Después del Golpe de Estado
el Ejército se adueñó de miles de hectáreas que la Reforma Agraria de los
gobiernos de Frei y Allende entregó a familias del agro. Algunos campesinos
debieron trabajar para los militares y pagarles para alimentar a sus animales,
como los de la Hacienda Río Colorado (San José de Maipo). Parte de ese enorme
terreno se vendió en 1996 a precio irrisorio a Cementos Bío Bío, propiedad del
entonces presidente de la Fundación Pinochet, Hernán Briones. Otra terminó en
manos de Gener para la instalación de su Central Alfalfal. Esta es la historia
de un despojo que aún no termina.
En marzo de 1996, seis años
después de recuperada la democracia y en completo secreto, el Ejército le
vendió 16.700 hectáreas de la antigua Hacienda
Río Colorado, un privilegiado terreno en San José de Maipo, a Cementos Bío Bío. La empresa
era controlada por el empresario Hernán
Briones Gorostiaga, quien presidía la Fundación Pinochet. Su venta
contenía una clausula sorpresa: la
empresa de Briones pagó por ese extenso paño solo $430 millones: $25.700 por
hectárea. En rigor, el terreno que llega hasta la zona limítrofe
con Argentina, no era propiedad del Ejército: la institución castrense se lo
apropió después del Golpe de Estado, despojando a los campesinos que habían
constituido allí un asentamiento luego de que la hacienda fuera expropiada en
1969 por la Ley de Reforma Agraria. Hernán Briones fue presidente de la
Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y uno de los más influyentes dirigentes
empresariales que apoyaron la dictadura. Fue en esos años que Briones entabló
con el general Pinochet un lazo de amistad y complicidad. Con otros dos
dirigentes del gremio patronal -Eugenio Heiremans y Ernesto Ayala- formaron un
poderoso e influyente trío al que el actual senador Andrés Allamand (RN)
incluyó en lo que llamó en los ’90 “el poder fáctico”. Fue
el propio Pinochet quien autorizó la venta de una parte de la Hacienda Río
Colorado a la empresa que controlaba Briones. Así consta en la escritura de
compraventa que lleva la firma del general Sergio
Espinosa Davies, jefe del Comando de Ingenieros del Ejército, y el
vicepresidente de Cementos Bío Bío, Alfonso
Rozas Ossa (ver documento compraventa). Un año
después de ese beneficioso negocio, Hernán Briones –junto a otros militares y
empresarios- creó la Fundación Presidente Pinochet, para preservar su legado.
Hasta su muerte, en diciembre de 2005, Briones mantuvo un estrecho lazo con el
dictador. Realizó todo tipo de gestiones en Chile y Londres para terminar
con su detención en el Reino Unido (1998-2000) y sus últimas
apariciones públicas estuvieron ligadas a su rol de presidente de esa
fundación.
Cementos Bío Bío no era
cualquier empresa para Briones. La presidió hasta poco antes de su muerte y los
terrenos de Río Colorado tenían para él un interés bien preciso. Seis meses
después de que adquiriera las más de 16 mil hectáreas de Río Colorado, Cementos
Bío Bío junto a “Soprocal, Calerías e Industrias S.A.” -del socio de Hernán Briones, Alfonso Rozas Ossa, que hasta hoy
preside su directorio- constituyeron la sociedad anónima Minera Río Colorado (ver
aquí registro Diario Oficial). El 25 de septiembre de 1996, en la
Notaría de Camilo Valenzuela, se registró la escritura de la nueva minera que
permite la explotación de carbonato de calcio
del yacimiento La Perla, ubicado a 65 kilómetros del cruce Las
Vizcachas. Cementos Bío Bío mantiene el 51% de la propiedad de la minera, sus
socios el 49% y su capital asciende a US$3,7
millones (Memoria de 2016 de la cementera). Aunque los activos de
la minera representan menos del 1% de Cementos Bío Bío, su directorio lo
preside el hijo de uno de sus fundadores, Hernán
Briones Goich, y su vicepresidente hasta hace pocos días era el
economista José Ramón Valente (también
era vicepresidente de Cementos Bío Bío), quien renunció antes de asumir como
ministro de Economía el pasado 11 de marzo.
NEGOCIO EN TIEMPO RÉCORD
La autorización de Pinochet
para la venta del terreno a la empresa de su amigo Hernán Briones, consta en
una escritura hallada en el curso de esta investigación. Allí se cita un documento reservado del Ejército
del 28 de diciembre de 1995 (Resolución N° 4.180/326), la que autoriza la
enajenación del “Lote B” de Río Colorado, precisamente el que terminó en
manos de Cementos Bío Bío. Para que esa venta fuera viable, un mes antes, el 23
de noviembre de 1995, la Dirección de Obras Municipales (DOM) de San José de
Maipo dictó la Resolución N°18 que autorizó dividir la Hacienda Río Colorado en
dos lotes: el “Lote A”, de 142.498 hectáreas y el “Lote B”, de 16.700
hectáreas. Un mes después de la resolución de la DOM, Pinochet firmó -como
comandante en jefe del Ejército- la autorización para vender el “Lote B” a la
empresa de Briones. Como sustento de la operación se cita la “necesidad institucional de obtener fondos para reparación y
ampliación de la infraestructura militar”. Pinochet también dejó
constancia en ese oficio que ese terreno “es
prescindible para el cumplimiento de los fines institucionales”. Faltaba
solo el último paso: el oficio por el cual Pinochet autorizó al general Sergio Espinosa Davies, a
enajenar el lote “en venta directa,
propuesta pública o propuesta privada”, fijar condiciones, precios y
señalar la forma de pago.
Sergio Espinosa Davies
(Fuente: Memoriaviva.com)
No hubo licitación y todo se
hizo en trámite exprés. El 29 de diciembre de 1995, Sergio Espinosa Davies
emitió la resolución que enajenó la propiedad, aceptando la oferta de Cementos
Bío Bío por las 16.700 hectáreas de
la ex Hacienda Río Colorado: $430 millones. “En
atención a que dicha oferta es conveniente a los intereses de la institución”,
se lee en el documento, donde también se dice que los fondos “ingresarán a la cuenta especial en la Tesorería General de la
República, para la Subsecretaría de Guerra bajo el Código 525”. Pinochet
dejó estipulado que los fondos provenientes de esta venta se destinarían a las
finalidades descritas en los Decretos Leyes 1.113 (1975) y 2.569 (1979) y la
Ley 17.174 (1969), esto es, para “ser invertidos en el estudio,
planeamiento, proyección, construcción, demolición, ampliación, reparación,
conservación, reposición o adquisición de bienes destinados al uso de la
respectiva institución”. Por Ley de Transparencia, la Tesorería
General de la República respondió a CIPER que, en los registros de su División
de Finanzas Públicas, efectivamente existe un ingreso de $430 millones en abril
de 1996 “a la cuenta complementaria asociada al Ejército de Chile” (ver
documento). CIPER consultó al Ejército, también vía Ley de
Transparencia, sobre el destino final de los $430 millones. La respuesta fue
que no se puede establecer en qué fue invertido este monto (ver
respuesta del Ejército).
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