El panorama post COVID-19 se percibe muy complejo y desigual en América Latina con aumento de la pobreza y la desigualdad

 La comisión económica para la región prevé para este año un rebote tras la crisis de 2020, pero advierte que el crecimiento no se sostendrá. En cambio, proyecta un aumento de la desigualdad, la pobreza y la informalidad en los próximos años a menos que se lleven a cabo cambios estructurales.

#DerechosHumanos #ONU #AméricaLatina #economía

El panorama de América Latina y el Caribe “es complejo, muy complejo, porque si bien es cierto que hay recuperación en 2021, también es verdad que si no hacemos los cambios necesarios y profundos del modelo de desarrollo, no vamos a poder salir de esta trayectoria de crecimiento baja”, dijo este jueves Alicia Bárcena durante la presentación de un nuevo informe especial elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La secretaria ejecutiva de ese organismo de la ONU explicó que si bien la región crecerá un 5,2% en 2021, no alcanzará a cubrir la contracción de 6,8% sufrida el año pasado como consecuencia de la pandemia de COVID-19. El avance en 2022 llegará sólo a 2,9% y, al final de ese año, 19 de 33 países no habrán recuperado el Producto Interno Bruto de 2019.

Cambio con mirada de igualdad

Bárcena afirmó que la crisis agudizó los problemas estructurales, haciendo más urgente que nunca emprender cambios de fondo “con una mirada de igualdad” que elimine “de una vez por todas la cultura del privilegio expresada en la evasión, en la elusión, en los fondos ilícitos, en los gastos tributarios inequitativos, en la excesiva concentración de la riqueza”.

Agregó que si no se abordan esos temas y no se restructuran la educación y la salud, la región no recuperará el 100% de los empleos y seguirá en la senda que se encuentra ahora, generando un aumento de la pobreza, la pobreza extrema, la desigualdad y el deterioro del medio ambiente.

Los grupos de población más afectados por estos lastres serán las mujeres, los estudiantes y los adultos mayores, detalló la alta funcionaria, subrayando el riesgo de perder una generación en términos de educación y previendo un retroceso de trece años en la situación económica y de autonomía de las mujeres.

Desproporción entre población y decesos

Para ilustrar la necesidad de restructurar los sistemas de salud pública, el estudio de la CEPAL señala que al 28 de junio de este año, más de 1.260.000 personas habían muerto debido al COVID-19 en los países latinoamericanos y caribeños, cifra equivalente al 32% del total mundial de fallecimientos aunque la población de la región sea apenas el 8,4% de la población mundial.

“El acceso desigual a las vacunas y a los servicios de salud (tanto de los países como de los grupos sociales) y la aparición de nuevas variantes del virus aumentan la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y la consiguiente apertura y recuperación de las economías”, apunta el documento.

El papel de las transferencias

Según Alicia Bárcena, esta incertidumbre hace imperativo que los gobiernos de la región mantengan los apoyos en forma de transferencias, una medida aplicada en 32 países que permitió sortear el temporal al 49,4% de la población en 2020.

Pese a haber sido un salvavidas para millones de familias, esas transferencias han disminuido de enero a abril sólo 20 países las extendieron para distribuir 10.000 millones de dólares, o 0,26% del PIB de 2020. La CEPAL advirtió que si se mantuviera ese nivel en lo que resta del año, la cobertura beneficiaría a 60 millones de hogares que representan el 29% de la población.

La mayor deuda del mundo

Entre los grandes frenos al avance económico, Bárcena destacó la deuda externa toda vez que América Latina y el Caribe es la región más endeudada del mundo, con un 56,3% de su PIB, y con un pago por el servicio de deuda que equivale al 59% de sus exportaciones.

“Esos niveles de endeudamiento reducen el espacio fiscal y ponen en peligro la recuperación y el crecimiento futuro. En el caso de los pequeños Estados insulares del Caribe, la situación es aún más insostenible, ya que en algunos el nivel de deuda pública supera el 100% del PIB”, especificó la CEPAL.

Vacunación desigual

La secretaria ejecutiva aseveró que las asimetrías son cada vez mayores tanto a nivel global como regional y nacional. Para ilustrarlo, contrastó el aumento de 33,7% de la pobreza y de 12,5% de la pobreza extrema con el aumento de 7,4% de la riqueza mundial y la concentración de la mitad de esa riqueza en el 1% de la población. Detalló también que en América, Estados Unidos y Canadá registraron un aumento de la riqueza del 12,4%, mientras que el resto del continente perdió un 11,4%.

Bárcena argumentó que esas asimetrías se trasladan a la vacunación contra el COVID-19 e hizo referencia a la media de 11,3% de vacunación completa mundial, frente al 46,3% en Estados Unidos y Canadá y al 13,6% de la región latinoamericana y caribeña, donde México y Centroamérica alcanzan un 14% y el Caribe apenas pasa del 7% y Haití no tiene población vacunada.

Este acceso desigual a las inmunizaciones debe cesar, apuntó Bárcena sumándose a las voces que instan a los países que han acaparado la producción y compra de las vacunas a compartirlas con las naciones que las precisan y no tienen acceso a ellas.

¿Qué hacer?

La complejidad de la situación de las economías latinoamericanas requiere de una serie de transformaciones, insistió la responsable de la CEPAL, listando varios de los puntos urgentes:

• Fortalecer papel del Estado y las política públicas
• Sostener las políticas fiscales y monetarias expansivas para potenciar la inversión
• Mantener las transferencias de emergencia
• Robustecer los sistemas de protección social
• Restructurar los sistemas de educación y salud
• Diseñar políticas transversales y de género para un nuevo modelo de desarrollo
• Buscar la integración productiva y comercial de la región
• Trazar un pacto global para una nueva arquitectura financiera internacional

Fuente: Noticias ONU

La CIDH presenta caso sobre Ecuador ante la Corte Interamericana

El Estado ecuatoriano es investigado por  la violación de los derechos Humanos de un militar denunciante de corrupción en las fuerzas armadas.

El caso se refiere a las represalias sufridas por Julio Rogelio Viteri Ungaretti, miembro de las Fuerzas Armadas y su familia, como consecuencia de una denuncia que realizó en noviembre de 2001 sobre graves irregularidades en la administración pública y hechos de corrupción dentro de la institución a la que pertenecía. El caso trata además sobre la relación estructural entre libertad de expresión y democracia, en particular la libertad de expresión como forma de denuncia de actos de corrupción.

Se discute si el Estado vulneró el derecho a la libertad personal con motivo de la imposición de una sanción disciplinaria; si brindó garantías judiciales y recursos efectivos para la protección de sus derechos; y, finalmente, el efecto que todo ello causó en sus familiares.

La CIDH procedió a evaluar la legitimidad de la misma mediante el test tripartito aplicable en estos casos y concluyó que la sanción disciplinaria no cumplió con los requisitos de legalidad, fin legítimo, necesidad y estricta proporcionalidad en una sociedad democrática.

En relación con la obligación de obtener una autorización previa para hablar con la prensa sobre un asunto de alto interés público, como es la denuncia de corrupción con posibles efectos sobre el uso de fondos públicos, la CIDH concluyó que esta restricción constituye el tipo de censura que la Convención Americana expresamente prohíbe, la cual afecta la dimensión individual y colectiva del derecho a la libertad de expresión.

La Comisión entendió además que las afectaciones al derecho a la libertad de expresión en el presente caso se vieron agravadas por la ausencia de mecanismos adecuados para denunciar hechos de corrupción en organizaciones altamente jerárquicas en Ecuador, como las Fuerzas Armadas; además, destacó el rol de los denunciantes o whistleblowers, y el deber de protegerlos frente a sanciones legales, administrativas o laborales, siempre que hayan actuado de buena fe. Al respecto, señaló que, sin una norma que garantice sus derechos, las represalias laborales y los actos de hostigamiento que derivaron, como en el presente caso, en el exilio del denunciante, generan un efecto inhibitorio para otros denunciantes de actos de corrupción.

Por otra parte, la CIDH consideró acreditado que el Viteri fue sometido a diversas sanciones de arresto de rigor, siendo la más relevante, por su extensión y efectos, una de 15 días, así como dos arrestos adicionales de tres y cinco días, por haber realizado declaraciones ante la prensa sin haber solicitado autorización previa. Ello, a pesar de que la denuncia de presuntos actos de corrupción ya había tomado estado público. Al respecto, se coligió que dichas detenciones fueron irrazonables y desproporcionadas y, en consecuencia, afectaron la libertad personal.

La Comisión observó también que las medidas de protección otorgadas por el Estado a solicitud de la CIDH no lograron proteger a Viteri ni a su familia de manera efectiva, dado que las medidas de vigilancia continuaron, motivo por el cual obtuvieron asilo político en el Reino Unido. Con base en ello, se entendió que el Estado es responsable por la violación del derecho de circulación y residencia reconocido en la Convención Americana en perjuicio del señor Viteri y su familia.

Asimismo, se concluyó que el Estado violó el derecho a la protección judicial debido a la falta de efectividad del recurso de hábeas corpus interpuesto por la víctima, el cual fue rechazado in limine con base en una interpretación de la Constitución según la cual no procedía ante detenciones basadas en razones disciplinarias dentro de las Fuerzas Armadas.

Por último, la CIDH declaró responsable al Estado por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral, en perjuicio de Viteri y su familia, por el sufrimiento y aflicción generadas por las mencionadas violaciones.

Con base en dichas determinaciones, la CIDH concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, libertad de expresión, circulación y residencia y protección judicial reconocidos en los artículos 5.1, 7.1, 7.3, 13.1, 13.2, 22.1, y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecida en sus artículos 1.1 y 2, en perjuicio de Julio Rogelio Viteri Ungaretti. Asimismo, consideró al Estado responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, y circulación y residencia establecidos en los artículos 5.1, y 22.1 de la Convención, en relación con las obligaciones establecida en su artículo 1.1, en perjuicio de su esposa, hija, hijo y suegra.

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado:

Reparar integralmente las violaciones declaradas en el Informe de Fondo tanto en el aspecto material como inmaterial. El Estado deberá adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción.

Establecer mecanismos adecuados de protección de denunciantes que en razón de su empleo o posición institucional expongan irregularidades, hechos de mala administración, hechos de corrupción, violación de los derechos humanos, violaciones del derecho humanitario y otros intereses públicos gravemente afectados; la protección debe prevenir la aplicación de sanciones legales, administrativas o de cualquier otra índole - incluyendo la protección de reporte seguro al interior de las Fuerzas Armadas -, para el caso que al momento de la revelación el denunciante haya tenido fundamentos razonables para creer que la información revelada era cierta y constituía una amenaza o daño a un interés público concreto.

Adecuar el ordenamiento jurídico interno, en particular el Reglamento de Disciplina Militar, de conformidad con los estándares establecidos en el presente informe, de acuerdo con el deber general de adoptar disposiciones de derecho interno establecido en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Realizar una capacitación al personal de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, incluidas las autoridades encargadas de la aplicación de sanciones disciplinarias, respecto a la protección de denunciantes que expongan hechos de corrupción o violaciones a los derechos humanos, a la luz de los estándares establecidos en el informe.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

No. 180/21

Fuente; CIDH

HAITÍ: los héroes olvidados de América Latina. Art. Juan Raúl Ferreira

 Estos días, Haití vuelve a acaparar las primeras planas. He hecho todo lo posible para aprovechar toda posibilidad de sumarme a la denuncia de lo que ocurre. Haití se ha cruzado en mi vida varias veceTambién en el exilio, cuyos archivos hurgué rápidamente.

Cuando andábamos «Con la Patria en la Valija» recorriendo el mundo, golpeando todas las puertas y recibiendo la solidaridad de partidos, pueblos y gobiernos de todos los signos, Haití sufría a la dinastía dictatorial de los Duvalier. A veces sentía vergüenza. Antes del golpe en Uruguay no manifestamos suficientemente nuestra solidaridad con el pueblo hermano.

Conocimos en la diáspora (fotos) al dirigente opositor Gerard Pierre Charles. Autor de varios libros sobre su país, en cuyas páginas aprendí la dimensión de la tragedia; también recorría el mundo buscando solidaridad. Coincidimos en varias reuniones. En más de una de ellas, al terminar nuestro trabajo sobre Uruguay, nos sumábamos a su propio esfuerzo.

Haití fue el primero en independizarse en América Latina, en 1791. Fue también la República, al no vacilar, en romper el yugo colonial para optar por constituirse en República. Este pionero de la libertad de nuestros pueblos sufría una crueldad indescriptible bajo nuestra indiferencia.

Pedimos al presidente Arístides Royo de Panamá, que ya que tanto había hecho por Uruguay, pensara en una actividad sobre Haití. Se hizo una jornada bajo su auspicio en mayo del 79. Al Presidente Roldós, de Ecuador, también pedimos lo mismo. Incorporó a Pierre Charles en el conjunto de personalidades que conformaron la Asociación Latino Americana de Derechos Humanos (Aldhu), fundada en Quito en 1980.

Recorríamos el mundo, cada uno, con su bolsa de dolor y de esperanza. Recibíamos esa arma contra la que las dictaduras no sabían defenderse: la solidaridad. Cada uno rodeado de sus compatriotas fuimos generando una comunidad. Memo Ungo de El Salvador; José Francisco Peña Gómez, de Dominicana; Anselmo Sule, de Chile; Vicente Saadi, de Argentina; Ernesto Cardenal, de Nicaragua; Gerard de Haití; Grille, Achard y yo de Uruguay éramos casi una ONG sin personería jurídica.

Gerard me introdujo en el exilio a la realidad de Haití. Luego la vida hizo que el drama de este pueblo se cruzara en mi camino. Hubo una esperanza de democratización, transformada luego en una nueva frustración. Aristide fue electo en 1990. Siendo yo Embajador en Argentina, volvieron los recuerdos del exilio, por un hecho muy puntual.

Al lado de la residencia de la Embajada se erige la modesta plaza República de Haití. Su Embajador se había vuelto mi amigo. Me dice que quiere emplazar allí un monumento al Mariscal Petion, Primer Presidente de Haití. Pero no tenía plata. Se lo doné. Allí sigue, y desde allí me convoca como un aguijón: «no es justo que se olviden de nosotros».

Luego de tres elecciones fallidas, en 2016 el Secretario de la OEA, Luis Almagro, me pide ser Jefe de una misión que apoye el esfuerzo haitiano para democratizarse. Yo había hecho ya varias misiones y cursos de observación electoral durante la Secretaría de Miguel Insulza (no menos de diez). También había mediado por Unasur en un conflicto fronterizo, un alto al fuego en Colombia; me entusiasmaba la idea.

Como me la presentó a la Misión, iba a ser muy especial. La ONU y la UE la apoyaban y no enviarían una propia, ayudando a financiar esta. No solo habría que observar el proceso electoral sino contribuir a garantizar un clima favorable al mismo. Quizás lo único que logré fue que la Minustah (verdadera fuerza de ocupación) no desplegara efectivos en las mesas electorales.

Digo bien «los días» porque el proceso llevó más de un año, de 2016, a instancias en segunda vuelta, a 2017 (parlamentarias y locales). Nunca tuvimos independencia técnica, ingrediente imprescindible en estas misiones. El Director del Departamento de Cooperación Electoral de la OEA (DECO), se instaló en Puerto Príncipe, impartía órdenes y directivas. Luego lo hizo Francisco Guerrero, Secretario para el Fortalecimiento de la Democracia. Ambos, del team de Almagro.

Dentro de lo posible y un poco más, me salí del aislamiento al que se había sometido a la Misión. Así me reuní con sindicalistas, luego de consultar a fuentes propias, sobre la legitimidad de cada uno de ellos y con grupos ecuménicos de base. La gente no quería misiones, quería libertad y autodeterminación.

Cuando tocaron las presidenciales, ganó el candidato Juvenal Moise. Se transmitió al mundo: «el Presidente Electo obtuvo más del 50% de los votos: no hay segunda vuelta». Era falso, con información cierta. Como decía Onetti: «la peor mentira es aquella en que todo lo que se dice es verdad pero se le quita el alma a los hechos». No se dijo que de 6:189.253 habilitados votaron solo 1:120.663 ciudadanos (padrón actualizado con la ayuda de la propia OEA).

Terminada la misión hice mi informe y se dilató su presentación. Una y otra vez. Un día, se iba a presentar finalmente el informe. Luego de hacerlo ante el Consejo Permanente de la OEA se haría ante la ONU y ante los Embajadores de la UE. Pero se ve que el informe que quise presentar no era funcional a los objetivos de la OEA.

Almagro no se hizo presente en la reunión del Consejo Permanente. Apenas comencé, el Director de la DECO, Gerardo de Icaza, comenzó a pasarme papelitos: «suficiente, termina». Los conservé como trofeo. Ahí constato y advierto oralmente que mi informe escrito se había cambiado. Al culminar mi aclaración, se me avisa que la presentación del informe ante ONU y UE había sido suspendida.

La semana pasada, a raíz del magnicidio, Haití vuelve a ser noticia. Silencio del gobierno uruguayo. Solo habló de Cuba, porque había habido una manifestación de opositores. En Haití no hay sucesión. Era el Presidente de la Corte de Justicia (murió de Covid), el del Congreso, Juvenal ya había prescindido del mismo gobernando por decreto.

Las manifestaciones se suceden con una brutal represión. El Primer Ministro (me pregunto, ¿de quién?) decretó Estado de Sitio. También pidió tropas de EEUU y ONU (una vez más). La ONU dijo que requería la autorización del Parlamento. Pero EEUU dijo que lo iba a considerar aunque ya llegaron a Haití representantes del FBI, la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado. Algo así como la avanzada.

La noche del magnicidio se sintió que hablaban español. Algunos han sido detenidos. No eran guerrilleros sino soldados colombianos. Con pasaportes expedidos con una modalidad extraordinaria. Cuando peleábamos contra la Cisplatina, Simón Bolívar se apestó a venir, hasta que vio que no llegaba a tiempo. Su apoyo en armas y soldados eran de Petion, Presidente haitiano.

Nos toca a nosotros estar a la altura.

Corte Suprema condena a cinco ex agentes de la CNI por homicidios en operación retorno del MIR

 Nelson Caucoto, abogado representante de Juan Olivares Pérez, una de las víctimas, relevó la trascendencia del fallo. “Se trata de una de las sentencias más importantes de los últimos tiempos, ya que rechaza todos los recursos interpuestos por la defensa de los agentes. Fue unánime, contundente y severo, lo que refleja la dimensión de las penas aplicadas, por lo que estamos muy satisfechos”, aseguró al respecto.

De manera unánime, la segunda Sala de la Corte Suprema confirmó las sentencias contra cinco ex agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), como autores y coautores del delito de homicidio calificado de Juan Ramón Olivares Pérez y Rubén Eduardo Orta Jopia, hechos ocurridos el 7 de noviembre de 1980, en el sector del puente Vivaceta, en el marco de la llamada operación retorno del MIR.

Respecto de este hecho, la Sala integrada por los ministros Haroldo Osvaldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Andrés Llanos, además del ministro suplente Juan Manuel Muñoz,  y la abogada integrante Pía Verena Tavolari, rechazó los recursos de casación presentados en contra la sentencia que había emitido en su fallo de primera instancia el ministro de fuero Miguel Vásquez, en mayo de 2016, y condenó a Roberto Urbano Schmied Zanzi a 18 años de presidio efectivo, como autor del homicidio calificado de ambas víctimas; a José Soto Torres, Egon Antonio Barra Barra, Teresa Osorio Navarro y Carlos Iván Labarca Brezzo, a la pena 15 años y un día como coautores.

Esta es la primera vez que algunos de estos agentes reciben condenas por crímenes de lesa humanidad, sentencia que deberá empezar a hacerse efectiva en los próximos días en el penal de Punta Peuco.

