(México) Estos son los derechos humanos que se han vulnerado durante la crisis sanitaria por COVID-19

Pese a la implementación de la Jornada Nacional de Sana distancia, para mitigar la propagación del coronavirus algunas empresas mantuvieron sus operaciones sin considerar las medidas de higiene necesarias.

Desde el pasado mes de marzo se decretó la suspensión de actividades no esenciales para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)
Olga Hernández Ávila, profesora de la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Universidad Iberoamericana sostiene que la pandemia por coronavirus puso en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos laborales del mundo.

En una publicación realizada en la página oficial de la institución educativa, la académica señaló las omisiones de algunas empresas maquiladoras que se mantuvieron laborando, sin establecer las adecuadas medidas sanitarias para sus trabajadores, pese al llamado que hizo el Gobierno Federal para frenar operaciones de las actividades no esenciales. Dichas empresas continuaron así hasta que la autoridad los obligó a parar operaciones, debido a la contingencia por coronavirus, lo cual provocó el contagio de de empleadas y empleados.

Y es que según el último informe de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el miércoles, en México se han registrado 27,634 casos confirmados de coronavirus y 2,704 defunciones. Para evitar la propagación del virus, desde el pasado mes de marzo, el Gobierno Federal anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la cual se hizo un llamado enérgico a la población para permanecer en casa y se pidió al sector privado colaborar mediante la suspensión de actividades no esenciales, de manera que se redujera la movilidad y, en consecuencia, el riesgo de contraer COVID-19.

Hernández Ávila ejemplificó su premisa con la situación de los campesinos del Valle de San Quintín en Baja California, una de las entidades con mayor número de contagios, los cuales no pueden parar sus actividades laborales al tratarse de la única forma que tienen para mantener sus ingresos, debido a que se les paga por jornal, al carecer del derecho a un empleo estable, el cual es uno de los 11 Derechos Humanos laborales.

Otra cuestión que destaca la académica son aquellos derechos que son violados en algunas ciudades, en donde, a pesar de las medidas establecidas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, permanecen abiertas algunas grandes tiendas de electrodomésticos, sin atender a ninguna disposición de seguridad sanitaria, y sin recibir algún tipo de sanción o llamado de atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS).

Por otra parte, se encuentra la situación de los trabajadores del sector informal, la cual según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la ocupación y empleo, en el último cuatrimestre de 2019, 31.3 millones de personas se encuentran dentro de la población ocupada informal. La mayoría de las y los trabajadores que pertenecen a este rubro no están protegidas por el Estado, lo que significa que no tienen garantizado el derecho a la seguridad social “el cual entre otras cosas permite acceder a servicios de salud y a una indemnización por enfermedad laboral.”, señaló la académica.

Para seguir ejemplificando la problemática, Hernández Ávila utiliza el caso de las y los trabajadores del hogar, que, según el sindicato de dicho gremio, durante el confinamiento por coronavirus, únicamente el 4% de sus sindicalizados están recibiendo un salario sin asistir al domicilio donde prestan sus servicios.

“Y aunque sólo el 17% de las personas que trabajan en la formalidad acceden al derecho a la seguridad social, es decir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunas de ellas no escapan a la violación a sus derechos humanos laborales, por ejemplo, les inscriben con un salario base de cotización inferior al real, lo cual mina el acceso a créditos de vivienda y a la cotización de su futura pensión.”, destaca el artículo.

Aunado a esto, la académica expresó su preocupación por el home office que muchas empresas han podido implementar como opción para seguir manteniendo sus operaciones.

La investigadora señaló que posiblemente, después de la pandemia, varios centros de trabajo recurran a dicha modalidad y con esto, se incrementen las violaciones a los derechos humanos laborales, “ya que si éstos no se les garantizan a quienes acuden a los centros de trabajo, cabe pensar que menos a quienes trabajarán desde sus casas, personas que en principio podrían verse obligadas a laborar más de ocho horas al día, que son el máximo establecido por ley para una jornada.”, indicó.

Para contrarrestar las vulneraciones a los derechos humanos de los trabajadores, la docente de la Dirección de Educación continua de la IBERO dijo que apuesta por el establecimiento de una “renta básica universal” en México, ésta opción consistiría en otorgar a las personas un salario básico, lo cual puede garantizar su acceso al mínimo al derecho humano de un nivel de vida adecuado


Fuente: Infobae

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU apuntó: "Ante los nuevos cambios que nos depara el futuro, debemos luchar para una "nueva normalidad" con mayor protección a los Derechos Humanos, sinó el virus nos habrá ganado la batalla".

