Desde antes de la pandemia de COVID-19 comenzó a producirse un flujo incipiente de personas de nacionalidad venezolana que ingresaban por la frontera entre Chile y Bolivia, específicamente por el paso de Colchane. La información recogida en entrevistas a actores claves en temáticas de migración en las comunas de Iquique, Huara y Colchane, señalan que la mayoría de las personas que cruzan por este paso provienen de Perú, Ecuador y Bolivia, y un porcentaje menor viaja directamente desde Venezuela.[1] El objetivo común es llegar a Iquique, para luego continuar el viaje al sur del país en donde los esperaban familiares y amigos ya instalados en el territorio nacional. Sin embargo, en octubre de 2020 el ingreso por este paso creció de manera exponencial, llegando a cerca de 200 personas por día de acuerdo a los registros de la Policía de Investigaciones (PDI). Si bien en las últimas semanas esta cifra ha oscilado, en el promedio no ha disminuido significativamente. Día a día siguen ingresan
La pandemia afecta con mayor fuerza a la población más vulnerable, y la población venezolana residente en Chile como en otros países de América del Sur constituye uno de los grupos de mayor riesgo debido a su situación migratoria. La pérdida de fuentes laborales; el escaso apoyo brindado por estos Estados a las personas inmigrantes en el contexto de la pandemia; políticas y discursos xenófobos y racistas que comenzaron a manifestarse en distintas ciudades de varios países latinoamericanos como Colombia, Ecuador y Perú, terminaron por generar condiciones insostenibles para muchos, quienes en un intento desesperado por encontrar un lugar que les permitiera continuar un proyecto de vida, decidieron buscar un nuevo destino. En este contexto, Chile emerge como una posibilidad, especialmente para quienes tienen familiares y/o redes que pueden apoyar su inserción[2].
Frente a los primeros indicios de un mayor número de personas queriendo ingresar a territorio nacional en 2019, la respuesta de Perú y Chile fue incrementar las medidas de control en la zona fronteriza de Tacna y Arica. Esto obligó a las personas migrantes a buscar nuevas rutas de ingreso al país. Las alternativas se fueron haciendo conocidas, y a raíz de esto comenzó a desarrollarse una infraestructura que posibilita el ingreso a Chile desde Perú, pasando por la frontera con Bolivia en Desaguadero, luego Oruro, Colchane, Huara e Iquique.
Fuente: Matriz de seguimiento de desplazamiento (DTM) OIM Chile. Enero 2019. Disponible aquí.
En la actualidad existe una oferta de transporte en buses, convi, taxis y camiones que recogen a grupos de personas y los dejan en puntos específicos, eludiendo los escasos controles policiales. Es frecuente que no se cumpla lo acordado y los transportistas los abandonen en distintos puntos del desierto, obligándolos a caminar durante horas y bajo condiciones extremadamente difíciles. Hay que recordar que Colchane está a 4.000 mts de altura con altísimos niveles de sequedad y temperaturas que oscilan en estos meses entre los 0º y 18º. Es muy posible el desarrollo de redes de tráfico de personas. La mayoría de los conductores y facilitadores son en cualquier caso personas que ven en el transporte una oportunidad de trabajo, respondiendo a una demanda emergente. Hay quienes acercan a las personas migrantes desde Bolivia a Colchane, y otros que los bajan desde Colchane a Huara u otros poblados nortinos.
Una vez en Colchane, las personas deben bajar a Iquique, que se encuentra a 237km de distancia. Si les queda algo de dinero, podrán pagar por un pasaje pero, en caso contrario, muchos inician a pie este trayecto. Las y los entrevistados señalan que son testigos de cientos de caminantes que llegan a pie a Huara, muchos de ellos con altos niveles de deshidratación y en estado de shock. Como nos indicó un funcionario del INDH de la zona, se trata de personas jóvenes, en muchos casos con niños pequeños, e incluso adultos mayores que caminan por horas en condiciones extremas para el ser humano, más aún cuando su cuerpo no está habituado a las condiciones de altura y falta de oxígeno. Es en esta etapa donde falleció producto de una descompensación Yusely Coromoto Inostroza, venezolana de 45 años que viajó para reencontrarse con sus dos hijos que la esperaban en Santiago. Otras personas han sido recogidas en el desierto, completamente desorientadas y al límite de sus fuerzas. Adultos mayores han sufrido caídas y niños han perdido los dedos de sus pies. Es frecuente, relatan, que dejen abandonadas sus pertenencias en este camino, llegando con lo puesto a Huara o a otros poblados del altiplano chileno.
