Migración y cambio climático visto por comisionada de la ONU Bachelet

El cambio climático generará daños a los derechos humanos y graves conflictos por la sequía, la falta de alimentación y la búsqueda del agua, advirtió a Efe Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los derechos humanos, en una entrevista exclusiva al cumplirse este sábado un año de su llegada al cargo.

La dos veces presidenta de Chile habló de algunas de las crisis humanas que ha tenido que abordar este año, e incluso se refirió a la lacra que suponen los incendios forestales que "tienen que ver -dijo- con un conjunto de conductas de los seres humanos que son perniciosas para una área de biodiversidad" necesaria.

También reflexionó sobre la crisis de los migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, la de Venezuela y la de Nicaragua, y de los contactos que mantiene con los gobiernos de estos dos últimos países para resolver estas situaciones.

Considerada una de las figuras latinoamericanas de más renombre e influencia internacional, Bachelet también asume su responsabilidad como icono femenino y pide a las mujeres que se organicen y hagan oír su voz en un periodo en el que el machismo se ha sacudido de complejos y vuelve a elevar la voz.

¿Cuál considera usted su mayor logro en este primer año como alta comisionada?

"En un año es difícil evaluar lo que se ha logrado, pero si hay algo que me alegra es haber podido relacionarme con gobiernos y con la sociedad civil, con los que he buscado abrir espacios y he sentido que ellos lo han valorado. Esto nos ha permitido dialogar con ellos y recomendarles medidas para mejorar los derechos humanos en sus países".

Cambio climático

Usted es una abanderada de que se reconozca que el cambio climático puede ser una fuente de violaciones de los derechos fundamentales. Ahora mismo la Amazonía se está quemando ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para los derechos humanos?

"Efectivamente, para mí el cambio climático es una realidad hace mucho rato y en los distintos trabajos que he tenido no sólo he buscado hacer abogacía, sino tomar medidas concretas para cumplir los Acuerdos de París. Sé que el cambio climático va a generar, voluntariamente o no, restricciones y daños a los derechos de la personas".

"Claro, no es la naturaleza la que viola los derechos humanos, pero cuando la gente tenga que desplazarse por la sequía, por la falta de alimentación o luchar por el agua, se van a generar conflictos fuertes. Los gobiernos deben escuchar a la sociedad civil porque frente al cambio climático se requieren cambios de conducta".

Varios hechos apuntan a un retroceso de la democracia en países donde estaba asentada y a la imposibilidad en muchos otros de abrir espacios democráticos ¿Cómo se explica usted, que lleva toda la vida luchando por la democracia, esta regresión?

"Efectivamente nos preocupa mucho. Por un lado hay una disminución de los espacios para que la sociedad civil se desarrolle. Esto tiene explicaciones de distinto tipo, por un lado los ciudadanos ya no consideran que la democracia que consiste en elegir a sus representantes es suficiente, y a mi tampoco me lo parece, y piden participar en las decisiones que les importan".

"Es un riesgo para la democracia, la paz y la seguridad, pero además cuando no se permite que las personas participen en cierto nivel de decisiones, las políticas públicas pueden no abordar las problemáticas reales de la gente o ir en una dirección equivocada. El resultado es que seguiremos en un mundo lleno de conflictos y problemas en los cuales los países optan por soluciones que no son las adecuadas, como por ejemplo restringiendo las migraciones, cuando en realidad lo que hay que hacer es resolver los problemas de fondo y discutirlos con la gente".

Migración y Venezuela

Sobre el tema de la migración que acaba de mencionar ¿Cómo se explica que tras varias crisis migratorias siga sin haber voluntad política para acordar mecanismos para una migración regulada y segura?

"Es cierto que hay países que no han tenido voluntad, pero acordémonos del Pacto Global para las Migraciones, que fue aprobado por 152 países (el pasado diciembre), lo que quiere decir que la gran mayoría de países sí entiende que éste es un problema global que no se puede resolver individualmente y creo que aquí está el gran problema de los países, el de creer que pueden resolver los problemas por si mismos con medidas que habitualmente son restrictivas o regresivas..."