Comunidad indígena en Ecuador teme ser eliminada por avance del coronavirus

QUITO (Reuters) - Una comunidad indígena de Ecuador teme ser eliminada por el aumento de las infecciones por coronavirus en su territorio, lo que ha llevado a decenas de sus miembros a huir a la selva amazónica en busca de protección contra la pandemia que ha dejado cerca de 1.600 muertos en el país.

Los Siekopai, que viven en tierras que se ubican en la frontera entre Ecuador y Perú, temen que el coronavirus repita la historia de otras enfermedades que diezmaron su población. La comunidad de unos 744 miembros tiene 15 casos confirmados del virus y dos de sus maestros ancianos han muerto en las últimas dos semanas después de mostrar síntomas COVID-19.

Un gran número de Siekopai ha presentado síntomas relacionados con el brote, pero al buscar ayuda en un centro de salud del gobierno en la ciudad de Tarapoa, los médicos les dijeron que sufrían una “fuerte gripe”, dijo el presidente de la comunidad, Justino Piaguaje.

Cuando el primero de los ancianos murió a mediados de abril, los líderes de la comunidad lanzaron una alerta al Estado ecuatoriano para que levante un cerco epidemiológico y aplique pruebas a la población, sin obtener respuesta.

“Somos apenas 700 habitantes. En el pasado ya fuimos víctimas de este tipo de enfermedades y hoy no quisiéramos que la historia (se) repita”, dijo Piaguaje en las redes sociales el lunes.

“No quisiéramos que nuestros compañeros digan fuimos 700 y ahora somos 100, qué vergüenza sería que en el siglo XXI que el Estado ecuatoriano nos de una triste historia”, agregó.

Decenas de ancianos y niños Siekopai salieron en pequeñas canoas hacia Lagartococha, uno de los humedales más grandes del país en el corazón de la selva, para refugiarse y evitar el contagio. Los que se quedaron en su territorio en la provincia de Sucumbíos recurren a la medicina natural para sobrellevar sus problemas respiratorios, dijo Piaguaje.

Otros grupos indígenas en la Amazonia ecuatoriana también han confirmado casos de COVID-19, según la organización CONFENIAE. Ecuador ha reportado más de 30.000 contagiados.

En el vecino Perú, los grupos indígenas presentaron una queja formal ante Naciones Unidas a fines de abril, diciendo que el Gobierno los ha abandonado ante el avance del coronavirus, lo que podría derivar en un “etnocidio generado por la inacción” del Estado.

Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la Amazonia de Ecuador dicen que el Ministerio de Salud está descuidando a comunidades como la Siekopai, que aún no han recibido pruebas o suministros médicos a pesar de su vulnerabilidad.

“Están en un grave riesgo de exterminio físico y cultural que está exacerbada por la expansión del COVID-19 en su territorio”, dijo María Espinosa, defensora de los Derechos Humanos de la organización Amazon Frontlines.

Reporte de Alexandra Valencia y Cristina Muñoz. Editado por Javier Leira

Fuente: Reuters

La incondicionalidad de los Derechos Humanos en tiempos de crisis

En un contexto de crisis, donde la falta de legitimidad de las instituciones políticas provoca protestas masivas, donde la crisis climática genera conflictos territoriales complejos, concepciones que hagan depender los derechos de los deberes son un peligro mayor, que favorece la tiranía de valores colectivos no democráticos o de valores economicistas que sólo benefician a pocos como formas de resolver las controversias crecientes de nuestra sociedad.

Durante el estallido social escuchamos a voces que justificaron las violaciones a derechos humanos por la destrucción de la propiedad pública y privada, los daños económicos o las restricciones a la libertad de movimiento que implicaban las protestas. Por qué los que eran considerados vándalos tendrían derechos humanos, o por qué Carabineros debería sujetarse a los derechos humanos cuando respondiera a quienes los atacaban, se preguntaban. Ahora, algunos se preguntan por qué debe respetarse la privacidad de un contagiado con COVID, o por qué tenemos que preocuparnos de que los presos en cárceles hacinadas se contagien.

La idea subyacente es tremendamente peligrosa, esto es, que los derechos humanos estarían condicionados por otros elementos, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos deberes, como el de no causar daño a otros, no ejercer violencia, u otras circunstancias. Esta idea es simplemente falsa.

