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jueves, 13 de febrero de 2020

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos responde por cuestionamientos sobre Colonia Dignidad

La cartera se comprometió a esclarecer los hechos ocurridos en el lugar mediante una declaración pública. Esta se produjo tras un reportaje publicado por el medio alemán DW, que sindicó al ministro Hernan Larraín como uno de los principales obstructores de la investigación.


Un reportaje de la Radio Deutsche Welle consideró al actual ministro de Justicia, Hernán Larraín, como “un obstáculo” para las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos al interior de Colonia Dignidad, ocurridas durante la dictadura militar. Ante esto, el ministerio respondió en un comunicado que “existe compromiso irrestricto de las autoridades (Lorena Recabarren y Hernán Larraín) de resolver este tema a la brevedad posible, haciendo todos los esfuerzos posibles, desde el primer día, para dar justicia a las víctimas”.

El ministerio expuso en esta declaración pública que, el 3 de julio del año 2019 se instauró una mesa de trabajo “con el fin de esclarecer a la brevedad posible los hechos allí ocurridos, para entregar verdad y justicia a las víctimas”. Además, desde el ministerio hicieron incapié que se “ha gastado $328 millones de pesos en el financiamiento de pericias para esclarecer los eventos ocurridos. “

Por otro lado. El presidente de la comisión de Derechos Humanos del Senado, Alejandro Navarro, informó que se citará a declarar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, junto al ministro del Interior, Gonzalo Blumel y a la subsecretaria de los DDHH, Lorena Recabarren. Todo esto con el objetivo de esclarecer los esfuerzos del gobierno en encontrar la verdad de lo ocurrido en Colonia Dignidad.

El cuestionamiento a Larraín

El reportaje de la emisora alemán recordó que el ministro de justicia “fue partidario de la secta. En los años 90 firmó una carta sobre la Colonia, en la que, junto con personalidades del mundo civil y empresarial, expresaba su aprecio por el trabajo de la organización”.

Además, en el reportaje, el politólogo Jahn Stehle lo sindicó como un obstáculo para la investigación. “En mi opinión, es muy importante para Larraín mantener este asunto con la mayor discreción posible y no hablar de él en público. Me gustaría ver un mayor compromiso del Ministerio de Relaciones Exteriores y del gobierno alemán para dejárselo claro a Chile. Es una cuestión en la que se necesita una política proactiva de derechos humanos que no veo en este momento”, declaró.




martes, 11 de febrero de 2020

El lento genocidio wichí: catástrofe humanitaria

Son siete los niños wichí que no llegaron a vivir dos años y que se murieron de hambre y de sed en este enero. El agronegocio desmontó, en los últimos diez años, 1.200.000 hectáreas. Y desalojó a cien mil mujeres, hombres y niños que vivían, comían y se curaban bajo su techo frondoso. La frontera agropecuaria se empuja y se corre e irrumpen la soja y la transgénesis donde estaba el monte. Un pueblo entero entre los árboles queda desnudo e inerme. Y se va muriendo, poco a poco. Con decenas de niños en la frontera de la vida y de la muerte. Ante la dimensión de la catástrofe, los médicos Medardo Avila (lo adelantó en esta Agencia), Carlos Trotta y Emilio Iosa elevaron el pedido a Médicos Sin Fronteras para instalar una misión humanitaria en un territorio donde la presencia del estado elige a quiénes abandona.

Dice el cacique Modesto Rojas que los muertos son nueve. Seguro que tiene razón. Nadie habla con ellos. Dicen las autoridades que hay otros siete muy graves. Dice el cacique Modesto Rojas que son más de veinte los niños que tienen la vida colgando de un hilito, como una llama que se sopla y se va. Y seguro que tiene razón. Nadie habla con los caciques. “Vino Arroyo y no quiso hablar con nosotros”, dice. Apenas habían muerto tres cuando el Ministro de Desarrollo Social pasó por Salta y, de la mano del Gobernador, paseó por donde lo llevaron. Lejos de lo terrible. Con las tarjetas alimentarias como panacea. Para un pueblo en extinción, puesto a morirse lo antes posible para usarles la escasa tierra en la que todavía dejan caer sus huesos por las noches.




Dice el médico Rodolfo Franco, desde las comunidades Misión Chaqueña y Carboncito, a APe: “en mi comunidad no ha muerto ninguno, las dos pertenecen a Embarcación, departamento San Martín. Son Hollywood mis comunidades porque todavía tienen monte para poder enfrentar el hambre. Las del norte son castastróficas”.
En 2009 el diario Crítica publicaba una investigación sobre los vínculos de la familia y de los funcionarios del entonces gobernador de Salta , Juan Manuel Urtubey, con las empresas del desmonte en esa provincia. Urtubey gobernó 12 años. Y la semana pasada se fue a vivir a España.
“Vengo advirtiéndolo desde hace años. He avisado al hospital que hay mucha desnutrición. Pero es un plan premeditado: se trata de sacarles la tierra y para eso primero los tienen que matar; es feo matarlos a balazos. Entonces lo hacen con hambre, con mala educación, con mala salud”. La Organización Mundial de la Salud, dice Franco a esta Agencia, “sostiene que es necesario un médico cada 600 personas. Yo atiendo dos pueblos con 4000 y 2000. A veces mandan algún refuerzo esporádicamente, pero vienen apurados y se van apurados. Yo estoy atendiendo sin parar y los dos ganamos lo mismo obviamente. Los sueldos están muy relegados”.
Dice Octorina Zamora, líder wichi. “¿Tengo la culpa de morirme de hambre cuando me sacaron mi hábitat, me sacaron el monte? En Salta que no haya casi algarrobos, que es alimento principal. Cuando yo era chica no había chicos desnutridos. Entonces ¿qué culpa? Donde había algarrobos no hay nada”. Le habían dicho que el problema era cultural. Que los wichí se llevaban los enfermos y los escondían en el monte. ¿Qué monte?.
 Mientras los ex gobernadores se marchan a Europa y los ex presidentes presiden fundaciones del fútbol mundial, desde hace diez años los niños muertos se pueden contar de a racimos, como decía Alberto Morlachetti. Y anotarlos en las listas de los crímenes sociales más crueles, con culpables concretos, con nombres, rostros e historias.


