Los diputados orteguistas están preparados para hacer reformas a la Constitución de Nicaragua e instaurar la cadena perpetua en el país, una medida que es considerada un retroceso para los derechos humanos de la nación, según defensores de derechos humanos.
“Esta no es una reforma jurídica penal”, dice Gonzalo Carrión del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +. “Es una reforma con intereses políticos de la dictadura”, resalta.
Si Nicaragua entabla la cadena perpetua mediante las reformas a la Constitución en el periodo de
2020 y 2021, solo Guatemala a nivel centroamericano tendría una pena más severa. En ese país
existe la pena de muerte, pero no se aplica desde los ochenta y, en cambio, se aplica una pena
máxima de 50 años. En Nicaragua actualmente la pena máxima es de 30 años de prisión para los
delitos de mayor gravedad e incluso cuando hay acumulación de penas, se ajusta hasta las tres
décadas de cárcel.
El gobierno de Daniel Ortega anunció que promovería una reforma a la Constitución para
implementar la cadena perpetua luego de una serie de femicidios en varias partes del país, entre los
que resaltaron el caso de las niñas hermanas asesinadas en Mulukukú, Costa Caribe Norte.
Tras usar ese caso de doble femicidio como bandera para promover la medida, movilizaron a sus
bases para la recolección de firmas. Asimismo, se conocieron denuncias de trabajadores del estado
y maestros de escuelas públicas que se sintieron presionados para firmar el documento en respaldo
a esta reforma. El 27 de octubre simpatizantes de Ortega entregaron a la Asamblea Nacional cajas
que supuestamente contenían 3 millones de firmas en respaldo a la imposición de cadena perpetua,
un volumen exagerado tomando en cuenta que en el último censo la población del país a penas
rondaba los siete millones. ¿Firmó casi la mitad de Nicaragua ese respaldo a la propuesta de
Ortega?
Pero aún con la manipulación mediática de los casos de femicidios y el dudoso espectáculo de las
firmas, el dictamen, aprobado la semana pasada en la Asamblea está listo para pasar al plenario y
establecen lo que la vicepresidenta Rosario Murillo cataloga como crímenes de odio.
“Es un contraproducente, y populismo penal imponer penas tan severas, no es la alteza de la penas
lo que baja la incidencia (de los delitos o la criminalidad). En países como Nicaragua no sirve de
mucho imponer penas altas”, dijo el abogado experto en derechos humanos Uriel Pineda.
Pineda, residente en México, opina que aumentar las penas a instaurar la cadena perpetua es un
retroceso en materia de derechos humanos.
“Es una regresión, Naciones Unidas reconoce que los privados de libertad tienen derecho a la
reinserción social y la reinserción implica componentes de tratamiento, atención sicológica,
acompañamiento, y un componente formativo en el campo educativo”, dijo Pineda.
Pineda dice que, al instaurar la cadena perpetua, Nicaragua está negándole a los reclusos la
posibilidad de reinsertarse en la sociedad.
“Los estás descartando prácticamente”, advierte.
Fuente: La prensa Nicaragua
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU comentó al respecto: "Este tipo de penas podría utilizarse en cualquier delito. Eso podría significar que en el país se podría mantener fuera de la circulación a personas acusadas por delitos políticos o de cualquier tipo. La cadena perpetua no es una medida que vaya a disminuir significativamente los delitos."
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