Lamentablemente, esa es la misma idea que está a la base de lo que señala el Director del INDH cuando menciona ayer, en entrevista para El Mercurio, que es una verdad a comunicar que “no hay derechos sin deberes”. Más allá que, de seguro, Sergio Micco se verá forzado a presentar matices o reinterpretaciones de sus dichos, queremos mostrar aquí por qué esa idea es tanto errada a nivel conceptual como riesgosa en sus consecuencias.

En primer lugar, los derechos humanos se distinguen del resto de los derechos subjetivos – los que emanan de un contrato por ejemplo – porque existen sólo en virtud de nuestra pertenencia al género humano y son una consecuencia del reconocimiento de la dignidad, por lo cual son iguales y universales, es decir, que todos debemos gozar de esos derechos y de los mismos derechos. Que se hable de derechos humanos especiales, para niños, niñas y adolescentes, para mujeres o pueblos indígenas, no es un contrajemplo, sino una consecuencia que proyecta los derechos de todos a ciertos grupos, en especiales condiciones de vulnerabilidad, para que esas circunstancias no los priven de sus iguales derechos.

Por otra parte, los derechos humanos son incondicionales. Esto implica que son derechos en sentido fuerte, esto es, que, como indicaba Ronald Dworkin, constituyen una carta de triunfo frente a cualquier otro argumento, sea una mayoría legislativa, la necesidad política, el orden público o la atávica “razón de Estado”. Como tales se sobreponen a esas consideraciones, y ninguna de ellas puede limitar su aplicación. Una clase especial de derechos urgentes, dirá John Rawls; con importancia primordial, indicará Maurice Cranston, o sea, que no es legítimo desconocer los derechos humanos en virtud de otras circunstancias, ni siquiera de otros derechos.

Afirmar la existencia de un derecho, como nos ilustró Wesley Hohfeld se correlaciona con un conjunto de posiciones, en las cuales hay deberes que cumplir por parte de los otros con quienes interactua el titular de un derecho. El derecho de unos implica los deberes de otros. Eso funciona de ida, pero no de vuelta.

En efecto, la prioridad justificativa de los derechos nos señala que, por mucho que los derechos de algunos imponen deberes a otros, los deberes de los otros no permiten justificar o limitar la existencia de derechos.

Con mayor razón, el cumplimiento de los deberes del titular de un derecho humano o fundamental no tiene ningún rol en la existencia o alcance de ese derecho. En términos concretos, si alguien quebranta el deber de respetar el orden público, no por ello pierde su derecho a la integridad física, y con ello no se modifican los deberes que impone ese derecho al constreñir la oportunidad y el modo el ejercicio de la fuerza pública. Si alguien no cumple sus deberes de cuarentena, no por ello se le puede privar arbitrariamente de su libertad.

Lo anterior no tiene nada que ver con que los derechos humanos sean absolutos, sino que implica que sólo pueden limitarse por su relación con otros derechos, de una manera en la cual se deben ajustar en su alcance, pero nadie puede ser privado completamente de sus derechos para que otros ejerzan los suyos.

En la práctica, esto no es incompatible con una visión comunitarista que asuma que la comprensión de las comunidades políticas democrática reposa, como sugiere Charles Taylor, en concebir la dignidad como un atributo accesible para todos. Los que asumen posiciones no individualistas pueden ver, que la solidaridad igual para con todos hace cuestionable que alguien sea torturado bajo cualquier pretexto, o que, aunque una persona viaje a su segunda vivienda durante la crisis sanitaria debe ser reprochada y puede ser sancionada por poner en riesgo a una comunidad, pero nunca en contra del trato que le garantizan los derechos humanos.

Sí es incompatible con visiones particularistas que anteponen sus ideas colectivas a la igual dignidad – por ejemplo, forzar a los feligreses a sus deberes en ceremonias religiosas masivas – o visiones utilitaristas que, buscando ciertas consecuencias – evitar la recesión o mantener el empleo -, anteponen ciertos derechos de algunos a los derechos de otros, como la propiedad, la libertad de movimiento o la libertad empresa por sobre la dignidad. Los derechos a la vida y la salud de algunos no deben equilibrarse con la actividad económica, – el encuentro de la curva del contagio con la curva económica, según han sugerido ciertos empresarios – como tampoco con el orden público o la seguridad nacional.

Por eso es que la CIDH ha resuelto recientemente que “Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada.”

