Si Julian Assange es un terrorista, entonces Biden es un dictador

La acusación de la Administración de EE UU contra el periodista supone un grave precedente que podría recortar la libertad de prensa en todo el mundo.

No es tan fácil extraditar a alguien. Para empezar, la extradición está sujeta a protocolos y convenios que excluyen a centenares de países por criterios estrictamente humanitarios. Pero, incluso cuando es un pacto entre caballeros democráticos, se prohíbe la extradición por delitos de carácter político, con la excepción del terrorismo, crímenes de lesa humanidad o atentados contra un jefe de Estado. Y, sin embargo, la justicia británica concedió este viernes la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, sin que haya cometido esos delitos. Si Estados Unidos puede obtener la extradición de un australiano por publicar documentos clasificados para denunciar delitos, ¿qué impedirá a Rusia o a China hacer lo mismo con periodistas españoles por publicar documentos clasificados para denunciar asesinatos, genocidio o corrupción?

Los titulares inciden en detalles que distraen del caso principal. El pasado enero, la jueza de distrito Vanessa Baraitser decidió que sería opresivo permitir el traslado de Julian Assange al mismo centro de máxima seguridad donde se acababa de suicidar el millonario Jeffrey Epstein o que se sometiera a las “medidas administrativas especiales” de la Administración estadounidense. Si parecía un pequeño triunfo, este aparente escrúpulo ha acabado por facilitar lo que parecía querer impedir. Sobre esta premisa, los dos jueces del tribunal británico de apelaciones han considerado que las nuevas garantías ofrecidas por el Gobierno estadounidense satisfacen los criterios humanitarios sobre el bienestar del imputado, y por eso han decidido permitir su extradición. Como si el juicio dependiera del acondicionamiento de la celda y ya no de la legitimidad de los cargos, y los precedentes que supone para el derecho internacional.

Assange se enfrenta a 17 cargos por colaborar con agentes de inteligencia para obtener y distribuir información secreta militar y cables diplomáticos clasificados. Que es lo mismo que hacen cada día periódicos como El País, The Guardian y The New York Times. También se le acusa de conspirar con la soldado Chelsea Manning para hackear ordenadores del Departamento de Defensa, un delito que podría derivar en terrorismo, pero donde no se aportan pruebas ni hay indicios de que el asalto tuviera lugar. Assange no cumple los criterios de extradición y, sin embargo, la jueza Baraitser declaró el pasado enero que la petición “no cruzaba el límite de extradición por delito político”. Pero, si lo extraditan, Assange será juzgado en un país donde no tiene derechos civiles, por el mismo Gobierno al que ha denunciado por cometer tortura y crímenes de guerra en Irak y Afganistán. El mismo Gobierno que ha encargado campañas de desprestigio contra su persona y planeado su secuestro y asesinato con el único propósito de silenciar a Wikileaks.

Para no ser extraditado por un delito político, Assange tendría que haber cometido delitos de terrorismo. Pero si lo que ha cometido es terrorismo, entonces nosotros también. Los países a donde no extraditamos a nadie por motivos humanitarios, una lista que empieza por Argelia y acaba por Yemen, están llenos de periodistas encarcelados por cometer delitos de terrorismo. Si Estados Unidos se convierte en uno de ellos, es nuestra responsabilidad sacar a ese país de nuestros acuerdos de extradición.

Cuando ocupaba la vicepresidencia de Estados Unidos (2009-2017), Joe Biden calificó a Assange de terrorista informático para separar las filtraciones de Wikileaks del caso de los papeles del Pentágono. Ese fue el precedente que protege a la prensa libre de ser perseguida por el Gobierno desde 1971, porque cuando la Administración del entonces presidente Richard Nixon demandó a The New York Times y a The Washington Post para que no publicaran los papeles filtrados, que contaban la guerra no oficial en Vietnam, el Tribunal Supremo le dijo que no. Tanto Biden como la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, presionaron a la Administración del presidente Barack Obama para que imputara a Assange por delitos de terrorismo. Y el presidente Obama lo descartó, considerando que no podría procesar a Assange por publicar secretos de Estado que también habían publicado el Times y el Post sin comprometer la libertad de prensa en Estados Unidos.

Hoy Biden es presidente y el partido demócrata culpa a Julian Assange de haber hecho que Hillary Clinton perdiera las elecciones contra Donald Trump, publicando una filtración de correos electrónicos del que era su jefe de campaña, John Podesta, que dominaron las portadas de los grandes medios en la recta final de las elecciones de 2016. Si consigue que la justicia condene a Julian Assange como terrorista por publicar documentos clasificados que demuestran que su Gobierno comete crímenes de guerra, el precedente servirá para que cualquier Gobierno encarcele a periodistas de cualquier nacionalidad, operando desde cualquier sitio, por publicar la verdad.

