Asesinan a líder ambiental que se oponía a la minería ilegal en los Farallones de Cali (Colombia)

Continúan matándonos. Pese a la pandemia, la masacre a líderes sociales no se detiene en Colombia. El último en ser silenciado fue Jorge Enrique Oramas, de 70 años, líder ambiental de Cali. El hombre apareció con un balazo en su finca ubicada en la vereda La Candelaria, en el corregimiento de La Buitrera.

Oramas fue un fiel opositor a la práctica de minería ilegal en los Farallones de Cali. Desde hace ocho años vivía solo, a 35 minutos del corrigimiento vallecaucano.

Asesinan a líder ambiental que se oponía a la minería ilegal en los Farallones de Cali
"El asesinato de este hombre: veterano en los temas ambientales, con un proyecto llamado Biocanto donde trabajaba el cuidado de las semillas nativas, la agricultura orgánica y alternativa, la alimentación sanadora, es una perdida importante. Representa el ataque que hay hacia el ambientalismo, muestra que el Estado no ha sido capaz de controlar los factores de degradación de los ecosistemas y de violencia hacia quienes están defendiéndolos. Los Farallones era ese ecosistema de Enrique", fue la reflexión del concejal animalista de Cali, Terry Hurtado, a Caracol Noticias.

Con este ya son 100 asesinatos de líderes sociales y defensores en lo que va del año, según cifras que maneja Indepaz.

Fuente: Publimetro Colombia

Freddy Angarita y Enrique Oramas, nuevos líderes que pierde Colombia por la violencia (Colombia)

Este sábado 16 de mayo se conoció del asesinato de Freddy Angarita, líder comunal en Cúcuta (Norte de Santander) y Jorge Enrique Oramas, líder ambiental en zona rural de Santiago de Cali (Valle del Cauca). Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ), solo en este año han sido asesinados ya 100 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia.

Freddy Angarita, líder comunitario de Cúcuta

En horas de la mañana de este sábado hombres armados llegaron al barrio La Isla, en Cúcuta, y dipararon en múltiples ocasiones contra el líder comunal Freddy Angarita. Angarita acanzó a ser trasladado a centro hospitalario con vida, pero dada la gravedad de sus heridas falleció minutos más tarde.

Según las primeras informaciones, Freddy Angarita se desempeñaba como uno de los líderes de un proceso de toma de tierras sobre el anillo vía occidental. Adicionalmente, de acuerdo a medios locales, en el avance de la investigación se conoció que el líder había recibido una amenaza de muerte recientemente.

Jorge Enrique Oramás, líder ambiental que protegía los farallones de Cali

De igual forma, este sábado, armados habrían asesinado en su casa a Jorge Enrique Oramas, líder ambiental de 70 años que fue encontrado en su finca, en la vereda la Candelaria (zona rural de Cali) con un disparo en su cuerpo. (Le puede interesar: «Asesinan a Tailor Gil, líder comunal de cáceres»)

Según las primeras informaciones, el defensor ambiental tenía un papel en la lucha contra la minería ilegal en los farallones de Cali. Oramas era socioologo de BIOCANTO y orientador de la iniciativa los Nuevos Maestros del agua, una iniciativa ciudadana, campesina, rural y académica de defensa del territorio en la capital de Valle del Cauca.

Fuente: Contagio radio

Organizaciones de DD.HH. piden al Gobierno que cambie prisión preventiva de los detenidos durante el "Estallido Social" a arresto domiciliario

Organizaciones y Defensores de los Derechos Humanos, nacionales e internacionales, intelectuales, artistas y políticos, entre otros firmantes, enviaron una carta a las principales autoridades del país, para solicitar el cambio de prisión preventiva a arresto domiciliario a los imputados formalizados por delitos asociados al Estallido Social, como también, que el Gobierno retire las querellas en este contexto.

A juicio de los firmantes de la carta, "mantenerlos en prisión preventiva prolongada aparece como un castigo anticipado, dejando ver un fin 'ejemplificador'".

"Organismos internacionales de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la utilización indebida de cuerpos jurídicos –como la Ley de Seguridad del Estado-, lo que deja avizorar condenas desproporcionadas y permite que a muchos jóvenes se les apliquen varios cuerpos penales por la misma acusación", agregan.