Una vez conocida la resolución judicial, Nelson Caucoto, abogado representante de Olivares Pérez, relevó la trascendencia del fallo. “Se trata de una de las sentencias más importantes de los últimos tiempos, ya que rechaza todos los recursos interpuestos por la defensa de los agentes. Fue unánime, contundente y severo, lo que refleja la dimensión de las penas aplicadas, por lo que estamos muy satisfechos”, aseguró.

De acuerdo a la investigación de la causa, se logró establecer que la muerte de Olivares Pérez y Orta Jopia respondió a la instalación de un falso enfrentamiento a manos de la CNI, ya que ambos estaban siendo seguidos durante tres meses, incluso antes de ingresar al país en el marco de la Operación Retorno del MIR de los años 80,  que se tradujo en varias víctimas de integrantes de este movimiento a lo largo de todo el país.

“Fue tan burdo este falso enfrentamiento que la CNI compró una citroneta de los años 50, vehículos que ya no existían en el país en tiempo de los hechos. A las víctimas las sacaron del cuartel Borgoño, donde estaban detenidas, los metieron en ese vehículo y los ametrallaron en la calle, dando la noticia a los medios de comunicación de que estos sujetos habían intentado atacar dicho cuartel, lo que se comprobó que era completamente falso. De hecho, una de las victimas tiene lesiones post mortem”, detalló Caucoto.

La operación

En relación a la investigación sustanciada por el ministro en visita Miguel Vázquez, se estableció que “un grupo de agentes de la Central Nacional de Informaciones, ‘CNI’, dependientes de la División de Inteligencia Metropolitana, se abocaron a investigar las actividades de personas que formaban parte del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y de aquellos que colaboraban con dicho organismo, procediendo a realizar seguimiento a los mismos».

Adicionalmente, se constató “que dentro de esas actividades, el día 6 de noviembre de 1980, agentes operativos de la División de Inteligencia Metropolitana de la Central Nacional de Informaciones, ‘CNI’, procedieron a seguir durante toda la jornada, en forma separada a Juan Ramón Olivares Pérez y a Rubén Eduardo Orta Jopia, militantes del MIR, que habían regresado clandestinamente al país, en el primer semestre de 1980, a quienes tenían plenamente identificados y conocían de sus movimientos, por el seguimiento que tenían sobre ellos, procediendo a su detención en forma separada en algunas horas, en el transcurso de ese día”.

Simulación de enfrentamiento

Siguiendo con el relato de los hechos investigados, la defensa de Olivares Pérez, destaca que se comprobó que “en horas de la madrugada del día 7 de noviembre de 1980, los indicados funcionarios, en avenida Santa María a la altura del puente Vivaceta, cerca del cuartel Borgoño de ese organismo, procedieron a darles muerte a los detenidos, mediante disparos de balas con armas de fuego, simulando un enfrentamiento, dejándolos al interior de una Citroneta modelo Azam placa patente GR-543, informando a la opinión pública que la muerte de aquellos se produjo en un incidente armado, entre las víctimas y funcionarios de la CNI, advirtiendo que se intentó asaltar el cuartel de calle Borgoño”.

Finalmente, agrega que post comisión de los delitos, “las autopsias practicadas en su oportunidad a las víctimas, revelan gran cantidad de impactos de bala en sus cuerpos, que fueron las causas de ambas muertes, presentado el cadáver de Rubén Orta Jopia, heridas de trayectoria de atrás hacia adelante y post mortem”.

Fuente: El Desconcierto

¡Dejen de mentir! Art Opinión Susana Seleme Antelo

“La mentira política tiene el efecto de desestabilizar las instituciones al destruir la capacidad de los ciudadanos de confiar en los políticos y hacerlos responsables.” Hannah Arendt

Aplicada esa sentencia a la Bolivia de Morales/Arce, y a otros países,  Hannah Arendt tenía y tiene razón, como siempre. Y es que la ausencia de la verdad en política, es decir la mentira, corrompe la práctica política desde adentro y termina convirtiendo al Estado en una maquinaria que destruye la democracia, sus instituciones, la libertad jurídica y al Derecho como estructura básica de armonización del mundo. Así opinan los expertos antiguos y modernos.