De enero a junio de 2011 murieron trece niños en Embarcación, Pichanal y Tartagal. De desnutrición y de enfermedades parientes del hambre en la Salta que Urtubey había heredado de Juan Carlos Romero. En 2016 se fue un niño por mes en el norte terrible, en la Salta y el Chaco que comparten el desmonte y el desprecio. El último en Rivadavia, una de las parcelas más castigadas de la provincia de los urtubeyes que partieron buscando nuevos horizontes. El verano de 2017 se devoró a 21 niños wichis en Santa Victoria Este, ahí donde la Salta se acaba, como cayéndose en Paraguay. Doce bebés en ese verano brutal de Santa Victoria Este nacieron muertos porque sus madres languidecían de hambre y de sed. Cercadas por el abandono y la desidia.
2020 amanece con otro racimo de niños que se mueren. Mientras el ex gobernador se va y el ex presidente asume en la Fundación FIFA. Ambos responsables de abrir las puertas al exterminio. Ambos responsables, al menos, de no evitarlo.
Mientras se apunta el pánico hacia el coronavirus de la China los niños se mueren de hambre y de sed en el verano feroz sin árboles ni agua del chaco salteño desmontado, desguazado y expoliado.
“Salieron a prohibir la palabra desnutrición al principio, pero no se pudo –sostiene Rodolfo Franco a APe-. Siempre la restringen en los certificados de defunción, no hay que poner síndrome febril, hay que poner otra causa” pero “yo tengo 69 años y 43 de médico y hablo de desnutrición, deshidratación, porque al no poder tener agua para sembrar, cosechar y regar plantas, no pueden hacer nada. La tierra es muy fértil, pero sin agua no hay nada”. Para el médico “forma parte del plan de genocidio. Las balas son caras. Hay que matarlos con cuchillos, como decía un general de la campaña del desierto”.
Modesto Rojas, cacique, habla de “una mujer que murió en Santa María por dar a luz. Fallecieron ella y el bebé”. Para el conteo oficial ya serían siete los niños muertos. Para el de Modesto, casi una decena.
Santa Victoria Este tiene un secretario de relaciones Institucionales de origen diaguita calchaquí, Antonio César Villa. El intendente es wichí. “Lo que más se dificulta es el acceso al agua. En este momento tenemos una sequía que está devastando la región, se nos están muriendo todos los animales que ni siquiera se pueden comer porque muchos de ellos están enfermos”, dice Villa. Mientras tanto el Pilcomayo acecha. “Llega cada vez más caudaloso y en cualquier momento comienza a desbordar en medio de esta sequía”. Es que el río, que baja por los cerros de Bolivia y serpentea por la frontera con Argentina y el sur de Paraguay está tapado en algunos sectores “por el lodo acumulado por inundaciones anteriores; año tras año bajan aludes y se producen inundaciones cada vez más frecuentes, debido al desmonte”, relata Villa con ojos de quien lo vio de cerca.

Las muertes, una por una

Uno. Fue el 7 de enero. No le reconocieron la desnutrición. Tenía un año y dos meses. Era de la comunidad wichí de La Mora, departamento de San Martín. Pegadito a Tartagal.

Dos. Tenía dos años. Murió el 11 de enero en su casita. Era de Misión El Quebrachal. Tenía, dicen, bajo peso.

Tres. El mismo día en Santa Victoria Este. Tenía dos años y era de la comunidad de Rancho El Ñato. Deshidratación por vómitos y diarrea, decía el informe. Insuficiencia orgánica.

Cuatro. El 17 de enero. La nenita tenía dos años y 8 meses. Murió tras ser trasladada de Morillo (en Rivadavia Banda Norte) al hospital de Orán. Tenía diarrea. Culparon a los padres.

Cinco. Fue el 21 de enero en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Era de la comunidad Las Vertientes, Santa Victoria Este. Lo trasladaron en un vuelo sanitario. Culparon a los padres.

Seis. Tenía desnutrición crónica. Lo llevaron a Morillo, desde la comunidad El Tráfico. Lo derivaron al Hospital de Orán y murió en la ambulancia, que se detuvo por fallas mecánicas.

Siete. Murió la mamá en el parto. Y, dice Modesto Rojas, cacique wichí, el bebé también. Ella era de la Misión Santa María y tuvo su parto número doce en su casita sin asistencia. Intentaron trasladarla al hospital pero murió en el camino.