Según los firmantes, "todos conocemos las precarias condiciones sanitarias y de hacinamiento en estructuras penitenciarias, propicias para un contagio masivo de la pandemia del Covid-19, tanto de los internos como de los funcionarios de Gendarmería. Es urgente evitar el riesgo vital al que se expone a estos jóvenes, prisioneros dentro de un contexto social y político específico".

En ese sentido, si bien valoran la reciente Ley de Indulto Conmutativo, advierten que "no es suficiente para la realidad carcelaria del país".

"Esperamos que estas proposiciones, que preservan el derecho de los imputados a un debido proceso, garantizando juicios justos, y protegiendo la vida a 2.500 jóvenes de nuestro país, tengan una buena acogida de vuestra parte", finalizan.

Lea la carta completa y conozca a los firmantes a continuación:
Señor Gonzalo Blumel, Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile

Señor Guillermo Silva, Presidente de la Corte Suprema

Señora Adriana Muñoz, Presidenta del Senado

Señor Diego Paulsen, Presidente Cámara de Diputados

Señor Hernán Larraín, Ministro de Justicia y Derechos Humanos

Señor Jorge Abbot, Fiscal Nacional

Presente

Nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra preocupación con respecto a la situación que afecta a los internos del sistema penitenciario chileno, y en especial a los jóvenes encarcelados en el contexto del denominado “Estallido Social”.

Según informaciones oficiales, se estima que hay más de 2.500 personas imputadas en este marco. La mayoría son jóvenes, muchos de ellos menores de edad.

Estos jóvenes fueron detenidos y posteriormente formalizados por delitos conectados con actos de protesta en un contexto de gran efervescencia social. Mantenerlos en Prisión Preventiva prolongada aparece como un castigo anticipado, dejando ver un fin “ejemplificador”.

Organismos internacionales de Derechos Humanos han expresado su preocupación por la utilización indebida de cuerpos jurídicos –como la Ley de Seguridad del Estado-, lo que deja avizorar condenas desproporcionadas y permite que a muchos jóvenes se les apliquen varios cuerpos penales por la misma acusación.

Todos conocemos las precarias condiciones sanitarias y de hacinamiento en estructuras penitenciarias, propicias para un contagio masivo de la pandemia del Covid-19, tanto de los internos como de los funcionarios de Gendarmería. Es urgente evitar el riesgo vital al que se expone a estos jóvenes, prisioneros dentro de un contexto social y político específico.

La reciente ley de Indulto Conmutativo ha incluido a 1.700 personas condenadas. Es un avance, pero no es suficiente para la realidad carcelaria del país.

Las prisiones se verían descongestionadas si estos 2.500 jóvenes imputados pasaran a arresto domiciliario, medida consecuente con su derecho a la presunción de inocencia. Puesto que, en muchos de los casos, no se han esgrimido pruebas contundentes que justifiquen as acusaciones.

Por todo esto es que proponemos y solicitamos al Estado de Chile que se facilite y se materialice lo siguiente:
- Que el Gobierno se retire como querellante de todas las causas alusivas al Estallido Social y que no se apliquen leyes especiales fuera del derecho penal para facilitar el cambio de medida cautelar,
- Que el Gobierno de Chile presente o apoye en el Parlamento una ley que permita conmutar la Prisión Preventiva por una cautelar menos gravosa - como el arresto domiciliario total - para todos los jóvenes que se encuentran en las cárceles en razón del Estallido Social. Esto contribuiría a descongestionar los centros penitenciarios, facilitando a Gendarmería el control de la pandemia, y permitiría a estos jóvenes permanecer en sus hogares, a la espera del desarrollo normal de sus juicios.

Esperamos que estas proposiciones, que preservan el derecho de los imputados a un debido proceso, garantizando juicios justos, y protegiendo la vida a 2.500 jóvenes de nuestro país, tengan una buena acogida de vuestra parte.

