Venezuela: Coalición de sociedad civil pide a la ONU una Comisión de Investigación sobre violaciones de derechos humanos

En una declaración pública emitida hoy, una coalición de 11 organizaciones venezolanas e internacionales de derechos humanos que han estado monitoreando y documentando la espiral de violaciones de derechos humanos de Venezuela durante años instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a establecer una Comisión de Investigación sobre Venezuela durante su 42° periodo de sesiones en septiembre de 2019.

“La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.

La comunidad internacional parece haber olvidado a las víctimas que sufren las consecuencias de crímenes de derecho internacional. Ya es hora de que el organismo de derechos humanos de la ONU tome pasos decisivos, anteponiendo a las víctimas, para abordar la crisis de derechos humanos sin precedentes que continúa profundizándose en el país. Mientras tanto, millones huyen del país. El Consejo de Derechos Humanos no tiene tiempo que perder

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En su declaración, la coalición de organizaciones de derechos humanos explica la situación en Venezuela hoy y por qué una Comisión de Investigación es la mejor respuesta que la comunidad internacional puede ofrecer a las víctimas.

“Una Comisión de Investigación de la ONU podría jugar un papel fundamental para lograr que se conozca la verdad y las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela obtengan justicia y reciban una reparación adecuada. También contribuiría a promover la rendición de cuentas y alentar políticas que respeten los derechos fundamentales. Una iniciativa de esta naturaleza podría tener un importante efecto disuasivo para evitar otras graves violaciones de derechos humanos y posibles atrocidades masivas durante la crisis que persiste en el país,” dijeron las organizaciones.

La coalición incluye a Acción Solidaria, Amnistía Internacional, Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello, CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Comisión Internacional de Juristas, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, y PROVEA.

Fuente: Amnistía Internacional

Cinco muertos y 80 heridos: piden al presidente de Honduras que ponga fin a la represión de las protestas

Amnistía Internacional refiere el caso de un joven que fue asesinado por un oficial del Ejército hondureño, desplegado por el presidente Juan Orlando Hernández durante las manifestaciones que piden reformas en educación y salud.

Amnistía Internacional ha acusado al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de desplegar al Ejército para "reprimir" las manifestaciones en contra de su Gobierno.

Al menos cinco personas han muerto y casi 80 han resultado heridas desde que estallaron las protestas en contra de las reformas de ley a los sistemas educativo y de salud, el pasado 25 de abril, informa la organización de derechos humanos en un artículo publicado en su sitio de internet.

"El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades ha violado el derecho internacional, pero sigue impune", señala Amnistía Internacional.

La organización no gubernamental añade que el uso de las fuerzas de seguridad en Honduras contra la población civil se recrudeció luego de que documentos oficiales mostraran que la campaña del presidente Hernández fue financiada por el crimen organizado.

"Esto significa que prácticamente nada disuade a las fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de EE.UU. que la campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por narcotraficantes", agrega.

El joven que murió a manos del Ejército

Amnistía Internacional refiere el caso de los familiares de Eblin Noel Corea Maradiaga, un joven de 17 años de edad que fue asesinado por las fuerzas de seguridad durante las protestas en Honduras en la localidad de Yarumela, en la Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero como parte de las protestas, el pasado 19 de junio.

De acuerdo con algunos testimonios, un convoy del Ejército llegó al lugar y disparó contra los civiles. A pesar de que Eblin y su padre iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren que un oficial del Ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el pecho. 

La familia del joven estuvo 41 días vigilando su tumba para evitar que autoridades retiraran la bala incrustada en el pecho del joven, con el fin de evitar que el crimen contra Eblin quede impune y se pueda probar que fue asesinado por el Ejército hondureño.

"Los vigilamos día y noche. Tenemos miedo de que entren y roben la bala, y quieran esconder su crimen", dijo Erika Maradiaga, madre de Eblin.

La organización de derechos humanos hizo un llamado al presidente Hernández para poner fin por completo y de inmediato a la represión estatal, cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

"El sistema de Justicia hondureño ha demostrado una vez más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad penal son llevados ante la Justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de graves violaciones", dijo en junio pasado, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, dijo al respecto: “El uso de la fuerza para reprimir la libre expresión y la manifestación del malestar de la población es un síntoma poco democrático para un gobierno, que, no en vano, está alterando a muchas organizaciones internacionales respecto a dichas prácticas. Tal vez, un cambio de estrategia gubernamental podría ayudar a frenar la escalada de malestar y violencia vividas”.

CIDH inicia visita la frontera sur de EE.UU. para observar situación de DD.HH. de migrantes

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el lunes una visita de trabajo a la frontera sur de Estados Unidos para observar la situación respecto a los derechos humanos de migrantes que buscan entrar al país, dijo el organismo en un comunicado.

La visita concluye el próximo viernes y la agenda incluye el paso de funcionarios de CIDH por las ciudades de San Diego y Laredo. Llega tras el anuncio de EE.UU. de que a mediados de octubre entrará en vigor la Regla Final de Carga Pública, -una drástica reestructuración de la norma migratoria que reflota una ley con 140 años de vigencia-, y es parte del plan del gobierno de Donald Trump para frenar la inmigración.

Fuente: Laprensalibre.cr 

"El objetivo de la visita es monitorear la situación de los derechos humanos con relación a las condiciones de recepción en la frontera, el acceso al asilo y a los procedimientos de protección internacional, las condiciones de detención migratoria y las prácticas asociadas con la misma, los procedimientos de migración y asilo, así como las garantías procesales y la protección judicial, con un especial énfasis en los principios de la unidad familiar y el interés superior de la niñez", explicó el texto.

La crisis en la frontera sur de Estados Unidos con México ha generado tensión y provocado la denuncia de grupos de derechos humanos acerca del trato que estarían recibiendo los migrantes, cuando las autoridades estadounidenses están decididas a frenar de una vez el flujo migratorio procedente esencialmente de países de la región como Centroamérica y Cuba.

La visita se efectúa en virtud del mandato que otorga la Organización de Estados Americanos (OEA) a la CIDH. Busca observar "las consecuencias" de las políticas migratorias, de refugio y asilo implementadas por el gobierno de Donald Trump.

Participan en la visita la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes; así como por el Comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, Relator sobre los Derechos de los Migrantes y la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres y Relatora de país para Estados Unidos.

Además son parte de la comitiva de la CIDH Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo, María Claudia Pulido, Secretaria Ejecutiva Adjunta y especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Durante la visita, la CIDH sostendrá reuniones con autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil, con personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, y otros actores relevantes, indica el organismo en el comunicado.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la OEA. Tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. Cuenta con siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Fuente VaoNoticias

ONU pide investigar el uso ilegal de medidas antidisturbios en las protestas de Hong Kong

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aseguró que hay evidencias de que las autoridades de Hong Kong aplicaron medidas antidisturbios de forma que contradicen las normas internacionales, por lo que pidió una investigación imparcial de estos hechos.

La ONU realizó un decálogo de las buenas prácticas para los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas básicas deberían ser cumplidas por todos los estados; sin embargo, en muchos estados latinoamericanos suelen disolverse las manifestaciones por la fuerza en primera instancia. Amnistía internacional realizó un documento al respecto, en donde se recogen:

Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, deben garantizar que toda persona que se encuentre en su territorio puede disfrutar de su derecho humano de reunión pacífica y que el derecho a la vida y a no sufrir tortura ni otros malos tratos se respeta en todo momento. El Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley han de ser los principios rectores de todas las operaciones antes, durante y después de las manifestaciones. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben:

FACILITAR las reuniones públicas pacíficas

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- Es un derecho legítimo de toda persona expresar sus opiniones en la calle. Las reuniones públicas no deben ser consideradas como el “enemigo”. La jerarquía de mando debe indicar claramente a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que su labor consiste en facilitar, no en restringir, la celebración de las reuniones públicas pacíficas. Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que participen en la vigilancia de las reuniones deben entender perfectamente que su tarea es esta.

- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley evitarán recurrir a la fuerza en las operaciones de control de reuniones ilegales pero no violentas. Si es inevitable hacerlo, porque deben, por ejemplo, garantizar su seguridad y la de otras personas, tienen que utilizar la mínima fuerza necesaria y que respetar los Principios Básicos de la ONU.

PROTEGER la celebración de las reuniones públicas pacíficas, incluso contra grupos más pequeños o individuos violentos.

- Las infracciones leves de la ley cometidas por un gran grupo de personas congregadas en un lugar, como pegar carteles, tirar basura al suelo o causar pequeños destrozos, pueden dar lugar a una investigación a raíz de la cual se exijan finalmente responsabilidades individuales. Sin embargo, en vista de la importancia del derecho a la libertad de reunión, no por ello debe tomarse la decisión de disolver las reuniones.

- La decisión de disolver las reuniones ha de tomarse conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad, y sólo si no hay otro medio de proteger el orden público ante un riesgo inminente de violencia.

- Cuando una pequeña minoría intente convertir una reunión pacífica en una concentración violenta, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben proteger a los manifestantes pacíficos, no utilizar los actos violentos de la minoría como pretexto para restringir o impedir el ejercicio de derechos fundamentales de la mayoría.

CALMAR las situaciones tensas o violentas.

- La comunicación que se mantenga con los organizadores y los manifestantes durante las operaciones de vigilancia y antes de ellas ha de tener por objeto generar entendimiento mutuo e impedir la violencia. Si son probables los estallidos de violencia –por ejemplo, en el contexto de celebraciones de fechas conflictivas o debido a la indignación pública con las medidas de austeridad–, la comunicación con los organizadores y los manifestantes es aún más importante, a fin de reducir la tensión y evitar enfrentamientos innecesarios. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los organizadores deben buscar conjuntamente el modo de impedir la violencia o de detenerla rápidamente en cuanto estalle.

- Si se toma la decisión (legítima) de disolver una reunión, la orden de hacerlo ha de comunicarse y explicarse claramente a fin de que, en la medida de lo posible, los manifestantes la comprendan y la acaten. Debe concederse a los manifestantes tiempo suficiente para dispersarse.

EJERCER las atribuciones policiales sólo con fines legítimos.

- No debe recurrirse a la fuerza para castigar el (supuesto o presunto) incumplimiento de una orden ni la mera participación en una reunión.

- Las detenciones y la reclusión de los detenidos deben llevarse a cabo de acuerdo en todo momento con los procedimientos que estipule la ley. No deben utilizarse como medio de impedir la participación en una reunión pública ni como castigo por participar en ella.

MINIMIZAR los daños, preservar y respetar la vida y proteger a las personas ajenas a lo que está sucediendo. Hacer uso de la fuerza sólo en la medida necesaria y si los medios no violentos o menos violentos no han servido o no es probable que sirvan para alcanzar el objetivo legítimo.

- Jamás deben utilizarse armas de fuego para dispersar multitudes.

- No deben utilizarse porras ni instrumentos de impacto similares contra personas que no amenazan a nadie ni son agresivas. Si el uso de porras es inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben tener órdenes claras de procurar no causar lesiones graves y no golpear en partes vitales del cuerpo.

- Debe examinarse detenidamente qué tipo de material utilizar para disolver reuniones y utilizarlo sólo cuando sea necesario, proporcionado y legítimo. El material policial y de seguridad –como las balas de goma, el gas lacrimógeno y las granadas paralizantes, que suelen describirse como armas “menos letales”– puede causar lesiones graves, e incluso la muerte. No deben utilizarse sustancias químicas irritantes, como gas lacrimógeno, contra personas confinadas en un espacio, ni tampoco de forma que puedan causar daños duraderos (por ejemplo, a distancia demasiado corta o apuntando directamente a la cara).

- Todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han de tener órdenes claras de garantizar que a toda persona herida se le presta asistencia médica sin demora.

RENDIR CUENTAS a la ciudadanía y al poder judicial de todas las operaciones.

- El uso de la fuerza en una reunión pública debe ser siempre objeto de examen y, si corresponde, de investigación y de sanción disciplinaria o penal.

- Las denuncias contra la policía deben investigarse de manera efectiva e imparcial y, si corresponde, resolverse con sanciones disciplinarias o penales.

- Ha de poder identificarse a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (por su nombre o su número de placa) durante las operaciones de orden público. Deben dictarse órdenes ejecutables para garantizar el cumplimiento de la obligación de llevar tales placas. El equipo protector debe utilizarse para la protección de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, no como medio de ocultar su identidad.

Juan de dios Parra, Secretario General de la ALDHU, explicitó “Las normas básicas para la realización de reuniones públicas son unos principios que se están perdiendo y que impiden la expresión de la población. De este modo se permite que exista la represión, el silenciamiento y la eliminación de cualquier manifestación o expresión pública en contra de la voluntad del estado. Este tipo de  actuación no es propia de un estado democrático. Esta no es la función de la policía”.

