Juan de Dios Parra, abogado y secretario general de ALDHU, manifestó el total respaldo de la agrupación de derechos humanos hacia la solicitud emanada de diversas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en cuanto a solicitar la liberación de
la joven tucumana acusada de abortar.
Estos últimos se presentaron como amicus cirae en la causa; denuncian que fue juzgada
"en un proceso irregular, sin respetar el principio de inocencia".
Diez organizaciones defensoras de los Derechos Humanos pidieron la liberación de Belén, la joven tucumana condenada a 8 años
de prisión luego de que la justicia la encontrara responsable por el aborto de su bebé.
"Belén llegó a un hospital público de Tucumán para que la atendieran
por un dolor de panza. No sabía que estaba sufriendo un aborto, que fue anotado
en su historia clínica como "aborto espontáneo incompleto sin
complicaciones". Su recorrido desde que llegó al hospital muestra las
violaciones de derechos que sufrió por parte del Estado, que incumplió una a
una sus obligaciones de respeto, protección y garantía de sus derechos
humanos", dice el comunicado de las organizaciones que se presentaron como
amicus curiae en la causa.
"El fallo de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán basa parte
de sus argumentos en que la defensora oficial de Belén no cuestionó los hechos
que se le imputaron, antes que en la existencia de pruebas", denunciaron.
"Los médicos la sometieron a violencia obstétrica, no guardaron el
secreto médico ni la confidencialidad médico-paciente. La justicia primero le
dictó prisión preventiva y luego la condenó en un proceso irregular, sin
respetar el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio",
aseguraron desde los organismos.
Los firmantes son Abogados y Abogadas del NOA en DDHH y Estudios
Sociales (ANDHES), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la
Asociación de Abogados de Buenos Aires (AABA), la Asociación Pensamiento Penal
(APP), Amnistía Internacional (AI), el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos
de las Mujeres (CLADEM), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA),
Innocence Project Argentina (IP Argentina) y la diputada nacional Soledad Sosa
(Bloque Frente de Izquierda, Partido Obrero, en representación de referentes
políticos, sindicales y de los derechos humanos).
El caso
El hecho ocurrió en marzo de 2014. En una primera instancia, la joven
había sido acusada por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por
alevosía". Los jueces cambiaron la carátula y redujeron la pena al
considerar "como atenuante el estado de puerperio en el que estaba cuando
ocurrió el hecho". Según consideraron los magistrados, la joven, cuyo
nombre real se mantiene bajo reserva por razones legales, actuó en un estado de
shock que le impidió tomar conciencia plena de los hechos.
En su fallo, los magistrados Dante Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y
Fabián Fradejas consideraron que en la investigación quedó comprobado que la
mujer tuvo a su bebé en el baño del hospital Avellaneda, y trató deshacerse de
él. Sin embargo, Belén aseguró que no sabía que estaba embarazada cuando fue a
atenderse en el hospital por un fuerte dolor abdominal y que allí tuvo "un
aborto espontáneo".
El 15 de julio reciente el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en sus
Observaciones finales sobre la Argentina, indicó que el Estado "debe
revisar el 'caso de Belén', a la luz de los estándares internacionales en la
materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso,
considerar la descriminalización del aborto".
"Las circunstancias que rodean el caso de Belén constituyen un
eslabón más en la violencia de género de cuño institucional. La política penal
del Estado argentino mantiene una matriz discriminatoria que condiciona el
acceso a los derechos humanos de las mujeres jóvenes y pobres. En la Argentina
el aborto inseguro es un grave problema de salud pública, que implica riesgos
para la salud y la vida", sostuvieron las organizaciones que piden la
liberación de Belén.
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