MEGAMINERÍA SE ENFRENTA A CONFLICTOS AMBIENTALES Y SOCIALES EN AMERICA LATINA

La megaminería se extiende como alternativa
económica en América Latina

Está quedando en claro que para los gobiernos progresistas o de la nueva izquierda, las cuestiones ambientales se han convertido en un flanco de serias contradicciones. El decidido apoyo al extractivismo para alimentar el crecimiento económico, está agravando los impactos ambientales, desencadena serias protestas sociales, y perpetúa la subordinación de ser proveedores de materias primas para la globalización. Se rompe el diálogo con el movimiento verde, y se cae en una izquierda cada vez menos roja porque se vuelve marrón.

Una rápida mirada a los países bajo gobiernos progresistas muestra que en todos ellos hay conflictos ambientales en curso.  Es impactante que esto no sea una excepción, sino que se ha convertido en una regla en toda América del Sur.  Por ejemplo, en estos momentos hay protestas frente al extractivismo minero o petrolero, no solo desde Argentina a Venezuela, sino que incluso en Guyana, Suriname y Paraguay.

En Argentina se registran conflictos ciudadanos frente a la minería en por lo menos 12 provincias; en Ecuador, la protesta local ante la minería sigue creciendo; y en Bolivia, poco tiempo atrás finalizó una marcha indígena en defensa de un parque nacional y ya se anuncia una nueva movilización.  En estos mismos países, los gobiernos progresistas alientan el extractivismo, sea amparando a las empresas que lo hacen (estatales, mixtas o privadas), ofreciendo facilidades de inversión o reduciendo las exigencias ambientales.  Los impactos sociales, económicos y ambientales son minimizados.  Los gobiernos en unos casos enfrentan la protesta social, en otros la critican ácidamente, y en un giro más reciente la criminalizan, y han llegado a reprimirlas.

Protestas sociales y ambientales

La contradicción entre un desarrollo extractivista y el bienestar social acaba de alcanzar un clímax en Perú.  Allí, el gobierno de Ollanta Humala decidió apoyar al gran proyecto minero de Conga, en Cajamarca, a pesar de la generalizada resistencia local y la evidencia de sus impactos.  Esto generó una crisis en el seno del gabinete, la salida de muchos militantes de izquierda del gobierno, y una fractura en su base política de apoyo.  El gobierno se alejó de la izquierda al decidir asegurar las inversiones y el extractivismo.

Posiblemente el caso más dramático está ocurriendo en Uruguay, donde en unos pocos meses, el gobierno de José Mujica está decididamente volcado a cambiar la estructura productiva del país, para volverlo en minero.  Se propicia la megaminería de hierro, a pesar de la protesta ciudadana, sus impactos ambientales y sus dudosas ventajas económicas.  Paralelamente, se acaba de aprobar un controvertido puente en una zona ecológica destacada, cediendo a los pedidos de inversiones inmobiliarios, y por si fuera poco, ahora amenaza con desmembrar el Ministerio del Ambiente.  El gobierno Mujica no está rompiendo promesas de compromiso ambiental, ya que la coalición de izquierda es un caso atípico donde en su programa de gobierno carece de una sección en esos temas, sino que deja en claro que está dispuesto a sacrificar la Naturaleza para asegurar las inversiones extranjeras.

Estos son sólo algunos ejemplos de las actuales contradicciones de los gobiernos progresistas.  Estas resultan de estrategias de desarrollo de intensa apropiación de recursos naturales, donde se apuesta a los altos precios de las materias primas en los mercados globales.  Su macroeconomía está enfocada en el crecimiento económico, atracción de inversiones y promoción de exportaciones.  Se busca que el Estado capte parte de esa riqueza, para mantenerse a sí mismo, y financiar programas de lucha contra la pobreza.

