ONG solicitan a la CIDH protección para una abogada salvadoreña por persecución

 San Salvador, 28 may (EFE).- Organizaciones humanitarias solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dicte medidas de protección para la salvadoreña Bertha Deleón, quien fue abogada del presidente Nayib Bukele, por persecución política.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) señaló en un comunicado emitido este viernes que Deleón, excandidata por un partido opositor, enfrenta "una campaña de estigmatización, hostigamiento y un proceso de criminalización que se ha emprendido en su contra, el cual podría derivar en una detención arbitraria".

La abogada, que defendió al presidente salvadoreño en al menos dos procesos por calumnia y expresiones de violencia contra la mujer, fue notificada recientemente que se abrieron tres casos penales en su contra.

Explicó recientemente a la prensa que estos casos están relacionados con denuncias del político Walter Araujo, uno de los principales defensores del Gobierno de Bukele en las redes sociales, y un abogado defensor del empresario Enrique Rais.

Deleón denunció a Araujo por expresiones de violencia contra la mujer en 2020 por diversas publicaciones que este hizo en las redes sociales, lo que también derivó en la anulación de la candidatura para diputado del político por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI).

La abogada también fue querellante en un caso contra Rais.

El Cejil señaló que la "solicitud de medidas se genera ante el riesgo inminente de un daño irreparable a los derechos de vida, integridad y libertad personal" de la letrada.

También destacó que Deleón fue querellante en el proceso que enfrentó el fallecido expresidente Francisco Flores por cargos de corrupción y ha defendido a "mujeres encarceladas por experimentar emergencias obstétricas en el contexto de penalización absoluta del aborto".

Añadió que Deleón "ha criticado públicamente actuaciones arbitrarias del actual mandatario (Bukele)", como el ingreso con militares y policías con fusiles de asalto en febrero de 2020 a la Asamblea Legislativa.

De acuerdo con declaraciones de la abogada, ese hecho marcó la ruptura de su relación con el presidente Bukele.

La petición de medidas de protección fue acompañada también por la abogada salvadoreña Ruth López Alfaro, la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos y la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).

En una entrevista con el medio local El Faro, Deleón señaló que el actual fiscal general, Rodolfo Delgado, fue "impuesto por Bukele".

Delgado llegó a la Fiscalía el 1 de mayo, cuando la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista votó por destituir del cargo de fiscal general a Raúl Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

"Ahora, ya se controla desde Presidencia a la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional. Lo que hace que nadie tenga garantías judiciales y eso es grave. Realmente es grave y para mí creo que es doblemente grave", dijo al medio.

Estas destituciones, criticadas especialmente por Estados Unidos, han generado preocupación en la comunidad internacional por suponer un atentado contra la separación de poderes.

Fuente: Yahoo Noticias (EFE)

Bachelet urge a las autoridades nicaragüenses a modificar la reciente ley electoral mediante un proceso inclusivo

 La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresa su inquietud frente a las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua, al considerar que el país se aleja de que sean “libres y legítimas”, dadas las recientes medidas adoptadas por las autoridades contra los partidos políticos, los candidatos y los periodistas independientes, que restringen aún más el espacio cívico y democrático.

#NicaraguaElecciones #DerechosHumanos #Democracia #ONU

La portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró este viernes su profunda preocupación por la reciente aprobación en Nicaragua de una reforma electoral que ignora las demandas de la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional, al no incorporar salvaguardas que garanticen la imparcialidad de las autoridades electorales.

Según Marta Hurtado, las enmiendas electorales se aprobaron el pasado 4 de mayo en la Asamblea Nacional nicaragüense, afín al partido gobernante, y también contienen disposiciones que no se ajustan a las normas de derechos humanos, como las restricciones al derecho a la libertad de expresión, de reunión y de participación política.

En el contexto de la reforma electoral, la vocera comentó que durante las últimas semanas las autoridades nicaragüenses ya disolvieron dos partidos políticos con argumentos contrarios a las normas y estándares internacionales, y sin garantías procesales.

El Consejo de Derechos Humanos encargó el pasado mes de febrero a la Oficina que vigilara de cerca los derechos humanos durante el proceso electoral en Nicaragua.

El caso de Cristina Chamorro

Las autoridades del país centroamericano anunciaron el 19 de mayo la apertura de una investigación contra una de las principales precandidatas a la presidencia, Cristina Chamorro, por presunto lavado de dinero a través de la organización no gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

La investigación se fundamenta en la ley "Contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva aprobada en julio de 2018”.

Según la portavoz, la ley es de amplia aplicación y suscita la preocupación general de que pueda utilizarse para silenciar la disidencia.

Las acusaciones contra Chamorro incluyen un supuesto uso indebido de fondos recibidos de fuentes internacionales, por lo que enfrenta la posibilidad de una condena penal o de su inhabilitación como candidata.

