Según informa www.ecuavisa.com ; el lunes 23 de octubre del
2017 el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, informó
a través de su página oficial la designación de Ecuador como presidente del grupo de trabajo
de Naciones Unidas, que tiene como mandato elaborar un instrumento internacional que regule el cumplimiento de los derechos
humanos por parte de empresas transnacionales.
La canciller Maria Fernanda
Espinosa al inicio de la tercera sesión de trabajo del
grupo en Ginebra (Suiza) expuso sobre las muertes 1.100 de trabajadores por el
desplome del centro comercial de Rana Plaza en Bangladesh en 2013; la
contaminación del delta del río Níger en 2009 por la petrolera Shell o los
vertidos de crudo sufridos por la selva amazónica ecuatoriana durante casi 30
años.
El discurso de la canciller
Espinosa dio paso a la votación unánime para la
desginación de Ecuador a los trabajos conjuntos en torno a tratado vinculante
sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
Representantes de la isla Jamaica, a nombre
Grupo Geopolítico de América Latina y el Caribe (Grulac),
propuso la candidatura de Ecuador. También recibió el apoyo de la delegación de
Sudáfrica, que impulsa junto al país la iniciativa de cuidar los derechos de
los trabajadores en las empresas transnacionales.
Luego de
finalizada la conferencia, se eligió a Guillaume Long como
representante permanente del Ecuador ante la Organización de las
Naciones Unidas en Ginebra. Hasta la fecha, la actual
canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa había
presidido el grupo.
Para este
resultado, más temprano, la canciller Espinosa presentó un
texto base para la negociación del tratado vinculante al inicio de la
sesión.
“es urgente que la
comunidad internacional tome acciones” para prevenir los impactos negativos
sobre los derechos humanos que puede causar el “gran poder” que las empresas
transnacionales han acumulado por la globalización. -
manifestó la canciller Espinosa.
Estas labores
se desarrollan en cumplimiento del mandato de la resolución 26/9
de Naciones Unidas suscrita el 26 de junio de 2014, que
tiene como objetivo delimitar las acciones de las empresas multinacionales para
que éstas respeten los derechos humanos y medioambientales allí donde actúen.
Además de poner fin a la impunidad y analizar su poder sistémico que ha causado
impactos en la vida diaria de las comunidades.
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