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martes, 22 de mayo de 2018

La CIDH informó que la represión del régimen de Daniel Ortega dejó 76 muertos y denunció "graves violaciones" a los derechos humanos en Nicaragua


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un duro informe este lunes sobre la crisis en Nicaragua. El organismo reportó que la represión del régimen de Daniel Ortega dejó "al menos 76 muertos" y denunció "graves violaciones de derechos humanos".

También se registraron 868 heridos -cinco permanecen en estado de gravedad- y 438 detenidos, entre estudiantes y defensoras de derechos humanos.
El organismo denunció, además, la desaparición de 85 manifestantes.

"Durante su visita, la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidencian graves violaciones de derechos humanos durante un mes de protestas, caracterizadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado y de terceros armados", indicó la comisionada Antonia Urrejola, relatora país de Nicaragua.

"La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continúan hasta la fecha. De igual forma la CIDH condena las muertes de dos policías y agresiones contra otros funcionarios públicos producidas en este contexto", señala el comunicado de prensa emitido por el organismo.

"La comisión urge enérgicamente al Estado a investigar diligentemente estos hechos, juzgar y sancionar a sus responsables y reparar a las víctimas de violaciones a derechos humanos", agregó el organismo.

En su informe, la CIDH aportó 15 recomendaciones las autoridades nicaragüenses.

"Cesar de inmediato la represión a los manifestantes y la detención arbitraria de quienes participan de las protestas; respetar y garantizar el goce pleno del derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población; y crear un mecanismo de investigación internacional sobre los hechos de violencia ocurridos, con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables", son algunas de las principales recomendaciones del organismo.


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