La oposición venezolana denuncia nuevas ejecuciones extrajudiciales

La oposición de Venezuela que se agrupa bajo la figura del líder Juan Guaidó denunció este martes que durante 2020 hubo, al menos, 525 nuevas ejecuciones extrajudiciales en el país caribeño, al tiempo que alertó del recrudecimiento de esta práctica, que constituye una violación a los derechos humanos.

De acuerdo con un informe presentado por una comisión que responde a Guaidó, las ejecuciones extrajudiciales fueron cometidas por la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB), un cuerpo que la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha pedido disolver.

El jefe de la comisión opositora que vela por los derechos humanos, Humberto Prado, dijo que se han identificado las identidades de unas 400 de estas 525 víctimas.

Asimismo, la oposición señaló que "existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos", y que esto ocurre "debido a la militarización de la seguridad ciudadana".

A mediados de marzo pasado, Bachelet alertó que el espacio cívico y democrático se sigue reduciendo en Venezuela y pidió al Gobierno de Nicolás Maduro que revierta esta situación de cara a las elecciones de gobernadores previstas para este año.

Entonces, la alta comisionada denunció que en el país suramericano habían ocurrido 200 ejecuciones extrajudiciales entre septiembre de 2020 y marzo de este año.

La oposición venezolana no aclaró este martes si su recuento de víctimas incluye las denunciadas por Bachelet en marzo pasado.

A finales del año pasado, la ONG local Cofavic, que defiende los derechos humanos, dijo a Efe que había identificado más de 11.300 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela entre 2012 y marzo de 2020.

De acuerdo con la directora de esta organización, Liliana Ortega, el 71 % de esos casos ocurrieron bajo operativos policiales especiales en zonas vulnerables, como los que suele adelantar la FAES en los barrios pobres de Venezuela.

Es por ello que Ortega calificó como "inasumible" el respaldo que el presidente Nicolás Maduro ofrece a la FAES, pese a las reiteradas denuncias de la oposición y diversas ONG, que señalan al cuerpo policial por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Fuente: Yahoo  noticias (Agencia EFE)

La "evaluación" de los derechos humanos en el mundo de EEUU

Costa Rica es el único país de América Latina que, según Washington, "no tiene informes de abusos importantes contra los derechos humanos".

#HRR2020

Estados Unidos va a denunciar las violaciones contra los derechos humanos sin importar dónde se produzcan y si son cometidas por países aliados, prometió este martes (30.03.2021) el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, marcando una ruptura con el Gobierno de Donald Trump.

En el primer informe anual sobre los derechos humanos editado bajo el Gobierno de Joe Biden, el Departamento de Estado aseguró que Washington va a oponerse a las "violaciones de los derechos humanos donde sea que se produzcan y sin importar quienes sean los responsables, si son rivales o aliados".

.@SecBlinken on the release of #HumanRightsReport: @POTUS has committed to putting human rights back at the heart of our foreign policy. We will bring to bear all the tools of our diplomacy to defend human rights and hold accountable perpetrators of abuse. pic.twitter.com/AUTMw0uWJT

— Department of State (@StateDept) March 30, 2021

Blinken insistió especialmente en señalar el "genocidio cometido contra los uigures mayoritariamente musulmanes" en la región china de Xinjiang y la represión de las Fuerzas Armadas birmanas contra manifestantes que se oponen al golpe de Estado. "La tendencia en materia de derechos humanos sigue avanzando en la dirección equivocada. Vemos evidencias de eso en todas las regiones del mundo", indicó a la prensa durante la presentación del informe.

El funcionario también criticó al Gobierno de Trump, que centró su política en algunos derechos específicos como la libertad religiosa, a veces en detrimento de derechos de minorías o del acceso al aborto. "No hay una jerarquía que haga que algunos derechos sean más importantes que otros", afirmó. Como parte del cambio de tono, Blinken reconoció los desafíos que enfrenta su propio país, incluyendo la lucha contra el "racismo sistémico. Esto es lo que separa la democracia de las autocracias: nuestra capacidad y nuestra voluntad de confrontar nuestras deficiencias abiertamente", señaló anticipándose a posibles críticas.