Fuente: El país

Marta Peirano es periodista. Es autora de El enemigo conoce el sistema: Manipulación de ideas, personas e influencias después de la economía de la atención (Debate)

Merece la pena luchar por la verdad, por Baltasar Garzón.

 El mero hecho de que hoy pueda compartir las siguientes reflexiones es ya para mí motivo de alegría. Ante posturas intolerantes, que pretenden silenciar los planteamientos críticos, aprecio tener la oportunidad de compartir las cavilaciones que, en mi caso, solo persiguen un único objetivo: contribuir a construir un mundo mejor.

Existe un exquisito debate filosófico sobre la verdad, en el que destacan las teorías de la correspondencia, de la coherencia o del pragmatismo, o aquella más amplia discusión sobre el esencialismo y el existencialismo, temas de los que me habría encantado escribir hoy aquí. Por desgracia, tengo que referirme a algo bastante más decadente como es el uso sistemático de la mentira como arma de actuación política y el ataque reiterado, incluso físico, hacia quienes intentan descubrir la verdad y desenmascarar esas falsedades con pruebas contundentes.

Según la UNESCO, en los últimos catorce años (2006-2019) alrededor de 1.200 periodistas han sido asesinados por informar. Naciones Unidas asegura que en nueve de cada diez casos, los culpables no son condenados y advierte que esta impunidad da lugar a más asesinatos. El pasado 2 de noviembre, a propósito del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la ONU hizo un llamamiento para terminar con esta grave violación de los derechos humanos que generalmente se vincula, directa o indirectamente, con otros actos delictivos como la corrupción y la delincuencia organizada.

El asesinato de periodistas y la falta de castigo ponen en riesgo no sólo a la misma profesión del periodismo, sino también y muy especialmente al derecho que todos tenemos a conocer la verdad; a que se nos informe de aquello que nos afecta a pesar de los poderosos a los que interese mantenerla oculta. Es también condición necesaria del ejercicio del derecho a votar de manera libre e “informada” y por ello está en la base de la democracia. Baste pensar en estos días en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, con Donald Trump usando y abusando sistemáticamente de la mentira y la desinformación en cuanto a la pandemia, poniendo en peligro su salud, la de sus más cercanos colaboradores y la de sus votantes en cada acto de campaña, tras asegurar que la enfermedad para él ha sido una bendición de Dios o simulando un patético baile. Resultaría cómico de no ser por la tragedia que supone para miles y millones de estadounidenses y para todos quienes, en diferentes latitudes, han padecido sus políticas neofascistas.

Por ello, es de celebrar que cuando el triunfo de Joe Biden era ya inminente y Trump se atrevió a comparecer ante los medios a denunciar un fraude electoral sin prueba alguna, varias cadenas de televisión interrumpieran la transmisión en directo, aseverando que las palabras del presidente de Estados Unidos carecían de todo sustento en la realidad. Sus ciegos seguidores salieron armados a las calles para “protestar” a la puerta de los centros de votación, mientras los servicios de inteligencia organizaban la protección personal de Biden y desarticulaban, al menos, un intento de atentado a un local en el que se recontaban votos.

Periodistas asesinados

Preocupa que esto sucediera en Estados Unidos, otrora garante de la democracia y que no escatimó esfuerzos en enfrentarse al fascismo junto a los demás aliados en la Segunda Guerra Mundial para derrotar a Hitler. Hoy el fascismo se asoma desde el interior del país. La pregunta es: ¿Acabará todo aquí y se apaciguará la ultraderecha? ¿O por el contrario se mantendrán en su deriva autoritaria y se acudirá a la violencia? Los próximos días lo dirán.

El acceso a la verdad es tan importante que tanto la libertad de prensa como la libertad de expresión están recogidas en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos lo sabemos, o deberíamos saberlo. Este es uno de los temas que abordo en mi último libro, recién publicado: La encrucijada. Ideas y valores frente a la indiferencia, y al que dedico un capítulo completo, porque soy consciente de que la cifra de periodistas asesinados no es sino el ataque a la libertad de expresión en su forma más letal y salvaje, y, más aún, un atentado hacia la ciudadanía y la democracia misma. Asesinar a periodistas cercena el derecho de la sociedad a conocer la verdad. Su muerte violenta lleva a reflexionar sobre la importancia de lo que esos periodistas tenían que desvelar y cuán incómodos eran para ciertos intereses, que se sintieron con la necesidad y se creyeron con el derecho de “matar al mensajero”.