Durante la última semana fue citado a declarar en esta causa abierta el personal de doce medios de comunicación independientes, mientras que el 20 de mayo la policía registró las oficinas del Confidencial, un medio de comunicación dirigido por Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristina. Los agentes incautaron diversos materiales y detuvieron temporalmente a un camarógrafo.

La portavoz explicó que la Policía Nacional también ha intensificado sus acciones para restringir los movimientos de otros líderes de la oposición.

“En estas circunstancias, la disolución de los partidos políticos y el inicio de investigaciones penales que podrían llevar a la inhabilitación de los candidatos de la oposición, sin el debido proceso, no sólo socavan el derecho a presentarse a las elecciones de los aspirantes, sino también el derecho de los votantes a elegir a los candidatos de su preferencia”, destacó. 

Añadió que el “continuo acoso” al que son sometidos los medios de comunicación independientes “coarta el derecho a la libertad de expresión y mina el derecho de los ciudadanos a estar informados”, un aspecto “crucial en cualquier democracia y en todo momento, pero que es de vital importancia durante un periodo electoral”.

El acoso a miembros de la oposición y periodistas debe finalizar

La aprobación de esta nueva ley electoral es la última de una serie de ordenanzas adoptadas por la Asamblea Nacional que limitan “innecesariamente y de forma desproporcionada los derechos humanos”, sobre todo de miembros de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, los periodistas y los líderes políticos y sociales.

“Pedimos al gobierno nicaragüense que cese el acoso -incluido el judicial- a miembros de la oposición y periodistas”, solicitó Hurtado.

Del mismo modo, llamó a las autoridades a garantizar el pleno respeto de las libertades de información y expresión, de reunión y de asociación, así como el derecho a la participación política, todos ellos esenciales durante un proceso electoral.

“Por lo tanto, instamos a las autoridades a modificar la ley electoral mediante un proceso inclusivo y participativo. La Oficina está dispuesta a brindar cooperación técnica a las autoridades nicaragüenses para reformar la legislación restrictiva que atenta contra los derechos humanos a fin de cumplir con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”, finalizó la vocera.

Masacre en Perú: 18 muertos en un ataque terrorista atribuido a Sendero Luminoso (Perú).

 Por lo menos 18 personas, entre ellas dos niños, fueron asesinados hoy por presuntas columnas terroristas del grupo Sendero Luminoso en una zona central del país conocida como el Vraem donde operan los rebeldes en alianza con bandas del narcotráfico, dijo hoy un jefe policial.

Junto a los cuerpos se hallaron panfletos que adjudican el accionar al grupo terrorista. “Limpiar al Vraem y al Perú de antros del mal vivir, de parásitos y corruptos”, decía una de las frases.

Lamentamos y condenamos el asesinato de ciudadanos en el VRAEM y nos solidarizamos con los familiares de las víctimas. Reafirmamos nuestra lucha contra el narcoterrismo y nuestro compromiso con el desarrollo de elecciones libres, transparentes y ordenadas. https://t.co/KGh8pzX9tk

— Mindef Perú (@MindefPeru) May 24, 2021

Además, llamaron a boicotear las elecciones generales del próximo 6 de junio para elegir al próximo presidente del Perú e instaron a votar en blanco: “¡Pueblo peruano: boicot a las elecciones burguesas, porque no es tu camino: No ir a votar. Votar en blanco. Votar en nulo o viciado!”.

Entre las frases destacadas se encontraba “Nunca más Keiko Fujimori”, junto a una amenaza para quien vote a la candidata de derecha Keiko Fujimori, diciendo que “¡quien vota favor de Keiko Fujimori es traidor, es asesino del Vraem, es asesino del Perú!”.

El candidato de izquierda Pedro Castillo expresó su solidaridad con las familias y apuntó contra el atentado terrorista. “No vamos a tolerar ningún acto de violencia”, dijo en Twitter.

Los partidarios de Keiko intentanr ligar a Castillo con el brazo político de Sendero, algo que niega el candidato izquierdista.

El Ministerio de Defensa lanzó un comunicado en el cual reafirmó “su compromiso de continuar luchando contra el terrorismo bajo el marco legal vigente y en estricta observancia y respeto a los derechos humanos”.

Mi solidaridad con las familias de las 18 víctimas en el cobarde ataque ocurrido en Pichari, VRAEM. Condeno enérgicamente este atentado terrorista e insto a la justicia a que aplique todo el peso de la ley. No vamos tolerar ningún acto de violencia.

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) May 24, 2021

 Asimismo, condenaron los asesinatos, que informaron que son acciones denominadas por la Organización Terrorista como “limpieza social”, y se solidarizaron con las familias de las víctimas, al igual que garantizaron “la conducción de un proceso electoral en seguridad para toda la ciudadanía”.

El hecho se produjo en la noche del domingo en una localidad en el distrito de Vizcatán, en una región llamada Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde se genera el 75% de cocaína en el país sudamericano, según las autoridades.

”Es probable que haya mas muertes”, dijo el general César Cervantes, comandante general de la policial, a la radio RPP.

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Los guerrilleros incineraron los cadáveres de los dos niños, según informó el medio “Perú 21″. Las víctimas incluyen seis mujeres, dos menores de edad y diez hombres. Se utilizaron armas de fuego en el ataque.

“La dirección contra el terrorismo realizará las investigaciones. Han sigo incinerados, han sido quemados”, explicó Cervantes.

El Vraem es centro de constantes operativos de las fuerzas de seguridad contra el grupo rebelde Sendero Luminoso, que según la policía, actúa como guardaespaldas de los narcotraficantes.

Casi todos los líderes de Sendero están presos, pero sus remanentes liderados por el camarada José operan aún en en el mayor valle de cultivos de hoja de coca de Perú, que está bajo vigilancia militar desde 2006.

Perú y Colombia son los mayores productores mundiales de hoja de coca y de cocaína, según datos de Naciones Unidas.

Agencias AFP, DPA y Reuters

Fuente: Yahoo noticias

Jaime Roldós, presidente, mártir y constructor. Artículo opinión: Juan Raúl Ferreira

ARCHIVO DEL EXILIO Nº 14

#ALDHU #DerechosHumanos #JaimeRoldós #JuanRaúlFerreira #JuandeDiosParra

 Los sueños no mueren. Cuando alguno se hace realidad y luego se desvanece, el tiempo se encarga de que reaparezca, con más fuerza. Un grupo de gente con savia nueva, entusiasmo y compromiso está dando nueva vida a la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu). Hay savia nueva y el empuje de siempre de Juan de Dios Parra de Chile. Entonces, no puedo más que buscar en mis archivos su partida de nacimiento.

En mis años de exilio muchos líderes latinoamericanos me brindaron más apoyo del que podía pedir o esperar. Político y aún humano, es decir, afecto. Sin desmerecer a nadie, como dicen en campaña, debo recordar cómo me prohijaron, el presidente de Ecuador Jaime Roldós Aguilera y el líder panameño Omar Torrijos Herrera. ¿Me daría cuenta de todo lo que ello significaba? Políticamente pero, sobre todo, como contención humana. En el año 80 se había creado la Convergencia (CDU – Archivo 12).

Ya hemos visto la movida internacional que trajo aparejada. En medio de aquel ajetreo, me llama (suena raro) el presidente ecuatoriano a invitarme a conversar sobre una «idea fermental» que estaba madurando. Allí fui. Arribé a Quito el martes 29 de abril, apenas una semana después de la Conferencia de Prensa en Naciones Unidas anunciando la formación de la CDU.

Fuente: Archivos Juan Raúl Ferreira. 

https://www.republica.com.uy/jaime-roldos-presidente-martir-y-constructor-id834152/

Tras una entrevista en el diario El Comercio mantuve una reunión a las 15:00 horas, con el canciller, el historiador Alfredo Pareja Díez Canseco. Él mismo me acompañó al Palacio a la reunión con el Presidente Roldós. En la misma estaba quien años antes me lo habían presentado en Washington: Horacio Sevilla Borja, que junto a César Verduga eran ahora los asesores internacionales del joven presidente, que ya se proyectaba por su ímpetu renovador en toda América.

Su idea era que las organizaciones de derechos humanos deberían cuidar su neutralidad política. Pero, del mismo modo, quienes tenían un público compromiso político, aún partidario, debían tener su instrumento de Derechos Humanos. Al otro día tuve una larga reunión con su esposa Marta, quien a su vez había invitado a Ernesto Cardenal. Ernesto era poeta, monje y ministro de Cultura de Nicaragua.

(Autor del Evangelio Según Solentiname – recién el Papa Francisco lo reivindicó en el 2020 poco antes de su muerte). Las fotos con Marta -que menos de un año después, iba a morir junto a su esposo en un atentado nunca aclarado – y Ernesto Cardenal me recuerdan que fue más una larga sesión de trabajo que una visita protocolar. Allí salió humo blanco sobre el perfil que debía tener la nueva Institución.

También estaba Horacio Sevilla (las vueltas de la vida, siendo yo décadas más tarde embajador en Argentina, él fue mi colega ecuatoriano). Al cónsul uruguayo le preocupaba, pero las noticias le llegaban tarde. El 2 de mayo escribe a la Cancillería uruguaya: «Estuvo Juan Raúl Ferreira, invitado por el Presidente Jaime Roldós. No ha trascendido de qué hablaron. (Ya pronto se enterará). Pero no hay explicación razonable del recibimiento que le dan cada vez que viene. Se asemejan a los reservados a altos dignatarios de Estado». No era mi mérito, era la generosidad sin límites del Presidente y su equipo.