Mientras tanto los doctores Carlos Trotta, (ex presidente de Médicos Sin Fronteras para América Latina), Medardo Avila Vazquez, (Red de Médicos de Pueblos Fumigados), y Emilio Iosa (ex Presidente de Fundación Deuda Interna) elevaron formalmente el pedido de una misión humanitaria que se instale en el NEA ante el horror sanitario que están viviendo los pueblos originarios sobrevivientes en el norte más profundo. “La situación sanitaria es gravísima, el hambre y el estrés del despojo para un pueblo tan manso es terriblemente traumatizante, la desnutrición es generalizada, y niños con marasmo y kwashiorkor (enfermedades derivadas de la desnutrición) al estilo africano se detecta en casi todas las comunidades, la tuberculosis y el chagas tiene índices de incidencia altísimos, la mortalidad materna se sospecha que es muy elevada también”, dice el documento.

“La respuesta del estado nacional y provincial ha sido totalmente insuficiente para ayudar a los pueblos nativos despojados de sus bosques. Incluso el gobierno de Urtubey siguió autorizando desmontes a favor de grandes grupos sojeros en el lugar y sus equipos de salud en el terreno son muy escasos y no cuentan con recursos suficientes ni capacidad para enfrentar la crisis humanitaria”. Los médicos Medardo Avila, Carlos Trotta y Emilio Iosa están convencidos de que “la única posibilidad es que una organización humanitaria honesta, eficiente e imparcial como MSF se instale en la zona y desarrolle acciones de contencLa muertión sanitaria y de infraestructura básica, hasta que los argentinos podamos reconocer y dar una respuesta al problema que nuestro sistema productivo está generando a esta población que se estima entre las distintas etnias de casi 100.000 personas”.

Un sistema permanente que transcurre a través de los gobiernos, vena por la que circula el poder real. El que determina quiénes serán parte del mundo que viene y quiénes tendrán que quedar inexorablemente en el camino. La condena ancestral es para aquellos que se hermanaron con la naturaleza para comérsela y bebérsela, para volver a ella como abono y espirituarse como mariposas en el cielo de los algarrobos. Un genocidio que hace cinco siglos y medio que no se detiene.

Juez Urrutia acusó a la justicia chilena ante la Corte Interamericana de DD.HH. por no respetar independencia judicial

El magistrado denunció que sufre “persecución” desde 2004 y pidió que se le ordene al Estado reformar el Poder Judicial y su estructura "militarizada".




El juez Daniel Urrutia acusó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en los tribunales chilenos no se respeta la independencia judicial y aseguró que el Estado violó sus garantías constitucionales.

El magistrado del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago denunció, además, hostigamiento de parte del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, tras sus polémicas resoluciones y declaraciones públicas.

Por otro lado, solicitó que al Estado se le ordene reformar la estructura “militarizada” del Poder Judicial.
Urrutia aseguró que sufre “persecución” desde 2004, cuando dijo que la Corte Suprema debía pedir perdón por su papel durante la dictadura militar. En dicha instancia fue sancionado por primera vez.

Actualmente suma 12 procesos disciplinarios -tres de ellos pendientes-, con lo que podría ser expulsado del Poder Judicial.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó efectiva la vulneración de derechos del juez , por lo que será la Corte Interamericana la que deberá dar una resolución sobre este caso.

Fuente: Cnnchile

lunes, 10 de febrero de 2020

La Oficina de Derechos Humanos denuncia ataques contra los pueblos indígenas en Nicaragua

El incidente más reciente ocurrió el 29 de enero, cuando decenas de hombres armados embistieron la comunidad de Mayangna y mataron a cuatro personas, además de incendiar 16 casas y forzar a cientos de indígenas a huir. La policía llegó al lugar hasta el día siguiente.



La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó gran preocupación este viernes por los ataques recurrentes a los pueblos indígenas en Nicaragua, así como por la falta de protección de sus derechos y la impunidad de la que gozan quienes cometen crímenes contra ellos.

En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de la Oficina explicó que la mayor parte de los ataques son perpetrados por colonos que buscan obligar a las comunidades indígenas a abandonar sus hogares ancestrales para usar sus tierras y realizar actividades como la tala ilegal y el pastoreo de ganado.

“Según los datos del Centro para la Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, de 2015 a la fecha han sido asesinados unos 40 indígenas, 47 más han sido heridos, 44 secuestrados y cuatro desaparecidos en casos relacionados con invasiones de tierras”, dijo Marta Hurtado.

La Oficina de la Alta Comisionada urgió a las autoridades nicaragüenses a investigar a fondo y de manera independiente e imparcial todos los atropellos reportados contra las comunidades indígenas y a procesar judicialmente a los responsables.

“También llamamos a las autoridades a otorgar justicia, verdad y reparación a las víctimas y a sus familias, y a asistir a quienes han sido desplazados forzadamente, incluyendo a quienes han regresado a sus comunidades”, agregó la portavoz.

Subrayó además la importancia de que las autoridades tomen las medidas necesarias para evitar que haya más violencia y para que proteja las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas.