No es solo una práctica de lugares como América Latina, África u Oriente Próximo, pues también en Europa se asesina a periodistas. Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, en 2019, dos informadores fueron asesinados en nuestro continente y 36 sufrieron prisión.

En Europa, el botón de muestra, el más conocido, con toda seguridad, es el caso de Julian Assange. En estos momentos la libertad de prensa está en el banquillo. Assange se enfrenta a un juicio acusado de espionaje por haber publicado hace 10 años, en noviembre de 2010, los diarios de guerra de Iraq y Afganistán -Afghan War Diary e Iraq War Logs- en la agencia de noticias que él mismo creó, Wikileaks. En estos documentos se desvelaron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos contra civiles por parte del ejército norteamericano. No me detendré en detallar el calvario por el que está pasando Assange ni la persecución de que hemos sido objeto sus abogados , desde que el Gobierno de Estados Unidos hizo de su capa un sayo y emprendió la caza y captura del que han considerado un enemigo público por el solo hecho de informar al mundo entero de la verdad, sin que hasta el día de hoy haya sido desmentido o contradicho en modo alguno. Recomiendo el artículo de opinión publicado en infoLibre y titulado La farsa kafkiana del juicio político a Julian Assange. 

Assange ha sido, es y será siempre recordado como uno de los máximos exponentes del periodismo de investigación, pero en la actualidad se enfrenta a un juicio en Londres en el que próximamente se decidirá su extradición a los Estados Unidos, donde le espera la cárcel, pero también la tortura, como ya ocurrió con una de sus fuentes de información, Chelsea Manning.

El uso de la mentira

Ahora bien, como ciudadanos también tenemos la obligación de acceder a la información de manera crítica, poniéndolo todo en cuestión, verificando las fuentes y contrastando los hechos. Ello nos enriquecerá y contribuirá a que podamos participar en los debates sociales desde el conocimiento y la reflexión. Quizás, si nuestros políticos estuvieran más interesados en construir diálogos desde ese conocimiento y esa reflexión, seríamos testigos de unos debates más sesudos y con menos carga viral de intolerancia, odio e ira.

La ultraderecha, y quienes se le aproximan desde la derecha democrática, usan las mentiras para generar en nosotros emociones muy poderosas y movilizadoras como son el miedo y el odio. La mentira emotiva se difunde con una velocidad de vértigo y, junto con la desinformación, se han convertido en una de las más graves amenazas contra la democracia. Aquí reside la gran estrategia de los neofascistas, que la toman prestada a Goebbels para intentar acceder al poder a toda costa, tanto en España como a nivel internacional. Con mentiras y verdades a medias, intentan sembrar miedo y odio hacia un enemigo único, generalmente indefenso, al que culpan de todos los males posibles. Antes fueron los judíos en la Alemania nazi, hoy su objetivo son los inmigrantes, las feministas, los ambientalistas, los líderes sociales y los pueblos originarios o quienes profesan una religión “no occidental”, metiéndolos en el mismo cajón de sastre al calificarlos a todos de radicales, terroristas, antipatriotas o simplemente de delincuentes; en suma, de enemigos. Aquí los buenos y allá los malos. Difunden así un argumento tan simple como falaz.

No puedo dejar de mencionar que existe también un “pseudo-periodismo” dedicado a atacar precisamente a los propios periodistas independientes, desprestigiándolos gratuitamente por inmiscuirse donde supuestamente no se debe. Algunos periodistas, afortunadamente una minoría, han renunciado a los principios que inspiran la profesión y a todo código deontológico e incluso colaboran en la elaboración de noticias falsas y campañas de desinformación.

Por tanto, a quienes lean estas líneas les pido enérgicamente que se informen y lo cuestionen todo; que reflexionen y debatan desde el pensamiento crítico; que huyan de las informaciones sesgadas o que huelan a chamusquina (porque les aseguro que la mentira y las medias verdades apestan). Solo de esta manera podremos entre todos apuntalar con firmeza sistemas democráticos que respeten los derechos de los ciudadanos. La lucha por la verdad debe ser imparable e implacable porque hay mucho en juego, como nuestra libertad y la propia democracia. Pero, créanme, es una lucha que siempre merece la pena.

Baltasar Garzón es jurista y presidente de Fibgar.

Fuente: infolibre.es