Mayo, 2020.
Agrupación de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) Guacoldas
Organización de Familiares y Amigos de Prisioneros(as) Políticos(as) – OFAPP

Adhieren a esta carta:

-Agrupación Ciudadanos por la Memoria
-Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos
-Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos
-Agrupación de Mujeres Democráticas
-Asamblea Territorial Peñalolén Alto
-Asociación Mutual Ex-presxs políticxs MIR y la Resistencia Popular.
-Capítulo Chileno de la Red Internacional de Intelectuales en defensa de la Humanidad (REDH)
-Colectivo Historias Desobedientes
-Comando Unitario de exPrisioneros Políticos y Familiares-Chile
-Comisión Chilena de Derechos Humanos
-Comisión Ética contra la Tortura
-Coordinadora Nacional ex-presas y ex-presos Políticxs "Salvador Allende"
-Corporación de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU
-Derechos en Común
-Foro por la Asamblea Constituyente
-Fundación 1367 Casa Memoria José Domingo Cañas
-Movimiento Salud en Resistencia
-Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia
-Observatorio de cierre a la Escuela de las Américas
-ONG CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos
-Sobrevivientes de Tejas Verdes

-Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Argentina
-Asociación Pro Derechos Humanos de España
-Fundación Internacional de Derechos Humanos
-Hands off Latin America, Saskatoon, Canadá
-Mesa Nacional Chile Despertó, Suecia
-Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10, Europa
-Sask 4 Chile, Saskatoon, Canadá



-D. Edgardo Gabriel Abramovich, Vicepresidente Fundación Internacional de Derechos Humanos
-D. Gilberto Ángeles Galicia, Delegado en México, Fundación Internacional de Derechos Humanos
-D. Jaume d'Urgell i Rubió, Secretario Fundación Internacional de Derechos Humanos
-D. Luis Francisco Sánchez Cáceres, Presidente del Consejo Consultivo, Fundación Internacional de Derechos Humanos
-Dª Soledad Parada, Delegada en Chile, Fundación Internacional de Derechos Humanos
-Dr. Román Reyes, Presidente de honor Fundación Internacional de Derechos Humanos
-Dra. María Claudia Cambi, Presidenta Fundación Internacional de Derechos Humanos
-Emb. Dr. Ramiro Tapia Sáinz, Alto Representante para América Latina, Fundación Internacional de Derechos Humanos
-Federico Pagliero abogado de la APDH, Argentina
-Fernanda Poblete Cofré, Coordinadora de la Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10, Europa
-Jorge Hurtado, sindicalista Cupe4400, Toronto, Canadá
-Jorge Magasich, Historiador, profesor en el Institut des Hautes Études des Communications Sociales, Bruselas
-Luis Gálvez, Halmstad, Suecia, sobreviviente del 73
-Marcelo Gauthier, Presidente Association RELMÛ – PARIS
-Néstor Vega, Presidente Association Terre et Liberté pour Arauco - FRANCE
-Pascale Cognet, madrina francesa de un Prisionero Político de la Revuelta Social en Chile
-Patricia Parga-Vega, Coordinadora de la Organización Internacional de Derechos Humanos 18.10, Europa

... Asimismo también se adiriron a la carata diferentes personalidades del mundo político, social y cultural.

(México) Estos son los derechos humanos que se han vulnerado durante la crisis sanitaria por COVID-19

Pese a la implementación de la Jornada Nacional de Sana distancia, para mitigar la propagación del coronavirus algunas empresas mantuvieron sus operaciones sin considerar las medidas de higiene necesarias.

Desde el pasado mes de marzo se decretó la suspensión de actividades no esenciales para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2 (Foto: REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)
Olga Hernández Ávila, profesora de la Dirección de Educación Continua (DEC) de la Universidad Iberoamericana sostiene que la pandemia por coronavirus puso en evidencia las violaciones sistemáticas a los derechos laborales del mundo.

En una publicación realizada en la página oficial de la institución educativa, la académica señaló las omisiones de algunas empresas maquiladoras que se mantuvieron laborando, sin establecer las adecuadas medidas sanitarias para sus trabajadores, pese al llamado que hizo el Gobierno Federal para frenar operaciones de las actividades no esenciales. Dichas empresas continuaron así hasta que la autoridad los obligó a parar operaciones, debido a la contingencia por coronavirus, lo cual provocó el contagio de de empleadas y empleados.