El 10 de agosto estaba de regreso en Quito. Tras un acto en solidaridad con Bolivia, bajo una cruel dictadura, el 11 dio a la luz la Aldhu. Su primer Consejo Directivo estuvo integrado, entre otros, por Gerard Pierre Charles (Haití), Gustavo Carvajal (México), Vicente Saadi (Argentina), Guillermo Ungo de El Salvador… bueno y yo de Uruguay.

El primer secretario ejecutivo fue el embajador y asesor presidencial Horacio Sevilla Borja. Roldós y mis colegas entendieron que debía hacer uso de la palabra en nombre de todos. Más allá de la foto, mi recuerdo conserva únicamente la profunda emoción que me conmovía. Como si fuera poco se me designa representante de la flamante Aldhu.

Pero los compromisos de la CDU lo hacían casi imposible. Casi tanto como tener que decirle que no a Jaime. Un boliviano, Ernesto Aranibar Quiroga, que empezaba su exilio en Washington, me ayudó a compatibilizar ambas tareas. El en los hechos fue él, quien dirigió la oficina de la Aldhu en la Capital de EEUU.

Así pude compatibilizar los compromisos de la CDU con los de la Aldhu. (Por cierto, le llamábamos Aladehu y fue Aranibar quien rebautizó a la flamante ONG. En medio de aquel siempre doble entusiasmo, Quito y Washington; CDU y Aldhu… como pasaba casi siempre, un duro golpe: el 24 de mayo de 1981, se estrella el avión en que viajaba Roldós, con su influyente esposa Marta Bucaram. Hasta hoy se siguen escribiendo libros con nuevos hallazgos que demuestran que fue un crimen político, pero no se esclareció nunca.

Dos meses después, solo dos meses, se «accidenta» el avión que trasladaba al Gral. Torrijos 31 de julio de 1981 de Panamá a Farallón en los montes de Penonomé. Hablé ante su tumba. Se me habían secado las lágrimas. Me fui al Norte por los asesinatos de Zelmar y Toba junto a Barredo y Whitelaw , y la desaparición, también en Buenos Aires, de Benjamín Liberoff. De salida matan al Gral. Torres, a quien habíamos invitado a asilarse con nosotros. Llego a Washington y matan a Letelier (Archivo 9).

En marzo del 80 a Mons. Romero (Archivo 2). No había hecho el duelo de Roldós y matan a Torrijos. No salíamos del shock cuando, quien fuera el vicepresidente de Roldós, Osvaldo Hurtado, ya Presidente, nos invita a un almuerzo. Estamos allí todos, absolutamente todos los miembros del Consejo Directivo. El almuerzo siguió a días de consultas internas.

Ahí ratifica su voluntad de seguir con la Aldhu. Estaba Grille (actual director de Caras y Caretas) que a la sazón quedará a cargo de la Secretaría Ejecutiva. La Aldhu pudo seguir su vida. Y ahora en pleno siglo XXI, nuevas voces, nueva sangre, nuevos impulsos, hacen mantener vivo aquel sueño. Creo que debo confesar que cuando escuché por primera vez la idea no me di cuenta el vuelo que iba a tener. Así son los grandes hombres. Pueden ver las grandes cosas antes de que nazcan. Los pueden matar pero su siembra termina siendo cosecha.

Fuente: Radio la R

La violencia de género en las instituciones garantes de derechos (Ecuador) Artículo opinión: Hugo Marcelo Espín

Con total estupor se presentaba en redes sociales y prensa en general, las grotescas imágenes de un Defensor del Pueblo que, evidentemente intoxicado, sacudía y golpeaba a una mujer que pocas horas más tarde lo denunciaba por agresión sexual. En Sucumbios se publicaba la noticia de un capitán de la Policía Nacional que era condenado a 19 años de privación de libertad por el delito de violación a una compañera de trabajo; otro oficial en el Tena era denunciado por una oficial subalterna, que igualmente refería acoso sexual que motivó una acción disiciplinaria y posteriormente la sanción impuesta fue levantada por vía judicial. Denuncias de agresiones y violencia discriminitiva en contra de oficiales superiores, mujeres y madres de familia, en la ciudad de Manta, que nunca fueron realmente investigadas y que, sin embargo, las denunciantes fueron separadas de sus hijos para cumplir con pases fuera de la provincia donde residían, precisamente para acallar sus reclamos formalizados que daban cuenta del hostigamiento y acoso laboral.