En un contexto de crisis, donde la falta de legitimidad de las instituciones políticas provoca protestas masivas, donde la crisis climática genera conflictos territoriales complejos, concepciones que hagan depender los derechos de los deberes son un peligro mayor, que favorece la tiranía de valores colectivos no democráticos o de valores economicistas que sólo benefician a pocos como formas de resolver las controversias crecientes de nuestra sociedad.

Cuando la crisis sanitaria nos hace enfrentarnos a la evidencia que la protección de los derechos suponen gastos – que no hicimos a tiempo, como construir un buen sistema de salud pública-, la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos no puede desconocerse para predicar que cumplamos nuestros diversos deberes con la comunidad. El sufrimiento que nos provocará que nos hayamos puesto en condiciones en que no logremos hacer efectivos los derechos de todos, nunca será una excusa para desconocer que todos merecen y tienen derechos humanos.

Podemos terminar, con lo que decía Nicanor Parra,

“Qué fue de los deberes humanos.

Ofrezco la palabra. Mucho se habla de derechos humanos.

Poco 

Nada casi de los deberes humanos:

Primer deber humano

Respetar los Derechos Humanos”

Salvador Millaleo. Fuente: El desconcierto

Mataron 964 mujeres en México en el primer trimestre del 2020

En el mismo periodo, pero de 2019, el acumulado fue: 232 feminicidios y 650 asesinatos intencionales. Asimismo, en igual lapso de 2018, hubo 210 feminicidios y 644 muertes dolosas

Ciudad de México. El primer trimestre de 2020 fue el más violento para las mujeres en México desde el inicio de la estadística por género, en 2015.

De enero a marzo, 964 mujeres fueron asesinadas: 720 expedientes están clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidios, según cifras de las fiscalías estatales compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el mismo periodo, pero de 2019, el acumulado fue: 232 feminicidios y 650 asesinatos intencionales. Asimismo, en igual lapso de 2018, hubo 210 feminicidios y 644 muertes dolosas.

Los números correspondientes a los tres años anteriores son notablemente menores.

En el corte de marzo del año en curso, con 76 carpetas abiertas por feminicidio a nivel nacional, no se precisó el número de víctimas menores de edad, aun cuando la curva roja de ese indicador se aprecia en los grados más altos del lustro más reciente, en el rango aproximado de 10 o 12 crímenes cada mes; también hay otra clasificación no detallada, mujeres asesinadas de quienes la autoridad no pudo precisar su edad.

Es decir, el SNSP mostró la curva de feminicidios de niñas y adolescentes, pero no los números; aun así, los bloques en rojo exhiben el mayor número de casos en Estado de México, Puebla y Chiapas.

Las tablas revelan que se asesina con mayor violencia a mujeres en Tijuana, Monterrey, Puebla y Culiacán, con cinco casos cada uno, pero en la lista hay un centenar de ayuntamientos donde al menos ha habido un feminicidio en el primer trimestre de 2020.

Por entidad, la mayor cantidad de episodios registrados ocurrió en el Estado de México, con 34; le siguen Veracruz, con 25, y Puebla con 22. Más abajo están Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco.

En cuanto a homicidios dolosos, el recuento enero-marzo del año en curso muestra el mayor número de casos en Guanajuato (121 carpetas); le siguen Estado de México, con 73, y Michoacán con 61.

Tan sólo en marzo hubo 254 asesinatos intencionales, apenas cinco menos que el récord de diciembre de 2018, con 259 episodios.

La violencia contra las mujeres se evidencia no sólo en los crímenes que acaban con la vida de una persona sino también en la agresión grave: casi 60 por ciento de las denuncias levantadas ante el ministerio público en perjuicio de mujeres son por lesiones dolosas, básicamente golpizas.

Así, durante el primer trimestre del año fueron interpuestas –en los ministerios públicos de todo el país– 15 mil 292 denuncias por lesiones dolosas. En el primer sitio de la lista se encuentra el Estado de México, con 3 mil 610 carpetas; seguido de Guanajuato, con mil 442, y Michoacán, con mil 8.

Hay pico estadístico también en denuncias por corrupción de niñas y adolescentes, con 165 casos. En sentido contrario, en marzo pasado se reportó la cifra más baja de víctimas (mujeres) de secuestro, con 13 denuncias.

Fuente: lavanguradia.com.mx

ONU previene de un “desastre” para los derechos humanos

La Alta Comisionada de DD.HH., Michelle Bachelet, pidió este lunes a los países que limiten en el tiempo las medidas excepcionales contra el coronavirus para evitar un "desastre" para los derechos humanos.

