Piden prisión preventiva a vicepresidente de Ecuador por Odebrecht

Por: EFE 

02 de octubre 2017.

El fiscal general del Estado, Carlos Baca, pidió este lunes la prisión preventiva para el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, investigado por supuesta asociación ilícita relacionada con los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

La petición la realizó durante la audiencia de revisión de medidas cautelares contra Glas y su tío Ricardo Rivera, este último bajo arresto domiciliario dentro del proceso de investigaciones de los presuntos sobornos de la firma brasileña en Ecuador.

Baca justificó que pedía la prisión preventiva "por encontrarse nuevos elementos de convicción en investigación por asociación ilícita", señaló la Fiscalía en su cuenta de Twitter mientras se celebraba la audiencia en la Corte Nacional de Justicia.

El fiscal general solicitó además al juez Miguel Jurado la prohibición de enajenar bienes y retención de cuentas para el vicepresidente constitucional.

Aunque sigue en funciones por haber sido electo para el cargo por la ciudadanía, el pasado agosto el jefe de Estado, Lenín Moreno, le retiró a Glas las competencias bajo su jurisdicción luego de que este criticara su gestión política abiertamente y se alineara con la postura del expresidente y correligionario Rafael Correa, de quien también había sido su vicepresidente.

En la audiencia de revisión de medidas cautelares, el fiscal solicitó también la prisión preventiva para Ricardo Rivera, tío de Glas, "argumentando vulnerabilidad de arresto domiciliario y potencial riesgo de fuga", indicó la Fiscalía.

El pasado jueves, la Procuraduría (Defensa del Estado) de Ecuador se sumó a la acusación por presunta asociación ilícita contra dieciocho acusados, entre ellos Glas, en el marco de las investigaciones por la supuesta trama de sobornos de la firma brasileña.

La acción de la Procuraduría se dio un día después de la comparecencia ante la Fiscalía del exdirectivo de Odebrecht en Ecuador José Conceicao Santos, a través de videoconferencia.

El viernes Glas afirmó que no dimitirá ni huirá del país y que encarará los procesos judiciales que le surjan, pues dijo ser "inocente" y víctima de un complot en su contra. "Yo no voy a huir. Prefiero ir a la cárcel siendo inocente que huir como un cobarde sin tener responsabilidad alguna en los hechos que quieren imputarme", afirmó.

Y se declaró víctima de un linchamiento por parte de grupos opositores y sectores de la prensa críticos con él, asegurando que no hay pruebas sobre los supuestos delitos de los que se le acusa. También rechazó el testimonio de Santos, a quien tildó de "corrupto confeso" y dijo de él, en forma sarcástica: "Es tan corrupto que dice que es honesto".

EFE

Abortos seguros para todas las mujeres que los necesiten: ONU

Ginebra.- En la víspera del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro, un grupo de expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas* ha pedido a los Estados de todo el mundo que deroguen las leyes que penalizan y restringen indebidamente el aborto y las políticas basadas en estereotipos anticuados, liberar a las mujeres que se encuentren prisión por cargos de aborto y para contrarrestar los estigmas contra el mismo.

Las expertas y el experto también hicieron un llamado para que el 28 de septiembre se convierta en un día oficial de las Naciones Unidas para el aborto seguro en todo el mundo, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos para alentar a los gobiernos a decriminalizar el aborto y proporcionar servicios de salud reproductiva de manera legal, segura y asequible. A continuación su declaración completa:

“La posibilidad de las mujeres para tomar decisiones libres para ellas y sus familias no debe ser un privilegio reservado para las mujeres con recursos, sino que debe ser un derecho de cada mujer y cada niña de todo el mundo. Lo mismo sucede con el derecho a la salud y a la no discriminación.”

Demasiadas mujeres en todo el mundo continúan sufriendo leyes discriminatorias que restringen su acceso a una atención médica adecuada y limitan sus habilidades para tomar las mejores decisiones para ellas y sus familias.

Para conmemorar el Día de Acción Global por un aborto legal y seguro de este año instamos a todos los Estados a que pongan fin a la criminalización del aborto y aseguren que todas las mujeres puedan acceder a todos los servicios de salud necesarios, incluida la atención sexual y reproductiva, de manera segura, en consonancia con sus derechos humanos.