Y es que según el último informe de la Secretaría de Salud (SSa), hasta el miércoles, en México se han registrado 27,634 casos confirmados de coronavirus y 2,704 defunciones. Para evitar la propagación del virus, desde el pasado mes de marzo, el Gobierno Federal anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la cual se hizo un llamado enérgico a la población para permanecer en casa y se pidió al sector privado colaborar mediante la suspensión de actividades no esenciales, de manera que se redujera la movilidad y, en consecuencia, el riesgo de contraer COVID-19.

Hernández Ávila ejemplificó su premisa con la situación de los campesinos del Valle de San Quintín en Baja California, una de las entidades con mayor número de contagios, los cuales no pueden parar sus actividades laborales al tratarse de la única forma que tienen para mantener sus ingresos, debido a que se les paga por jornal, al carecer del derecho a un empleo estable, el cual es uno de los 11 Derechos Humanos laborales.

Otra cuestión que destaca la académica son aquellos derechos que son violados en algunas ciudades, en donde, a pesar de las medidas establecidas para mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2, permanecen abiertas algunas grandes tiendas de electrodomésticos, sin atender a ninguna disposición de seguridad sanitaria, y sin recibir algún tipo de sanción o llamado de atención por parte de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS).

Por otra parte, se encuentra la situación de los trabajadores del sector informal, la cual según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre la ocupación y empleo, en el último cuatrimestre de 2019, 31.3 millones de personas se encuentran dentro de la población ocupada informal. La mayoría de las y los trabajadores que pertenecen a este rubro no están protegidas por el Estado, lo que significa que no tienen garantizado el derecho a la seguridad social “el cual entre otras cosas permite acceder a servicios de salud y a una indemnización por enfermedad laboral.”, señaló la académica.

Para seguir ejemplificando la problemática, Hernández Ávila utiliza el caso de las y los trabajadores del hogar, que, según el sindicato de dicho gremio, durante el confinamiento por coronavirus, únicamente el 4% de sus sindicalizados están recibiendo un salario sin asistir al domicilio donde prestan sus servicios.

“Y aunque sólo el 17% de las personas que trabajan en la formalidad acceden al derecho a la seguridad social, es decir al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), algunas de ellas no escapan a la violación a sus derechos humanos laborales, por ejemplo, les inscriben con un salario base de cotización inferior al real, lo cual mina el acceso a créditos de vivienda y a la cotización de su futura pensión.”, destaca el artículo.

Aunado a esto, la académica expresó su preocupación por el home office que muchas empresas han podido implementar como opción para seguir manteniendo sus operaciones.

La investigadora señaló que posiblemente, después de la pandemia, varios centros de trabajo recurran a dicha modalidad y con esto, se incrementen las violaciones a los derechos humanos laborales, “ya que si éstos no se les garantizan a quienes acuden a los centros de trabajo, cabe pensar que menos a quienes trabajarán desde sus casas, personas que en principio podrían verse obligadas a laborar más de ocho horas al día, que son el máximo establecido por ley para una jornada.”, indicó.

Para contrarrestar las vulneraciones a los derechos humanos de los trabajadores, la docente de la Dirección de Educación continua de la IBERO dijo que apuesta por el establecimiento de una “renta básica universal” en México, ésta opción consistiría en otorgar a las personas un salario básico, lo cual puede garantizar su acceso al mínimo al derecho humano de un nivel de vida adecuado


Fuente: Infobae

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU apuntó: "Ante los nuevos cambios que nos depara el futuro, debemos luchar para una "nueva normalidad" con mayor protección a los Derechos Humanos, sinó el virus nos habrá ganado la batalla".

Comunidad indígena en Ecuador teme ser eliminada por avance del coronavirus

QUITO (Reuters) - Una comunidad indígena de Ecuador teme ser eliminada por el aumento de las infecciones por coronavirus en su territorio, lo que ha llevado a decenas de sus miembros a huir a la selva amazónica en busca de protección contra la pandemia que ha dejado cerca de 1.600 muertos en el país.

Los Siekopai, que viven en tierras que se ubican en la frontera entre Ecuador y Perú, temen que el coronavirus repita la historia de otras enfermedades que diezmaron su población. La comunidad de unos 744 miembros tiene 15 casos confirmados del virus y dos de sus maestros ancianos han muerto en las últimas dos semanas después de mostrar síntomas COVID-19.