 

"La vulneración de derechos, tales como la libertad de expresión, puede causar daños incalculables al esfuerzo orientado a contener a la COVID-19 y sus nocivas repercusiones socioeconómicas", dijo Bachelet en un comunicado.

La ONU está particularmente preocupada por las medidas y leyes en algunos países que "contienen referencias a delitos que no están bien definidos, a veces sancionados con dureza, lo que fomenta la preocupación de que esas normas puedan usarse para amordazar a la prensa y detener a críticos y opositores".

"Habida cuenta de la índole excepcional de esta crisis, es evidente que los Estados necesitan poderes adicionales para hacerle frente. Pero, si no se defiende el Estado de Derecho, corremos el riesgo de que una emergencia de salud pública se convierta en un desastre de derechos humanos", con efectos negativos prolongados, añadió.

"Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder", advirtió Bachelet.

Manual de derechos humanos

La Oficina de Bachelet ha recibido denuncias que indican que la policía y otros cuerpos de seguridad se han extralimitado en el uso de la fuerza para obligar a la población a respetar el confinamiento y los toques de queda vigentes en unos 80 países.

Las medida excepcionales de cualquier tipo "deben servir ni más ni menos" que para frenar la pandemia, dijo una responsable de comunicación de la Oficina de la alta comisionada, Peggy Hicks, durante una rueda de prensa virtual en el que se presentó un manual para orientar a los gobiernos sobre cómo aplicar las medidas de emergencia respetando los derechos humanos.

Los sectores más pobres de la sociedad han resultado de manera general los más afectados por los abusos, a pesar de que en algunos casos se trataba de personas que salieron a la calle en un intento desesperado por obtener alimentos.

En el manual se considera inaceptable e ilícito disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque ha violado un toque de queda.

Asesinatos y detenciones

Esto ha ocurrido en varios países, llegando a extremos en Nigeria, donde 18 personas fueron asesinadas supuestamente por violar el confinamiento, en acciones perpetradas por las fuerzas del orden. En Sudáfrica se ha reportado la detención temporal de 17.000 personas por razones similares, mientras que en Kenia se presentaron más de 150 quejas por abusos policiales.

La directora de Operaciones de la Oficina de Bachelet, Georgette Gagnon, mencionó que se tiene información sobre la detención de 120.000 personas por no respetar el toque de queda en Filipinas.

Desde El Salvador se han recibido también reportes de abusos por parte de las fuerzas de seguridad y del arresto de personas en instalaciones abarrotadas e insalubres, mientras que en Honduras la Policía se habría excedido en la disolución de protestas en las que la gente reclamaba acceso a bienes y servicios básicos.

En términos de detenciones, Gagnon indicó que 35.000 habrían ocurrido en República Dominicana y unas 50.000 en Perú. Los propios centros de detención o prisiones a los que los detenidos son conducidos pueden ser lugares de alto riesgo de contaminación, se ha advertido.

Fuente: DW

Bachelet insta a los gobiernos a no violar los derechos humanos con el pretexto de la pandemia

La Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pide que las medidas de emergencia "se apliquen con sentido humanitario".

La Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha hecho un llamamiento a los gobiernos de todo el mundo para que se abstengan de violar los DD.HH. con el pretexto de implantar medidas de emergencia para frenar la pandemia de covid-19, según lo expresó en un comunicado difundido este lunes.

"Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder", sino que "deben usarse para afrontar eficazmente la pandemia; nada más, nada menos", reza el mensaje.

En este sentido, Bachelet pide que estas medidas "se apliquen con sentido humanitario" para evitar un "desastre de derechos humanos" cuyos efectos negativos —afirma— seguirían incluso tras el fin de la pandemia. 

Además, según advierte, la vulneración de derechos como la libertad de expresión "puede causar daños incalculables" en la lucha contra el covid-19 y sus "nocivas repercusiones socioeconómicas".

Mensaje a las fuerzas del orden

La expresidenta chilena detalló que han recibido numerosas denuncias de distintas regiones que indican que la Policía y otros cuerpos de seguridad han ejercido un "uso excesivo de la fuerza, a veces letal, para obligar a la población a cumplir con las normas de confinamiento". Asimismo, recuerda que a menudo estas violaciones de los DD.HH. se cometen contra los sectores más pobres y vulnerables de la población.

"Disparar contra una persona, detenerla o maltratarla porque, motivada por la búsqueda desesperada de alimentos, ha violado un toque de queda, es, sin duda, una respuesta ilícita e inaceptable", insistió Bachelet, recordando que también lo es crear una situación en la que una mujer no pueda dar a luz en un hospital porque le resulte "difícil o peligroso".