Centros de reclusión de migrantes: ¿campos de concentración modernos en donde viven miles de refugiados?

  Sin haber cometido ningún delito, pero en condiciones similares a las de una cárcel, se encuentran en la actualidad hacinados y en realidades más que precarias por la crisis migratoria, miles de familias en la frontera entre EEUU y México. A pesar de haber sido levantados con el objetivo de acoger a la masiva de inmigrantes que huyen de la guerra y la miseria, estos centros están lejos de ser un lugar en donde las personas puedan vivir en tranquilidad y alejarse de la dura realidad que los aqueja.

En el transcurso de este verano, los estadounidenses han demostrado que, independientemente de su afiliación política, repudian el odio y la deshumanización de los inmigrantes, una actitud que podría haber incitado la matanza del fin de semana pasado en El Paso. Muchos están indignados por el cruel abandono de los niños que se encuentran detenidos a lo largo de la frontera —abuso infantil como política inmigratoria—, lo que ha instado al Congreso a ejercer las tan necesarias facultades de supervisión.

Pero la verdadera puesta a prueba es si los legisladores harán uso de su “poder financiero” a fin de lograr un cambio real para los niños manteniendo unidas a las familias y desviando el enfoque de la detención.

Debido a que los senadores y representantes se encuentran en sus hogares por el receso de agosto, los estadounidenses tienen ahora una oportunidad crucial para exigir que se haga un cambio.

A mediados de junio entrevistamos a niños detenidos en el centro de la Patrulla Fronteriza en Clint, Texas, en calidad de supervisores del así denominado Acuerdo de Flores de 1997 que exige que el gobierno libere a niños de los centros de detención lo más antes posible y que, estando detenidos, gocen de condiciones de reclusión sanitarias y seguras.

Nos encontramos con niños sucios, hambrientos, enfermos y asustados que se encontraban recluidos por mucho más tiempo que las 72 horas impuestas por la ley, algunos hasta por varias semanas o más. En el pasado, ya habíamos participado de visitas de supervisión bajo el Acuerdo de Flores en centros de detención controvertidos. Pero nada nos preparó para lo que vimos, oímos y olimos en Clint. Como abogadas, como madres, como estadounidenses, nos vimos obligadas a alzar la voz.

Desde entonces, las pruebas de abuso infantil en los establecimientos controlados por la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos se han tornado indiscutibles. Un órgano de control del Departamento de Seguridad Nacional publicó un informe que condena la detención prolongada, el hacinamiento y el maltrato de niños y familias detenidos por la Patrulla Fronteriza. NBC News, la división de noticias de la cadena televisiva estadounidense NBC, obtuvo casi 30 informes de incidentes que documentan supuestos abusos, agresión sexual y maltrato de niños detenidos en Yuma, Arizona. Los mismos agentes confirmaron a The New York Times sobre las condiciones inmundas y de hacinamiento.

Esta crueldad se presenta a pesar de que la liberación es una opción totalmente viable.

Casi todos los niños y familias que solicitan asilo se presentan ante el tribunal cuando reciben el apoyo adecuado. Los datos obtenidos en los últimos años arrojan que asignar un abogado o un trabajador social a las familias solicitantes de asilo garantiza que comparecerán en las audiencias en los tribunales de inmigración en el 99% de los casos cuando están representadas por un abogado, y en el 99% de los casos cuando se les asigna un trabajador social en el marco de lo que era el Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, un sistema de apoyo para familias solicitantes de asilo no detenidas, constituidas principalmente por madres y niños de Centroamérica.

Hace poco, el Congreso celebró seis audiencias sobre niños en jaulas y la persistente separación de familias. Las audiencias constituyen un primer paso importante. Bajo el escrutinio público, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha reducido la cantidad de niños bajo su custodia de más de 2.500 a mediados de junio, recluidos durante varias semanas, a menos de 350 al 17 de julio.

El secretario interino del Departamento de Seguridad Interna, Kevin McAleenan, declaró el 18 de julio que los niños ahora se encuentran recluidos bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza “menos de 35 horas, en promedio”. Si bien el gobierno aún no ha publicado datos que corroboren esta declaración, esto parece indicar que está reaccionando a la atención dirigida a su conducta ilegal.