La propaganda política, que encuentra en Lenin el primigenio “padrino de la posverdad” según Víctor Sebestyen, siempre sacrificará la realidad de los hechos y los datos por el beneficio político propio de los autócratas, como el expresidente Evo Morales, sin importar las consecuencias. Esa es la realidad que vive la sociedad boliviana, rehén de la mentira y de la propaganda implacables que el gobierno de Luis Arce, aupado por el expresidente, pretende imponer sobre lo que sucedió en octubre/noviembre de 2019.  Aquí no hubo el golpe de Estado que ahora inventan. ¡Sí hubo fraude en las elecciones del 18 de octubre del mismo año!

El 10 de noviembre de ese año, Morales supo que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, daría a conocer los resultados de la auditoría, solicitada por su propio gobierno. Morales le pidió que no lo hiciera, porque él sabía la chapucería que habían cometido sus adeptos, bajo sus órdenes y la de sus mentores.  Hoy pocos recuerdan que existe el informe final de la OEA donde se constata que hubo “Manipulación dolosa» y «parcialidad de la autoridad electoral» que alteraron «la voluntad expresada en las urnas”. Puntualiza  que “Las manipulaciones al sistema informático son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave…La existencia de actas físicas con alteraciones y firmas falsificadas también impacta la integridad del cómputo oficial… Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta.”  Nunca se investigó nada y los responsables del fraude andan impunes, como Morales, hoy reinando y mandando desde su suntuario cocalero, en Chapare.

Después de conocido aquel informe, Morales y su jacobino Vice presentaron su renuncia y luego lo hicieron quienes estaban en la línea de sucesión constitucional, para crear caos social y político por un eventual vacío de poder. Creyó Morales que esas renuncias dejaba al país sin orden ni concierto y que, como en la Venezuela de Hugo Chávez (+) en 2002, se le rogaría que volviera. Pero Bolivia no era Venezuela. Aquí hubo sucesión constitucional.

Ya lo dijimos: la mentira tiene patas cortas y cada vez salen más a la luz los entresijos de la monumental mentira que siguen montando Morales y su partido, el MAS. También algunos vecinos externos, que hacen papelones políticos y diplomáticos, con flagrante deshonestidad. Hoy sabemos que Argentina no envió material bélico a Bolivia, sino un grupo de 12 agentes del grupo “Alacrán”, expertos en operaciones especiales para proteger la Embajada y la residencia del embajador de su país en La Paz, cuando Morales quería incendiarla.  En esas instalaciones se refugiaron miembros del gobierno de Evo Morales, ya renunciado, entre ellos, varios exministros.

La sociedad boliviana sospechó el fraude desde el primer momento, no en vano fueron los 21 días de paro. Sabemos que la crisis política y democrática actual tiene su origen en el desconocimiento del Referéndum de 21 de febrero de 2016, cuando Bolivia dijo NO a una cuarta elección de Morales.  Lo repetiremos sin cansarnos nunca ante los impulsos de Morales y los suyos, no solo de quedarse en el poder para toda la vida, sino de someter a la sociedad a convivir con la mentira, como parte de la estrategia de la propaganda del régimen, con la arrogancia del poder total. Pretenden obligarnos entre el engaño y el propio autoengaño, sin el menor escrúpulo, aparentando ser víctimas, siendo los verdugos de la democracia, mientras mandan a prisión preventiva a la expresidenta Jeanine Añez, y a más de 20 exfuncionarios de su gobierno violando el debido proceso, sin pruebas, solo por sed de venganza, sin atisbos de humanidad.

A Morales y los suyos los mueve el poder de dominación sobre el territorio, la población y, desde luego, sobre el prójimo que le impide lograr su objetivo. La sociedad se lo impidió en 2019 desde la calle y en la calle en paro movilizado 21 días. Entre otros factores, lo hizo huir esa calle llena de ciudadanía consciente y democrática al grito de “nadie se cansa, nadie se rinde, Evo de nuevo, huevo carajo”.  A la calle es adonde tenemos que volver.

Hannah Arendt sabía que la verdad y la política pocas veces han sido buenas compañeras, pero también sabía que la solo verdad de los hechos podía salvar la política. Salvemos la política en Bolivia con la verdad. ¡Basta de mentiras!

