna norma, ninguna instancia
específica de protección de los defensores ambientales y, por lo tanto, está
claro que este estándar no lo cumplimos, y tampoco cumplimos otros",
remarca.
Juan de Dios Parra,
Secretario General de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos
(ALDHU), comentó “el Gobierno y el Estado chileno deberían firmar cuanto antes el
tratado, tal y como han hecho la mayoría de países del continente, de no
hacerlo serán vistos como impulsores del cambio climático; la única razón por
la que el presidente no defendería los derechos del pueblo que lo votó es
porque defiende el derecho de algún otro actor que no desea que las personas
vivan en un ambiente sano”.
A través de su cuenta en Twitter, el ente detalló que entre los heridos se encuentran 2.767 hombres, 397 mujeres y unos 254 niños, niñas y adolescentes, desde el 17 de octubre hasta la fecha.