Ahora, el Congreso debe hacer más a fin de asegurar que los niños refugiados se encuentren a salvo y en libertad con sus familias. El pueblo estadounidense debe exigir esos cambios en agosto.

A fines de junio, los líderes demócratas de la Cámara de Representantes impulsaron un proyecto de ley de gastos adicionales de la Comisión de Seguridad Interna del Senado que incluía casi US$ 2.000 millones para expandir la detención, pero con fondos insuficientes para acelerar la liberación de los niños u ofrecerle otras alternativas a la reclusión.

Emitir un cheque en blanco para ampliar el espacio de detención no resuelve el problema de los abusos a menores en la frontera. Si los miembros del Congreso se toman en serio la protección de los niños, cambiarán su enfoque respecto del presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para el próximo año, y aprobarán en septiembre una ley que establezca estándares para el cuidado de niños detenidos.

En primer lugar, el Congreso debe ordenar a las agencias de inmigración que la liberación de los solicitantes de asilo, en lugar de la detención, no sea la excepción sino la norma. En cambio, el gobierno cerró abruptamente el Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o ICE por sus siglas en inglés, en junio de 2017, a pesar de la financiación del Congreso, el demostrado ahorro de costos, y las altas tasas de cumplimiento. El Congreso debe exigir su reinstauración.

Incluso las cifras de comparecencia de familias solicitantes de asilo sin representación legal o acceso al Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas son apabullantes: el 81,6% acude a la audiencia inicial y el 76% se presenta a todas las audiencias, según los datos del Centro de Acceso a Documentos Transnacionales (TRAC, por sus siglas en inglés).

Cuesta US$ 38 por día para que una familia participe del Programa de Gestión de Casos Familiares del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, según la Comisión de Mujeres Refugiadas, un grupo defensor de personas desplazadas por conflictos y crisis, en comparación con los US$ 319 por día por cama en un centro de detención familiar o US$ 775 por día por niño en un establecimiento de seguridad con fines de lucro en Homestead, Florida.

En segundo lugar, el Congreso debe asegurar que profesionales debidamente capacitados y acreditados tomen decisiones sobre el bienestar infantil, no los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Estados Unidos tiene la gran responsabilidad de proteger a los niños. La separación de familias solo es apropiada en circunstancias excepcionales, como cuando un miembro de la familia constituye un riesgo inminente de causar un daño a un niño o si estar separados realmente es en el mejor interés del niño. Pero, actualmente, los agentes de la Patrulla Fronteriza que carecen de una capacitación especializada en bienestar infantil separan de manera rutinaria a los niños de cualquier adulto que no sea su padre o madre, como en el caso de sus tías y abuelas (ellos sostienen que es para proteger a estos niños de la trata), y aún separan a niños de sus padres, también niños pequeños, causándoles un trauma a largo plazo.

El Congreso no debe permitirles a las agencias fronterizas extender el falso manto de la protección infantil sobre sus prácticas rutinarias perjudiciales.

Exhortamos a todos los estadounidenses que son testigos de los abusos contra niños y familias inmigrantes a que no se detengan. Las vigilias, marchas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos que envían a sus representantes marcan la diferencia. Y ahora pueden hacer mucho más. Dado que los senadores y representantes están de regreso en sus hogares durante el receso, visítenlos en sus despachos locales. Asegúrense de que los representantes sepan que sus votantes quieren que se tomen medidas y se ejerza la supervisión.

Organicen movilizaciones en sus ciudades para otorgarle mayor importancia a las experiencias que viven estos niños e inviten a sus representantes a pronunciarse con ustedes en contra de esta práctica. Si ellos no se suman a esta iniciativa, movilicen al distrito para hacerlos responsables. El Congreso tiene el poder para dejar de financiar la crueldad en la frontera cuando regrese a Washington en septiembre.

El secretario general de la ALDHU, Juan de Dios Parra, explicó: “Actualmente se están produciendo graves atentados contra los derechos humanos en muchas fronteras en el mundo; los diferentes estados deberían respetar los derechos de todas aquellas personas que deben dejar sus casas en busca de una vida mejor. Los niños son, a veces, los que reciben las peores consecuencias. Los centros de reclusión no son ninguna solución ni para el estado ni para las personas migrantes”.

