QUITO (Sputnik) — Ecuador
promovió en la ONU el desarrollo de un instrumento vinculante que permita
sancionar a las empresas transnacionales que atenten contra los derechos
humanos.
Para la canciller de
Ecuador, María Fernanda Espinosa, el proceso de construcción del instrumento es
"una oportunidad privilegiada para concretar un pacto mundial de reglas
comunes sobre la observancia, que el sector corporativo debe mantener en relación
a los derechos humanos y sobre todo para llenar vacíos evidentes en la
normativa internacional de derechos humanos".
En su participación en el
grupo intergubernamental, la ministra detalló que las principales motivaciones
de este trabajo han sido luchar para "que sea escuchada la voz de los
afectados por la operación de grandes empresas trasnacionales", además de
"reducir la posibilidad de que las violaciones de derechos humanos cometidas
por empresas transnacionales queden en la impunidad y, finalmente, "llenar
un vacío real de la normativa internacional" que no contempla en la
actualidad a las "reglas obligatorias sobre empresas y derechos
humanos".
En ese sentido, la
diplomática explicó que durante las sesiones que ha mantenido el grupo de
trabajo, los estados, las organizaciones internacionales, intergubernamentales,
instituciones no gubernamentales, la academia, pero sobre todo las víctimas de
los abusos corporativos, "han discutido el contenido, el alcance, la forma
y la naturaleza del instrumento vinculante".
Por ello, en octubre próximo
se presentará un documento con elementos que servirá como base para el inicio
de las "negociaciones sustantivas de lo que será el futuro instrumento
vinculante", amparado en la resolución 26/9 de las Naciones Unidas del 26
de junio de 2014.
Espinosa destacó que la
construcción del texto ha sido participativa y democrática y que un elemento
para lograr este éxito "es haber realizado más de dos centenares reuniones
de consultas, eventos, talleres en diferentes partes del mundo y alimentar la
discusión sustantiva de un instrumento vinculante".
Citó como ejemplo que en la
última reunión hubo la intervención de 35 panelistas de todos los continentes
representando diferentes filiaciones profesionales, laborales y académicas.
Estos debates han permitido
evidenciar los vacíos normativos "que han causado malas prácticas y han
permitido las empresas queden en la impunidad afectando a grupos
vulnerables", por ello "es imperativo aportar con una herramienta
jurídica básica para defender los derechos de estas víctimas y de potenciales
víctimas para obtener reparaciones e indemnizaciones", aclaró la
canciller.
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