Durante la semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló una visita histórica, urgente y necesaria a Chile. El 28 de octubre un grupo de instituciones de derechos humanos solicitamos a la Comisión visitar Chile y luego, en la audiencia pública desarrollada en Quito, le pedimos a la Comisión apoyar nuestra demanda para el cese inmediato de las violaciones de derechos humanos y que su informe abordara ampliamente la situación de derechos humanos en el país.
El 11 de noviembre el Gobierno aceptó la visita. Un mes después, el 6 de diciembre, el secretario de la CIDH, Paulo Abrao, emitió un informe de la visita preparatoria, condenando las graves violaciones de derechos humanos en el país. El informe fue acompañado de un video que ocasionó la furia del gobierno, el que intentó, bajarlo a lo que la CIDH se opuso terminantemente.
La concreción de la actual visita in loco del pleno de la CIDH ha sido una “conquista de la sociedad civil” según lo expresó la Presidenta de la Comisión en la conferencia de prensa donde se entregaron las conclusiones de la visita y donde la CIDH calificó la situación como “una grave crisis de derechos humanos”.
El Gobierno de Chile puso múltiples obstáculos para su concreción y en más de un momento la visita estuvo en riesgo. Afortunadamente, la Comisión mantuvo su voluntad de venir, atendida de la magnitud de la crisis de derechos humanos que vive el país.
Hoy, tres meses después de iniciado el estallido social, Chile continúa viviendo un complejo escenario de violaciones de derechos humanos, donde se mantiene por parte del gobierno la violencia generalizada y sistemática contra la población civil. De ahí que la visita de la Comisión haya generado expectativas en toda la región. Lo que está en juego es la capacidad del sistema de protección internacional de derechos humanos de reaccionar eficazmente frente a un gobierno empeñado en reprimir las manifestaciones públicas. En efecto, Chile es visto en el mundo como una democracia en forma, con instituciones sólidas (el informe de la CIDH parte destacando esta mirada). Por tanto, si fracasan los mecanismos nacionales del estado de derecho (acciones judiciales, mecanismos políticos, control por parte de la prensa, actuación de órganos autónomos de DDHH, entre otros) y también los internacionales (visita, informes, etc.), la pregunta que emerge para todos es ¿qué hacer para mejorar la protección de derechos humanos y que las autoridades no rompan los diques al ejercicio de su poder en democracia?
Durante su visita la CIDH recibió múltiples testimonios de casos de violencia represiva, arrestos indiscriminados, torturas, mutilaciones oculares, vejámenes sexuales, abusos en sectores periféricos, violencia contra pueblos indígenas, migrantes, niño, niñas y adolescentes, población LGTBI, entre otros. No hay duda que estos relatos impactaron en la Comisión y se verán reflejados en su informe final.
Asimismo, la Comisión desarrolló una intensa agenda de reuniones con autoridades de todos los poderes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial y parlamentarios. Esto le ha permitido a la Comisión formarse un panorama completo de las distintas visiones que existen en Chile sobre las causas del estallido social, la forma en que este ha sido enfrentado por la autoridad y cuáles son las medidas que deben ser adoptadas a futuro.
Esta visita se da en un contexto donde, desafortunadamente, el Ejecutivo sigue sin hacer cambios de fondo en su política represiva y, más aún, ha intensificado la criminalización de la demanda social cuestión criticada por la Comisión en su informe sobre la visita. Por su parte, el Parlamento ha sido incapaz detener esta política y el Poder Judicial, cada vez más se aleja de su rol de control de los abusos ejercidos contra el pueblo de Chile y se suma a una política represiva contra la ciudadanía y de impunidad respecto de los abusos policiales.
En su conferencia de prensa al término de la visita, la Comisión ha planteado algunas cuestiones interesantes. Por una parte, describe la situación de violaciones de derechos humanos vividas desde el 18 de octubre de 2019, pero va más allá y desarrolla ampliamente la situación de violación de derechos económicos, sociales y culturales que están en la base del estallido social; describe diversas situaciones de discriminación de grupos históricamente excluidos; además, recomienda al Estado implementar un plan integral de reparación de las víctimas de la violencia estatal. Todo ello va más allá de lo que el Gobierno esperaba de una conferencia de prensa y en parte explica lo escueta de su respuesta a través de un comunicado de prensa y donde ninguna autoridad se hizo cargo de las recomendaciones de la CIDH.
Al igual que los otros informes internacionales, la CIDH pone el énfasis en la obligación del Estado de cesar el uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales, reitera la necesidad de reformar integralmente a Carabineros y establecer mecanismos de control de su actuación (lo que implica una crítica al rol de las autoridades civiles a la fecha en la materia), recomienda reforzar el acceso a la justicia de las víctimas y plantea la necesidad de fortalecer a las instituciones de derechos humanos (Instituto Nacional de Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez).
Asimismo, la CIDH llama a coordinar esfuerzos institucionales para dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales y la creación de un sistema para establecer los hechos ocurridos desde el 18 de octubre y su contexto a través de mecanismo independiente con participación de la sociedad civil. Este es un aspecto muy interesante porque va en línea con lo recomendado por el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y con lo solicitado por la sociedad civil el 10 de diciembre de 2019.
La Comisión cerró su entrega de recomendaciones con un llamado a Chile a revertir la situación actual en materia de derechos humanos a través del diálogo y, particularmente, evitar que en marzo se registren nuevas situaciones de violencia.
Por ello, el informe ha cumplido con las expectativas de quienes solicitamos esta visita. Quedamos a la espera de un informe amplio, que plantee las cuestiones que están en el fondo de las causas de la crisis social, pero también lo que viene para el futuro. La necesidad de verdad, justicia, reparación y la superación de los déficits democráticos en materia de libertad de expresión, libertad personal, derecho de reunión, protección judicial, impunidad histórica y el rol de los policías siguen siendo una urgencia en Chile.
Para una la sociedad civil que ha impulsado una serie de iniciativas destinadas a proteger los derechos humanos, utilizando todos los mecanismos propios de un Estado de Derecho y cuya evaluación no es positiva, esta visita es un impulso para seguir adelante en la lucha por la protección de los derechos humanos.
Es de esperar que el compromiso expresado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrau, de que se seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Chile se traduzca en medidas concretas en un contexto donde las expectativas de recrudecimiento de la violencia en marzo son ampliamente compartidas por diversos sectores sociales.
Fuente: Ciperchile
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