Un gran número de Siekopai ha presentado síntomas relacionados con el brote, pero al buscar ayuda en un centro de salud del gobierno en la ciudad de Tarapoa, los médicos les dijeron que sufrían una “fuerte gripe”, dijo el presidente de la comunidad, Justino Piaguaje.

Cuando el primero de los ancianos murió a mediados de abril, los líderes de la comunidad lanzaron una alerta al Estado ecuatoriano para que levante un cerco epidemiológico y aplique pruebas a la población, sin obtener respuesta.

“Somos apenas 700 habitantes. En el pasado ya fuimos víctimas de este tipo de enfermedades y hoy no quisiéramos que la historia (se) repita”, dijo Piaguaje en las redes sociales el lunes.

“No quisiéramos que nuestros compañeros digan fuimos 700 y ahora somos 100, qué vergüenza sería que en el siglo XXI que el Estado ecuatoriano nos de una triste historia”, agregó.

Decenas de ancianos y niños Siekopai salieron en pequeñas canoas hacia Lagartococha, uno de los humedales más grandes del país en el corazón de la selva, para refugiarse y evitar el contagio. Los que se quedaron en su territorio en la provincia de Sucumbíos recurren a la medicina natural para sobrellevar sus problemas respiratorios, dijo Piaguaje.

Otros grupos indígenas en la Amazonia ecuatoriana también han confirmado casos de COVID-19, según la organización CONFENIAE. Ecuador ha reportado más de 30.000 contagiados.

En el vecino Perú, los grupos indígenas presentaron una queja formal ante Naciones Unidas a fines de abril, diciendo que el Gobierno los ha abandonado ante el avance del coronavirus, lo que podría derivar en un “etnocidio generado por la inacción” del Estado.

Las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la Amazonia de Ecuador dicen que el Ministerio de Salud está descuidando a comunidades como la Siekopai, que aún no han recibido pruebas o suministros médicos a pesar de su vulnerabilidad.

“Están en un grave riesgo de exterminio físico y cultural que está exacerbada por la expansión del COVID-19 en su territorio”, dijo María Espinosa, defensora de los Derechos Humanos de la organización Amazon Frontlines.

Reporte de Alexandra Valencia y Cristina Muñoz. Editado por Javier Leira

Fuente: Reuters

La incondicionalidad de los Derechos Humanos en tiempos de crisis

En un contexto de crisis, donde la falta de legitimidad de las instituciones políticas provoca protestas masivas, donde la crisis climática genera conflictos territoriales complejos, concepciones que hagan depender los derechos de los deberes son un peligro mayor, que favorece la tiranía de valores colectivos no democráticos o de valores economicistas que sólo benefician a pocos como formas de resolver las controversias crecientes de nuestra sociedad.

Durante el estallido social escuchamos a voces que justificaron las violaciones a derechos humanos por la destrucción de la propiedad pública y privada, los daños económicos o las restricciones a la libertad de movimiento que implicaban las protestas. Por qué los que eran considerados vándalos tendrían derechos humanos, o por qué Carabineros debería sujetarse a los derechos humanos cuando respondiera a quienes los atacaban, se preguntaban. Ahora, algunos se preguntan por qué debe respetarse la privacidad de un contagiado con COVID, o por qué tenemos que preocuparnos de que los presos en cárceles hacinadas se contagien.

La idea subyacente es tremendamente peligrosa, esto es, que los derechos humanos estarían condicionados por otros elementos, por ejemplo, el cumplimiento de ciertos deberes, como el de no causar daño a otros, no ejercer violencia, u otras circunstancias. Esta idea es simplemente falsa.

Lamentablemente, esa es la misma idea que está a la base de lo que señala el Director del INDH cuando menciona ayer, en entrevista para El Mercurio, que es una verdad a comunicar que “no hay derechos sin deberes”. Más allá que, de seguro, Sergio Micco se verá forzado a presentar matices o reinterpretaciones de sus dichos, queremos mostrar aquí por qué esa idea es tanto errada a nivel conceptual como riesgosa en sus consecuencias.