Instamos a los Estados a que garanticen que sus leyes, políticas y prácticas se basen en sus obligaciones en materia de derechos humanos y en el reconocimiento de la dignidad y la autonomía de las mujeres.

Actualmente, hay muchos factores que contribuyen a que a las mujeres les sean negados los servicios esenciales de salud para la interrupción del embarazo y la atención posterior al aborto. Éstos incluyen la criminalización, la reducción de la disponibilidad de servicios, la estigmatización, la disuasión y las actitudes despectivas de los profesionales de la salud. Estos factores empujan a millones de mujeres a abortos inseguros y las dejan sin tratamiento esencial para su recuperación.

Negar a las mujeres el acceso a la atención médica necesaria es inherentemente discriminatorio y constituye una violación de sus derechos humanos. Esta discriminación se agrava para muchas mujeres en situaciones vulnerables, incluidas niñas y adolescentes que pueden tener restricciones adicionales en su acceso a servicios de salud, y mujeres pobres que carezcan de los recursos para acceder a abortos seguros.

Las restricciones al acceso al aborto seguro son el resultado de actitudes sociales que estigmatizan a las mujeres y sujetan sus cuerpos a los propósitos políticos, culturales, religiosos y económicos de otras personas. La criminalización del aborto perpetúa aún más el estigma y la discriminación e infringe la dignidad y la integridad física de las mujeres. El sufrimiento mental y físico que sufren las mujeres cuando se les niega este procedimiento, o el estigma que enfrentan al buscarlo, son otras violaciones de sus derechos humanos.

A lo largo de los últimos 30 años, el movimiento del Día del Aborto Seguro se ha extendido desde América Latina y el Caribe y actualmente tiene un alcance global, contribuyendo a persuadir a los gobiernos a descriminalizar la terminación del embarazo, acabar con el estigma y la discriminación, y proporcionar servicios de una manera legal, segura y asequible.

Sumamos nuestra voz a los fuertes y valientes llamados de muchas organizaciones no gubernamentales que abogan por un aborto seguro en todo el mundo y pedimos que el 28 de septiembre sea reconocido como un día internacional oficial de la ONU sobre el aborto seguro”.

Fuente:

http://ciudadania-express.com/2017/09/27/abortos-seguros-para-todas-las-mujeres-que-los-necesiten-onu/

“Impunidad esparcida” en el gobierno de Peña, a tres años de la desaparición de los 43: WOLA

WASHINGTON (apro).- A tres años de la desaparición en Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de Ayotzinapa, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la ausencia de la aplicación de justicia para el caso por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto.

“El gobierno de México todavía no provee una versión conclusiva de qué fue lo que ocurrió con los 43 estudiantes, quienes desaparecieron de forma forzada la noche del 26 de septiembre de 2014”, denunció la organización Washington Office on Latin América (WOLA, por sus siglas en inglés) con sede en la capital estadunidense.

La organización alertó que han pasado tres años sin que se dé solución al escándalo, pese a las evidencias que existen de que los estudiantes fueron víctimas de ataques violentos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano.

“Ni el gobierno ha identificado ni castigado a los responsables del crimen, no existe una investigación enfocada en los funcionarios que manejaron el caso y quienes pudieron haber obstruido la justicia”, enfatiza WOLA en un comunicado de prensa.

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En este mismo tenor la organización dedicada a velar y defender los derechos humanos en América Latina, subrayó que “es injustificable” el avance tan lento de las investigaciones que lleva a cabo el gobierno de Peña Nieto del caso con mayor notoriedad a nivel internacional en los últimos años sobre la falta de respeto a la integridad de las garantías individuales en México.

“Esto resalta la urgente necesidad de continuar respaldando a los familiares de los estudiantes en su búsqueda de justicia y de la verdad”, añade WOLA.

El hecho de que a tres años de la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa no haya concluido una investigación para esclarecer el crimen, WOLA lo considera como evidencia de la “falta de compromiso del gobierno de Peña en la defensa e integridad los derechos humanos” de los mexicanos.

