Vicealmirante comunica al alto mando de la Armada que violadores de DD.HH. "cumplieron cabalmente con su deber"

La quinta antigüedad de la Armada y miembro de la Corte Marcial de la institución, vicealmirante Ramiro Navajas Santini, aseveró en un correo institucional –enviado a todo el alto mando naval– que los 9 exmarinos condenados por delitos de lesa humanidad, y hoy presos en Punta Peuco y Colina 1, fueron sentenciados por "supuestos hechos" y que se trata de "marinos que cumplieron cabalmente con su deber". El e-mail, que fue copiado al comandante en Jefe de la Armada, almirante Juan Andrés De La Maza, hace referencia a casos de secuestros calificados que involucran desde contraalmirantes a capitanes de Navío y de Corbeta, y un grupo de suboficiales condenados por un triple homicidio. Dentro de los destinatarios del correo electrónico figuran además el vicealmirante José Luis Fernández Morales –nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general Guillermo Paiva, quien renunció precisamente por el hackeo masivo de correos– y el auditor general de la institución, contraalmirante Cristián Araya Escobar, quien también forma parte de la Corte Marcial.

El 27 de agosto de 2021, el vicealmirante Ramiro Navajas Santini envió un correo electrónico, de carácter institucional, a todo el alto de la Armada, con copia al comandante en Jefe, el almirante Juan De La Maza Larraín. En el correo, que forma de los miles de documentos que fueron filtrados por el cibertataque del grupo Guacamaya contra las bases de datos del Estado Mayor Conjunto (EMCO), hay dos frases muy delicadas para la visión institucional de la Marina sobre las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.) ocurridas en Chile durante la Dictadura Militar (1973 - 1990).

Si bien el e-mail publicado por estos días hizo hincapié en el objetivo de la comunicación, que tenía por finalidad hacer una colecta para los exmarinos que se encuentran cumpliendo condena en Punta Peuco y Colina 1, el contenido del mismo contraviene lo establecido en sentencias judiciales que se hallan ejecutoriadas por los Tribunales de Justicia del país.

En el texto enviado a los almirantes y comodoros del alto mando naval, el importante oficial –la quinta antigüedad de la institución y que desempeña el cargo de director general de Personal de la Armada– califica las violaciones a los DD.HH. cometidas por nueve exmiembros de la Armada como "presuntos hechos que los relacionan a delitos que habrían afectado a los derechos humanos de civiles dentro del periodo del Gobierno Militar".

En la citada comunicación, en que además se identifica a los condenados con su grado militar, el vicealmirante Navajas incluye a todo el alto mando naval, cuando sostiene que estas ayudas "refuerzan con mayores bríos nuestro compromiso irrestricto con aquellos antiguos marinos que cumplieron cabalmente con su deber". Este "deber"cumplido a cabalidad, según destaca el alto oficial, es considerado por la justicia delitos de lesa humanidad.

Así, por ejemplo, la justicia determinó que el capitán de Corbeta Víctor Donoso Barrera participó del delito de secuestro calificado de Rudy Cárcamo Ruiz, por el cual se encuentra condenado a 5 años y 1 día; el suboficial Bernardo Daza Navarro, en tanto, se encuentra sentenciado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz, y cumple una pena de 10 años y 1 día; en el caso del suboficial Juan Heraldo Maldonado Sanhueza, también fue condenado por los homicidios calificados de Héctor Lepe Moraga, Miguel Ángel Catalán Febrero y Tránsito Cabrera Ortiz a 10 años y 1 día; y el suboficial José Manuel García Reyes, condenado por secuestro calificado a 5 años y 1 día.

Entre los referidos en el correo institucional se encuentra también el contraalmirante Aníbal Osses Novoa, condenado a 5 años y 1 día por el secuestro calificado de Fernando de la Cruz Olivares Mori; el teniente primero Sergio Rivera Bozzo, condenado por el homicidio de José Matías Ñanco y por giro doloso de cheques, a más de 13 años; además de los capitanes de navío José Raúl Cáceres González y Hugo González D’Arcangeli, ambos condenados por el secuestro calificado en el caso Rudy Cárcamo, a 5 años y un día, respectivamente.

Tras algunos días de enviado el e-mail, Navajas recibe respuesta de Alberto Ahrens Angulo, contraalmirante director de Operaciones y Conducción Conjunta del Estado Mayor Conjunto, quien le dice: "De acuerdo con los descuentos, feliz de poder cooperar". Con esta respuesta, el contralmirante hace suyo todo lo expresado por su superior jerárquico.

Corte Marcial y alto mando

Según diversas fuentes, el correo del vicealmirante Navajas es particularmente delicado, ya que además de formar parte de las cinco mayores antigüedades de la institución, es ministro de la Ilustrísima Corte Marcial de la Armada, que es un tribunal de segunda instancia. Parte también de esta Corte es otro de los destinatarios del correo, el auditor general de la Armada, contraalmirante Cristián Araya Escobar.