Amenazas previas
El incidente más reciente sucedió el 29 de enero pasado, cuando decenas de hombres armados embistieron la comunidad de Mayangna, localizada en la reserva de la biosfera de Bosawás, una zona remota protegida en la región autónoma del norte del Caribe, a unos 300 kilómetros de Managua. En esa ocasión, cuatro integrantes de la comunidad Alal en el territorio Sauni As fueron abatidos y dos más resultaron heridos, además de que fueron incendiadas 16 casas y cientos de personas tuvieron que huir. La policía llegó al lugar hasta el día siguiente.

Los Mayangna reportaron en noviembre pasado que habían recibido amenazas de muerte de los colonos, pero no recibieron la protección adecuada.

Por otra parte, el 4 de enero, el líder indígenas de los Miskitu, Mark Rivas, fue encontrado muerto a tiros en Bilwi, en la misma región. Rivas había denunciado amenazas de muerte contra él después de que había acusado al partido en el poder de crear divisiones entre los pueblos indígenas.

Derechos de los pueblos indígenas
La Oficina de la Alta Comisionada recordó que la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas estipula que esas comunidades tienen derecho a sus tierras, territorios y recursos y que no deben ser desalojados por la fuerza.

“El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los pueblos indígenas y de sus tierras, aun cuando se trate de terceros actores”, recalcó la Hurtado.

Actualmente el 31% del territorio de Nicaragua es hogar de comunidades indígenas y afrodescendientes, y aunque el Estado les ha dado los derechos legales sobre sus tierras, siguen sufriendo invasión recurrente por parte de colonos.
Un cálculo conjunto del Gobierno Territorial Mayangna y una ONG danesa indica que de 1999 a 2015 se desforestaron 600 hectáreas anuales de la reserva de la biosfera Bosawás a un ritmo que se duplicó de 2010 a 2015. En la misma zona se elevó al doble también el número de hogares de no indígenas entre 2009 y 2015.

Fuente: Noticias ONU

viernes, 7 de febrero de 2020

CIDH pide a Maduro una "respuesta digna" a las violaciones de DDHH en Venezuela

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, pidió este jueves al gobernante Nicolás Maduro que evalúe una "respuesta de dignidad" para las víctimas de violaciones de DD.HH. en Venezuela.



En el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio del Táchira y es el principal paso fronterizo entre ambos países, la jefa de la CIDH constató de primera mano cómo decenas de miles de personas cruzan con bultos y maletas en los hombros con productos que no pueden conseguir en Venezuela.

"El llamado directo a Maduro es que hoy, como responsable directo que está y tiene, de hecho, el poder para hablar, que evalúe lo que representa para las personas, para los ciudadanos, para el pueblo venezolano una respuesta de dignidad, una respuesta de derechos", manifestó Arosemena de Troitiño a periodistas en el puente.

Hasta allí llegó como parte del "Plan B" de la misión de la CIDH que lidera -de la que además hacen parte el secretario ejecutivo del organismo, Paulo Abrão, y el comisionado Francisco Eguiguren Praeli- luego de que el martes Copa Airlines no les permitiera embarcar en Panamá con destino a Caracas para la que sería su primera visita en 18 años a Venezuela.

Madura y una "negación a su pueblo".
Para la presidenta de la CIDH, la decisión de Maduro de vetar su viaje a Venezuela "es una respuesta de negación a su pueblo; de un derecho, el derecho a contar con un organismo internacional que les abra la posibilidad de expresar".

"Esa es la posición del Gobierno de no aceptar el escrutinio, pero si no tiene nada que esconder por qué no dejarnos entrar para ver, para escuchar incluso a las propias autoridades, para que nos expresaran sus limitaciones, lo que ellos estiman que están pasando y nosotros poder evaluar in situ esa realidad", se preguntó.

Escuchar y apuntar
Esta tarde, Arosemena de Troitiño liderará una reunión con personas de la diáspora venezolana en Cúcuta, donde la misión de la CIDH escuchará y apuntará las denuncias de víctimas de violación de derechos humanos en su país y de la sociedad civil en general.

"Es un placer poder estar aquí, poder escuchar a todas las personas que tienen la confianza y sobre todo la credibilidad en la Comisión que llega hasta acá para poder tener este contacto directo, un contacto personal, para decirle a toda la comunidad venezolana que vamos a estar siempre", declaró.

Fuente Cooperativa.cl

miércoles, 5 de febrero de 2020

Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Chile: una visita histórica, urgente y necesaria

El académico Claudio Nash destaca que, en esta nueva visita, el CIDH encuentra a un Poder Ejecutivo que “sigue sin hacer cambios de fondo en su política represiva” y que “ha intensificado la criminalización de la demanda social”, cuestión que la CIDH ya había criticado en su informe de diciembre. El autor cuestiona al Congreso por no haber puesto freno al Ejecutivo y advierte que “el Poder Judicial, cada vez más, se aleja de su rol de control de los abusos ejercidos contra el pueblo de Chile y se suma a una política de impunidad respecto de los abusos policiales”.



Durante la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló una visita histórica, urgente y necesaria a Chile. El 28 de octubre un grupo de instituciones de derechos humanos solicitamos a la Comisión visitar Chile y luego, en la audiencia pública desarrollada en Quito, le pedimos a la Comisión apoyar nuestra demanda para el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos y que su informe abordara ampliamente la situación de derechos humanos en el país.

El 11 de noviembre el Gobierno aceptó la visita. Un mes después, el 6 de diciembre, el secretario de la CIDH, Paulo Abrao, emitió un informe de la visita preparatoria, condenando las graves violaciones de derechos humanos en el país. El informe fue acompañado de un video que ocasionó la furia del gobierno, el que intentó, bajarlo a lo que la  CIDH se opuso terminantemente.