Fuente: CNN, El mostrador

México retiene a niños en estación migratoria pese a orden judicial

Ciudad de México. Hacinamiento, condiciones similares a las de una cárcel, chinches y enfermedades son algunas de las quejas que se escuchan sobre una estación migratoria de Ciudad de México que alberga a docenas de menores, pese a que hace dos meses un tribunal dictaminó que era inconstitucional.

Bajo la amenaza de sanciones económicas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México ha intensificado las detenciones de migrantes este año para frenar un aumento en los solicitantes de asilo de América Central.

Conocida como Las Agujas, la estación migratoria en Iztapalapa, en el oriente de la capital, albergaba a unos 108 menores esta semana, algunos de los cuales no están acompañados, dijo Jesús Quintana, encargado de monitorear la estación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En junio, un tribunal dictaminó que era inconstitucional que Las Agujas detuviera a los menores después de que una niña guatemalteca de 10 años muriera bajo su custodia. El Instituto Nacional de Migración (INM), que dirige el centro, no ha apelado la decisión, pero dijo a Reuters que cumple las leyes que protegen a los migrantes en "todos y cada uno de los casos".

Las Agujas es parte de una red de centros que el gobierno ha prometido modernizar. La detención de menores ha aumentado las preocupaciones sobre el trato de los migrantes por parte del gobierno mexicano en su esfuerzo por reducir el flujo de personas hacia el norte.

"Lo que tienen son como instalaciones de cárceles", dijo Ana Saiz, directora de Sin Fronteras, uno de los cuatro grupos de defensa de inmigrantes que llevaron a Las Agujas a los tribunales después de que la niña guatemalteca muriera en mayo. "(Detener niños) es una práctica en contra de los derechos humanos e ilegal en México".

El gobierno dijo que la niña, que estaba detenida con su madre, murió bajo custodia oficial después de caerse de una litera en el lugar, que tiene una capacidad de 464 personas.

El 10 de junio, un panel de jueces ordenó a Las Agujas que dejara de retener a los niños, citando las leyes de migración y los derechos de los infantes.

El 24 de julio, un tribunal administrativo dijo que el director de Las Agujas, Miguel Ángel Hernández, no había atendido la orden, haciendo referencia a cinco menores no acompañados de la India que permanecían en el centro.

Hernández le dijo al tribunal que había cumplido reubicando a 38 menores identificados por los grupos que presentaron el caso, según muestran documentos de la corte vistos por Reuters. El INM dijo el 27 de julio que "en ningún momento se incumplió con una orden judicial".

En un comunicado, el INM dijo que priorizaba la unidad familiar y que los menores no acompañados solo se alojan en los centros "temporalmente".

Hernández no pudo ser contactado directamente para hacer comentarios.

Niños llorando. Las cifras del gobierno mexicano muestran que 32.507 menores migrantes fueron detenidos entre enero y junio de 2019.

La autoridad migratoria alberga menores junto con adultos, dijo Rosalba Rivera, coordinadora de atención a la niñez migrante del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).

Rivera dijo que el INM a veces contacta a la agencia nacional de desarrollo familiar para encontrar viviendas alternativas para los niños, como refugios, una vez que están en instalaciones como Las Agujas.

Pero la ley mexicana es explícita en que los niños migrantes no deberían pasar "ni un día" en detención, agregó.

En Estados Unidos, los menores no acompañados pueden permanecer bajo custodia de la patrulla fronteriza durante 72 horas antes de ser transferidos a los refugios para niños.

Detenidos y visitantes dijeron a Reuters que todavía menores de edad son traídos a Las Agujas.

Torres con vigilancia resguardan las cuatro esquinas del complejo de muros altos en el corazón de un barrio residencial. Sus paredes de hormigón y sus barrotes de metal verde contrastan con una escuela primaria de flores en la misma cuadra.

Los detenidos a menudo no pueden irse durante semanas o meses antes de ser deportados o solicitar asilo, según los grupos que monitorean la situación.

En un informe en julio del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la CNDH se informó que el centro estaba saturado, lleno de chinches y escasez de alimentos.

El INM dijo a Reuters que cada uno de los detenidos del centro recibe un equipo básico de higiene, agua potable y tres comidas al día. No respondió sobre los chinches o reclamos respecto a la capacidad de la instalación.