“La falta de progresos en el caso al que el gobierno de México consideró como la investigación más exhaustiva en la historia del país, junto con la obstrucción a la justicia y el montaje de evidencias por parte de funcionarios públicos para impedir una autentica investigación, simboliza una impunidad esparcida en el problemático sistema judicial mexicano y la ausencia de determinación política y de credibilidad por parte del gobierno para investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, indicó Maureen Meyer, encargada del departamento de México en la organización defensora de los derechos humanos.

WOLA recuerda cómo la teoría del gobierno sobre lo ocurrido con los 43 normalistas sigue siendo “la verdad histórica”, que es la versión del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, de que los jóvenes fueron incinerados en un basurero.

La “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue desmentida por las investigaciones y conclusiones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estado Americanos (OEA).

En su informe final, dado a conocer en abril de 2016, el GIEI concluyó que la hipótesis del gobierno mexicano era científicamente imposible de haber ocurrido. Entre sus conclusiones, el GIEI denunció el montaje de evidencias por parte del gobierno mexicano.

Los expertos también consideraron como posibilidad del crimen el que los estudiantes hayan sido víctimas del ataque por parte de las fuerzas de seguridad porque sin saber viajaban a Iguala en un autobús que transportaba una carga de heroína, cuyo destino final era el mercado negro de Estados Unidos.

El GIEI hizo varias recomendaciones al gobierno de Peña Nieto para esclarecer el caso y acelerar las investigaciones, sin embargo, el mes pasado la CIDH, luego de un viaje a México, expresó preocupación por la falta de compromisos y de avances en las averiguaciones del crimen por parte de las autoridades mexicanas.

Nota de: http://www.proceso.com.mx/504854/impunidad-esparcida-en-el-gobierno-pena-a-tres-anos-la-desaparicion-los-43-wola

Bachelet dice que a pesar de diferencias político económicas en América Latina es posible construir una agenda común

Las declaraciones las realizó la jefa de Estado en el marco de su participación en una conversación en Council of Foreign Relations, Centro de Estudios que pública la revista Foreign Affairs donde revisó los desafíos de la política exterior chilena y su estrategia de inserción global

La Presidenta de Chile, Michelle Bachelet aseguró que a pesar de las diferencias político- económicas que existen en América Latina, es posible, mediante el diálogo y la creación de consensos, generar una agenda común que conlleve a una mayor integración de la región en el mundo y avanzar hacia un “regionalismo pragmático”.

“Es desde América Latina y el Caribe de donde deberíamos hablar al mundo y ofrecer en lo posible una visión común, que refleje nuestras realidades, necesidades y desafíos. Entendemos que coexisten diversas perspectivas económicas y políticas en nuestra región, sin embargo, también estamos seguros que podemos encontrar una agenda común sobre temas donde se posible tener un consenso”, afirmó.

Las declaraciones las realizó la jefa de Estado en el marco de su participación en una conversación en Council of Foreign Relations, Centro de Estudios que pública la revista Foreign Affairs, donde revisó los desafíos de la política exterior chilena y su estrategia de inserción global.

En esta línea la Mandataria argumentó que desde el Ejecutivo se definieron áreas prioritarias para su política exterior, las que se gestan desde 1990 hasta el presente. En este período Chile se ha integrado a la Comunidad Internacional con 26 acuerdos comerciales, con 64 países que representan más del 60% de la población mundial y más del 85% del PIB mundial.

Ante esto Bachelet explicó que para contrarrestar el proteccionismo, se ha decidido profundizar la apertura del país al mundo, agregando valor a las exportaciones y actualizando los acuerdos comerciales para asegurar que los nuevos temas estén cubiertos, además es un imperativo para Chile hacer una transición de un modelo económico basado en la extracción y exportación de recursos naturales a uno centrado en la creatividad y la innovación.

De la misma forma la promoción y protección de los Derechos Humanos, así como el respeto al Estado de Derecho, el sistema democrático y el debido proceso constituyen un objetivo permanente de nuestra política exterior.