La concreción de la actual visita in loco del pleno de la CIDH ha sido una “conquista de la sociedad civil” según lo expresó la Presidenta de la Comisión en la conferencia de prensa donde se entregaron las conclusiones de la visita y donde la CIDH calificó la situación como “una grave crisis de derechos humanos”.

El Gobierno de Chile puso múltiples obstáculos para su concreción y en más de un momento la visita estuvo en riesgo. Afortunadamente, la Comisión mantuvo su voluntad de venir, atendida de la magnitud de la crisis de derechos humanos que vive el país.

Hoy, tres meses después de iniciado el estallido social, Chile continúa viviendo un complejo escenario de violaciones de derechos humanos, donde se mantiene por parte del gobierno la violencia generalizada y sistemática contra la población civil. De ahí que la visita de la Comisión haya generado expectativas en toda la región. Lo que está en juego es la capacidad del sistema de protección internacional de derechos humanos de reaccionar eficazmente frente a un gobierno empeñado en reprimir las manifestaciones públicas. En efecto, Chile es visto en el mundo como una democracia en forma, con instituciones sólidas (el informe de la CIDH parte destacando esta mirada). Por tanto,  si fracasan los mecanismos nacionales del estado de derecho (acciones judiciales, mecanismos políticos, control por parte de la prensa, actuación de órganos autónomos de DDHH, entre otros) y también los internacionales (visita, informes, etc.), la pregunta que emerge para todos es ¿qué hacer para mejorar la protección de derechos humanos y que las autoridades no rompan los diques al ejercicio de su poder en democracia?

Durante su visita la CIDH recibió múltiples testimonios de casos  de violencia represiva, arrestos indiscriminados, torturas, mutilaciones oculares, vejámenes sexuales, abusos en sectores periféricos, violencia contra pueblos indígenas, migrantes, niño, niñas y adolescentes, población LGTBI, entre otros. No hay duda que estos relatos impactaron en la Comisión y se verán reflejados en su informe final.

Asimismo, la Comisión desarrolló una intensa agenda de reuniones con autoridades de todos los poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial y parlamentarios. Esto le ha permitido a la Comisión formarse un panorama completo de las distintas visiones que existen en Chile sobre las causas del estallido social, la forma en que este ha sido enfrentado por la autoridad y cuáles son las medidas que deben ser adoptadas a futuro.

Esta visita se da en un contexto donde, desafortunadamente, el Ejecutivo sigue sin hacer cambios de fondo en su política represiva y, más aún, ha intensificado la criminalización de la demanda social cuestión criticada por la Comisión en su informe sobre la visita. Por su parte, el Parlamento ha sido incapaz detener esta política y el Poder Judicial, cada vez más se aleja de su rol de control de los abusos ejercidos contra el pueblo de Chile y se suma a una política represiva contra la ciudadanía y de impunidad respecto de los abusos policiales.

En su conferencia de prensa al término de la visita, la Comisión ha planteado algunas cuestiones interesantes. Por una parte, describe la situación de violaciones de derechos humanos vividas desde el 18 de octubre de 2019, pero va más allá y desarrolla ampliamente la situación de violación de derechos económicos, sociales y culturales que están en la base del estallido social; describe diversas situaciones de discriminación de grupos históricamente excluidos; además, recomienda al Estado implementar un plan integral de reparación de las víctimas de la violencia estatal. Todo ello va más allá de lo que el Gobierno esperaba de una conferencia de prensa y en parte explica lo escueta de su respuesta a través de un comunicado de prensa y donde ninguna autoridad se hizo cargo de las recomendaciones de la CIDH.

Al igual que los otros informes internacionales, la CIDH pone el énfasis en la obligación del Estado de cesar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, reitera la necesidad de reformar integralmente a Carabineros y establecer mecanismos de control de su actuación (lo que implica una crítica al rol de las autoridades civiles a la fecha en la materia), recomienda reforzar el acceso a la justicia de las víctimas y plantea la necesidad de fortalecer a las instituciones de derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez).

Asimismo, la CIDH llama a coordinar esfuerzos institucionales para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales y la creación de un sistema para establecer los hechos ocurridos desde el 18 de octubre y su contexto a través de mecanismo independiente con participación de la sociedad civil. Este es un aspecto muy interesante porque va en línea con lo recomendado por el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con lo solicitado por la sociedad civil el 10 de diciembre de 2019.

La Comisión cerró su entrega de recomendaciones con un llamado a Chile a revertir la situación actual en materia de derechos humanos a través del diálogo y, particularmente, evitar que en marzo se registren nuevas situaciones de violencia.

Por ello, el informe ha cumplido con las expectativas de quienes solicitamos esta visita. Quedamos a la espera de un informe amplio, que plantee las cuestiones que están en el fondo de las causas de la crisis social, pero también lo que viene para el futuro. La necesidad de verdad, justicia, reparación y la superación de los déficits democráticos en materia de libertad de expresión, libertad personal, derecho de reunión, protección judicial, impunidad histórica y el rol de los policías siguen siendo una urgencia en Chile.