Medidas que además han fracasado

"Es que no existe medida que pueda detener a un ser humano que está desesperado y quiere mejorar sus condiciones de vida. En este sentido, si tantos países aprobaron el Pacto Global es porque a pesar de los retrocesos y ataques al multilateralismo, estoy convencida de que ha sido porque entienden que ante problemas globales soluciones globales. Ahora bien, los países tiene derecho a sus propias políticas migratorias en función de sus realidades, hay países que pueden absorber una cantidad importante de inmigrantes, otros que no, pero para eso hay que tener un diálogo e instrumentos comunes. No soy pesimista".

En Sudamérica, varios países han superado su capacidad de recibir migrantes venezolanos ¿Comprende usted en este contexto la imposición del visado humanitario por parte de Perú, Chile y Ecuador?

"Creo que los países toman decisiones en base a sus propias realidades y entiendo que muchos, como en el caso de Ecuador ya que he hablado con ellos, no tienen capacidad de acogerlos y darles acceso a servicios de salud y educación".

Su visita a Venezuela generó mucha esperanza, pero al final terminó en un intercambio de acusaciones ¿Está decepcionada del resultado o cree que en el fondo contribuyó a algo positivo?

Yo creo que la visita fue positiva. Primero porque abrieron los espacios en vista de que la Oficina del Alto Comisionado nunca había estado en Venezuela y hubo la oportunidad de estar dos semanas en marzo (una misión de avanzada) y luego mi visita en julio. En ambas ocasiones hubo posibilidad de interactuar con todos los actores sociales: el gobierno, la oposición, la sociedad civil y familiares de víctimas".

"También se conversó con el gobierno sobre lo importante que sería la presencia de nuestra Oficina y que pudiera dar cooperación técnica en algunas áreas que ellos solicitaron, como una evaluación del funcionamiento de la Comisión de Prevención de la Tortura y también un análisis de la situación en las prisiones. Siempre es mucho mejor estar en un país aunque hoy por vía tecnológica se puede obtener mucha información de todo tipo, pero seguimos conversando con el gobierno para poder tener presencia allí".

"De todos modos, tenemos la presentación de un reporte oral sobre Venezuela el 9 de septiembre en el Consejo de Derechos Humanos y en él presentaremos lo que se ha avanzado en este periodo y la situación de la relación de mi Oficina con el gobierno".

Fuente: Cooperativa

El disidente de las FARC Iván Márquez anuncia que retoma las armas en Colombia

El exjefe negociador de la extinta guerrilla, en paradero desconocido desde hace un año, reaparece en un vídeo en el que junto con otros exlíderes anuncia "una nueva etapa de lucha"

Colombia amaneció este jueves con la confirmación de uno de sus peores temores. Iván Márquez, quien fuera el jefe negociador de las FARC en los diálogos con el Gobierno y se encuentra en paradero desconocido desde hace un año, reapareció de madrugada en un video junto con otros excomandantes de la extinta guerrilla para anunciar “una nueva etapa en la lucha armada”. El mensaje acrecienta las preocupaciones en torno al crecimiento de las disidencias y la frágil implementación de los acuerdos de paz, alcanzados hace tres años.

“Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa. La historia registrará en sus páginas que fuimos obligados a retomar las armas”, afirma Luciano Marín –el verdadero nombre de Iván Márquez– en el vídeo en el que aparece al lado de una veintena de hombres armados con fusiles. Lo acompañan otros dos importantes líderes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que se habían apartado de sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, requerido por la justicia señalado por narcotráfico, y Hernán Darío Velázquez, El Paisa, quien lideró la Columna Móvil Teófilo Forero, una de las estructuras más cruentas de la insurgencia.

“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia [el emblemático lugar donde nacieron las FARC hace más de medio siglo] bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, proclama Márquez en la grabación de 32 minutos, con fecha 29 de agosto de 2019. Asegura que hablan desde algún punto del río Inírida, en la región amazónica del sureste del país, cerca de las fronteras con Venezuela y Brasil. Sin embargo, diversos observadores e información de inteligencia apuntan a que el grupo de excomandantes disidentes se encuentran en territorio venezolano.

Vestido de verde militar y con una pistola en la cintura, Márquez dice que la decisión de volver a las armas “es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”, y que buscarán alianzas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia con fuerte presencia en la frontera con Venezuela. Aunque el presidente Iván Duque, con poco más de un año en el poder, ha reiterado le necesidad de hacer correcciones a lo pactado –una promesa de campaña–, también ha reiterado el compromiso del Gobierno para acompañar a los más de 10.000 excombatientes en proceso de reincorporación que hacen su tránsito a la vida civil.

“La paz es un logro histórico que no tiene marcha atrás. No es esta la primera ni será la última crisis”, aseguró Humberto de La Calle, el jefe negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) durante los diálogos, al tiempo que llamó a la comunidad internacional a redoblar su apoyo y vigilancia del proceso. El Gobierno de Duque, heredero político del expresidente Álvaro Uribe, el más férreo crítico de la negociación, “debe asumir con decisión y con criterio de Estado el liderazgo del proceso de paz, y dejar de actuar con criterio de partido como lo ha hecho hasta la fecha”, reclamó De La Calle al leer un comunicado conjunto con el excomisionado de paz Sergio Jaramillo. La Misión de Verificación de la ONU destacó el firme compromiso de la mayoría de hombres y mujeres en proceso de reincorporación, e instó a redoblar los esfuerzos para la implementación integral de lo pactado.

La que fuera la mayor guerrilla del continente, desarmada y convertida en partido político, ya se sienta en el Congreso de Colombia, con diez escaños garantizados como parte del acuerdo de paz. Pero el paradero desconocido de Márquez, Santrich y El Paisa, líderes que abandonaron los espacios de reincorporación alegando inseguridad física y jurídica, ya había encendido las alarmas sobre el futuro de los excombatientes. Los mayores temores apuntan a que esos líderes alimenten el fuego de las disidencias que ya operan en distintas regiones, como parece confirmar el video. Sin embargo, no está claro que el grupo de excomandantes esté articulado con otras disidencias como la que encabeza Gentil Duarte, o que estos grupos tengan alguna cadena de mando.

Esos temores ya se habían visto avivados por los pronunciamientos desde la clandestinidad de Márquez, quien había calificado en un par de ocasiones el desarme como un “grave error”, pues alegaba que los fusiles eran la única forma que tenían de garantizar que el Estado cumpla lo pactado. También por el rocambolesco caso de Jesús Santrich, quien estuvo un año en la cárcel, pedido en extradición por Estados Unidos, y salió libre por orden de la justicia transicional antes de convertirse formalmente en un prófugo de la justicia.

Márquez, quien llegó a ser el 'número dos' de la guerrilla, sostenía de tiempo atrás un pulso con el jefe máximo de los rebeldes durante los diálogos, Rodrigo Londoño, Timochenko, ahora presidente de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido surgido de los acuerdos que heredó las siglas de la guerrilla. “Los firmantes de la alocución rompieron públicamente con el partido, protocolizaron su renuncia y asumieron las consecuencias de sus actos", aseguró Londoño como portavoz de la FARC. "No compartimos ninguno de los términos de la alocución. Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy constituye una equivocación delirante", aseguró después de haber reiterado su compromiso con los acuerdos por encima de las dificultades.

Márquez asegura en el video que la nueva insurgencia, que toma el nombre y símbolos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, no tiene como objetivo soldados ni policías "respetuosos de los intereses populares", sino que será "esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país". Afirma que el Estado conocerá "una nueva modalidad operativa (...) Solo responderemos a la ofensiva".

También promete un "desmarque total de las retenciones con fines económicos", en una aparente referencia a los secuestros, aunque buscarán "el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país, para buscar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas". Márquez reclama que desde la firma del acuerdo a finales de 2016 no se han detenido los asesinatos de líderes sociales y de exguerrilleros.

La víspera, la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, había advertido que las disidencias operan en 85 municipios, están agrupados en 23 estructuras y cuentan con 1.800 guerrilleros además de 300 nuevos reclutas. Según los investigadores, la creación de una nueva guerrilla es uno de los escenarios más delicados de cara al futuro. "Lo más probable es que Iván Márquez, Jesús Santrich y los 11 comandantes que se han retirado del acuerdo de paz en el último año hayan entrado en contacto con algunos grupos disidentes, lo cual reforzaría la posibilidad de crear una nueva estructura con ambiciones políticas”, señala el informe.

Fuente: el País.

"Ni un Pibe menos": En Argentina marchan contra la “represión estatal”

“Ni un pibe menos, ni una bala más. El Estado es responsable”, sostuvieron durante el acto principal.

Familiares de víctimas de violencia institucional y organismos de derechos humanos realizaron este martes la Quinta Jornada Nacional contra el Gatillo Fácil en varias ciudades del país, con consignas contra “las torturas en comisarías, las muertes en las cárceles, las causas armadas y las detenciones arbitrarias".

En Buenos Aires, la protesta consistió en una movilización que se concentró en Plaza Congreso y marchó luego hacia Plaza de Mayo, donde los organizadores llevaron a cabo un acto en el cual los familiares de las víctimas tomaron la palabra.

En la movilización que tuvo lugar en el Centro porteño se entonaron consignas contra la gestión de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y se formularon críticas a las denominada “doctrina Chocobar”, el policía que abatió a un ladrón que había apuñalado a un turista estadounidense en La Boca.

En este año, se recordó especialmente a los jóvenes muertos en la masacre de Monte, ocurrida en mayo pasado, y en la que murieron cuatro jóvenes y una resultó gravemente herida por disparos efectuados por efectivos de la Policía bonaerense.

Los organizadores precisaron que desde “el retorno a la democracia, en 1983, hubo más de 6.500 jóvenes muertos en manos de las fuerzas policiales y de seguridad".

Las organizaciones que participaron de esta jornada aseguraron que en la actualidad, los efectivos de las fuerzas de seguridad “matan a un joven cada 21 horas” en distintos hechos.

"Ni un pibe menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Todos los gobiernos matan y desaparecen personas. Que no nos maten aquí ni allá", sostuvieron los convocantes en el documento que leyeron durante el acto.

"Es muy difícil convivir con los policías sueltos. Por favor, que no liberen a ninguno más. Muchas gracias a todos", sostuvo en la Plaza Loana Sanguinetti, madre de Rocío Quagliariello, única sobreviviente de la Masacre de Monte.

Fuente: El Clarin

Defensores de derechos humanos denuncian “nueva oleada represiva” en Nicaragua

Al cada vez más frecuente hostigamiento y recaptura de presos políticos, excarcelados este año y, en teoría, protegidos por una amnistía, se suman ejecuciones sumarias y asesinatos selectivos de campesinos opositores.

Managua. Cerca de 700 personas que fueron encarceladas en 2018 en Nicaragua por protestar contra el presidente Daniel Ortega salieron de prisión este año, como parte de una negociación entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, muchos de ellos sufren ahora amenazas de paramilitares, asedio de la Policía, retención migratoria y varios ya han sido recapturados.

 

Los principales organismos de derechos humanos del país llaman la atención sobre el fenómeno, que atribuyen a una "nueva fase de la represión” para acallar la disidencia y evitar una nueva rebelión cívica.

"Hay un hostigamiento permanente a los ex presos políticos, porque Ortega pretende destruir su liderazgo”, dijo a DW la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Este organismo sigue trabajando en el país aunque con mínimos recursos, pues fue intervenido y saqueado por la Policía en diciembre pasado, cuando Ortega clausuró nueve ONGs a las que acusó de "terroristas” y "golpistas”.

Núñez dijo que el país vive "una nueva etapa de la represión”, que consiste en la persecución e intimidación de personas que participaron en las protestas, en especial, expresos que se convirtieron en figuras mediáticas.

Nuevo liderazgo. Los líderes estudiantiles y expresos Edwin Carcache, Nahiroby Olivas y Chéster Navarrete han denunciado asedio policial frente a sus viviendas en Managua, León y Masaya, mientras el joven Byron Estrada fue retenido y sometido a interrogatorios de oficiales de Migración en la frontera con Costa Rica.

En la misma frontera también retuvieron, a mediados de agosto, durante más de cinco horas, a Olesia Muñoz, activista opositora de Niquinohomo, junto al líder gremial de los panaderos, Ermis Morales, según denunciaron a la prensa.

Y la estudiante belga-nicaragüense Amaya Coppens, que estuvo presa nueve meses, dijo que fue detenida por policías que, sin dar explicaciones, requisaron su vehículo. También su casa en la ciudad de Estelí (norte) fue rodeada y asediada por patrullas este mes.

La Policía instaló patrullas el fin de semana frente a la vivienda de los hermanos Esteban Lesage, tres jóvenes músicos de la ciudad de Jinotepe (sur)  que estuvieron presos por su participación en las protestas.

Estos hostigamientos ocurren a pesar de que todos los exprisioneros están, en teoría, amparados por una Ley de Amnistía, que el Parlamento dominado por los sandinistas aprobó a mediados de junio.

"No es casual que las víctimas sean excarcelados que tuvieron mayor protagonismo. Ortega tiene miedo de que se conviertan en la cabeza de un liderazgo nuevo, de gran fuerza y sin vinculación con partidos políticos, lo que les da más credibilidad y simpatía”, señaló Núñez.

Ejecuciones sumarias.

Otra situación que preocupa a los defensores de derechos humanos es el aumento de los asesinatos en zonas rurales de Nicaragua, especialmente de personas involucradas en protestas en 2018.

"Esto es sumamente grave. Se está reeditando el fenómeno de las ejecuciones extrajudiciales al amparo de una amnistía”, observó la presidenta del Cenidh.

En 1990, la flamante presidenta Violeta Chamorro, que derrotó a Ortega en las urnas y lo desplazó del poder, decretó una amplia amnistía, que cubrió por igual a los soldados del Ejército como a los "contras” antisandinistas, y proclamó una "reconciliación nacional”.

Sin embargo, varios "contras” aparecieron muertos en carreteras y poblados del interior. Su principal jefe, Enrique Bermúdez ("Comandante 380”), fue ejecutado en 1991 frente a un hotel en Managua, un sonado crimen que nunca se aclaró y que fue atribuido a la seguridad del Estado sandinista, que operaba aún con Ortega en la oposición.

En las últimas semanas, el Partido Liberal denunció que varios de sus representantes y alcaldes municipales en el norte han sido "perseguidos y asesinados” por presuntos activistas sandinistas. Según la prensa, una decena de personas ligadas a la oposición fueron ejecutadas en la frontera con Honduras.

Cadena de delaciones. "De fines de junio a inicios de agosto se reportaron dos asesinatos de campesinos por semana. En todos los casos hubo disparos por armas de guerra y huellas de tortura, y todos fueron adjudicados a paramilitares”, explicó a DW Haydeé Castillo, defensora de derechos humanos y directiva de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

Activistas liberales en la provincia de Jinotega (norte) han dicho que los paramilitares estarían coordinados con organismos barriales sandinistas, con la Policía y con la inteligencia del Ejército, en una "cadena de delaciones” para descubrir y "neutralizar” a opositores.

"Las ejecuciones sumarias y los asesinatos selectivos en el campo están mostrando una nueva oleada represiva, que ahora significa aplicar la pena de muerte a todo aquel que piense diferente”, advirtió Castillo.

"Si no los pueden asesinar, los encarcelan o los empujan al exilio”, añadió la opositora, que tuvo que abandonar el país por amenazas. Según el último reporte de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 80.000 nicaragüenses han abandonado el país a causa de la crisis de 2018.

Castillo dijo que estas "ejecuciones sumarias” constituyen crímenes de lesa humanidad y pidió a la Organización de Estados Americanos (OEA) que aplique "con suma urgencia” el artículo 21 de la Carta Democrática, a fin de que el gobierno de Nicaragua sea separado del organismo hemisférico.

El Consejo Permanente de la OEA se reunirá el próximo miércoles 28 para tratar la crisis de Nicaragua, y es posible que ese día quede formada una comisión especial encargada de contribuir a una salida pacífica para este país.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, comentó: “el contexto socio-político nicaragüense es muy complicado; las represalias contra las personas opositoras al Presidente no mejoran su situación, sino que la empeoran. Respetar a la población es un primer paso para construir un país democrático”

Fuente: América Economía

La ONU acusa a Paraguay de violar los derechos humanos por el uso de agroquímicos

El Comité de Derechos Humanos de la organización responsabiliza al Estado por una muerte y una veintena de intoxicados en un pueblo rural en 2011

Una persona murió envenenada y 22 más, entre ellos varios niños, resultaron intoxicadas, por el uso de agroquímicos en empresas productoras de soja transgénica en un pequeño pueblo paraguayo de 400 habitantes. Era 2011. Tras ocho años en los que la Justicia del país sudamericano no ha condenado a los culpables ni ha resarcido a las víctimas, un dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hace ahora responsable al Estado paraguayo por no prevenir la situación ni tomar medidas para la conservación de la vida y del ambiente.

El dictamen señala que Paraguay “no ejerció controles adecuados sobre actividades contaminantes ilegales” y concluye que “las fumigaciones masivas con agrotóxicos constituyen amenazas a la vida de las víctimas que eran razonablemente previsibles por el Estado parte”. Por lo tanto, declara “la violación del derecho a la vida y del derecho a la vida privada, familiar y domicilio”. El comité de la ONU llama, además, a Paraguay a acometer una investigación efectiva y exhaustiva sobre fumigaciones con agroquímicos, y le insta a sancionar a todos los responsables y reparar a las víctimas.El uso masivo de agroquímicos que exige el cultivo extensivo de granos genéticamente modificados tiene consecuencias mortales en América del Sur. En la bautizada, popularmente, como "república unida de la soja" —Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay— se cultivan millones de hectáreas de tierra de soja transgénica que alimenta a buena parte del ganado de Europa y China. Sin embargo, su población rural —muy arraigada a su tierra y que trabaja para vender a pequeña escala— vive en situación de permanente crisis, sin acceso a servicios públicos y asediada por latifundios que incumplen las normativas ambientales, dañando su forma de vida y sus cosechas.

“Es un dictamen histórico por el reconocimiento del vínculo entre los daños severos al medioambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y políticos. Cientos de casos similares en todo el mundo podrían ser sometidos a nuestra consideración”, subraya Hélène Tigroudja, miembro del Comité.

“El Comité sienta una jurisprudencia histórica que relaciona el disfrute de los derechos humanos con la protección del medioambiente en una decisión de resonancia global”, completa, en declaraciones a EL PAÍS, el abogado paraguayo Hugo Valiente, miembro del equipo de letrados de las víctimas que presentó el caso en 2013. Es la primera vez, subraya, que un órgano aplica la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos de 2018. “Momentos así me reconcilian con el derecho en su sentido más legítimo y verdadero: el derecho como ley del más débil”, explica.

Rubén Portillo murió envenenado a los 26 años en el mismo lugar en que nació. Vivía con su compañera, su hijo y su madre cerca del río Kuairú en una de las pocas casitas sin agua corriente de Yerutí, a unos 120 kilómetros de la frontera con Brasil. La colonia de familias campesinas se formalizó en 1991 y está administrada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la institución gestora de la política de acceso a la tierra en Paraguay. Rubén nació dos años después, cuando Yerutí (paloma o canto de las aves en guaraní) era aún un paraíso natural. Unas 1.225 hectáreas fueron entonces repartidas en 93 lotes entre bosques subtropicales, esteros y arroyos. Alejados de todo, sin servicios públicos ni carreteras, pero con tierra roja y fértil para cultivar.

