Amnistía Internacional lanza una
campaña para denunciar el acoso que sufren y para reclamar a Gobiernos y
multinacionales “que se les permita trabajar en un entorno más seguro”
Defender la tierra sale caro
en muchas partes del mundo. Reivindicar la libertad, también. Tanto como para
que en los dos últimos años Amnistía Internacional haya contabilizado
la muerte violenta de 437 activistas proDerechos Humanos, buena
parte de ellos ambientalistas, en 22 países.
“Miles de defensores de los
Derechos Humanos soportan campañas de hostigamiento, agresiones, detenciones
irregulares e incluso homicidios”, explica Miguel Ángel Basés, portavoz de
Amnistía Internacional (AI) en Aragón, que este martes ha presentado en las
Cortes autonómicas la campaña Valiente, con la que la
oenegé pretende denunciar el acoso y las amenazas que sufren esos activistas y
reclamar que desde los gobiernos “se les permita trabajar en un entorno más
seguro”.
El informe distribuido a los
parlamentarios, que recuerda cómo “hoy se incumplen abiertamente tanto el
espíritu como la letra de la declaración” de la ONU
que en 1998 señaló a los defensores de los derechos humanos como “agentes del
cambio”, pese a que los Estados miembros se comprometieron a apoyar
su labor “y a permitirles trabajar sin obstáculos y sin temor a represalias”,
considera “esencial, por tanto, que se les conceda protección efectiva contra
la violencia, incluida la violencia sexual, y la discriminación”.
Agresiones en nombre de
otras empresas
Sin embargo, la batería
de 28 medidas que promueve en la campaña no van
únicamente dirigidas a las instituciones públicas. Hay un apartado específico
para las empresas, a las que llama a “implementar procesos adecuados de
diligencia debida” para “garantizar que se respetan los Derechos Humanos de las
personas y comunidades” afectados por sus actividades o las de “sus filiales,
subcontratistas o proveedores”.
La propuesta no es para nada
infundada. De hecho, el último dictamen del relator de la ONU
sobre la situación de los activistas documenta los vínculos de
grandes compañías con “violaciones de los derechos humanos, que van desde la
restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para
limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas
de seguridad privadas en nombre de otras empresas”.
El mexicano Gustavo Castro, superviviente del ataque en el que
murió asesinada la indigenista y ambientalista hondureña Berta Cáceres y
que también participó en la comparecencia, es una de las víctimas de esa
violencia de las oligarquías. Hoy, tras haber pasado un mes detenido mientras
intentaban colgarle el crimen, vive acogido por AI. “El Gobierno me tuvo secuestrado un mes para tratar
de imputarme”, apunta.
“No se ha querido investigar
e ir más allá, hacia los autores intelectuales”, explica, en referencia al
‘cortafuegos’ judicial que rodea a los ocho detenidos por el asesinato, entre
ellos el gerente de la empresa hidroeléctrica Desa, promotora de la presa a la
que se oponía la comunidad Ienca, cuyo territorio iba a ser inundado, con
Cáceres a la cabeza, además de varios militares y presuntos sicarios.
El 95% de los crímenes
quedan impunes
El 95% de los crímenes
contra ambientalistas y activistas proDerechos Humanos en el mundo quedan impunes, según las estimaciones de AI, que
también admite que la cifra oficial de 427
víctimas queda restringida a las documentadas. La cifra
real de asesinatos es mucho mayor.
“La historia no nos da muchas
expectativas, con tanta impunidad, pero tenemos que seguir exigiendo justicia”,
anota Castro, que recuerda cómo varias organizaciones han llevado al Gobierno
de Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos “para que esto no quede impune”.
“Es paradójico que la misma policía
vaya persiguiendo y asesinando a los defensores”, anota, con sarcasmo, al evocar los 120 ambientalistas asesinados
en los últimos siete años en ese país; “cinco de ellos con medidas de la
comisión interamericana”, recalca.
“Cada vez más gobiernos
atacan a los defensores de los Derechos Humanos y dificultan su labor con
fuerza excesiva”, refuerza Luis Ángel Muñoz, responsable de la campaña Valientes, que describe a esos activistas como “personas que tratan de defender los derechos de otros y que se
oponen a los intereses de grupos políticos, grupos armados y empresas”.
“La persecución contra las
mujeres es terrible”
El grueso de esos conflictos
en América Latina, donde el año pasado se produjeron el 75% de los asesinatos
documentados de activistas, están relacionados con
actividades extractivas, ya sea de hidrocarburos o de minerales.
Estas últimas afectan a 90 millones de hectáreas en México y al 40% del
territorio en Guatemala, mientras países como El Salvador y Costa Rica han
declarado una moratoria para frenarlas.
“Este modelo de
extractivismo tan voraz implica necesariamente desplazar población”, explica
Castro, para quien “a final de cuentas el problema no es solo de allá, sino que
tiene un impacto global, va en detrimento de la alimentación y de la salud, de
la calidad de vida de nuestro planeta”.
Castro llama la atención
sobre el hecho de que “los feminicidios están aumentando de
una manera impresionante” en la represión de los movimientos
sociales en Latinoamérica. “La persecución contra las mujeres es terrible,
porque eso minimiza e incide en la concienciación social”, apunta. “Ya no hay
ninguna inhibición por parte de las fuerzas represivas –añade-. Saben que con
eso también impiden mucho la movilización social, y las mujeres están cada vez
más al frente de la lucha por la defensa de sus hijos, de la tierra, del agua”.
Info es de: http://www.publico.es/sociedad/asesinados-437-ambientalistas-activistas-proderechos-humanos-anos.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario