El lunes pasado, el jefe de Estado de Perú, Martín Vizcarra, fue destituido por el Congreso Nacional por “incapacidad moral” para ejercer el cargo. Al día siguiente asumió el puesto vacante el presidente del Congreso, Manuel Merino.
Estos acontecimientos desencadenaron una serie de protestas en el país que se han topado con una actuación policial preocupante, según la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
El representante en América del Sur de esa dependencia regional señaló que están recibiendo “información inquietante” y recordó que la policía “tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones”.
Jan Jarab detalló que el apego a esos estándares implica no utilizar la fuerza de manera ilegal, excesiva o arbitraria. “Las escopetas con munición potencialmente letal pueden ser utilizadas sólo para hacer frente a una persona que represente una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, no para dispersar manifestantes”, recalcó.
En un comunicado, Jarab instó a las autoridades peruanas a no restringir arbitrariamente el derecho de asamblea pacífica ni otras garantías fundamentales.
Por otra parte, exhortó a quienes deseen manifestarse a hacerlo pacíficamente y respetando las leyes.
Detenciones arbitrarias
Señaló que su Oficina ha podido constatar casos de detenciones realizadas por policías vestidos de civil sin identificarse como tales y llamó a poner fin a este tipo de procedimientos “incompatibles con las normas internacionales de derechos humanos”.
Además, destacó que las personas detenidas tienen derecho al debido proceso, que incluye la presencia de su representante legal desde el momento de la detención, así como la notificación a sus familiares.
El representante se refirió en particular a la detención arbitraria y criminalización de Carlos Rodríguez, integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien se privó de la libertad durante 17 horas.
Jarab afirmó que la labor de Rodríguez se centra en el derecho a la defensa legal de las personas detenidas. “Insto a las autoridades a que la investigación en su contra sea independiente, imparcial y teniendo en cuenta su rol como defensor de derechos humanos”, dijo.
Ataques a periodistas
Por otra parte, calificó de alarmantes las agresiones contra al menos 16 trabajadores de medios de comunicación que desempeñaban su tarea en medio de las protestas.
A este respecto, el representante recordó que el Estado tiene el deber de proteger la función de los defensores de derechos humanos y periodistas, particularmente en el marco de manifestaciones sociales.
Denunció, asimismo, el uso de sanciones administrativas como multas contra manifestantes por infracciones de la norma sanitaria y sostuvo que no se puede suspender de forma permanente un derecho fundamental -como el de reunión- sin considerar medidas que permitan ejercerlo, como son cumplir con los requisitos sanitarios.
Fuente: Noticias ONU
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