Durante casi 15 años, las familias trabajaron sus tierras con éxito pese a las grandes dificultades del entorno: produjeron toneladas de comida, criaron miles de animales de forma sostenible, levantaron sus escuelas e hicieron sus propios caminos. Hasta que, de pronto, en 2005 los bosques a su alrededor comenzaron a ser talados. Donde antes había una selva con árboles centenarios como el lapacho, manantiales, guaridas de armadillos y jaguares, algunas empresas brasileñas sembraron plantaciones extensivas de monocultivos mecanizados de semillas de soja transgénica.

Un oasis entre la soja

Yerutí quedó como un oasis en el medio de un desierto verde: desde allí, se mire donde se mire, las plantas de medio metro de soja se extienden hasta el horizonte. Solo a veces, la silueta de un árbol solitario queda como testimonio de la naturaleza nativa. Toda la región agrícola de Paraguay fronteriza con Brasil es hoy la zona de mayor expansión del agro-negocio. Y sigue creciendo en toda la mitad oriental del país. En 2005, justo enfrente de la chacra de Rubén plantaron un sojal de la empresa brasileña Condor. Lo fumigaban masivamente mediante lanzamiento de agrotóxicos desde tractores y avionetas, “sistemáticamente incumplieron la normativa ambiental de derecho interno”, según el dictamen de la ONU hecho público este miércoles en Ginebra (Suiza).

“Primero murieron las gallinas, no sabemos por qué. Comenzaron a enfermarse los chanchos y un tiempo después falleció mi hermano”, cuenta la hermana de Rubén Portillo, Norma, que denunció ante las autoridades el caso junto las organizaciones Base Is y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy). Rubén tenía el cuerpo lleno de llagas, su hijo también. En enero, su situación empeoró y fue llevado a un centro de salud donde fue tratado por los vómitos. Como no mejoraba, y dada su debilidad —ya ni siquiera podía mantenerse en pie— sus familiares lo llevaron al hospital, ubicado a más de cuatro horas de recorrido. Falleció en el camino.

Portillo no fue el único que enfermó: como en épocas de siembra de soja de años anteriores, otras 22 personas presentaron síntomas similares —náuseas, mareos, dolor de cabeza, fiebre, diarrea y lesiones en la piel, entre otros—, pero sobrevivieron para denunciarlo.

“Los dos caminos de tierra que conectan la colonia con la carretera principal asfaltada atraviesan grandes extensiones de cultivos, sin que ningún trecho cuente con la protección adecuada. En consecuencia, los integrantes de la comunidad que necesiten acceder a la carretera principal están expuestos a los agrotóxicos”, dice el comité independiente, compuesto por 18 expertos internacionales de la ONU.

Paraguay es el cuarto exportador de soja de América y el sexto exportador mundial del grano, según la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco). Más de un millón de toneladas de agroquímicos ingresan al país anualmente. Son fertilizantes, secantes, insecticidas y funguicidas que se aplican en más de 3 millones de hectáreas empleadas en el cultivo de soja y otros granos que el país exporta. Entre esos químicos existen varios prohibidos en el mundo por los daños que pueden provocar a la salud humana y al medioambiente, como el glifosato y el acefato, entre otros.

La Federación Nacional Campesina estima que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año. En este caso, según el dictamen, las empresas Cóndor, Hermanos Galhera Agrovalle del Sol y Emmerson Shimin usaron al menos dos prohibidos hace 20 años en Paraguay: Aldrin y Lindano.

“No basta con que el Estado no mate a las personas, sino que tiene que garantizarles una vida digna. El estado se decía sin competencia y el comité le ha demostrado por qué sí la tiene. El Estado, durante el proceso, dijo que era un caso aislado, pero hay muchos más. Y con esto se abren las puertas para que estos casos encuentren una respuesta”, detalla la abogada Julia Cabello. “Ahora debe haber medidas de reparación”, añade.

En Paraguay más de un millón de personas han migrado del campo a la ciudad en la última década por el aumento de los latifundios para los cultivos mecanizados, según la Federación Nacional Campesina, que calcula que se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos al año para la soja. El país sudamericano tiene uno de los mayores índices mundiales de desigualdad de la tierra, un 2,5% de los propietarios son dueños de aproximadamente el 85% de la superficie cultivable, según Oxfam.

Fuente: El País

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, consideró que: "No se puede permitir el uso de este tipo de agroquímicos; están totalmente  prohibidos a nivel internacional y su uso debería suponer graves penas para los personas e instituciones que los han utilizado. Esperemos que el país se responsabilice, ayudando en la defensa de sus ciudadanos".

Venezuela: Coalición de sociedad civil pide a la ONU una Comisión de Investigación sobre violaciones de derechos humanos

En una declaración pública emitida hoy, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer una Comisión de Investigación sobre Venezuela durante su 42° periodo de sesiones en septiembre de 2019.

“La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En su declaración, la coalición de organizaciones de derechos humanos explica la situación en Venezuela hoy y por qué una Comisión de Investigación es la mejor respuesta que la comunidad internacional puede ofrecer a las víctimas.

“Una Comisión de Investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país,” dijeron las organizaciones.

La coalición incluye a Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello, CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Comisión Internacional de Juristas, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, y PROVEA.

Fuente: Amnistía Internacional

Cinco muertos y 80 heridos: piden al presidente de Honduras que ponga fin a la represión de las protestas

Amnistía Internacional refiere el caso de un joven que fue asesinado por un oficial del Ejército hondureño, desplegado por el presidente Juan Orlando Hernández durante las manifestaciones que piden reformas en educación y salud.

Amnistía Internacional ha acusado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de desplegar al Ejército para "reprimir" las manifestaciones en contra de su Gobierno.

Al menos cinco personas han muerto y casi 80 han resultado heridas desde que estallaron las protestas en contra de las reformas de ley a los sistemas educativo y de salud, el pasado 25 de abril, informa la organización de derechos humanos en un artículo publicado en su sitio de internet.

"El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha violado el derecho internacional, pero sigue impune", señala Amnistía Internacional.

La organización no gubernamental añade que el uso de las fuerzas de seguridad en Honduras contra la población civil se recrudeció luego de que documentos oficiales mostraran que la campaña del presidente Hernández fue financiada por el crimen organizado.

"Esto significa que prácticamente nada disuade a las fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de EE.UU. que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes", agrega.

El joven que murió a manos del Ejército

Amnistía Internacional refiere el caso de los familiares de Eblin Noel Corea Maradiaga, un joven de 17 años de edad que fue asesinado por las fuerzas de seguridad durante las protestas en Honduras en la localidad de Yarumela, en la Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero como parte de las protestas, el pasado 19 de junio.

De acuerdo con algunos testimonios, un convoy del Ejército llegó al lugar y disparó contra los civiles. A pesar de que Eblin y su padre iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren que un oficial del Ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho. 

La familia del joven estuvo 41 días vigilando su tumba para evitar que autoridades retiraran la bala incrustada en el pecho del joven, con el fin de evitar que el crimen contra Eblin quede impune y se pueda probar que fue asesinado por el Ejército hondureño.

"Los vigilamos día y noche. Tenemos miedo de que entren y roben la bala, y quieran esconder su crimen", dijo Erika Maradiaga, madre de Eblin.

La organización de derechos humanos hizo un llamado al presidente Hernández para poner fin por completo y de inmediato a la represión estatal, cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

"El sistema de Justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la Justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves violaciones", dijo en junio pasado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, dijo al respecto: “El uso de la fuerza para reprimir la libre expresión y la manifestación del malestar de la población es un síntoma poco democrático para un gobierno, que, no en vano, está alterando a muchas organizaciones internacionales respecto a dichas prácticas. Tal vez, un cambio de estrategia gubernamental podría ayudar a frenar la escalada de malestar y violencia vividas”.