Today, @SecBlinken rolled out the 45th annual Human Rights Report. #HRR2020 consists of 198 country reports that show progress since last year - or lack of progress by some governments - with respect to human rights & fundamental freedoms. https://t.co/TRsldrKVJL

— Department of State (@StateDept) March 30, 2021

¿Qué dice el informe sobre América Latina?

Entre las violaciones a derechos humanos analizadas, el informe reporta señalamientos de "ejecuciones ilegales o arbitrarias" a manos de los cuerpos de seguridad en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Asimismo, Washington registra casos de "torturas y casos de tratos o penas crueles" en Bolivia, Colombia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua  y Venezuela.

El documento también registró problemas "con la independencia del Poder Judicial" en Argentina, Bolivia, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. Asimismo, Estados Unidos señala distintos niveles de gravedad en los "actos de corrupción" gubernamental de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

Por otra parte, las restricciones a la libertad de expresión y de prensa, dentro de las que se incluyen algunos casos de "violencia contra periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura", estuvieron presentes en 2020 -según Washington- en Bolivia, Brasil, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Venezuela.

De igual forma, Estados Unidos criticó la "falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer" o la violencia contra "personas LGBTI" en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. En contraste, la Casa Blanca afirmó que Costa Rica "no tiene informes de abusos importantes contra los derechos humanos".

Fuente: DW ama (afp, reuters, efe)

El secretario General de la ALDHu, Juan de Dios Parra, comentó al respecto: "Es bueno saber qué opina Estados Unidos de los derechos humanos de los otros países; sin embargo existen otras organizaciones que realizan esta tarea de un modo mas imparcial. Los derechos humanos no deben ser usados como un arma económica, militar o de cualquier otra clase. Los derechos humanos hay que protegerlos incluso dentro de la propia frontera".

Qué piensa el departamento de estado de EEUU de:

Argentina

Bolivia 

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

Cuba

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Mexico

Nicaragua

Panama

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Informe completo en: 

https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/

Para verlo con traductor, ir a google translate y compiar la dirección del enlace

“Justicia para Victoria”: condenaron el asesinato de una salvadoreña en Tulum a manos de la policía (México)

El video del asesinato de Victoria, una taxista de Tulum, Quintana Roo, se viralizó rápidamente en redes sociales el pasado 27 de febrero. En las imágenes se aprecia como un policía somete a la mujer por la espalda hasta que esta deja de respirar y muere por asfixia.

“No murió, la mataron”, escribió la periodista Denise Dresser, quien se unió a los miles de mensajes que exigen a las autoridades sancionar a los responsables por la muerte de la mujer originaria de El Salvador.

De acuerdo con las primeras versiones de los hechos, policías municipales que tripulaban la patrulla 9273 abordaron a una mujer, identificada actualmente como Victoria Salazar, quien caminaba sobre la avenida La Selva, con el pretexto de que se encontraba presuntamente en estado de ebriedad.

Al menos cuatro elementos, tres hombres y una mujer, la tiraron al suelo y aplicaron exceso de fuerza sobre la víctima. A los pocos minutos, comenzó a gritar y a decir que se le dificulta respirar por el peso que tenía encima y finalmente quedó tendida en el piso.

En lugar de llamar una ambulancia, los agentes tomaron el cuerpo y lo subieron a otra unidad tipo camioneta con jaula con numero 9267,para llevarla al centro de salud más cercano para su valoración médica, al ver que nos serían atendidos, decidieron ir a Protección Civil (PC), donde les confirmaron que ya había fallecido.

“A Victoria la mataron por hacer lo mismo que miles de turistas blancxs hacen todos los días en Tulum. A Victoria no solo la mataron por ser mujer. La mataron por ser migrante, por ser morena, por no ser rica. La mató un México feminicida, racista y clasista. #JusticiaParaVictoria”, escribió una usuaria de Twitter (@barbymcs).

Adilia de las Mercedes, otra usuaria de la red social también señaló: “La Violencia Policial mató a Victoria. Que su nombre no se olvide: Victoria Salazar”. Mientras que otros comentarios acusaban el ferviente abuso de autoridad que tuvo lugar en las calles de Tulum.

“Victoria, una víctima más del clasismo, machismo, xenofobia y racismo de México, del abuso de poder policíaco. Ella no murió, a ella la mataron, y a nosotras no nos podrán callar nuestro grito de ¡JUSTICIA!”, fue otro de los comentarios aparecieron en redes sociales.

Miles de mujeres compartieron el caso de Victoria y recalcaron que su condición de mujer migrante habría sido uno de los principales factores para el abuso policial. Mientras que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGe) informó que se ejercerá acción penal en contra de los policías municipales implicados en el caso.

La ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, se pronunció sobre el caso y aseguró que las autoridades ya se encuentran en contacto con sus familiares. Agregó que la embajada del país en México se coordina actualmente con las autoridades locales para realizar las diligencias pertinentes.

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos en El Salvador, Apolonio Tobar, condenó que los policías mexicanos hayan privado a Victoria del derecho a la vida de mujer migrante salvadoreña y exhortó a las autoridades a investigar los hecho y reparar los daños a la familia de la víctima.

La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo anunció que abrió una queja de oficio por violaciones al derecho humano a la vida, con el propósito de que se investiguen a los servidores públicos implicados.

"Los protocolos de la policía a nivel internacional deberían ser revisados y supervisados por las autoridades. Existe mucha violencia policial hacia personas por discriminación de tipo clasista, por raza, por sexo o cultura. En una policía bien formada no se deberían dar este tipo de sucesos. Además, los métodos y la fuerza utilizados para esa intervención son desproporcionados y excesivos. No deberíamos mirar hacia otro lado; deberíamos sancionar y eliminar este tipo de prácticas a nivel internacional". Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU. 

Fuente: Infobae

Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren cada vez más presiones pese a tener un papel crucial contra el cambio climático

 Las tasas de deforestación en América Latina y el Caribe son significativamente más bajas en los territorios indígenas y tribales donde los gobiernos han reconocido formalmente los derechos colectivos territoriales, afirmó este jueves la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

PNUD Perú

Reserva comunal Amarakaeri, área natural de 402.335 hectáreas protegida por las comunidades harakbuts, yines y machiguengas en Madre de Dios, en la Amazonía de Perú

Por esta razón, garantizar a los pueblos indígenas la tenencia de esos territorios constituye una manera eficiente y rentable de mitigar el cambio climático, sostuvo la agencia en el nuevo informe “Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques".

El estudio señala que la ciencia ha demostrado que estos pueblos han sido mucho mejores guardianes de los bosques que otros responsables de esos ecosistemas en la región. Sin embargo, añade, sus pobladores carecen de ingresos dignos y acceso a servicios, y sufren atropellos y destrucción de sus territorios por actores externos que buscan explotar los recursos naturales.

Agrega que la conservación de los territorios indígenas son fundamentales para la estabilidad del clima mundial y regional, así como para preservar buena parte de la diversidad biológica y cultural global.

La selva del Darién, en Panamá.UNDP/Roberto Machazek

Cambio de escenario

Durante mucho tiempo la deforestación y degradación forestal de estas áreas fue modesta gracias a los factores culturales, el reconocimiento de los gobiernos de los derechos territoriales colectivos, los incentivos económicos para velar por los bosques, las restricciones estatales sobre el uso de sus recursos, la baja rentabilidad de la agricultura comercial, la disponibilidad reducida de capital y la escasa presión demográfica.

Pero el escenario ha cambiado y en la actualidad aumentan las presiones a las comunidades indígenas de los bosques debido a la creciente demanda de alimentos, minerales, energía, madera, turismo y otros productos y servicios.

La Amazonía

Estos elementos colocan en riesgo la función protectora de estas comunidades y la deforestación avanza cada día más en la Amazonía, lo que afectará significativamente las precipitaciones, la temperatura y, con el tiempo, la producción de alimentos y el clima mundiales.

El informe señala que los territorios indígenas de la cuenca del Amazonas perdieron menos del 0.3% del carbono en sus bosques entre 2003 y 2016, mientras que las áreas protegidas no indígenas perdieron 0.6%, y otras zonas que no eran territorios indígenas ni áreas protegidas perdieron 3.6% durante el mismo periodo. El total de emisiones brutas de carbono de la región proveniente de los territorios indígenas alcanzó apenas el 2,6% pese a que esos pueblos cubren sólo el 28% de la cuenca amazónica.

El representante regional de la FAO, enfatizó el papel de los pueblos indígenas también en la lucha contra la pobreza, el hambre y la desnutrición.

“Sus territorios contienen alrededor de un tercio del carbono almacenado en los bosques de América Latina y el Caribe y el 14% del carbono almacenado en los bosques tropicales de todo el mundo”, recalcó Julio Berdegué.

Árboles de caucho en el bosque nacional Tapajños, en la amazonía brasileña.ONU/Eskinder Debebe

Fortalecer el papel de los pueblos indígenas

La FAO instó a los gobiernos, los financiadores climáticos, el sector privado y la sociedad civil a invertir en iniciativas que fortalezcan el papel de los pueblos indígenas y tribales en la gobernanza forestal.

También los exhortó a reforzar los derechos territoriales comunales, compensar a las comunidades indígenas por su trabajo servicios ambiental y facilitar el manejo forestal comunitario.

El informe explica que tasa de deforestación dentro de los bosques indígenas donde se ha asegurado la propiedad de la tierra es 2,8 veces menor que fuera de dichas áreas en Bolivia, 2,5 veces menor en Brasil y 2 veces menor en Colombia.

Detalla que los territorios colectivos titulados evitan entre 42,8 y 59,7 millones de toneladas de emisiones de CO2 cada año en estos tres países; lo que equivale a sacar de circulación de 9 a 12,6 millones de vehículos durante un año.

Los datos indican que de las 404 millones de hectáreas ocupadas por los pueblos indígenas, los gobiernos han reconocido formalmente los derechos de propiedad colectiva o usufructo de unos 269 millones de hectáreas.

Indígenas guaraníes de la comunidad Mbya, en ParaguayPNUD Paraguay

Bajo costo

La FAO llama otorgar legalmente esos derechos para los territorios faltantes y hace hincapié en que sólo cuesta seis dólares titular una hectárea de tierra en Colombia y 45 dólares en Bolivia, un costo entre cinco y 42 veces más bajo que el de evitar las emisiones por medio de la captura y almacenamiento de carbono fósil en las centrales eléctricas de carbón o gas.

Según el estudio, la gestión justa y eficiente de los bosques para mitigar el cambio climático supone un problema de largo plazo que debe abordarse con un enfoque integral que contemple las estructuras de gobernanza, las políticas, el capital social, las capacidades y conocimientos para preservar los ecosistemas y las culturas, la mejora de las condiciones de vidas y la prevención de los conflictos sociales.

Los programas exitosos de manejo forestal comunitario y compensación de servicios ambientales requieren derechos territoriales. Una buena gobernanza territorial y organizaciones indígenas y tribales consolidadas constituyen una base sólida para todo lo demás, mientras que la revitalización cultural y la gestión del conocimiento tradicional abonan al capital social, autoestima, habilidades y conocimientos necesarios para ello”, apunta la publicación.

Fuente: noticias ONU

Las discrepancias de la oposición nicaragüense proyectan una pobre imagen

Las discrepancias de la oposición nicaragüense de cara a las elecciones generales de noviembre próximo proyectan una pobre imagen ante la comunidad internacional, valoró este sábado el disidente sandinista Edmundo Jarquín.

Esas diferencias, según Jarquín, que ha sido candidato a la Presidencia y a la Vicepresidencia de Nicaragua, "no permiten poner suficiente presión sobre las reformas electorales" que garanticen unas elecciones libres y transparentes en los comicios de noviembre.

"El tema, entonces, es que las discrepancias en la oposición no permiten poner suficiente presión sobre las reformas electorales, dejan a su vez de prestar atención a lo que verdaderamente importa, y se proyecta una pobre imagen sobre la comunidad internacional", anotó Jarquín, que se desempeñó como embajador en España y México durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), en una declaración escrita.

Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones nacionales el 7 de noviembre de 2021 y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que retornó al poder en enero de 2007, busca conservarlo por cinco años más.

"El límite, entonces, es la unidad de la oposición y no la uniformidad de ideas", continuó Jarquín, quien matizó que las diferencias existentes "es el anticipo de la sociedad que deseamos construir: pluralidad de ideas, pluralidad de intereses, pluralidad de clases sociales, pluralidad de ideologías".

Para el político, las dificultades que enfrenta actualmente la unidad opositora, no pueden ser mayores a la de buscar cómo salir de "la dictadura sanguinaria y represiva", en referencia al Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega.

"¿Permitiremos que las actuales y legítimas diferencias de opinión, y a veces hasta diferencias personales, nos condenen a seguir enfrentando la dictadura sanguinaria y represiva de Ortega? ¿Son, acaso, esas diferencias de opinión y personales tan importantes, que permitiremos que siga Ortega y su dictadura?", reflexionó.

A su juicio, los opositores tiene un objetivo común, que es la democratización de Nicaragua, y es lo que debe primar, más allá de las diferencias.

"Las discrepancias en la oposición, legítimas por lo demás, han impedido, como en las semanas recientes, que no se ejerza suficiente presión sobre el Gobierno para que se produzcan las reformas electorales que permitan elecciones verdaderamente libres el próximo mes de noviembre", consideró.

Esas discrepancias, insistió, "impiden la acción conjunta sobre el Gobierno" de cara a las próximas elecciones.

"En verdad, si las diferencias de opinión en la oposición son tan grandes, ¿para qué el Gobierno podría ocuparse de las reformas electorales, si suficientemente está entretenida la oposición de sus pleitos internos?", preguntó. EFE

 Fuente: Yahoo Noticias

Investigaciones contra críticos de Bolsonaro encienden alarmas en Brasil

 Río de Janeiro, 18 mar (EFE).- El aumento de las investigaciones penales contra críticos de Jair Bolsonaro, abiertas bajo pedido del propio Gobierno del líder ultraderechista o de sus allegados, prende de nuevo las alarmas de organizaciones defensoras de derechos humanos, que ven en las acciones censura y persecución en Brasil.

A finales de enero se sabía de al menos cuatro casos, pero dos meses después se conoce que más de una decena de personas, entre periodistas, abogados, escritores y artistas, están bajo la lupa de las autoridades.

Su delito fue expresar sin tapujos su pensar sobre Bolsonaro o su Gobierno y especialmente sobre su gestión frente a la pandemia del coronavirus, que ya deja en el país unos 285.000 muertos y 11,6 millones de contagios.

El mandatario brasileño es uno de los pocos líderes negacionistas de la covid, a la que ha llamado de "gripita", y en vez de promover el aislamiento social y el uso de mascarillas, incentiva a los brasileños a salir a las calles y no tiene reparo en participar en actos públicos aglutinados y sin protección.

Estas investigaciones levantan especial interés de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ya que buena parte de ellas fueron solicitadas por el Ministerio de Justicia a la Policía Federal con base en una ley de 1983 creada durante la dictadura militar (1964-1985).

"Estamos observando con gran preocupación el aumento de personas críticas al Gobierno que están siendo investigadas por orden del Gobierno federal o a pedido de aliados de la Presidencia, casos en los que la Ley de Seguridad Nacional es citada para la apertura de investigaciones", declaró a Efe Emmanuel Colombié, director regional para América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF).

De acuerdo con Colombié, "la ley es vaga en sus conceptos", lo que abre paso a interpretaciones "arbitrarias" que otorgan el carácter de delito a las expresiones críticas al presidente, por lo que la norma se convierte en una "herramienta de intimidación y censura política" y una amenaza a la libertad de información y la democracia brasileña.

El uso abusivo de la citada ley ya había sido denunciado por Human Rights Watch (HRW) en enero pasado, cuando señaló que por lo menos cuatro personas estaban bajo investigación penal con base en esa norma por haber criticado al Gobierno desde junio de 2020.

La organización sostiene que este tipo de leyes penales son incompatibles con la obligación de proteger la libertad de expresión, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, por lo que el Congreso debería abolirlas o adaptarlas.

"Pediríamos al Congreso que adapte las leyes de Brasil a los estándares de derechos humanos y que revoque los artículos dentro de la Ley de Seguridad Nacional que claramente violan la libertad de expresión y que no son aceptables en una democracia", aseguró a Efe César Muñoz, investigador de Human Rights Watch (HRW).

Entre los investigados por esta ley están el caricaturista Renato Aroeira por publicar una imagen donde Bolsonaro convierte una cruz roja en una esvástica y el periodista Ricardo Noblat, por compartirla en las redes.

La imagen hacía alusión a la invitación que hizo el mandatario para invadir hospitales y verificar si realmente estaban copados de gente infectada por la covid.

Asimismo, son investigadas dos personas por pagar e instalar un aviso gigante en la ciudad de Palmas (Tocantins) con la imagen de Bolsonaro y la frase "Nao vale um pequí roído. Impeachment já" (No vale nada, juicio político ya!).

PERSECUCIÓN TAMBIÉN SE EXTENDIÓ AL MAYOR INFLUENCER BRASILEÑO

Uno de los casos más recientes es el de Felipe Neto, el popular "influencer" brasileño, con más de 52 millones de seguidores en redes sociales, que ya en otras oportunidades ha estado en el ojo del huracán por sus comentarios contra el líder ultraderechista y por opiniones contra Donald Trump.

El joven de 32 años, reconocido por la revista "Time" como uno de las 100 personas más influyentes del mundo, está bajo investigación penal por haber tildado de "genocida" al líder ultraderechista por su cuestionada gestión frente a la pandemia.

La investigación contra Neto fue solicitada a la Policía Civil por el concejal Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del mandatario brasileño, también basándose en la citada Ley.

Este jueves, la Justicia ordenó suspender de forma inmediata la investigación contra el "influencer" brasileño al reconocer la "flagrante ilegalidad" del proceso.

No es el primer caso que tumba la Justicia. También lo hizo con la investigación que el Ministerio de Justicia solicitó contra el periodista Hélio Schwartsman tras publicar en el diario !Folha de Sao Paulo" el artículo "Por qué hago fuerza para que Bolsonaro muera".

La situación vivida por Neto, quien además es comediante, empresario, escritor y filántropo, lo llevó a crear un grupo con reconocidos abogados para defender, gratuitamente, a quienes sean procesados por criticar a Bolsonaro.

Posiblemente, ese grupo ya tenga su primer caso, pues este mismo jueves, con base en esa Ley, fueron detenidos en Brasilia, la capital del país, cuatro militantes del opositor Partido de los Trabajadores, que querían marchar con una pancarta que decía "Bolsonaro genocida". EFE

mat/ag/si

Fuente: swissinfo

Articulo opinión: Declaraciones insólitas (Gonzalo Martner)

 Un señor delegado presidencial en la "Macrozona Sur", Cristián Barra, que ha brillado por su ausencia y previamente por su inutilidad en los cargos que ha ocupado en las administraciones piñeristas, trata ahora de "instalarse", como se dice ahora, con una declaraciones irresponsables contra las Fuerzas Armadas. Las acusa de "falta voluntad" en La Araucanía:  "Siempre son reticentes. Me toca reunirme con ellos como jefes de la defensa en las distintas regiones y particularmente encuentro insólito que lleguen a las reuniones con abogados, para poder decir por qué no pueden hacer las cosas que uno quisiera". 

Que una autoridad nombrada por el presidente, aunque en un cargo un tanto etéreo,  haga declaraciones contra la institucionalidad vigente de manera tan irresponsable, y en un tema tan delicado, es simplemente insólito. Si las fuerzas de la Defensa Nacional no intervienen en materias de orden público, de no mediar determinados estados de excepción y no de cualquier manera cuando estos se declaran, es porque la propia constitución de 1980 se lo impide. 