“Estas son algunas de nuestras principales acciones en el ámbito de la política exterior. La base de nuestras iniciativas es el reconocimiento de que vivimos en un mundo cada vez más interconectado y complejo, que nos presenta desafíos que sólo se pueden abordar de manera concertada”, dijo.

Info de: http://www.icndiario.com/2017/09/23/bachelet-asegura-que-a-pesar-de-diferencias-politicas-y-economicas-en-america-latina-es-posible-construir-una-agenda-comun/

Un proyecto estudia fortalecer la justicia ordinaria con prácticas indígenas

Logroño (España), 24 sep (EFE).- 

La Unión Europea ampara un proyecto que trata de identificar las buenas prácticas de la justicia indígena para fortalecer la justicia ordinaria, ya que "con muy pocos recursos humanos, pero con mucho sentido común, la primera logra resolver conflictos muy importantes". Así lo explica en una entrevista con Efe, el coordinador del proyecto y consejero en Justicia Juvenil para América Latina y Caribe de la Fundación suiza "Terra des Hommes" (Tdh), el español Víctor Herrero. Según Herrero, el proyecto se inició este año y se desarrolla hasta 2018 en las ocho comunidades indígenas de Panamá: Kuna, Buglé, Bokota, Wounaan, Ngöbe, Teribe, Emberá, y Bri-Bri, algunas de las cuales también están asentadas en otros países vecinos como Colombia o Costa Rica. Esta iniciativa la coordina el juez de raíces indígenas y colaborador de "Terra des Hommes, Alejandro Bonilla. 

En estas ocho comunidades indígenas, "con muy pocos recursos humanos, pero con mucho sentido común, se resuelven conflictos muy importantes en el ámbito comunitario, penal, etcétera", recalca este especialista en derechos humanos y justicia juvenil. Las conclusiones del proyecto, explica, permitirán generar una base de "conocimiento importante" sobre la justicia que rige en estas comunidades indígenas y que, normalmente, "da la espalda" a la justicia ordinaria u occidental. En muchas ocasiones, añade, la justicia indígena "tiene enseñanzas muy interesantes para la justicia ordinaria en Latinoamérica, por su simplicidad". Este tipo de justicia ha demostrado que se puede "conseguir la paz social con la aplicación de unas prácticas judiciales muy sensatas, muy de sentido común y muy fáciles de resolver, sin tanto recurso como se utiliza en la justicia ordinaria", recalca Herrero. 

Sin embargo, aclara, "hay algunas prácticas (en la justicia indígena) que pueden vulnerar derechos", fundamentalmente a mujeres y menores, por lo que otro de los objetivos de este proyecto es que "las comunidades indígenas y sus líderes las identifiquen, busquen alternativas para corregirlas". Herrero recalca que el proyecto "no busque la confrontación, sino todo lo contrario, el conocimiento, la identificación de las buenas prácticas de la justicia indígena en estas etnias para ponerlas en valor, confrontarlas con las de la justicia occidental" y, en el caso de las que vulneran derechos, generar estrategias para corregirlas. El coordinador del proyecto valora la participación en el mismo de distintos grupos de las ocho comunidades, entre ellos, niños, adultos, responsables, e, incluso, los caciques. 

En la actualidad, en América Latina "hay un campo muy grande de trabajo en esta materia porque todos los países reconocen, incluso constitucionalmente, las singularidades de las distintas etnias y comunidades indígenas y también de su justicia tradicional". Una vez finalizado este proyecto, la idea es extrapolar sus resultados a otros países de Iberoamérica, pero también a escala mundial, ya que hay países, por ejemplo en África, donde también hay comunidades indígenas, detalla Herrero. Pilar Mazo

EFE

Debate de alto nivel prosigue en la Asamblea General de la ONU

Naciones Unidas, 20 sep (PL) El debate de alto nivel de la Asamblea General de la ONU celebra hoy la segunda de sus seis jornadas, con la intervención de más de 35 jefes de Estado o de Gobierno, varios de ellos latinoamericanos.

Centrado en la paz y el progreso humano inclusivo, en el contexto del impulso a la implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el foro vivirá otra maratónica sesión de discursos, en la cual cada mandatario tiene 15 minutos para intervenir.

