Albino Vargas
Hay
un criterio generalizado de que el poder que han logrado tener las gigantescas
corporaciones multinacionales, las empresas transnacionales, está llegando a
niveles impensados de anulación de la soberanía de los Estados.
En
especial, la soberanía de los Estados de aquellos países (la mayoría del orbe),
que no están formando parte de esos grandes bloques que están disputándose la
hegemonía planetaria en estos momentos mediando sus TLC, sus guerras económicas
y hasta los conflictos bélico-militares según lo atestiguan los acontecimientos
actuales.
Es
más, bastantes personas estudiosas y entidades de alta especialización en
cuanto a estudios de la geopolítica mundial, sostienen que vamos hacia un
gobierno global cuya hegemonía estaría centrada en esas gigantescas
corporaciones multinacionales.
Valga
aquí hacer esta anotación “al margen”: nos llama mucho la atención que los
principales jerarcas del próximo presidente estadounidense, Mr. Trump, sean
grandes y poderosos ejecutivos de este tipo de megacorporaciones empresariales
transnacionales.
En
el marco de toda esta situación es bueno que los y que las costarricenses
podamos enterarnos de un proceso sociopolítico que está en desarrollo a nivel
de las propias Naciones Unidas (ONU), pero del cual no sabemos absolutamente
nada en nuestro ámbito nacional.
Para
la matriz mediática políticamente hegemónica en cuanto a comunicación colectiva
masiva, éste es un asunto que no es noticia y, por tanto, ideológicamente no
conviene que pueblos como el nuestro que estamos sujetos a esos poderes
corporativo-empresariales multinacionales, tomemos nota y debida conciencia de
dicho proceso.
Fíjese
usted que el Consejo de Derechos Humanos (HRC, por sus siglas en idioma
inglés), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tomó una histórica
decisión, el 26 de junio de 2014, para la “Elaboración de un instrumento
internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y
otras con respecto a los Derechos Humanos”, una iniciativa que propusieron
Ecuador y Sudáfrica.
El
asunto ha venido caminando desde entonces y para este 2017 tendrá lugar la
tercera sesión del grupo de trabajo que ha venido participando en este proceso
hacia este instrumento jurídico, algo totalmente novedoso para ser incorporado
al conjunto de normas del Derecho Internacional.
Uno
de los aspectos que debemos resaltar es que más de mil organizaciones y
movimientos sociales de todo el mundo han estado apoyando y propiciando que tal
instrumento nazca a la vida jurídica mundial; viéndosele como “un punto de
quiebre en la evolución de la normativa internacional de los derechos humanos”.
Estamos
escribiendo este comentario con base en un informe sobre todo este proceso
elaborado por la ciudadana María Fernanda Espinoza Garcés, quien es la
Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre
Transnacionales y Derechos Humanos y quien, a la vez, es la Representante
Permanente del Ecuador ante la ONU-Ginebra. (Por cierto, creemos que sobre este
tema algo habíamos escrito anteriormente).
Es
gracias al servicio de noticias “América Latina en movimiento”
(www.alainet.org) que podemos compartir con usted este acontecimiento. Alainet
es parte importante de la articulación regional comunicacional contrahegemónica
que nos permite conocer este tipo de noticias las cuales, repetimos, en Costa
Rica es imposible conocer vía, por ejemplo, los latifundios mediáticos del
capital y sus soportes corporativo-empresariales.
Llama
la atención cómo el proceso desde su histórica resolución inicial
(A/HRC/RES/26/9 -26/9- ), ha ampliado su base política y social de apoyo.
En
puertas de esa tercera sesión prevista para el 2017 del grupo de trabajo que
promueve la “Elaboración de un instrumento internacional jurídicamente
vinculante sobre las empresas transnacionales y otras con respecto a los
Derechos Humanos”, la mencionada fuente nos indica que ya hay unos 80 Estados
involucrados en el proceso, destacándose la Unión Europea (UE), la Santa Sede,
Palestina.
Además,
entidades como el Consejo de Europa, la Cruz Roja Internacional, la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas
para el Ambiente, el South Centre y unas 40 organizaciones no gubernamentales
(ONG’s) con estatus consultivo con la propia ONU.
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