En primer lugar, los derechos humanos se distinguen del resto de los derechos subjetivos – los que emanan de un contrato por ejemplo – porque existen sólo en virtud de nuestra pertenencia al género humano y son una consecuencia del reconocimiento de la dignidad, por lo cual son iguales y universales, es decir, que todos debemos gozar de esos derechos y de los mismos derechos. Que se hable de derechos humanos especiales, para niños, niñas y adolescentes, para mujeres o pueblos indígenas, no es un contrajemplo, sino una consecuencia que proyecta los derechos de todos a ciertos grupos, en especiales condiciones de vulnerabilidad, para que esas circunstancias no los priven de sus iguales derechos.

Por otra parte, los derechos humanos son incondicionales. Esto implica que son derechos en sentido fuerte, esto es, que, como indicaba Ronald Dworkin, constituyen una carta de triunfo frente a cualquier otro argumento, sea una mayoría legislativa, la necesidad política, el orden público o la atávica “razón de Estado”. Como tales se sobreponen a esas consideraciones, y ninguna de ellas puede limitar su aplicación. Una clase especial de derechos urgentes, dirá John Rawls; con importancia primordial, indicará Maurice Cranston, o sea, que no es legítimo desconocer los derechos humanos en virtud de otras circunstancias, ni siquiera de otros derechos.

Afirmar la existencia de un derecho, como nos ilustró Wesley Hohfeld se correlaciona con un conjunto de posiciones, en las cuales hay deberes que cumplir por parte de los otros con quienes interactua el titular de un derecho. El derecho de unos implica los deberes de otros. Eso funciona de ida, pero no de vuelta.

En efecto, la prioridad justificativa de los derechos nos señala que, por mucho que los derechos de algunos imponen deberes a otros, los deberes de los otros no permiten justificar o limitar la existencia de derechos.

Con mayor razón, el cumplimiento de los deberes del titular de un derecho humano o fundamental no tiene ningún rol en la existencia o alcance de ese derecho. En términos concretos, si alguien quebranta el deber de respetar el orden público, no por ello pierde su derecho a la integridad física, y con ello no se modifican los deberes que impone ese derecho al constreñir la oportunidad y el modo el ejercicio de la fuerza pública. Si alguien no cumple sus deberes de cuarentena, no por ello se le puede privar arbitrariamente de su libertad.

Lo anterior no tiene nada que ver con que los derechos humanos sean absolutos, sino que implica que sólo pueden limitarse por su relación con otros derechos, de una manera en la cual se deben ajustar en su alcance, pero nadie puede ser privado completamente de sus derechos para que otros ejerzan los suyos.

En la práctica, esto no es incompatible con una visión comunitarista que asuma que la comprensión de las comunidades políticas democrática reposa, como sugiere Charles Taylor, en concebir la dignidad como un atributo accesible para todos. Los que asumen posiciones no individualistas pueden ver, que la solidaridad igual para con todos hace cuestionable que alguien sea torturado bajo cualquier pretexto, o que, aunque una persona viaje a su segunda vivienda durante la crisis sanitaria debe ser reprochada y puede ser sancionada por poner en riesgo a una comunidad, pero nunca en contra del trato que le garantizan los derechos humanos.

Sí es incompatible con visiones particularistas que anteponen sus ideas colectivas a la igual dignidad – por ejemplo, forzar a los feligreses a sus deberes en ceremonias religiosas masivas – o visiones utilitaristas que, buscando ciertas consecuencias – evitar la recesión o mantener el empleo -, anteponen ciertos derechos de algunos a los derechos de otros, como la propiedad, la libertad de movimiento o la libertad empresa por sobre la dignidad. Los derechos a la vida y la salud de algunos no deben equilibrarse con la actividad económica, – el encuentro de la curva del contagio con la curva económica, según han sugerido ciertos empresarios – como tampoco con el orden público o la seguridad nacional.

Por eso es que la CIDH ha resuelto recientemente que “Las medidas que los Estados adopten, en particular aquéllas que resulten en restricciones de derechos o garantías, deben ajustarse a los principios «pro persona», de proporcionalidad, temporalidad, y deben tener como finalidad legítima el estricto cumplimiento de objetivos de salud pública y protección integral, como el debido y oportuno cuidado a la población, por sobre cualquier otra consideración o interés de naturaleza pública o privada.”