Contaminación minera

Bajo ese estilo de desarrollo, la izquierda gobernante no sabe muy bien qué hacer con los temas ambientales.  En algunos discursos presidenciales se intercalan referencias ecológicas, aparece en capítulos de ciertos planes de desarrollo, y hasta hay invocaciones a la Pacha Mama.  Pero si somos sinceros, deberá reconocerse que en general las exigencias ambientales son percibidas como trabas a ese crecimiento económico, y que por ellos se las considera un freno para la reproducción del aparato estatal y la asistencia económica a los más necesitados.  El progresismo se siente más cómodo con medidas como las campañas para abandonar el plástico o recambiar los focos de luz, pero se resiste a los controles ambientales sobre inversores o exportadores.

Se llega a una gestión ambiental estatal debilitada porque no puede hincarle el diente a los temas más urticantes.  Es que muchos compañeros de la vieja izquierda que ahora están en el gobierno, en el fondo siguen soñando con las clásicas ideas del desarrollismo material, y están convencidos que se deben exprimir al máximo las riquezas ecológicas del continente.  Los más veteranos, y en especial los caudillos, sienten que el ambientalismo es un lujo que sólo se pueden dar los más ricos, y por eso no es aplicable en América Latina hasta tanto no se supere la pobreza.  Tal vez algunos de esos líderes, como Lula o Mujica, llegaron muy tarde a ocupar el gobierno, ya que esa perspectiva es insostenible en pleno siglo XXI.

¿Estas contradicciones significan que estos gobiernos se volvieron neoliberales?  Por cierto que no, y es equivocado caer en reduccionismos que llevan a calificarlos de esa manera.  Siguen siendo gobiernos de izquierda, ya que buscan recuperar el papel del Estado, expresan un compromiso popular que esperan atender con políticas públicas y generar cierto tipo de justicia social.  Pero el problema es que han aceptado un tipo de capitalismo de fuertes impactos ecológicos y sociales, donde sólo son posibles algunos avances parciales.  Más allá de las intenciones, la insistencia en reducir la justicia social  a pagar bonos asistencialistas mensuales los ha sumido todavía más en la dependencia de exportar materias primas.  Es el sueño de un capitalismo benévolo.

Parecería que el progresismo gobernante sólo puede ser extractivista, y que éste es el medio privilegiado para sostener al propio Estado y enfrentar la crisis financiera internacional.  Se está perdiendo la capacidad para nuevas transformaciones, y la obsesión en retener los gobiernos los hace temerosos y esquivos ante la crítica.  Esta es una izquierda al fin, pero de nuevo tipo, menos roja y mucho más progresista, en el sentido de estar obsesionada con el progreso económico.

Este tipo de contradicciones explican el distanciamiento creciente con ambientalistas y otros movimientos sociales, pero también alimentan la generalización de una desilusión con la incapacidad del progresismo gobernante en poder ir más allá de ese capitalismo benévolo.  Muchos recuerdan que en un pasado no muy distante, cuando varios de estos actores estaban en la oposición, reclamaban por la protección de la Naturaleza, monitoreaba el desempeño de los controles ambientales, y apostaban a superar la dependencia en exportar materias primas.  Esas viejas alianzas rojo – verde, entre la izquierda y el ambientalismo, se han perdido en prácticamente todos los países.

Llegados a este punto, es oportuno recodar que, desde la mirada ambiental, se distingue entre los temas “verdes”, enfocados en áreas naturales o la protección de la biodiversidad, y la llamada agenda “marrón”, que debe lidiar con los residuos sólidos, los efluentes industriales o las emisiones de gases.  La mirada verde apunta a la Naturaleza, mientras que la marrón debe enfrentar los impactos del desarrollismo convencional.

Bajo este contexto, el progresismo gobernante en América del Sur se está alejando de la izquierda roja y al obsesionarse cada vez más con el progreso, se vuelve una “izquierda marrón”.  La “izquierda marrón” es la que defiende el extractivismo o celebra los monocultivos.  Frente a esa deriva, la tarea inmediata no está en la renuncia, sino en proseguir las transformaciones para que la izquierda sea tanto roja como verde.

Eduardo Gudynas es investigador en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).