De los 30 destinatarios, prácticamente son todos subordinados del vicealmirante Navajas, quien proviene de tradición militar al ser hijo del vicealmirante Fernando Navajas, una de las personas más cercanas al exmiembro de la Junta Militar, almirante José Toribio Merino.

Otro de los destinatarios del señalado e-mail es el vicealmirante José Luis Fernández Morales, quien fue nombrado como jefe del Estado Mayor Conjunto (s), en reemplazo del general de Ejército Guillermo Paiva, quien tuvo que presentar su renuncia por el hackeo masivo del que emergió precisamente este correo.

Además, figuran recibiendo el correo electrónico el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Yerko Marcic Conley; el comandante de Operaciones Navales, vicealmirante Alberto Soto Valenzuela; el director general del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, vicealmirante Carlos Huber Vio; el director general de los Servicios de la Armada, vicealmirante Pablo Niemann Figari; el contraalmirante Cristián Araya Escobar y el comandante en Jefe de la Primera Zona Naval, contraalmirante Fernando Cabrera Salazar.

Fuentes de la Armada reconocen que el correo es desafortunado y puede presentar una opinión personal, pero descartan que en modo alguno ello represente una actitud sediciosa de la institución, como asimismo resaltan que se desconoce si Navajas recibió algún tipo de amonestación por parte de un superior jerárquico.

Defensores de DD.HH.

El abogado experto en Derechos Humanos, Nelson Caucoto, comentó a El Mostrador que, si bien hay antecedentes respecto a que a las instituciones armadas se les hace un descuento por planilla que se destina a casos que involucran a internos del penal Punta Peuco, es "lamentable que en el correo se hable de militares que cumplieron con su deber, ya que estos son criminales que violaron los Derechos Humanos durante la dictadura en Chile".

"Son criminales de lesa humanidad, condenados por tribunales chilenos", recalca el jurista, afirmando que "no se trata de que hayan cumplido con su deber". Esto "es una injuria para la institución", señala el abogado.

"Creo que tienen que dar una explicación. Esto demuestra la poca conciencia de los institutos armados con crímenes aborrecibles de la historia de Chile", agrega Caucoto, recordando a los más de 1.100 Detenidos Desaparecidos que contabiliza actualmente el Ministerio de Defensa.

"Se pierde esa dimensión y se catalogan como lastres del oficio o cuestiones menores. Pero no son menores. Se van a seguir persiguiendo estos delitos que son una cicatriz en la historia nacional", asegura el abogado.

En el mismo sentido se expresa la diputada Carmen Hertz, miembro de la Comisión de Defensa, quien este martes participará de una sesión secreta a la que está citada la ministra del ramo, Maya Fernández.

"Que el vicealmirante de la Armada, Ramiro Navajas Santini, director de Personal de la Armada e integrante de la Corte Marcial de la institución, haya tenido la desfachatez de tildar a los delincuentes de lesa humanidad, recluidos en Punta Peuco, como presuntos culpables y además de sujetos que habrían cumplido cabalmente con su deber, es un agravio inaceptable al conjunto de la sociedad chilena, un agravio inaceptable al Poder Judicial, y si este correo se envió con copia al comandante en Jefe de la Armada, reviste particular gravedad, al no haber adoptado medida alguna de parte del jefe superior en relación con los dichos de Navajas".

El Mostrador consultó a Comunicaciones de la Armada de Chile, desde donde declinaron hacer comentarios al respecto; a la Subsecretaría de la Defensa, con el mismo resultado; y al Ministerio de Defensa, quienes adelantaron que se referirían a estos hechos tras la sesión secreta en la Cámara, donde la ministra Fernández oficiará de vocera.

Fuente: El mostrador

Murió Gerhard Mücke, criminal de la dictadura y exjerarca de Colonia Dignidad

 

Domingo, 18 de Septiembre de 2022 a las 17:33hrs. 

Periodista Digital: EFE

Gerhard Mücke, criminal de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y uno de los jerarcas de la exColonia Dignidad, el enclave alemán ubicado en el sur de Chile, murió este fin de semana a los 87 años a causa de graves complicaciones de salud en el Hospital de Cauquenes, según pudo confirmar Efe con múltiples fuentes.

"Murió Gerhard Mücke, cómplice de las aberraciones sexuales de Paul Schaefer en Colonia Dignidad y condenado por delitos de lesa humanidad contra detenidos de la dictadura. Juicio y castigo a todos los exjerarcas de Colonia Dignidad", publicó en sus redes sociales la diputada oficialista por el Maule Consuelo Veloso (Revolución Democrática), una de las pocas autoridades que se ha referido al hecho.

Condenado a más de 20 años de cárcel por diversos delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, Mücke, que cumplía su sentencia en la Cárcel de Cauquenes, era conocido como uno de los fundadores del asentamiento en 1961 y uno de los hombres más cercanos al líder de exColonia Dignidad y exmilitar nazi, Paul Schaefer, ya fallecido.

"No hay ningún crimen cometido en la exColonia Dignidad del cual Mücke no haya tenido un grado de participación", dijo a Efe el abogado Winfried Hempel, que lleva adelante causas de derechos humanos vinculadas a los hechos ocurridos en la zona y que recibió noticias de su fallecimiento durante la mañana del sábado.

"Desde luego, participó en el maltrato y tortura de colonos, así como también en todas las aristas que se dicen en relación con la detención, tortura y desaparición de víctimas de la dictadura de Pinochet", agregó Hempel.

Pese a ser un ciudadano alemán, Mücke estaba registrado como un agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) en la Región del Maule, la policía secreta de la dictadura que operó con escuadrones de persecución y asesinato de opositores, golpeando el seno de las organizaciones de izquierda que pasaron a replegarse y resistir tras la caída del gobierno democrático de Salvador Allende (1970-1973).

"Participaba en operativos del Ejército en la zona, detuvo a personas, personalmente torturaba a los presos y luego participaba de los fusilamientos", relató Hempel a Efe.

MÜCKE RECONOCIÓ EL ASESINATO DE "UNA TREINTENA" DE PRISIONEROS

En declaraciones de 2005, entregadas al ministro en visita Jorge Zepeda desde la cárcel, Mücke reconoció el asesinato de "una treintena" de prisioneros, hecho del que aseguró fue testigo directo, describiendo su posterior inhumación ilegal en una fosa común y sucesiva exhumación en la "Operación Retiro de Televisores" de 1978, acción militar que buscó desaparecer los restos de detenidos políticos para evitar hallazgos y procesamientos judiciales.

"Mücke fue hermético hasta el final, era de línea dura y prácticamente no colaboró nunca, llevándose muchos secretos a la tumba. Se le pidió en los últimos meses que por lo menos colaborara en entregar identidades de detenidos desaparecidos, pero ni siquiera tuvo esa consideración", enfatizó Hempel.

Durante décadas, según consta en registros judiciales y periodísticos locales, los jerarcas de la exColonia Dignidad sometieron a esclavitud y tormentos a colonos alemanes, abusaron de niños y fueron cómplices y encubridores activos de los crímenes de la dictadura cívico-militar.

Sin ir más lejos, contaron con el respaldo de altos dirigentes de la derecha chilena hasta avanzados los años 90, como el exministro de Justicia del Gobierno de Sebastián Piñera y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Hernán Larraín.

"LA MÁXIMA ABERRACIÓN DEL SER HUMANO ESTUVO EXCOLONIA DIGNIDAD"

"Este criminal máximo jamás se arrepintió ni reconoció la barbarie cometida en ese lugar. Pienso en Juan (Maino) y tantos otros que pasaron por sus manos y que, sin pensarlo un minuto, torturó y asesino. La máxima aberración del ser humano estuvo en ese lugar (exColonia Dignidad)", dijo a Efe Margarita Maino, hermana de uno de los detenidos desaparecidos que habría pasado por el recinto.

"Se fue sin dar a conocer toda la información que tenía respecto a crímenes de lesa humanidad, al asesinato y desaparición de personas, a los delitos vinculados a la DINA de la séptima región y este enclave. Lamentamos que se haya ido sin entregar esto para avanzar en la verdad, justicia y reparación", dijo a Efe el periodista y vicepresidente de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, Gabriel Rodríguez.

Contactado por Efe, personal de salud del Hospital de Cauquenes, dijo que no podía entregar información a terceros, pero que la familia había sido notificada.

La Colonia Dignidad operó como centro de detención clandestino entre 1973 y 1974, sitio al que llegaron prisioneros desde distintos puntos del país tras el golpe militar, incluyendo Santiago. Dicha Colonia fue un enclave alemán situado a unos 380 kilómetros al sur de Santiago, fundada en 1961 por un grupo de alemanes reclutados por el suboficial nazi Paul Schaefer.

Durante décadas, los jerarcas de la colonia burlaron las leyes chilenas, y el primer Presidente tras el retorno de la democracia a Chile, el democratacristiano Patricio Aylwin (1990-1994), le retiró la personalidad jurídica, que describió como "un Estado dentro del Estado".

Fuente: Cooperativa.cl

El excesivo cumplimiento de las sanciones, una nueva amenaza para los derechos humanos, afirma experta de la ONU

La proliferación de sanciones secundarias -aquellas que los Estados imponen a terceras partes para hacer cumplir sus sanciones unilaterales- ha dado lugar a un creciente temor a su cumplimiento excesivo, lo que está provocando graves efectos adversos en los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo, ha declarado hoy un experto independiente de la ONU.

En concreto, las sanciones secundarias tienen por objeto impedir que terceras partes -Estados, entidades comerciales y particulares- comercien con los países sujetos a sanciones emitidas unilateralmente por otro país.

"Hoy en día el mundo se enfrenta a una proliferación de sanciones secundarias, aplicadas extraterritorialmente a Estados, entidades o individuos por su presunta cooperación o asociación con las partes sancionadas", dijo la relatora* especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales sobre los derechos humanos, Alena Douhan**.

Al presentar hoy su informe temático en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Douhan dijo que las sanciones secundarias, y la amenaza de tales medidas, se estaban utilizando para imponer sanciones unilaterales contra Estados y sectores económicos clave.

La experta dijo que el impacto se vio exacerbado por el exceso de cumplimiento por parte de diferentes actores, como los Estados, las empresas, las instituciones financieras, las organizaciones de la sociedad civil y los actores humanitarios, que optan por cortar los vínculos con los países sancionados por temor a las repercusiones, incluso para las actividades autorizadas.

Un alcance indiscriminado

"El exceso de cumplimiento se ha convertido en una práctica generalizada a escala mundial, y debe reconocerse como una nueva e importante amenaza para el derecho internacional y los derechos humanos", dijo Douhan.

"Tiene un alcance indiscriminado y repercute en los derechos humanos de todos, no sólo de los que viven en los países sancionados, sino también de los nacionales de esos países que viven en el extranjero, y a veces puede superar el impacto de las sanciones primarias", dijo.

La relatora especial destacó el impacto de las sanciones secundarias y el exceso de cumplimiento en el suministro de ayuda humanitaria y en las operaciones de los agentes humanitarios.

Esas medidas "obligan a los actores humanitarios a buscar métodos menos formales de transferencias financieras y adquisiciones, lo que da lugar a mayores costes, importantes impedimentos operativos, mayores riesgos y menor transparencia", dijo Douhan.

También se mostró preocupada por las implicaciones jurídicas internacionales de las sanciones unilaterales y el exceso de cumplimiento en materia de responsabilidad internacional, derecho penal internacional, comercio, derecho medioambiental y convenciones e inmunidades diplomáticas.

Son ilegales

"Las sanciones secundarias y sus consiguientes sanciones civiles y penales son ilegales", dijo Douhan.

La experta en derechos humanos instó a los Estados a eliminar o minimizar el exceso de cumplimiento de las sanciones unilaterales a través de la legislación, la regulación y los incentivos financieros o de otro tipo.

 "Los Estados deben eliminar o compensar los riesgos que conducen a este tipo de conductas, que llevan a violaciones de los derechos humanos", dijo.

Douhan instó a las empresas e instituciones financieras a que adopten un enfoque basado en los derechos en su aplicación de los procedimientos de diligencia debida y a que establezcan mecanismos para supervisar el impacto del cumplimiento y el exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones unilaterales sobre los derechos humanos.

También pidió a las organizaciones internacionales, incluida la ONU, y a los actores de la sociedad civil que integren en su trabajo la evaluación del impacto en los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales y del cumplimiento excesivo de las sanciones.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

**Alena Douhan (Bielorrusia) fue nombrada relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos por el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2020. Douhan cuenta con una amplia experiencia en el campo del derecho internacional y los derechos humanos como profesora de derecho internacional en la Universidad Estatal de Bielorrusia (Minsk), profesora visitante en el Instituto de Derecho Internacional de la Paz y los Conflictos Armados (Bochum, Alemania) y directora del Centro de Investigación sobre la Paz (Minsk). Se doctoró en la Universidad Estatal de Bielorrusia en 2005 y obtuvo el doctorado en Derecho Internacional y Derecho Europeo en 2015 (Bielorrusia). Los intereses académicos y de investigación de Douhan se centran en los campos del derecho internacional, las sanciones y el derecho de los derechos humanos, el derecho de la seguridad internacional, el derecho de las organizaciones internacionales, la solución de controversias internacionales y el derecho medioambiental internacional.

Fuente: Noticias ONU

La confrontación de los extremos

Autor: Luis Gallegos Chiriboga

El mundo vive una división agravada por las circunstancias globales, cuyas incidencias afectan a todas las sociedades del mundo. La enfermedad global, las guerras y los extremismos repercuten en el pensamiento personal y colectivo. Esos radicalismos, generalmente, nunca se confrontan por medio del diálogo civilizado, son posiciones irreductibles de liderazgos obtusos, que implican la incapacidad de encontrar soluciones a las graves incidencias que alteran nuestras vidas.

Lamentablemente, la gran mayoría de la población pensante se encuentra en el centro del espectro político y económico. Esos son los que normalmente tienen que pagar los platos rotos de los desacuerdos de los extremos. Esos radicalismos, que tildan como ideológicos, normalmente son desencuentros de intereses. Lo extraño en muchos países, es que los extremos solo hacen declamaciones idílicas de posiciones y no presentan programas y proyectos que enfrenten con soluciones la angustiosa realidad de las mayorías.

Hoy, se discute en Estados Unidos la “bipolaridad” política, en donde dos partidos están encapsulados en sus posiciones más radicales y no encuentran, o no quieren encontrar, el campo intermedio para que prevalezcan los intereses de la mayoría de su población. Tan separadas están las posiciones que hay muchos pensadores que cuestionan la supervivencia de la democracia estadounidense.

Hay que analizar los motivos que llevaron a esta situación. Los liderazgos de ciertos grupos hegemónicos en los partidos tradicionales, los extremismos imperantes de sus élites poco ilustradas, el predomino del resentimiento y el odio, pero sobre todo la ausencia de una discusión realista de la problemática social, económica y política han contribuido a esta situación.

Lo que hace esta “bipolaridad” global es afectar la esencia misma de la gobernabilidad y provoca el abandono de la visión conjunta para enfrentar sus problemas, en base a sus intereses y no los intereses importados de otras tendencias internacionales.

Fuente: El comercio

Bachelet dice que una extradición de Assange a EEUU afectaría la libertad de prensa

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que una posible extradición y enjuiciamiento en Estados Unidos de Julian Assange es motivo de preocupación por el impacto que tendría en la libertad de la prensa, en el periodismo de investigación y en la actividad de los informantes.

Bachelet recibió este jueves en su oficina en Ginebra a la esposa del fundador de Wikileaks, Stella Assange, así como a sus abogados Baltasar Garzón y Aitor Martínez, que le informaron de la situación del activista, quien desde 2019 se encuentra en una prisión de máxima seguridad del Reino Unido.

En comentarios a Efe sobre este caso, la alta comisionada enfatizó la importancia de que se respeten los derechos humanos de Assange, “en particular el derecho a un juicio justo y al debido proceso”, y aseguró que su organismo estará atento a lo que ocurra.

Asimismo, indicó que está informada sobre los problemas de salud de Assange, al que Estados Unidos reclama para procesarlo por 18 delitos relacionados con espionaje e intrusión informática por la publicación en su portal Wikileaks de decenas de miles de documentos secretos relacionados con la guerra de Irak, la invasión de Afganistán y la prisión de Guantánamo, entre otros temas.

Sus defensores aseguran que se trata de un caso de persecución política y que podría recibir una pena de por vida.

Las mayores publicaciones de secretos de inteligencia estadounidenses se produjeron entre 2010 y 2011, tras lo cual Assange -de nacionalidad australiana- empezó a ser perseguido por la justicia, lo que le llevó a pedir asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde estuvo confinado entre 2012 y el momento de su detención en 2019.

Bachelet sostuvo que hay inquietud por la salud física y mental del periodista, que espera la decisión final de un tribunal británico su extradición, que fue aprobada a mediados de junio por el Ministerio del Interior británico.

Según información divulgada por la campaña Don’t Extradite Assange, su esposa expuso a Bachelet el “frágil estado de salud” que atraviesa y aludió a informes médicos que confirman el riesgo de que Assange muera en prisión y que la extradición pueda llevarle a poner en peligro su propia vida.

Fuente: Biobio Chile

Comisión de la Verdad: sus hallazgos abren nuevas pistas de investigación y acción estatal

Por Fernando Rodríguez Ureña -.

Con la entrega al presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, en acto oficial del Informe Final en sus 11 tomos y su resumen ejecutivo denominado Memoria Histórica, concluyó la primera etapa de trabajo de la Comisión de la Verdad, creada mediante la Ley 879.

Si bien las acciones operativas de la Comisión cesaron el 20 de diciembre de 2019, cumpliéndose plazos y procedimientos mandados por ley, faltaba que el despacho de la Presidencia del Estado Plurinacional señale una fecha para completar la entrega a todas las instancias mandadas por ley. Cumplida esta entrega, el informe ya pasa a ser información pública y puede accederse a él en sus 11 tomos y el material de sustento de los mismos, en la Biblioteca de la Asamblea Plurinacional, donde se ha creado una sala exclusiva para su custodia.

Consideramos que se ha iniciado una nueva fase de proyección del trabajo de la Comisión de la Verdad, pues el conjunto de recomendaciones que generó, el Estado Plurinacional tiene la obligación de cumplirlas y será necesario articular una instancia de Estado y sociedad civil que se encargue de hacer seguimiento a las recomendaciones y articular a sus actores e instituciones. En una instancia como esta, será también pertinente que la cooperación internacional y la cooperación multilateral sean convocadas, la primera en el fomento de la cooperación para el fortalecimiento de una cultura de Derechos Humanos y recuperación de la memoria histórica. La segunda, pues muchas de las recomendaciones están relacionadas a observaciones de los mecanismos de seguimiento de los tratados en el sistema universal de protección de los Derechos Humanos.

Entre las recomendaciones más importantes del Informe de la Comisión, y de una manera general, se pueden señalar:

El resarcimiento integral y en todas las modalidades de las víctimas y sus familiares, mediante mecanismos apropiados y que no produzcan o reproduzcan injusticias pasadas. Continuar en base a las nuevas pistas las investigaciones sobre el destino final de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal. Que el Ministerio Público convoque a civiles que tuvieron relación con estos hechos y que nunca declararon. Que se estructure la Casa de la Memoria como eje articulador de estas acciones.

Durante el proceso de investigación hubo instituciones que se ajustaron al mandato, pero también otras que colaboraron con lo mínimo para mostrar que cumplían la norma, pero su voluntad de cooperación fue casi nula. Una de ellas fue el Ministerio de Gobierno, que junto a la Policía Boliviana fueron renuentes a la cooperación mandada por ley.

Con luces y sombras, las Fuerzas Armadas cumplieron abriendo sus archivos clasificados. El mito de su inexistencia fue quebrado. Los archivos existen y es de destacar que la Comisión de la Verdad de Bolivia fue la única en el mundo que tuvo acceso a ese tipo de información de Estado, por cierto valiosa. Lástima que solo se le permitió trabajar en ellos durante cuatro meses. Quién sabe si el recorte en tiempo de funcionamiento de la Comisión, haya tenido en esta actividad un otro componente, ya que era evidente para algunos uniformados la incómoda presencia de la Comisión en recintos tan sensibles.

La producción de este informe no resultó tarea fácil. Desde intentos de nepotismo hasta el colonial “acato pero no cumplo”, pasando por conquistar la necesaria autonomía de funcionamiento y concluyendo con la escasa o nula comprensión de la dimensión política de una Comisión de la Verdad de parte de incontables técnicos del aparato gubernamental, implicaron realizar un esfuerzo llevado al límite.

También se debe hacer referencia a la diversidad de fuentes, personales e institucionales, con riquísima información encontradas. Sin embargo, estas fuentes requieren una sistematización y su ordenamiento con estándares documentales internacionales, manteniendo el formato de entrega de documentación realizado por la Comisión.

A esto se sumó una realidad de carácter subjetiva, que tiene origen en el hecho que las organizaciones de víctimas están divididas y si bien la Comisión generó condiciones para sentarlas en la misma mesa, no deja de ser cierto que estas reuniones pudieron ser más productivas, pues las dirigencias de las mismas sostienen un liderazgo que compite y niega a las dirigencias de organismos similares, en muchos casos por el abordaje diferenciado de los temas y, por supuesto, la interpretación de los hechos.

Todas estas variables estuvieron presentes en el proceso de investigación y, pese a los obstáculos que suponen, los objetivos, las actividades planificadas y reformuladas a diciembre del 2019, además del presupuesto ejecutado, fueron alcanzados en un porcentaje superior al 95%.

Si bien estos aspectos señalados sirven para calibrar la voluntad política del Estado y los actores e instituciones involucradas, y la eficiencia del equipo operativo, son sin duda más importantes que los resultados alcanzados.

La extensión de un artículo como el presente no permite una exposición que merecerían todos los casos investigados, por lo que se expondrá una breve sistematización de constantes confirmadas en los golpes investigados.

Se puede señalar que los golpes de Estado entre noviembre de 1964 y octubre de 1982, no fueron aventuras de solo militares ansiosos de poder, sino que todos implicaron la participación de grupos de civiles, siempre conectados a intereses transnacionales.

Que los grupos de civiles involucrados, generalmente fueron los mismos pero que en diferente grado de intensidad participaron de los golpes. Estos alcanzaron notable impunidad y la ley no los tocó. Solían pertenecer a logias y grupos de poder, irónicamente, activos políticamente en democracia.

Todos los golpes tienen por detrás la aspiración de administrar recursos naturales estratégicos en calidad de materias primas, en beneficios de empresas extranjeras.

Los golpes de este periodo siempre han tenido como consecuencia un efecto desindustrializador soberano, afectando por esta vía a la economía nacional.

El narcotráfico, en menor escala pero ya presente en el golpe de Barrientos, tuvo hasta el 1982 un rol importantísimo, ya que fue no solo la fuente de financiamiento de los golpes, sino el componente que articuló y cualificó el paramilitarismo, que de grupos de matones y golpeadores pasaron a ser capacitados en torturas, interrogatorios y, finalmente, en desapariciones forzadas, resultado de la injerencia internacional como el Plan Cóndor. Klaus Barbie es el sujeto emblemático de esta actividad.

Detrás de los golpes de Estado en el periodo mencionado, siempre aparecen actuando organismos de inteligencia como la CIA estadounidense, el Mosad israelí o la inteligencia europea.

En todos los golpes aparecen participando embajadas extranjeras, en unos casos de países limítrofes y en otros continentales. Las agregadurías militares juegan un rol esencial en los mismos. Estas se convierten en vehículo y en otros casos en cobertura de la conspiración contra gobiernos populares.

Las masacres, desapariciones de dirigentes sindicales o activistas sociales y políticos, se producen en colectivos de resistencia a las medidas económicas que vienen acompañando los golpes de Estado. No son casuales ni aisladas. Tienen siempre una explicación económica de fondo. Esto se aplica a masacres mineras, especialmente, pero de igual forma campesinas y fabriles.

El caso de la represión a universidades y miembros de las iglesias, es un producto de la doctrina de seguridad continental norteamericana que apunta a Universidades e Iglesias como objetivos a ser controlados.

Yendo de lo general a lo particular, solo por fines expositivos en el presente artículo, haremos sintética referencia a los hallazgos del golpe de 17 de julio, ya que para fines de la Comisión todos los casos investigados tuvieron el mismo valor e importancia.

El golpe de Natusch del 1 de noviembre de 1979, está íntimamente ligado al golpe del 17 de julio de 1980. La herencia (vacancia) del poder dejado por Banzer, el control de las articulaciones internacionales con el narcotráfico, el sostenimiento de la impunidad ante crímenes cometidos, articula a civiles y militares en el intento de reproducción del poder.

Después del fallido golpe de Natusch, se activan las acciones de las Fuerzas de Operación del Plan Cóndor para “capacitar” a los nuevos golpistas y sus operadores civiles, los paramilitares, esta vez contando con el apoyo de la Triple A argentina y oficiales y suboficiales navales de ese país que tienen un rol definitivo en esta tarea.

El asesinato de Luis Espinal resulta ser una prueba piloto de estas labores. ¿Por qué Luis Espinal? Porque él se había convertido en el vehículo mediante el cual se estaban acopiando y construyendo las pruebas para el Juicio de Responsabilidades a Banzer. Esta situación es detectada por el Plan Cóndor, que actúa implacablemente. El modus operandi del asesinato y tortura tiene el patrón de las acciones de la Triple A y no corresponde a “la cultura represiva de los tiras bolivianos”.

¿Quién coadyuva en esta tarea de acopio de información? El futuro diputado suplente por la Unidad Democrática y Popular (UDP), Carlos Flores Bedregal, un joven legislador que con sus 27 años trabaja con Espinal y Marcelo Quiroga en los contactos, traslado de las pruebas, reuniones de planificación en torno a esta responsabilidad asumida. Su muerte en el asalto a la Central Obrera Boliviana (COB) no es casual ni el resultado de una bala perdida de la ráfaga que hirió mortalmente a Marcelo Quiroga. A Flores se lo identificó y se le disparó a quemarropa.

El otro objetivo era Marcelo Quiroga, quien “sabía mucho” y era un peligro para impedir el ingreso de Banzer en la vida política civil en democracia. Por eso decidieron su asesinato.

Se materializa el golpe de Luis García Meza, haciéndolo encabezar a un militar que era un ícono en las Fuerzas Armadas por su dureza, inflexibilidad y posición anticomunista. Mas el cerebro del golpe y poder detrás del trono era Luis Arce Gómez, oficial con un larguísimo historial que amerita una larga nota. En los hechos era Arce Gómez el jefe de las operaciones del golpe y, por supuesto, sabía más y operativamente tenía más poder que el propio García Meza, y sostenía una vinculación estrecha con Banzer, quien no lo terminaba de aceptar “por loco e indisciplinado”, pero que necesitaba de él para su proyecto político, en la nueva ola democrática que abarcaría Latinoamérica.

El asalto a la COB está acompañado de otro hecho del que poco se habla. El asalto a la oficina de Marcelo Quiroga en el por entonces denominado Palacio Legislativo. Allí ingresa un grupo de ocho oficiales y suboficiales que, con la ayuda de una agente infiltrada en esa oficina, identifica y secuestra los 12 archivadores de palanca que constituían la prueba para el juicio de responsabilidades a Banzer. Este solicita a Arce Gómez que dicho grupo de su confianza, que llega desde Santa Cruz, se encargue de esta tarea, lo cual es aceptado y es cumplida la acción de acuerdo a lo planificado.

La Comisión sostiene que fueron estos cuerpos, y no cuerpos humanos, los que por la tarde del 17 de julio fueron trasladados a la hacienda de Banzer en San Javier en un avión Beechcraft de la entonces prefectura de Santa Cruz. Estos cuerpos documentales resultaban el objeto fundamental del golpe, pues su quema y destrucción por el propio Banzer significaba poder saltar al terreno democrático y seguir actuando políticamente como civil.

¿Quiénes fueron los autores de la muerte de Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores Bedregal y cuál es el destino de sus cuerpos? Si bien el trabajo de la Comisión no pudo llegar a develar estos datos, investigaciones de campo han podido encontrar hilos conductores de nuevas pistas y se han generado hipótesis que deben ser trabajadas e investigadas.

Esta parte de la investigación amerita otra nota, por la que solo expondremos nuestra hipótesis más firme: Marcelo Quiroga podría haber sido enterrado en el Cementerio General, con nombre falso, en un nicho temporal. Existe como pista la compra de nichos en esas fechas, por Galo Trujillo, conocido paramilitar y jefe del SES. Al ser un nicho temporal y no ser retirados los restos por sus familiares, estos podrían haber tenido como destino el osario del Cementerio General. De allí que su paradero sea incierto, pues un exAlcalde muy conocido habría decidido la supresión del osario y la destrucción d restos ahí depositados, pues eran objeto de compra y venta de huesos por parte de estudiantes de medicina, constituyendo hechos de corrupción en el que participaban funcionarios ediles de la época.

La otra hipótesis sostiene que los restos de Marcelo podrían estar enterrados en la que por entonces se denominaba perrera, construcción contigua a las excaballerizas del Estado Mayor. La carencia de un scanner impidió que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizara esta pericia de campo, que consideramos es también necesario hacer.

El caso de Flores Bedregal es diferente y existen nuevas hipótesis para continuar con su investigación.

Estos dos casos representativos y todos los casos de desaparecidos, merecen continuar con las investigaciones hasta abordar la Verdad que después de más de cuatro décadas merece ser conocida, pues constituye una herida aún abierta para los familiares y todo el pueblo boliviano.

Para finalizar, es preciso hacer un reconocimiento a quienes fueron designados como comisionados: la Dra. Nila Heredia, Presidenta de la Comisión; Edgar Ramírez S., Presidente Alterno; Isabel Vizcarra y Teodoro Barrientos, quienes se constituyeron en el Directorio del trabajo de la Dirección Ejecutiva, instancia en la que en diferentes momentos de la investigación participaron alrededor de 50 personas con distintas habilidades y especialidades acordes a la estructuración de la información.

No podemos concluir este artículo sin rendir un sentido homenaje a Edgar Fidel Ramírez Santiesteban, recientemente fallecido, que fue un puntal operativo de todo el proceso de la Comisión y quien además por su experticia en archivística, análisis político y militancia en las luchas sindicales, participó y orientó todo el trabajo, siendo otra de sus menciones de honra haber sido una víctima directa del Plan Cóndor en el intercambio de presos políticos de Banzer con Pinochet.

Un reconocimiento explícito a su tarea sería nominar a la Casa de la Memoria con su nombre, personificando en él a todas las víctimas, y en justo homenaje a quien no solo se enfrentó a los gobiernos de facto, sino que además aportó de manera inconmensurable en la investigación que pide el resarcimiento integral de todas las víctimas de las dictaduras.

Solo resta esperar que las recomendaciones sean cumplidas por el Estado Plurinacional y se abra un nuevo momento en la reconstrucción de la Verdad.

Fuente: La época (Bolivia)

El referéndum de Chile divide al país a dos semanas de su celebración

Según su titular, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha recibido, desde que se aprobó en el Congreso el régimen de excepción, más de 3.400 denuncias de supuestas violaciones a DD. HH.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) confirmó la existencia de atropellos en al menos 7 casos durante los primeros días del régimen de excepción en El Salvador, vigente desde finales de marzo e implementado para "combatir" a las pandillas, según informó este lunes (22.08.2022) el titular de la institución, José Apolonio Tobar.

Tobar indicó en una entrevista televisiva que -de 173 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos recibidas, únicamente en San Salvador, en el primer mes del régimen de excepción- en 7 casos "existe responsabilidad de los funcionarios que han sido denunciados". Apuntó que se confirmaron estas vulneraciones tras una investigación y entrevistas de un equipo técnico de la PDDH y afirmó que "es la investigación la que nos da el soporte".

El procurador añadió que en la resolución del expediente con los casos de San Salvador emitirá también una serie de recomendaciones a la Policía Nacional Civil (PNC), Fuerza Armada y Centros Penales. Tobar dijo también que, de 65 denuncias investigadas en el departamento de Cuscatlán, en ninguna se confirmó que existiera atropellos por las autoridades.

La PDDH, según su titular, ha recibido, desde que se aprobó en la Asamblea Legislativa el régimen de excepción, más de 3.400 denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos.

Sobre las muertes de personas detenidas bajo el régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, Tobar declaró que la PDDH tiene "28 expedientes abiertos". Sin embargo, y de acuerdo con organizaciones humanitarias y reportes de medios locales, al menos 63 personas han fallecido bajo custodia estatal durante el régimen de excepción.

El Estado de El Salvador aseguró a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en un informe con fecha del 29 de julio que supuestamente investiga estas muertes, sin precisar la cifra. "El Estado comunica que las situaciones presentadas (muertes) han dado lugar a investigaciones que se encuentran en proceso bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República", señaló El Salvador.

El país centroamericano se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos atribuida a las pandillas el último fin de semana de marzo que dejó más de 80 víctimas. Bajo esta suspensión de garantías constitucionales, son más de 50.500 personas detenidas, según cifras oficiales.

ama (efe, el diario de hoy, megavisión)

Fuente: DW