La acusación de la Administración de EE UU contra el periodista supone un grave precedente que podría recortar la libertad de prensa en todo el mundo.
No es tan fácil extraditar a alguien. Para empezar, la extradición está sujeta a protocolos y convenios que excluyen a centenares de países por criterios estrictamente humanitarios. Pero, incluso cuando es un pacto entre caballeros democráticos, se prohíbe la extradición por delitos de carácter político, con la excepción del terrorismo, crímenes de lesa humanidad o atentados contra un jefe de Estado. Y, sin embargo, la justicia británica concedió este viernes la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, sin que haya cometido esos delitos. Si Estados Unidos puede obtener la extradición de un australiano por publicar documentos clasificados para denunciar delitos, ¿qué impedirá a Rusia o a China hacer lo mismo con periodistas españoles por publicar documentos clasificados para denunciar asesinatos, genocidio o corrupción?
Los titulares inciden en detalles que distraen del caso principal. El pasado enero, la jueza de distrito Vanessa Baraitser decidió que sería opresivo permitir el traslado de Julian Assange al mismo centro de máxima seguridad donde se acababa de suicidar el millonario Jeffrey Epstein o que se sometiera a las “medidas administrativas especiales” de la Administración estadounidense. Si parecía un pequeño triunfo, este aparente escrúpulo ha acabado por facilitar lo que parecía querer impedir. Sobre esta premisa, los dos jueces del tribunal británico de apelaciones han considerado que las nuevas garantías ofrecidas por el Gobierno estadounidense satisfacen los criterios humanitarios sobre el bienestar del imputado, y por eso han decidido permitir su extradición. Como si el juicio dependiera del acondicionamiento de la celda y ya no de la legitimidad de los cargos, y los precedentes que supone para el derecho internacional.
Assange se enfrenta a 17 cargos por colaborar con agentes de inteligencia para obtener y distribuir información secreta militar y cables diplomáticos clasificados. Que es lo mismo que hacen cada día periódicos como El País, The Guardian y The New York Times. También se le acusa de conspirar con la soldado Chelsea Manning para hackear ordenadores del Departamento de Defensa, un delito que podría derivar en terrorismo, pero donde no se aportan pruebas ni hay indicios de que el asalto tuviera lugar. Assange no cumple los criterios de extradición y, sin embargo, la jueza Baraitser declaró el pasado enero que la petición “no cruzaba el límite de extradición por delito político”. Pero, si lo extraditan, Assange será juzgado en un país donde no tiene derechos civiles, por el mismo Gobierno al que ha denunciado por cometer tortura y crímenes de guerra en Irak y Afganistán. El mismo Gobierno que ha encargado campañas de desprestigio contra su persona y planeado su secuestro y asesinato con el único propósito de silenciar a Wikileaks.
Para no ser extraditado por un delito político, Assange tendría que haber cometido delitos de terrorismo. Pero si lo que ha cometido es terrorismo, entonces nosotros también. Los países a donde no extraditamos a nadie por motivos humanitarios, una lista que empieza por Argelia y acaba por Yemen, están llenos de periodistas encarcelados por cometer delitos de terrorismo. Si Estados Unidos se convierte en uno de ellos, es nuestra responsabilidad sacar a ese país de nuestros acuerdos de extradición.
Cuando ocupaba la vicepresidencia de Estados Unidos (2009-2017), Joe Biden calificó a Assange de terrorista informático para separar las filtraciones de Wikileaks del caso de los papeles del Pentágono. Ese fue el precedente que protege a la prensa libre de ser perseguida por el Gobierno desde 1971, porque cuando la Administración del entonces presidente Richard Nixon demandó a The New York Times y a The Washington Post para que no publicaran los papeles filtrados, que contaban la guerra no oficial en Vietnam, el Tribunal Supremo le dijo que no. Tanto Biden como la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, presionaron a la Administración del presidente Barack Obama para que imputara a Assange por delitos de terrorismo. Y el presidente Obama lo descartó, considerando que no podría procesar a Assange por publicar secretos de Estado que también habían publicado el Times y el Post sin comprometer la libertad de prensa en Estados Unidos.
Hoy Biden es presidente y el partido demócrata culpa a Julian Assange de haber hecho que Hillary Clinton perdiera las elecciones contra Donald Trump, publicando una filtración de correos electrónicos del que era su jefe de campaña, John Podesta, que dominaron las portadas de los grandes medios en la recta final de las elecciones de 2016. Si consigue que la justicia condene a Julian Assange como terrorista por publicar documentos clasificados que demuestran que su Gobierno comete crímenes de guerra, el precedente servirá para que cualquier Gobierno encarcele a periodistas de cualquier nacionalidad, operando desde cualquier sitio, por publicar la verdad.
Fuente: El país
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