Para una  la sociedad civil que ha impulsado una serie de iniciativas destinadas a proteger los derechos humanos, utilizando todos los mecanismos propios de un Estado de Derecho y cuya evaluación no es positiva, esta visita es un impulso para seguir adelante en la lucha por la protección de los derechos humanos.

Es de esperar que el compromiso expresado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, de que se seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Chile se traduzca en medidas concretas en un contexto donde las expectativas de recrudecimiento de la violencia en marzo son ampliamente compartidas por diversos sectores sociales.

Fuente: Ciperchile

lunes, 3 de febrero de 2020

Chile en el corazón

Baltasar Garzón@fibgar_

Publicada el 02/02/2020 a las 06:00


Carta abierta al pueblo de Chile


Queridas chilenas y queridos chilenos:


Escribo de nuevo y esta vez me dirijo al pueblo de Chile, tras la carta abierta al presidente Piñera publicada el pasado 23 de octubre, sobre la que, por cierto, no he recibido respuesta.

En esa misiva expresaba mi dolor y profunda preocupación por lo que estaba ocurriendo en Chile, país con el que me une un vínculo perenne y por el que siento un especial afecto. Me parecía entonces, y me sigue pareciendo ahora, que la respuesta del Gobierno al estallido social ha sido absolutamente desproporcionada, contra un pueblo que se manifiesta en la calle expresando que no soporta más tanta desigualdad, tanta injusticia, abusos y corrupción.

Dije en aquella misiva, además, y lo he dicho en otros foros, que el ejército no está preparado para controlar el orden público sino para hacer la guerra, para doblegar al enemigo o destruirlo, y que cuando sale a la calle las cosas solo empeoran. Pero con estupor he podido ver cómo Piñera ha intentado una y otra vez la intervención de los militares. Parece no entender que el pueblo no es el enemigo sino la víctima y que al pueblo hay que protegerlo y no castigarlo con medidas de excepción.

Es paradójico que este estallido social haya tenido lugar en un país que –se decía– era un oasis en América Latina y que pretendía exhibirse ante el mundo como garante del medioambiente para liderar una respuesta global coordinada frente a la emergencia climática en la COP 25 de la que Chile tenía que haber sido anfitrión. No fue así porque Piñera y su Gobierno no podían permitir que los mandatarios del resto del planeta vieran cómo el ejecutivo era incapaz de gestionar las demandas sociales dando como única respuesta represión y más represión contra sus propios compatriotas, sin pudor alguno.

Seguramente sabrán que después de aquella carta he viajado a Santiago de Chile para participar en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, celebrado entre los días 23 y 25 de enero. Me reuní con asociaciones de víctimas, organismos de derechos humanos y sociedad civil para conocer sus impresiones de lo acontecido desde el 18 de octubre. Les confieso que fue una jornada muy dura en lo personal y lo que he conocido ha aumentado mi grado de indignación. Una indignación que se me ha ido acumulando durante estos tres meses, pero que ya ha llegado a un nivel de estupor ante tanta crueldad, desidia e incompetencia.

Represión sin sentido

Durante mi breve estancia en Santiago acudí a comprobar personalmente lo que la sociedad civil me había transmitido a través de cientos de mensajes llegados desde Chile, pero también desde muchos otros países y desde la propia comunidad chilena en España. Acudí a la Plaza de la Dignidad (ex Plaza Italia), donde fui testigo de cómo la fuerza pública no se está ejerciendo para controlar el orden público y garantizar el derecho de manifestación, sino para dañar, herir y lesionar a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión. Los componentes de Primera Línea, con los que tuve ocasión de hablar en el edificio histórico del Senado, me habían expuesto su desesperación y miedo a la represión desplegada y sostenida por el Estado. En el acto reivindicativo me prestaron un casco, me rodearon y me protegieron para que yo mismo no resultara lesionado durante el tiempo en el que, temerariamente, me empeñé en comprobar la realidad de lo que me habían denunciado (ver aquí).

Debo reconocer que no sabía lo que era el guanaco aplicado a una protesta hasta que vi volar por los aires a un chico con su bicicleta por el impacto del agua a presión; ni pensé que la carcasa del tubo de gases lacrimógenos produjera un impacto tal sobre el rostro, hasta que lo comprobé en una de las jóvenes que me acompañaba; o que la grasa y el ácido de su composición irritara tanto; ni que los balines que vacían ojos inocentes eran mostrados como trofeos siniestros para no olvidar el dolor… Frente a ello, escudos de madera o plástico, la rabia contenida de la impotencia y la certeza de que había que estar allí, entre mujeres y hombres de todas las edades que mostraban su determinación de afrontar los riesgos contra su seguridad con una fortaleza ejemplar. Evoqué allí en La Alameda a Pablo Milanés señalando los crímenes de la dictadura en su canción “Yo pisaré las calles nuevamente / de lo que fue Santiago ensangrentada”…

Protestar en Chile bien te puede costar la vida o un ojo de la cara, como de hecho lamentablemente ha ocurrido y sigue ocurriendo. Pero me emociona pensar que a pesar de este alto precio cientos y miles de personas salen a exigir garantías de un futuro mejor. El pueblo chileno es un ejemplo de coraje y dignidad para el mundo entero. La emoción al escribir estas frases se me hace presente de nuevo, como en la Alameda, al abrazarme y ser abrazado por cientos de ustedes. Tienen todo mi respeto y mi admiración.