En medio de estos execrables hechos, una luz surgió cuando por inciativa del ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, se publicó el Acuerdo Ministerial 104, cuyo objetivo es "Fortalecer el enfoque de igualdad de género en la Policía Nacional del Ecuador"; reconociendo la inequidad existente y el alto grado de deserción de las mujeres policías por diferentes factores, siendo tal vez los más importantes aquellos que resultan de la necesidad de la defensa y cuidado de su familia,  que se ve afectada por horarios de trabajo desproporcionados, estrés laboral, pases o traslados injustificados, condiciones de desempeño laboral y exposión sin los medios necesarios de mitigación a factores de riesgo biológicos, de salud, psicológicos y general sin el cumplimiento de condiciones míninas de respeto de derechos fundamentales. Cabe relievar entonces que, siendonuna madre trabajadora el eje de un hogar, al ser trasladada fuera de su lugar de residencia sin un tiempo mínimo de preparación para dicho cambio, se afecta y vulnera el derecho de sus hijos; se deshacen hogares y fomenta todas las consecuencias subsecuentes, que van desde el bajo rendimiento laboral hasta intentos autolíticos que son más comunes de los que se podría pensar.

La violencia que se acalla dentro de las paredes de los cuarteles policiales y militares poca veces sale a la luz pública; y generalmente se aplican conceptos de estigmatización y revictimización continuos que hacen que las agredidas mantengan sus "problemas" en el silencio de esas mismas paredes, que todo lo ven pero saben guardar el secreto.

Aún ahora cuando la Policía tiene su primera Comandante General que ha embanderado  la necesidad de la defensa e igualdad dentro de la institución policial; y que, precisamente a su salida pasarán 10 años para que una nueva mujer pueda aspirar al mismo cargo y grado, es que se hace necesario dilucidar que es lo que realmente viven las mujeres en las instituciones garantes de derechos, que en muchos casos son estas instituciones las que precisamente silencian a quienes los reclaman.

Es necesario, como lo establece el Acuerdo Ministerial 104, aceptar la verdadera problemática interna que existe en éstas instituciones. En estas se encuentran historias de valientes mujeres cuya abnegación y vocación son realmente sublimes. Aquellas que han marcado la pauta para las generaciones que siguen, cumpliendo funciones y ejecutando acciones que siempre fueron consideradas privativas de un pequeño y selecto grupo de hombres en actividades como el paracaidismo, el buceo, la conducción de aeronaves de patrullaje y militares especializadas. En general aquellas excelsas mujeres que han dejado una huella imperecedera para un verdadero cambio de rumbo en la sociedad; todas ellas, han vivido historias dificiles de contar. Esto nos debería hacer pensar qué sucede en las demás instituciones del Estado; qué nos está pasando como sociedad, cuando se acepta y tolera una agresión sexual y peor aún se la justifica. ¿Qué podemos esperar como país si esto sucede al interior de las entidades garantes de derechos?

El Ecuador inicia en pocos días una profunda transformación de estructuras que cambian catorce años de una tendencia que generó muchos sismas internos en las instituciones uniformadas. De acciones que posicionaron, además, aberraciones jurídicas que poco a poco demostrarán su incompatibilidad con la realidad nacional. De la expedición de leyes que transformaron a las entidades del Estado en verdaderos servicio de guardianía por la pérdida de su autonomía operativa.

Observar agentes civiles de tránsito con boinas y en ceremonias de corte militar luciendo sus flamantes uniformes camufluje con armas de fuego, no hacen sino evidenciar la falta de una verdadera coherencia en la formación de sus miembros y la compresión de su razón de ser. A ello se debe sumar el dispendio de recursos públicos y la deformación del talento humano que cada institución requiere en el cumplimiento de su misión específica.

Estamos frente a un país que enfrenta una violencia sistémica muy preocupante, sumado a un incremento desproporcionado de las más diversas formas delictivas, que no se reprimen solo con el accionar policial o con llenar las bodegas humanas a las que se les considera Centros de Rehabilitación. El nuevo gobierno requiere de profesionales que entiendan del manejo holísitico de la problemática social. Cambios que se debe realizar entendiendo que los derechos y garantías que tenemos todos los ciudadanos se deben cumplir por igual en todas las instituciones del Estado.

Este nuevo gobierno debe tener una política de cero tolerancia a los abusos y desigualdades del poder; que no se pueden permitir procesos de calificación o ascenso discriminatorios; designaciones no por meritocracia o respeto al esfuerzo demostrado sino a la proximidad al efímero poder de turno. Es hora de entender que el verdadero cambio de las estructuras de un país nace de la justicia social bien entendida, considerando que la verdadera convivencia se genera cuando existe tolerancia, respeto, objetividad y motivación en las acciones de las autoridades, pero sobre todo rompiendo el miedo del silencio y exponiendo a quienes deben ser expuestos en sus abusos y aberraciones.