En un contexto de crisis, donde la falta de legitimidad de las instituciones políticas provoca protestas masivas, donde la crisis climática genera conflictos territoriales complejos, concepciones que hagan depender los derechos de los deberes son un peligro mayor, que favorece la tiranía de valores colectivos no democráticos o de valores economicistas que sólo benefician a pocos como formas de resolver las controversias crecientes de nuestra sociedad.

Cuando la crisis sanitaria nos hace enfrentarnos a la evidencia que la protección de los derechos suponen gastos – que no hicimos a tiempo, como construir un buen sistema de salud pública-, la idea de la incondicionalidad de los derechos humanos no puede desconocerse para predicar que cumplamos nuestros diversos deberes con la comunidad. El sufrimiento que nos provocará que nos hayamos puesto en condiciones en que no logremos hacer efectivos los derechos de todos, nunca será una excusa para desconocer que todos merecen y tienen derechos humanos.

Podemos terminar, con lo que decía Nicanor Parra,

“Qué fue de los deberes humanos.

Ofrezco la palabra. Mucho se habla de derechos humanos.

Poco 

Nada casi de los deberes humanos:

Primer deber humano

Respetar los Derechos Humanos”

Salvador Millaleo. Fuente: El desconcierto

Mataron 964 mujeres en México en el primer trimestre del 2020

En el mismo periodo, pero de 2019, el acumulado fue: 232 feminicidios y 650 asesinatos intencionales. Asimismo, en igual lapso de 2018, hubo 210 feminicidios y 644 muertes dolosas

Ciudad de México. El primer trimestre de 2020 fue el más violento para las mujeres en México desde el inicio de la estadística por género, en 2015.

De enero a marzo, 964 mujeres fueron asesinadas: 720 expedientes están clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidios, según cifras de las fiscalías estatales compiladas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el mismo periodo, pero de 2019, el acumulado fue: 232 feminicidios y 650 asesinatos intencionales. Asimismo, en igual lapso de 2018, hubo 210 feminicidios y 644 muertes dolosas.

Los números correspondientes a los tres años anteriores son notablemente menores.

En el corte de marzo del año en curso, con 76 carpetas abiertas por feminicidio a nivel nacional, no se precisó el número de víctimas menores de edad, aun cuando la curva roja de ese indicador se aprecia en los grados más altos del lustro más reciente, en el rango aproximado de 10 o 12 crímenes cada mes; también hay otra clasificación no detallada, mujeres asesinadas de quienes la autoridad no pudo precisar su edad.

Es decir, el SNSP mostró la curva de feminicidios de niñas y adolescentes, pero no los números; aun así, los bloques en rojo exhiben el mayor número de casos en Estado de México, Puebla y Chiapas.

Las tablas revelan que se asesina con mayor violencia a mujeres en Tijuana, Monterrey, Puebla y Culiacán, con cinco casos cada uno, pero en la lista hay un centenar de ayuntamientos donde al menos ha habido un feminicidio en el primer trimestre de 2020.

Por entidad, la mayor cantidad de episodios registrados ocurrió en el Estado de México, con 34; le siguen Veracruz, con 25, y Puebla con 22. Más abajo están Nuevo León, Ciudad de México y Jalisco.

En cuanto a homicidios dolosos, el recuento enero-marzo del año en curso muestra el mayor número de casos en Guanajuato (121 carpetas); le siguen Estado de México, con 73, y Michoacán con 61.

Tan sólo en marzo hubo 254 asesinatos intencionales, apenas cinco menos que el récord de diciembre de 2018, con 259 episodios.

La violencia contra las mujeres se evidencia no sólo en los crímenes que acaban con la vida de una persona sino también en la agresión grave: casi 60 por ciento de las denuncias levantadas ante el ministerio público en perjuicio de mujeres son por lesiones dolosas, básicamente golpizas.

Así, durante el primer trimestre del año fueron interpuestas –en los ministerios públicos de todo el país– 15 mil 292 denuncias por lesiones dolosas. En el primer sitio de la lista se encuentra el Estado de México, con 3 mil 610 carpetas; seguido de Guanajuato, con mil 442, y Michoacán, con mil 8.

Hay pico estadístico también en denuncias por corrupción de niñas y adolescentes, con 165 casos. En sentido contrario, en marzo pasado se reportó la cifra más baja de víctimas (mujeres) de secuestro, con 13 denuncias.

Fuente: lavanguradia.com.mx