No habrá impunidad

Reitero mi solidaridad con todas las víctimas, con las familias de los fallecidos y los desaparecidos, con las mujeres agredidas sexualmente, con los que han sido torturados, con los heridos, con quienes han perdido un ojo y, por supuesto, también con Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, a quienes han arrebatado la visión por completo. No caerán en el olvido. No habrá impunidad. Tienen mi palabra. Es mi compromiso.

Nunca pensé que volvería a Chile para ser testigo de un momento de emergencia social tan grave. Tampoco imaginé que en pleno siglo XXI un Gobierno, supuestamente democrático, iba a recrear de nuevo lo peor de los tiempos pasados más feroces. Lo he vivido en primera persona y –debo decirles– también es lo que se está viendo desde fuera. Piñera, Rozas, Chadwick, Blumel y Guevara están en la mira de la comunidad internacional. La historia no les absolverá.

No por nada el apoyo popular del gobierno es de un escaso 4%, cifra lo suficientemente baja como para renunciar y convocar a elecciones o para llevar a cabo un cambio de rumbo en la dirección que la ciudadanía pide. Pero no. Prefieren aferrarse al poder. No les importa cuántas más muertes se produzcan, no les importa cuántos más ojos haya que cegar, cuántos más cuerpos haya que torturar, cuántas más mujeres haya que vejar y cuántas más personas haya que encarcelar. Desafortunadamente no se atienden estas denuncias y se recurre, otra vez, a la dureza para preservar unos privilegios caducos; a sembrar de trampas el proceso constituyente, limitando todo lo posible la necesidad de cambio profundo que el pueblo chileno demanda. Las nuevas normas, en vez de garantizar libertades, las restringen y anteponen el Código Penal a cualquier otra opción con lo que se propicia la impunidad de quienes las reprimen.

Se equivocan. El esfuerzo tiene que estar orientado a generar espacios de encuentro y dinámicas de diálogo social que no se han producido hasta ahora devolviendo a la ciudadanía el protagonismo que debe tener en toda democracia.

Su jefe es el pueblo, presidente

Me dirijo nuevamente a usted, presidente Piñera, para decirle: usted es un mandatario, es decir, un mandado, su jefe es el pueblo de Chile. No puede gobernar como si el país fuera una más de sus empresas. No puede exigir que le aplaudan y le apoyen. La ciudadanía tiene todo el derecho a estar en desacuerdo con usted y manifestarlo, porque el país pertenece al conjunto de los chilenos, no a usted ni a las cinco o seis familias que se creen sus propietarias, que se lucran mes a mes con el dinero de las pensiones y privan del agua a hombres, mujeres, niñas y niños.

Me dirijo también a las fiscales y los fiscales de Chile, a juezas y jueces y a la abogacía en general: he podido comprobar con preocupación que las instituciones chilenas, incluida la Fiscalía y el Poder Judicial, no están generando la confianza necesaria en los ciudadanos, quienes no perciben que exista un actuar de buena fe, sino que piensan que se defienden otros intereses y no las legítimas demandas sociales. Esta ausencia de nodos de conexión entre la sociedad y las instituciones estatales provoca un nivel de rechazo y confrontación que supone una deriva altamente peligrosa.

En este contexto, y en la misma dirección que lo están haciendo juristas que defienden los Derechos Humanos al tratar de poner límite con sus denuncias a los excesos, les pido que no se dejen presionar, que no permitan que se instrumentalice la justicia, que se mantengan imparciales, que investiguen a fondo todas las violaciones a los Derechos Humanos y que sin temor formalicen, acusen, juzguen y condenen a quienes en derecho corresponda, sin importar su cargo y posición. Ustedes son en estos momentos, en mi opinión, lo único que garantiza que Chile siga siendo considerado como un país en el que se puede proclamar el estado de derecho. El límite para sucumbir a la arbitrariedad está muy cerca y con ello el desamparo más absoluto para un pueblo muy castigado por la impunidad.

La justicia no es ni puede ser represiva contra ese pueblo, sino que debe defender a quienes más la necesitan ante el quebrantamiento de la ley y la violación de los derechos humanos por parte de quienes más obligación tienen de respetarla y protegerla. Es una exigencia de todo Estado democrático de Derecho.

Cito aquí las palabras que me dijo un ciudadano: “El Estado de Chile se ha construido bajo la lógica de la impunidad. Falta convicción del Estado. No va a haber justicia para las víctimas". ¡Qué desesperanza denota esta frase! ¡Qué falta de fe en quienes administran el país! Siendo esto así se entiende la protesta, se entiende que, cuando no hay más respuesta que la dura represión, el pueblo que conoce sus derechos exija, en esta era de Internet y de tecnología casi mágica, las libertades que les quieren arrebatar a golpe de proyectiles en la cara o de gases lacrimógenos. Reflexionen sobre ello.

Al General Rozas y al cuerpo de Generales de Carabineros de Chile les digo: ¿creen ustedes lógico que se hayan producido más de 20 víctimas mortales y cerca de 770 denuncias de tortura incluidas más de 150 de connotación sexual? ¿Les parece bien que se hayan ocasionado 405 lesiones o traumas oculares en tres meses o que hayan acabado en prisión más de 2.000 personas o que haya más de 3.600 personas heridas y entre ellas más de 2.000 por disparos de balas, balines, perdigones y bombas lacrimógenas? Todas estas son cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos, cifras espeluznantes.