Hugo Marcelo Espín. Abogado de profesión, especialista en derecho procesal penal, litigante activo por 20 años.- Actualmente gerente general del Estudio Legal International Advisors C.A.  y procurador judicial del Secretario de la ALDHU en Ecuador)

Fuente: Plan V

El "odio" hacia los migrantes venezolanos se apodera de América Latina

"¿La verdad sobre los venecos? Por mí que los saquen como ratas". Ese tuit es sólo uno de los mensajes destacados por el barómetro de xenofobia, una herramienta creada por universitarios y oenegés en Colombia para medir el "odio" contra los migrantes venezolanos. El contenido aterra.

#Venezuela #Venezolanos #Xenofobia #Migración #Discriminación

"Comemierdas", "hijos de puta", "plaga" fueron otros de los insultos identificados por este medidor. El rechazo hacia los venezolanos que han emigrado masivamente en los últimos años crece en toda América Latina en un contexto económico sombrío y la pandemia del coronavirus.

Las salidas comenzaron luego de la elección de Nicolás Maduro, el heredero de Hugo Chávez tras su muerte en 2013, y se intensificó entre 2014 y 2015, con una crisis económica que arruinó el poder adquisitivo y llevó a más de cinco millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores condiciones.

El flujo se ha ralentizado, pero no se ha detenido al transitar el octavo año de recesión económica en la otrora potencia petrolera.

"En principio había una inmigración de clase media alta, que iba en avión con documentos en regla, algún ahorro", explica a la AFP Claudia Vargas, socióloga que investiga el tema en la Universidad Simón Bolívar de Caracas.

"No ocurre así desde el final de 2014" cuando clases más pobres comenzaron a emigrar.

Cerca del 60% de los más de 5,4 millones de migrantes venezolanos no tienen papeles. Y la mayoría, unos 1,7 millones, vive en Colombia, por delante de Perú, Chile y Ecuador, según el sitio Frontera Viva.

- "Lo peor es Perú" -

Los "venecos" ahora son responsabilizados por la inseguridad, la delincuencia, el desempleo, los déficits públicos, los problemas en los hospitales, y hasta por el aumento en los divorcios.

Y el discurso xenófobo se ha ido imponiendo en Chile, Ecuador, Brasil y Perú, además de Colombia, donde el barómetro ha hecho un análisis de los insultos.

Juan Emilio L., un indocumentado venezolano de 31 años, terminó instalándose en Chile, tras pasar por Colombia, Ecuador y Perú.

"Es un pueblo más cerrado y está difícil sacar papeles, pero la verdad es que te dejan trabajar y no se meten contigo ni te repudian como sí me pasó en otros países", dice a la AFP. "El peor, Perú, ahí no nos quieren ver ni en pintura".

Videos de peruanos insultando a venezolanos circulan con frecuencia en redes sociales.

"¿Por qué eres tan idiota para transportar las 'huevadas'? Eres un imbécil, un idiota", le dice por ejemplo un cliente a un repartidor venezolano en Lima, según uno de ellos. "Estoy harto de ustedes (...) ¿Quieres que te mande de un combo (puñetazo) a tu puto país, hijo de puta?".

Perú, que tenía 60.000 venezolanos antes de la crisis, ahora alberga a unos 1,2 millones.

Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), un activo rival de Maduro, como su sucesor Martín Vizcarra mantuvieron una política de fronteras abiertas para los venezolanos. Pero las autoridades endurecieron sus medidas desde 2019, cuando el tema irrumpió en la escena política.

La lucha contra la inmigración ha estado en el centro de la campaña presidencial de 2021. Pedro Castillo, un nacionalista de izquierda que lidera las encuestas de cara a la segunda vuelta del 6 de junio, ha prometido deportar a todos los inmigrantes ilegales en las 72 horas siguientes a su eventual llegada al poder: "que [Maduro] venga y se lleve a sus compatriotas que han venido acá a delinquir".

Chile por su parte ha deportado a cientos de venezolanos en situación irregular.

"Devuelves a una persona a un país (...) que has reconocido en tu discurso político que corren peligro en su país", critica Vargas.

- ¿Refugiados? -

Algunos países han iniciado operaciones para integrar a sus inmigrantes. Colombia, que ha también deportado a venezolanos que cometieron crímenes, inició un plan de regularización para casi un millón de migrantes venezolanos, en medio de una disputa política entre Maduro y el presidente Iván Duque.

República Dominicana también espera regularizar a 115.000 venezolanos indocumentados, a los que considera una fuerza laboral "calificada", según Enrique García, director de Migración de este país que denuncia y condena la importante inmigración haitiana.