En la derecha se está incubando una respuesta a su incapacidad de gobernar y al desquiciamiento policial creciente instando a recurrir a la represión al margen de la ley, como si la historia reciente del país no tuviera suficiente de esa criminal y a la postre inútil medicina propia de los regímenes autoritarios y de las mentes obtusas y violentas. Un señor González, ex comandante en jefe de la Armada, de paso no muy brillante por el servicio, se ha permitido incluso decir que "si usted diera luz verde a las Fuerzas Armadas para que controláramos la erradicación de los actos terroristas, esa cuestión se hace en 72 horas", refiriéndose al conflicto en la zona de la Araucanía.

Esta fanfarronería de sherif del condado debe ser contrastada con la actitud que ex altos mandos del Ejército han manifestado públicamente con cordura al subrayar que la intervención de las FF.AA. terminaría agravando el problema. Por mi parte, sostengo que, entre otras cosas, terminaría dándole legitimidad a las minorías que actúan con violencia frente a un problema que se arrastra por 500 años y que requiere de una solución política, como la que han construido países como Canadá, Australia o Nueva Zelandia. 

El señor Barra y el señor González debieran tener un mínimo de lucidez y tomar conciencia que los problemas sociales y políticos no se resuelven a patadas en el mundo de hoy (como lo hicieron efectivamente sus antecesores de manera sangrienta en 1973, provocando una herida en la historia de Chile que no termina de cerrar), y menos una reivindicación histórica como la que nace del despojo alevoso de las tierras del pueblo mapuche, por mucho que volver cinco siglos atrás o tres siglo atrás  o un siglo y medio atrás sea difícil. Pero para eso está la política, para resolver problemas. Y sobre todo cabe recordar como terminó el régimen dictatorial de las FF.AA.: con tres años de protestas populares entre 1983 y 1986 que los mandos militares no pudieron controlar, a pesar de los centenares de asesinados, de los quemados y de los encarcelados y torturados. Aunque el régimen disponía de todo el poder de fuego imaginable, dirigido por un dictador sin escrúpulos, tuvo que dar paso, así y todo, al fin pactado de una dictadura que ya no podía sostenerse en momentos en que se aproximaba el fin de la guerra fría.

El intento del gobierno de Piñera de autorizar que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales al margen de todo estado de excepción, contradice radicalmente el camino emprendido desde 1990. Este sitúa a las Fuerzas Armadas en tareas de defensa nacional y de eventual apoyo a otras tareas del Estado, pero solo en situaciones de excepción que requieran su concurso, debidamente autorizadas por el parlamento. La reforma constitucional presentada por el gobierno, en nombre de un supuesto resguardo de la "infraestructura crítica" pero en realidad como respuesta a la rebelión social de octubre de 2019, fue aprobada en el Senado por la derecha con el apoyo de la mayoría de los senadores DC y PPD. Esta grave regresión para la democracia no obtuvo, en buena hora, un quórum suficiente en la Cámara de Diputados. Pero el gobierno insiste en querer arrastrar a las Fuerzas Armadas a un conflicto civil de orden social y político, del que definitivamente no deben participar. A Sebastián Piñera, si algo tiene de hombre de Estado, solo le cabe destituir al señor Barra. Y desistir en lo que le queda de gobierno de sus intentos de refugiarse detrás de las Fuerzas Armadas ante su incapacidad para resolver los problemas del país. 

Entretanto, el ministro de Defensa Baldo Prokurica ha hecho una declaración más bien sensata, que indica el camino a seguir con lógica republicana: "nuestra legislación establece que la labor del orden público y seguridad corresponden a Carabineros y la PDI. En tanto, las FF.AA. tienen un rol definido durante el Estado de Excepción, al cual se han apegado estrictamente, y que se aboca a labores de logística, planificación, equipamiento y de apoyo a las policías”.

Post Data: se ha anunciado que le han "aceptado la renuncia" a Barra. Menos mal.