El gobierno se apresuró a indicar que las razones del incremento ocurrido a contar de octubre se debían a un efecto “llamada”, producido luego del debate parlamentario sobre el proyecto de Ley de Migraciones, el que habría generado una suerte de “expectativa de ingreso”. Pero lo cierto es que las razones están bastante alejadas de la discusión legislativa. El incremento del cruce por pasos no habilitados y los mayores riesgos que corren estas familias obedece a una política de cierre implementada por el propio gobierno a través de medidas que prometían una migración más ordenada, pero que han hecho del cruce de frontera una pesadilla llena de riesgos, costos e inseguridades. Todo esto se profundizó con la crisis sanitaria y el cierre de fronteras.
Las medidas de cierre comenzaron en abril de 2018 cuando se estableció la Visa de Responsabilidad Democrática (VRD)[3], y continuaron al año siguiente con la implementación de una Visa Consular de Turismo (VCT) para toda persona venezolana que quisiera ingresar como turista a Chile (misma medida que se tomó hace unos años con la población haitiana y dominicana, con la que ya se había observado que repercutía en mayores vulnerabilidades de la población afectada). Producto de la pandemia, en 2020 se cerraron las fronteras, y unos meses más tarde se decidió suspender la Visa de Responsabilidad Democrática. El problema de estas medidas no son las visas en sí mismas, que podrían ser una solución de implementarse adecuadamente, sino más bien la generación de una expectativa de ingreso regular que se diluye en cuanto se comienzan a hacer los trámites para su obtención.
Datos analizados desde el Servicio Jesuita a Migrantes con información solicitada por Ley de Transparencia a la subsecretaría de Relaciones Exteriores, indican que a noviembre de 2020 se habían solicitado 223.801 VRD. De este total se habían otorgado y con proceso cerrado 59.525 (27%). El problema de fondo es que 163.961 de estas solicitudes, es decir el 73%, habían sido rechazadas y 307 (0,1%) estaban aún sin resolver. Las excusas asociadas a las demoras que ha tenido este proceso en el camino van desde escasez de personal del consulado chileno en Venezuela (OEA, 2020), hasta desconocimiento de las personas sobre la realización correcta de la solicitud. Cuando se plantea una solución pero no se entrega la infraestructura necesaria para llevarla a cabo (recursos económicos y humanos), no se trata de una solución real sino de un redireccionamiento de las esperanzas hacia una fila invisible donde se apila, en el mejor de los casos, la frustración y los meses a la espera de una respuesta. Todo para recibir al final del proceso un correo indicando que esta visa que prometía un ingreso regular y con documentos desde el primer día, ha sido denegada.
Frente a la imposibilidad de ingresar a través de esta vía, cientos de venezolanos y venezolanas seguían ingresando a través del mecanismo tradicional por el que todos los extranjeros ingresan al país; es decir, con una visa de turismo que se estampa en el paso fronterizo correspondiente, para posteriormente solicitar una residencia temporal, que es el primer paso para el proceso de regularización. La respuesta del gobierno fue más dura que la primera vez[4], pues impuso el 22 junio de 2019 la Visa Consular de Turismo, una semana después de que el Gobierno de Perú anunciara la misma medida. La exigencia de esta visa fue inmediata, lo que generó que todos aquellos que estaban en camino hacia Chile o listos para cruzar por el paso de Chacalluta en el norte del país, se quedaran sin poder ingresar. Esto derivó en que cerca de 500 personas quedaran varadas en la frontera de Perú y Chile.
