Como “terribles e inaceptables” calificaron en ALDHU los hechos que
dan cuenta de más de 100 menores abusados sexualmente en Ecuador.
“Es una noticia atroz, algo que nos debe llamar
poderosamente a endurecer las penas contra quienes abusen de nuestros niños, no
sólo en Ecuador, sino que en todo el Mundo, no es posible que existan este tipo
de personas que ven a los menores como objetos” dijo el abogado y secretario
general de ALDHU, Juan de Dios Parra.
“Condenamos de la manera más enérgica este hecho y nos
pondremos en contacto con las autoridades Ecuatorianas para colaborar en dar
con los autores de estos crímenes contra la infancia” sentenció.
Los hechos dados a conocer hace algunos días nos dan
cuenta de más de 100 menores abusados por 4 profesores. A continuación
compartimos la noticia de www.elpais.com
Las autoridades ecuatorianas
ofrecen 10.000 dólares de recompensa para quien ayude a localizar y detener a
uno de los cuatro profesores sospechosos de haber violado a cinco niños en un
colegio de Guayaquil, en un caso que ha levantado las alarmas en
Ecuador. Las investigaciones cifran en más de 100 los menores que fueron víctimas
de abusos sexuales en ese centro educativo que ha sido
intervenido por los responsables de Educación.
La denuncia de una madre ante la Fiscalía destapó un escándalo que,
según ha reconocido el Ministerio de Eduación, los responsables de la escuela
conocían al menos desde mayo. "El Departamento de Consejería Estudiantil
entregó dos informes a la rectora: uno el 30 de mayo y el segundo, el 6 de
junio. Ella pasó el documento al Distrito Educativo, que solo procedió a
devolverle el documento, sin hacer nada", alertó ante la prensa el
ministro Fander Falconí. Según las cifras oficiales, entre 2014 y 2017 se
reportaron casi 900 casos de acoso y vulneración de la integridad sexual de
menores en centros educativos en Ecuador, de los que el 65 % fueron cometidos por
personal interno.
Las organizaciones sociales
hablan de un problema de mayor entidad que no se denuncia por vergüenza o
miedo. Para evitar la impunidad de este tipo de delitos contra menores, el
presidente Lenín Moreno incluyó en la consulta popular que
prepara para inicios de 2018 una pregunta que busca eliminar su prescripción.
Solo en el caso del colegio
público guayaquileño, la fiscal asegura que hay al menos 100 víctimas,
incluidas de generaciones anteriores, y que cinco de los casos se confirmaron,
médica y psicológicamente, como de violación. El asunto ha indignado a padres,
familiares, vecinos del centro, pero también ha asqueado a una población un
tanto insensibilizada ante la recurrencia de atracos, agresiones a mujeres o
muertes violentas.
Los responsables del centro
sabían, por los reclamos presentados por los padres, que al menos cuatro de sus
docentes encerraban a niños en el baño durante el recreo donde, además del
abuso sexual, les tomaban fotografías y les obligaban a beber orina. Una de las
madres asegura que cuando su hijo le contó que habían acosado a un compañero
fue a informar a la rectora y ella le pidió que no montara un
"escándalo". Después descubrió que su hijo también era una de las
víctimas. Según el Código Penal ecuatoriano, los rectores de los colegios
tienen el deber de denunciar cualquier acto delictivo que se cometa en el
centro.
Cuando las autoridades
fueron al colegio esta semana, ubicado en uno de los barrios más deprimidos de
la ciudad, la misma rectora se negó a abrir la puerta. Alegaba que tenían que
esperar a meter a los estudiantes en las aulas. Pero el fiscal del caso reportó
que había estado esperando media hora y que eso había propiciado la huida del docente
que ahora está en busca y captura. La policía y el fiscal finalmente saltaron
la valla del centro y detuvieron a uno de los sospechosos.
Los otros dos fueron
apresados el viernes por la policía en el colegio, cuando la repercusión del
caso ya había llevado al Ministerio de Educación a intervenir el centro un día
antes. Su rectora, la vicerrectora y el inspector fueron apartados de sus
cargos y se abrirá una investigación interna para determinar sanciones
administrativas, paralelas al proceso judicial. Además, la fiscalía abrió otro
expediente contra la rectora por obstrucción a la justicia. Todo el personal
docente y administrativo será evaluado con exámenes psicométricos y se dará una
atención psicológica a los niños, a las víctimas y a sus familias.
Estos exámenes responden a
la decisión que tomó el nuevo Gobierno de examinar todo el sistema educativo
público y privado, así como a su personal. Y evitar casos no tan aislados como
este y como el que ocurrió en Quito en 2010. Hoy, una placa, colocada por orden
judicial, recuerda el horror que vivieron aquellos 41 niños de 10 y 11 años que
fueron sometidos por su tutor durante todo un curso.
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