La lista de oradores incluye a los presidentes de Sudáfrica, Jacob Zuma; Irán, Hassan Rouhani; Finlandia, Sauli Niinisto; Namibia, Hage Geingob, y Ucrania, Petro Poroshenko; y a los primeros ministros de Japón, Shinzo Abe; Reino Unido, Theresa May, y Noruega, Erna Solberg.

Por América Latina intervendrán en la plenaria de los 193 Estados miembros de la ONU los mandatarios de Chile, Michelle Bachelet; Ecuador, Lenin Moreno; Panamá, Juan Carlos Varela, y Paraguay, Horacio Manuel Cartes; así como la vicepresidenta argentina, Marta Gabriela Michetti.

El presidente guyanés, David Arthur Granger, será el primer representante este año de la Comunidad del Caribe (Caricom) en pronunciar su discurso en el debate general del 72 Período de Sesiones de la Asamblea.

Ayer, en la jornada inaugural del foro abundaron los llamados a la cooperación, al compromiso con un desarrollo sostenible sin exclusiones, a la reforma de la organización, a atender el cambio climático, a respetar los derechos humanos y a la solución pacífica de los conflictos.

Sin embargo, tal vez la intervención más esperada, el debut en la Asamblea General del presidente estadounidense, Donald Trump, fue todo lo contrario.

Trump lanzó amenazas de guerra y criticó a países soberanos, en unas declaraciones de más de 40 minutos sobre las que el canciller venezolano advirtió que pareció un regreso a la época de la guerra fría.

agp/wmr http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=117209&SEO=debate-de-alto-nivel-prosigue-en-la-asamblea-general-de-la-onu

Ecuador lidera en ONU iniciativa para defender derechos humanos ante las transnacionales

QUITO (Sputnik) — Ecuador promovió en la ONU el desarrollo de un instrumento vinculante que permita sancionar a las empresas transnacionales que atenten contra los derechos humanos.

Para la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, el proceso de construcción del instrumento es "una oportunidad privilegiada para concretar un pacto mundial de reglas comunes sobre la observancia, que el sector corporativo debe mantener en relación a los derechos humanos y sobre todo para llenar vacíos evidentes en la normativa internacional de derechos humanos".

En su participación en el grupo intergubernamental, la ministra detalló que las principales motivaciones de este trabajo han sido luchar para "que sea escuchada la voz de los afectados por la operación de grandes empresas trasnacionales", además de "reducir la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas transnacionales queden en la impunidad y, finalmente, "llenar un vacío real de la normativa internacional" que no contempla en la actualidad a las "reglas obligatorias sobre empresas y derechos humanos".

En ese sentido, la diplomática explicó que durante las sesiones que ha mantenido el grupo de trabajo, los estados, las organizaciones internacionales, intergubernamentales, instituciones no gubernamentales, la academia, pero sobre todo las víctimas de los abusos corporativos, "han discutido el contenido, el alcance, la forma y la naturaleza del instrumento vinculante".

Por ello, en octubre próximo se presentará un documento con elementos que servirá como base para el inicio de las "negociaciones sustantivas de lo que será el futuro instrumento vinculante", amparado en la resolución 26/9 de las Naciones Unidas del 26 de junio de 2014.

Espinosa destacó que la construcción del texto ha sido participativa y democrática y que un elemento para lograr este éxito "es haber realizado más de dos centenares reuniones de consultas, eventos, talleres en diferentes partes del mundo y alimentar la discusión sustantiva de un instrumento vinculante".

Citó como ejemplo que en la última reunión hubo la intervención de 35 panelistas de todos los continentes representando diferentes filiaciones profesionales, laborales y académicas.

Estos debates han permitido evidenciar los vacíos normativos "que han causado malas prácticas y han permitido las empresas queden en la impunidad afectando a grupos vulnerables", por ello "es imperativo aportar con una herramienta jurídica básica para defender los derechos de estas víctimas y de potenciales víctimas para obtener reparaciones e indemnizaciones", aclaró la canciller.

Noticia completa en: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201709191072455629-quito-naciones-unidas-ddhh/