No se equivoquen, la perspectiva que se está dando hacia fuera es que en Chile los Derechos Humanos se están violentando en este momento, que quien tendría que defenderlos no lo está haciendo y una vez más son las víctimas, es la sociedad, es el pueblo el que está exigiendo esa protección que no le ofrecen las instituciones. Si Carabineros de Chile controlara el orden público y a la vez permitiera que quien lo desee se manifieste pacíficamente, no existiría la llamada Primera Línea.

A los coroneles, capitanes, mayores y tenientes, a los sargentos, cabos y a los simples carabineros les digo: pertenecen a una institución jerarquizada pero, de acuerdo con el derecho chileno y el derecho internacional, cuando un superior da una orden manifiestamente ilegal (como es torturar, agredir o vejar sexualmente, disparar al rostro, golpear para dañar y en general usar la fuerza sin causa justificada), esa orden no puede ser atendida porque si se acata se incurre en responsabilidad penal. No existe obediencia debida respecto de órdenes manifiestamente ilegales.

A quienes forman parte del gobierno de Chile les digo: no es propio de un Gobierno democrático permitir tantos abusos y atropellos, sino más bien tomar medidas preventivas y correctivas respecto de las violaciones a los Derechos Humanos. A pesar de todos los informes, tanto de organismos nacionales como internacionales, tales medidas no se han adoptado o han sido insuficientes, mientras se respalda públicamente una y otra vez al jefe de la Policía, quien apoya a su vez a los Carabineros que violan Derechos Humanos, garantizando así la impunidad. ¿Y mientras tanto, quién respalda a las víctimas? ¿Quién da respuesta real y no meramente burocrática desde las instituciones a la violación de sus derechos? Las autoridades solo se dedican a preservar la tranquilidad de unos pocos, mientras que ciudadanos y ciudadanas la pierden por exigir que se cambie de rumbo hacia un país más igualitario y más justo.

He podido constatar que quienes protestan lo hacen porque carecen de lo más esencial. Lo que piden son Derechos Humanos, son derechos económicos, sociales y culturales. Estamos hablando de Educación, Salud y Vivienda, estamos hablando del derecho humano al agua, a vivir dignamente. ¿Cómo no se va a justificar la reacción social cuando en este país el agua está privatizada y se antepone su uso agrícola en grandes plantaciones al suministro humano? Como me denunciaban con pruebas los diferentes colectivos, que también identificaban graves conflictos de intereses en miembros del Gobierno.

¿Señor presidente, qué medidas preventivas está adoptando su Gobierno para evitar que en los próximos meses haya que lamentar más muertos, heridos, torturados, tuertos o ciegos? Meses que serán clave para el futuro de Chile, con un proceso constituyente en marcha al que ya se está tratando de dinamitar por la derecha más extrema, que, de nuevo, devela sus verdaderas intenciones.

El apoyo de la comunidad internacional

El panorama de los Derechos Humanos a nivel mundial hoy tiene dos vertientes, una para desarrollarlos progresivamente, como producto de una conciencia social cada vez más grande en defensa de los más vulnerables. La otra es reaccionaria, impulsada por la extrema derecha que busca precisamente la involución y el regreso a posiciones pasadas que ya creíamos superadas; de intolerancia, discriminación y negación de todo el que sea diferente o piense diferente a ellos. Esa inercia del negacionismo de la extrema derecha, de la coacción, de la ausencia de justicia, de la eliminación de derechos es un hecho que en Chile se está viviendo. Es el fascismo que ha permanecido latente y que también parece haber despertado en demasiadas partes del mundo.

Este es un momento histórico en el que la comunidad internacional está muy atenta a lo que acontece en Chile y por ello seguirá apoyando al pueblo en sus legítimas demandas sociales, observando y denunciando las violaciones a los Derechos Humanos. Existe una oportunidad única de construir en común un Estado verdaderamente democrático que garantice la igualdad entre hombres y mujeres, que no discrimine a sus pueblos originarios sino que se sienta orgulloso de ellos, que deje de tratar como terroristas a la etnia Mapuche por exigir sus derechos, que proteja de verdad a la infancia, que eduque sin diferencias de clase, que cuide de sus adultos mayores garantizando pensiones dignas y salud de calidad, en fin, es momento de construir un Estado que garantice el bienestar de todas y todos.

Aquella frase, ¡Nunca más!, que se hizo célebre en Argentina y Chile por la lucha de las víctimas por tantos y tantos años, habrá que acuñarla de nuevo aquí, porque no se puede consentir que la impunidad vuelva a irradiar esta parte de Latinoamérica.

No lo olvide, señor Piñera: su responsabilidad política es clara. Su responsabilidad penal está en proceso de investigación, tras varias querellas por crímenes contra la humanidad. Esperamos que la Fiscalía y los Tribunales chilenos mantengan su independencia e imparcialidad porque hay en Chile muy buenos juristas que saben perfectamente que existe responsabilidad penal por la aquiescencia frente a violaciones masivas y sistemáticas a los Derechos Humanos, y que dicha responsabilidad corresponde al superior jerárquico y a toda la cadena de mando sobre los que cometen directamente los hechos, incluido quien tiene en último término el mando supremo del país. No lo olvide.

Fuente: Infolibre.es