"Son 23 los países que están actualmente integrados en el sistema, y urge que no se abandone el financiamiento por oscuros intereses" sostuvo el abogado Juan de Dios Parra.
"Como ALDHU, pretendemos que sea prioridad de los Estados Americanos garantizar el funcionamiento e independencia del sistema y no pretender trasladar el financiamiento a potencias que buscan condicionar o inducir el accionar de la corte, como por ejemplo Estados Unidos" concluyó Parra.
La noticia ha cobrado especial relevancia en medios electrónicos como los que a continuación adjuntamos para el conocimiento y difusión:
Recorte de fondos podría colapsar al sistema interamericano de derechos humanos, alerta juez ecuatoriano
El funcionamiento normal de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el organismo
jurisdiccional de más alto nivel de la región, corre el riesgo inminente de
colapsar debido a la falta de financiamiento, lo que ha obligado a sus miembros
a emprender una cruzada para sensibilizar a los 23 países que integran el
sistema en la necesidad de implementar un fondo permanente.
El
problema podría agravarse a partir del mes de julio, fecha en la que se
terminaría la cooperación internacional europea, dijo a ANDES el juez
ecuatoriano Patricio Pazmiño Freire.
Por este
motivo, los jueces viajarán próximamente a Washington, Estados Unidos, para
presentar ante los embajadores de los 23 países un informe de rendición de
cuentas y, a la vez, iniciar un proceso de sensibilización a los estados.
“Hemos
tomado esta iniciativa de trabajar intensamente para comprometer a los estados,
no solo a los 7 estados que tienen jueces de su nacionalidad de origen sino a
todos los 23 estados, para alertarles sobre un problema que afectaría la
institucionalidad de la vigencia de los derechos humanos en toda la región. De
afectarse el funcionamiento (…) prácticamente el sistema interamericano (de
derechos humanos) se vería colapsado y anulado en sus competencias”, dijo.
El
magistrado informó que la Corte recibe un financiamiento ordinario y normal 2,2
millones de dólares del presupuesto de la Organización de Estados Americanos,
adicionalmente un fondo de cooperación de Dinamarca y de España, también una
donación voluntaria de Ecuador, Colombia y México.
Estos
aportes voluntarios, al no ser permanentes, terminarán en julio, por lo que el
funcionamiento del organismo interamericano podría reducirse a la mitad, dijo
Pazmiño.
“Eso trae
implícito el eventual despido y terminación de contratos de personal
administrativo, del staff de letrados y asesores, la imposibilidad de viajar de
parte de jueces y la reducción de las jornadas de trabajo, es decir, una grave
afectación al funcionamiento de la Corte”, reseñó.
De hecho,
en la actualidad la Corte, con sede en Costa Rica, que debería tener un
funcionamiento permanente, no lo está haciendo y los 7 jueces que la integran
tienen jornadas de trabajo “altamente intensivas”, de 15 días, contó el
magistrado ecuatoriano, en funciones desde el 15 de febrero de 2016.
El resto
del tiempo cada juez regresa a su país de origen a trabajar, añadió Pazmiño e
indicó que eso hace que se limite la capacidad de analizar, investigar,
estudiar y dictar sentencias de manera más sistemática.
Otras afectaciones que se derivan de la falta de recursos son la
posibilidad de realizar audiencias, visitas a países, intercambio
jurisprudencial con las cortes nacionales y lobby internacional.
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