Pero la tendencia sigue siendo al cierre, explica Vargas, que pone como ejemplo la militarización de la frontera en Ecuador o los "muros legales", como documentos apostillados o altas tarifas administrativas, que dice han impuesto muchos países para dificultar la regularización.

"Lo único que esto genera es que haya mayor irregularidad y por tanto más personas en condiciones de vulnerabilidad", añade.

"Hay un reconocimiento de la crisis", que "amerita una responsabilidad añadida", dice la experta. Pero para ella, aunque lo ideal sería otorgar el estatus de refugiados a estos inmigrantes, ello representa "una responsabilidad legal, política y financiera demasiado grande que los países no tienen".

Fuente: Noticias Yahoo. AFP:bur-pgf/jt/gma

El tiempo como leyenda Artículo opinión: Baltasar Garzón (España)

 

Baltasar Garzón

Publicada el 14/05/2021 a las 14:00Actualizada el 14/05/2021 a las 14:09

#BaltasarGarzón #España #Gurtel #Franco

Federico García Lorca. 

La leyenda del tiempo

Este 14 de mayo se han cumplido 11 años de mi suspensión como magistrado-juez central número 5 de la Audiencia Nacional, y 9 desde que sus señorías de la Sala II del Tribunal Supremo me condenaron a dejar la profesión de magistrado, cual ángeles vengadores con su espada flamígera expulsándome del paraíso judicial. Finalmente, la condena ha surtido todos sus efectos. No pedí el indulto, lo pidió por mí Medel (Asociación Progresista de Jueces y Fiscales Europeos) y se lo agradezco porque siempre he considerado que la sentencia fue injusta. Aún hoy estoy a la espera de la decisión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está próximo a emitir su veredicto en favor de mis derechos cercenados por el tribunal.

Se emplearon a fondo, abordando la complicada tarea de buscar base para tres procesos: uno por haberme declarado competente para investigar los crímenes del franquismo y que les sirvió para suspenderme aquel 14 de mayo de 2010, día duro, pero a la vez, emotivo porque me permitió ver quiénes (y fueron decenas de miles) estaban conmigo; otro en que se me acusaba de haber autorizado la interceptación de comunicaciones en la cárcel de forma ilícita a los protagonistas de la trama Gürtel y los que se relacionaran con ellos, incluidos los abogados, parte de los cuales estaban imputados, por la existencia de indicios de que seguían la dinámica delictiva desde prisión, decisión que compartió quien me siguió en la instrucción desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que nunca fue molestado por el Tribunal Supremo.

Y un tercero, que además de estar prescrito se basaba en la nada más absoluta, por unos cursos en la Universidad de Nueva York en que se buscaba algún retorcido interés crematístico por mi parte. Cada proceso tuvo su finalidad frente a mis compromisos irrenunciables, entonces y ahora. Luchar por la verdad, la memoria, la justicia y reparación de las víctimas del franquismo, el combate contra la corrupción y el crimen organizado, y mi compromiso social y humanitario. En los tres han fracasado.

Tres procesos

Como es sabido, del primero me absolvieron. El escándalo internacional que se organizó hizo temer a mis colegas de los efectos adversos de una sentencia contraria, pero los jueces añadieron una apostilla impidiendo a partir de esa fecha investigar penalmente los casos de desaparecidos y represaliados por la dictadura. Aún hoy estamos a la espera de que la ley de la memoria democrática se haga realidad. La lucha de las víctimas siempre es dura y seguirá siéndolo, pero nunca les doblegará el desánimo ni el olvido de los perpetradores y quienes los justifican (aunque sea desde el poder judicial) porque su fuerza es la de la razón y la búsqueda de la verdad no establecida, aún. Y en este combate siempre las acompañaré hasta el éxito final.

El caso de Nueva York se sabía desde el inicio que debía archivarse, así que solo sirvió para marear la perdiz y vapulearme sembrando dudas sobre mi integridad. Aún siguen preguntándome desde la universidad neoyorkina cual fue la razón de aquella locura en la que ni siquiera se preocuparon de saber cómo funciona una entidad universitaria norteamericana, quizás porque si lo hubieran hecho se les habrían caído los sombrajos de un proceso sin causa.

Solo quedaba la tercera, y en ella la sentencia, dictada por unanimidad, como si la obtención de esta fuera la esencia jurídica del caso, se unieron todos los esfuerzos, con componentes contaminados en el tribunal porque simultáneamente estaban investigándome en la de Nueva York o lo habían hecho en la del franquismo, me ajusticiaron y me dieron la puntilla. La satisfacción por esta decisión no se ocultó en el Gobierno del Partido Popular de la época, ni en el sector más conservador que veía la posibilidad de anular toda la causa. Pero no pudieron, porque, aunque no lo esperaban, todavía hubo un rictus de profesionalidad y los jueces instructores y enjuiciadores respondieron a la realidad de los hechos, aquellos que establecí en la instrucción, sin fisuras, a pesar de los ataques que desde determinado sector mediático se produjeron entonces y hasta el día de hoy. Las sentencias condenatorias siguen cayendo con el estruendo de la fuerza de una verdad judicial cada vez más preclara desvelando uno de los sistemas de corrupción más groseros de la democracia.