El argumento dado para establecer este requisito fue que el ingreso como turistas debía ser sólo para quienes fueran realmente turistas, argumento bastante espurio ya que el resto de los extranjeros que desean quedarse en Chile continúan ingresando como turistas y luego solicitan un cambio de visa a través del Departamento de Extranjería. Además, ¿quién podría pensar que la mayoría de personas venezolanas que buscan ingresar a Chile lo hacen con un objetivo turístico? La motivación de esta medida, por tanto, era contar con un mecanismo administrativo para frenar el ingreso de quienes se habían vuelto indeseables a los ojos del Estado chileno. Aquellos que pudieran acreditar recursos para mantenerse como turistas, podrían ingresar; a quienes buscaran en cambio una oportunidad para quedarse en el país solos o junto a sus familias, la puerta se les cerraba sin contemplación. Los datos analizados por el Servicio Jesuita a Migrantes por medio de información solicitada por Ley de Transparencia a la Subsecretaría de RREE, reflejan esta nueva gobernanza migratoria. Al 31 de noviembre de 2020 se habían solicitado 44.785 VCT, sin embargo, sólo el 15,5% habían sido otorgadas (con proceso cerrado o en espera), el 1,6% se encontraba sin resolver y 37.093, esto es el 82,8% habían sido rechazadas.
La última vía de ingreso regular para una persona venezolana es solicitar refugio. El reconocimiento que hace el Estado de Chile al estatus de refugiado ha sido históricamente bajo, pero en los últimos años se volvió casi inexistente. Diversos organismos internacionales y de DDHH han reconocido la crítica situación por la que atraviesa Venezuela y la necesidad de aplicar los criterios de la Convención de Cartagena (1984) que son más amplios que los criterios establecidos por la Convención de Ginebra. La Convención de Cartagena establece la necesidad de reconocer la condición de refugiado a quienes hayan huido debido a que su vida, seguridad o libertad se encuentra bajo amenaza producto de “la violencia generalizada, la agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado el orden público” (Convención de Cartagena, 1984). Sin embargo, Chile simplemente cerró las puertas a esta figura. El primer semestre de 2020 hubo 432 solicitudes de refugio, y 7 personas fueron reconocidas por el Estado de Chile como refugiadas.
Este escenario hace virtualmente imposible que una persona o un grupo familiar proveniente de Venezuela pueda ingresar a Chile de manera regular. El problema es la falta de comprensión de la realidad que enfrentan las personas venezolanas, materializada en su desesperación por intentar ingresar al país, a la cual el gobierno ha respondido con medidas de clausura y un consecuente reforzamiento de la seguridad en las fronteras. La crisis humanitaria por la que atraviesan las y los venezolanos fue reconocida por el propio Presidente hace unos años cuando decidió viajar a Cúcuta[5]. Sin embargo, la política interna se ha mostrado indolente frente a esta crisis, construyendo además discursos que criminalizan y estigmatizan las únicas formas de ingreso que quedan disponibles. Es que en materia migratoria no hay visa ni muros ni fuerza militar que pueda detener el movimiento de personas en busca de una esperanza. Esto es precisamente lo que no se ha entendido: la necesidad de poner como eje central la crítica situación que enfrentan y disponer de mecanismos que contribuyan a su inserción e inclusión social y laboral. Según información de la PDI, solicitada por Ley de Transparencia desde el SJM, si en 2019 nueve personas venezolanas ingresaron por paso no habilitado, esto aumentó a 3.333 el mismo año, y en 2020 (hasta noviembre), dicha cifra superó los 10 mil.
Criminalizar, expulsar, degradar y amedrentar sólo consigue extender el dolor y la angustia de quienes tuvieron que dejar su país y profundiza el temor a un futuro que se ve cada día más oscuro. Una respuesta política que ponga a la base la protección humanitaria y la dignidad de las personas permite sustentar las decisiones en valores como la solidaridad y el cuidado, valores tan a la baja en estos momentos de crisis. Soluciones existen y están a la mano. Brasil ha aplicado un criterio colectivo para reconocer y otorgar refugio, Ecuador incrementó de manera importante el reconocimiento de refugio, Argentina ha extendido los criterios de la Visa Mercosur hacia la población venezolana, Colombia ha impulsado medidas para entregar permisos temporales a quienes no cuentan con documentos. Si bien no hay todavía soluciones perfectas, resulta urgente una disposición para avanzar hacia ellas.
Esta columna fue editada por Juan Pablo Rodríguez.
NOTAS Y REFERENCIAS