Por todo ello, Bachelet pide a la cuerpos de seguridad que solo recurran a la fuerza cuando sea estrictamente necesario. 

Fuente: RT

Pueblos Indígenas del Ecuador en grave riesgo por COVID-19

Los pueblos indígenas de América y de Ecuador están en grave riesgo debido al COVID-19, la CONAIE, la organización indígena más importante del Ecuador alertó de las graves consecuencias que podría traer para los 18 Pueblos Indígenas, debido al permanente estado de exclusión y abandono por parte del estado, además de las condiciones de relativo aislamiento geográfico de sus territorios -sobre todo en el caso de las poblaciones indígenas amazónicas y de la costa.

Para varias organizaciones de derechos humanos la situación es grave debido a la alta prevalencia de enfermedades infecto-contagiosas introducidas y enfermedades crónicas no transmisibles que existen en los pueblos indígenas, eso se suma a sus condiciones económicas y socioambientales, y al deficiente servicio de salud de los pueblos indígenas.

La población más vulnerable es aquella que se encuentra geográficamente distante sin acceso a telefonía móvil fija, internet, televisión y energía eléctrica. En el caso de los indígenas de la Sierra y campesinos de la Costa arriesgan sus vidas y salud, para abastecer de alimentos a la ciudad. A esto se suma las inundaciones que en las últimas semanas han sufrido las poblaciones de la cuenca del río Bobonaza en la provincia de Pastaza, como son Sarayacu y Pacayacu.

“Advertimos que, hasta el momento, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos y los COE de los niveles Nacional y Provinciales no han desplegado mecanismos de coordinación con las organizaciones de pueblos y nacionalidades, menos aún han desplegado acciones preventivas.”

Es por ello que las organizaciones indígenas del Ecuador y organizaciones de derechos humanos demandan al estado ecuatoriano: reconocer que las poblaciones indígenas son especialmente vulnerables a la pandemia, que se ejecute un cerco sanitario para los pueblos en aislamiento voluntario, que el COE Nacional y a los COE municipales, incluyan en su plan de contingencia al pueblo indígena y campesino, que el COE Nacional establezca de manera INMEDIATA una mesa técnica de alto nivel,  que estas instituciones coordinen con las organizaciones indígenas que representan a las comunidades el río Bobonaza afectadas por las inundaciones, que abastezca a las unidades de salud que prestan asistencia a los indígenas y campesinos y que reparen los sistemas de abastecimiento de agua en las comunidades. 

Recordemos que varias epidemias terminaron diezmando al 90% de la población indígena antes, durante y después de la llegada de los españoles a América, como es el caso de la gripe (1493), la viruela (1519-20) y el sarampión (en los años treinta de los 1500). Estas pandemias como las viriasis (viruela, sarampión, gripe) eran propias del Viejo Mundo (Europa), se afirma que fallecieron más indígenas que los que nacieron, durante la conquista, debido a enfermedades infecciosas traídas por los conquistadores españoles.

Otras pandemias como la influenza, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla y la tos convulsiva, arrasaron con poblaciones indígenas enteras en América.

*La viruela tiene un período de incubación de 10 a 14 días, y el virus se esparcía por la respiración y también por las ropas y frazadas contaminadas, las enfermedades se extendieron más rápido que los mismos conquistadores. La conquista, más que una guerra convencional fue una guerra microbiológica.  

** En América Latina, había una población de aproximadamente setenta millones de indígenas antes de la llegada de los españoles y 150 años más tarde quedaban sólo tres millones y medio.Muchos fallecieron por las pestes traídas por el hombre blanco.

***Todas estas pandemias y otras enfermedades infecciosas endémicas en Europa tuvieron un papel decisivo en las conquistas europeas, al diezmar a muchos pueblos en otros continentes. A lo largo de América, las enfermedades introducidas por los europeos se extendieron de tribu a tribu mucho antes de la llegada de los propios europeos, matando a un porcentaje estimado del 95% de la población nativa americana existente a la llegada de Colón.

***Jared Diamond, Guns, germs and steel – A Short History of Everybody for the Last 13,000 Years, ISBN 978-0099302780, pg. 77-78

** Antropólogo Darcy Ribeiro

*David J. Melzer del Departamento de antropología de la Southern Methodist University de Dallas, en su libro “The Search for the First Americans”.

Fuente: el yucatazo