Art. Opinión Susana Seleme Antelo

 

Invitación a diálogo "Hablemos de las recomendaciones de la CIDH". 19 de Julio

Invitación para hablar de las recomendaciones de la CIDH.

Próximo lunes 19 de julio, a las 11:30 am.

Departamento de Derecho Constitucional

#ExternadoVirtual Les invitamos a participar en el evento “Hablemos de las recomendaciones de la CIDH: Diálogo con expertas regionales”, en el que contaremos con la participación de Mariana Ardila Trujillo, Angelita Baeyend, María Clara Galvis Patiño, Silvia Serrano Guzmán y Verónica Hinestrosa Arenas.

🗓 Fecha: Lunes 19 de julio de 2021

⏰ Hora: 11:30 a.m. 

📍Id Zoom: 816 0986 7288

📌 Enlace de acceso al seminario: https://uexternado.zoom.us/j/81609867288

 

¡Les esperamos!

Unidad opositora desconoce proceso electoral de Nicaragua por "viciado"

 Managua, 13 jul (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco informó este martes que desconoce, por "viciado", la legitimidad del actual proceso electoral de Nicaragua, que tendrá su día cumbre con las votaciones el 7 de noviembre próximo, y en el que el presidente Daniel Ortega buscará una nueva reelección.

#elecciones #Democracia #DanielOrtega #Nicaragua 

"No podemos reconocer en este momento el proceso electoral como algo legítimo y vinculante, no cumple con los requisitos mínimos", dijo la dirigente de la Unidad Alexa Zamora, en teleconferencia de prensa.

Las elecciones generales del 7 de noviembre próximo "no garantiza bajo ninguna circunstancia que se respete la voluntad popular, y es totalmente violatoria de los derechos de los ciudadanos", sostuvo.

La Unidad Nacional, que no cuenta con personalidad jurídica, basó su decisión en las acciones estatales contra opositores, como el arresto de al menos seis aspirantes a la Presidencia y cerca de 20 líderes, la imposición de leyes que restringen la participación en las elecciones, el nombramiento de magistrados sandinistas en el Poder Electoral, o el asedio policial contra la disidencia.

"Reafirmamos que no rechazamos la vía electoral, rechazamos el proceso electoral viciado e impuesto por la dictadura", indicó ese grupo.

INSISTEN EN ELECCIONES LIBRES

"Podés ir a un proceso electoral, pero eso no garantiza el resultado y no garantiza la salida de Ortega", señaló el también dirigente de la Unidad Ariel Sotelo, al ser cuestionado sobre la necesidad de derrotar al presidente en unas elecciones que, según afirmó, no ofrece garantías.

Los miembros de la Unidad Nacional insistieron en que el interés de la organización, conformada en su mayoría por los llamados "manifestantes autoconvocados" de abril de 2018, es "salir de la dictadura a través de la vía pacífica", más allá de los comicios de noviembre.

Sostuvieron que solamente reconocerán como legítimo un proceso electoral que cuente con "libertad absoluta de todas las personas presas políticas, elecciones libres, observadas, transparentes, retorno de las garantías civiles y políticas", así como el "cese a la represión, persecución y militarización en el país".

También reconocerán las elecciones si se realizan "reformas electorales que incorporen las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La Unidad descartó apoyar a quien resulte candidato presidencial por el también partido opositor Ciudadanos por la Libertad (CxL), al considerar que la elección interna "se está dando a través de dedazos (impuesta)", explicó la integrante de la organización María Laura Alvarado.

"No tenemos el derecho de elegir a las personas que nosotros creemos que son óptimas para dirigir el país", lamentó el dirigente de la Unidad Alex Hernández.

El proceso electoral ha sido objeto de críticas, tanto dentro como fuera del país, por las razones que señaló hoy la Unidad.

En las elecciones de noviembre, Ortega, quien gobierna desde 2007 tras haberlo hecho entre 1979 y 1990, se jugará 42 años de primacía casi absoluta sobre la política nicaragüense.

(c) Agencia EFE

Fuente: Yahoo Noticias