Cada cual en su sitio

El tiempo pasa y pone a cada cual en su sitio. El líder de Manos Limpias acabó en prisión por presuntas extorsiones. Franco fue exhumado de su tumba en el Valle de los Caídos un 24 de octubre de 2019 por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, para disgusto y rabia de los nostálgicos del franquismo que aún pervive y la indiferencia de las nuevas generaciones, frente a la indignación trasnochada. En cuanto a la Gürtel, pues ya saben, el Tribunal Supremo confirmó penas para 29 de los condenados por la Audiencia Nacional y para el Partido Popular como responsable a título lucrativo. Suma y sigue, porque el tema colea en diversas derivaciones: Papeles B que el tesorero Bárcenas gestionaba; caso Púnica, caso Lezo; Valencia… y más piezas que rebotan en las sedes judiciales como bolas de billar.

Aquel día 14 de mayo de 2010 fue un día duro, sí, como tantos otros que ocurren en la existencia de cada cual, pero verán: la vida viene y va, te sonríe y te apalea. A veces es inevitable, cuando ejerces una profesión en que te arriesgas a que alguien se moleste, ya sea un criminal poderoso, un partido político, una corporación mediática o incluso un colega. Puede pasar que algunos de los perjudicados se unan coyunturalmente para ponerte freno. A veces lo logran. Pero ahí la clave es mantener las mismas fuerzas que te han impulsado durante todo tu ejercicio profesional. Si te dejas vencer, la victoria de los otros será doble, te habrán neutralizado en tu tarea y destrozado en tu ánimo.

Lo que importa de verdad

No soy ningún héroe, pero nunca me he plegado ante instancia alguna, por tanto, decidí no dejarme abatir. Me lo impedían mi naturaleza y el gesto de tanta gente –anónima y con nombres y apellidos– que compartieron mi impotencia. “Las lágrimas del Juez Garzón son hoy mis lágrimas”, escribió José Saramago, y esa frase resumía las manifestaciones ante la puerta del Supremo de las familias que buscan a sus desaparecidos, de mis compañeros de la Audiencia, de mi propia gente y de tantos conocidos y desconocidos en nuestro país y en tantos lugares del mundo. Recibí abrazos de mandatarios latinoamericanos y de pueblos indígenas; de buscadores de Justicia Universal, de personas ignoradas en su desamparo que pedían ayuda, de indignados ciudadanos y dirigentes europeos. De Asia, de Estados Unidos, de África, de quienes habían sufrido el holocausto, de los que habían sido pisoteados en sus derechos y buscaban un resquicio para la esperanza.

Partí de cero; avancé con mi vocación de hacer justicia en instancias internacionales y después trabajando como abogado. Estos años me han servido para conocer el derecho desde el otro lado y entender cuántas veces algunos jueces y fiscales, en nuestro país y en otros, dejan de ser servidores públicos y se encierran en un círculo de poder que les hace miopes a esa otra realidad, la verdadera, de quienes piden justicia cuando deberían exigirla. En mi mochila llevo miles de experiencias únicas. De alguna manera casi tendría que estar agradecido porque aquella Suprema Injusticia, como titulara mi hija María un bello libro que me emocionó y me ayudó en momentos claves, me permitiera descubrir nuevos retos, el activismo más completo y acompañar procesos tan intensos como motivadores al lado de los más vulnerables.

Ignoro cual será el dictamen pendiente del Comité de Derechos de la ONU sobre aquella decisión del Tribunal Supremo que me ha traído hasta aquí y que me apartó de mis tareas judiciales al servicio de la sociedad. Me preguntan con frecuencia si pediré mi reingreso como juez… No sé cómo amanecerá mañana.

He vivido tantas cosas y tan intensas en esta década que, aunque soy el mismo, me siento con más plenitud, con más sabiduría sobre qué es lo importante, lo que de verdad compone la vida. Cosas relevantes todas, más grandes, más pequeñas: el beso de buenos días de quien te ama y acompaña. Mi madre. Mis hijos; la familia; las amistades. La sonrisa de mi nieta Aurora. Mi nieto Héctor, que este 14 de mayo ha cumplido ocho años. La tertulia semanal con los amigos. La música. La justicia. Y la defensa de las víctimas, siempre, por encima de todo. Al final, cumplida mi condena, puedo decir que el tiempo no es más que una leyenda.

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Fuente: Infolibre.es

Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de Fibgar