"Los niños lloran mucho", dijo un migrante venezolano de unos 30 años que salió de Las Agujas recientemente. Habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de las autoridades.

Describió una instalación abarrotada, "igual que la cárcel" y dijo que a menudo veía una larga fila de madres y sus hijos esperando para ver a un médico, ya que los niños a menudo se enfermaban.

La hermana María Josefa Martínez, una monja que visita el centro semanalmente, dijo que los niños "lo pasan mal", a menudo contraen infecciones estomacales y de garganta y tienen poco que hacer.

Saiz de Sin Fronteras dijo que su personal se enteró de un brote de varicela entre niños en el centro en una visita en julio.

Sin comentar sobre las enfermedades, el INM dijo que Las Agujas brinda asistencia médica gratuita a los detenidos las 24 horas del día.

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Fuente: Reuters,  americaeconomia.

Human Rights Watch advierte sobre violaciones de derechos humanos en Colombia

Un informe de la organización Human Rights Watch advierte de violaciones, desapariciones y asesinatos de ciudadanos colombianos y venezolanos por parte de grupos armados en Catatumbo, en el noreste de Colombia. José Manuel Rodríguez tiene más detalles.

Los 52 años de conflicto armado entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno terminaron en 2016, con la firma de un acuerdo de paz. Sin embargo, la violencia asociada con los grupos armados aumentó en 2018, luego de haber disminuido a partir del cese al fuego de las FARC de 2015. La población civil ha sufrido graves abusos a manos de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia. La violencia asociada con el conflicto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 8,1 millones de colombianos desde 1985.

Entre los serios problemas de derechos humanos que persisten en Colombia se incluyen la impunidad por violaciones de derechos humanos, obstáculos a la restitución de tierras para las personas desplazadas, limitaciones a los derechos reproductivos, así como las graves condiciones que enfrentan las comunidades wayúu y otras comunidades indígenas en el país.

Guerrillas y disidencias de las FARC

En junio de 2017, la misión política de las Naciones Unidas en Colombia verificó que los miembros de las FARC que aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno habían entregado sus armas a la misión. La organización guerrillera desmovilizada anunció posteriormente su partido político, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

En septiembre de 2018, la misión política de la ONU anunció que seis excomandantes de las FARC en el sudoeste de Colombia habían abandonado los sitios de reincorporación. Entre estos se incluía Iván Márquez, segundo al mando de las FARC y jefe negociador en el proceso de paz, cuyo paradero seguía siendo desconocido al momento de preparación de este documento.

Una minoría de guerrilleros disidentes rechazaron los términos del acuerdo de paz, no se han desarmado y siguen cometiendo abusos. Otros crearon nuevos grupos o se sumaron a estos tras el desarme, en parte como reacción a las falencias en los programas de reincorporación. En febrero, el gobierno estimó que los grupos disidentes de las FARC tenían más de 1.400 miembros.

En el municipio sureño de Tumaco, grupos disidentes de las FARC han cometido graves abusos contra civiles, incluidos homicidios, violaciones sexuales, reclutamiento infantil, secuestros y desapariciones.

En marzo, uno de esos grupos, el Frente Oliver Sinisterra, secuestró a tres empleados del periódico ecuatoriano El Comercio que estaban investigando las actividades del grupo armado en Mataje, Ecuador. El grupo mantuvo rehenes a los hombres durante dos semanas, mientras exigía que el gobierno ecuatoriano liberara a tres de sus miembros que estaban encarcelados. El 11 de abril, el grupo difundió un panfleto que anunciaba que los tres secuestrados habían muerto. Sus cuerpos fueron hallados en una zona rural de Tumaco a mediados de junio.

En 2018, el ELN siguió cometiendo graves abusos contra civiles, incluyendo asesinatos, desplazamientos forzados y reclutamiento infantil. En el marco de su enfrentamiento con el Ejército Popular de Liberación (EPL) —un grupo residual de una organización guerrillera que se desmovilizó en la década de 1990— los grupos obligaron a más de 12.000 personas a abandonar sus hogares en la zona nororiental de Catatumbo.

El ELN siguió llevando a cabo secuestros en 2018. El 7 de septiembre, miembros del ELN secuestraron a Mayerli Cortés Rodríguez, de 15 años, a quien el grupo acusaba de actuar como informante del gobierno. La liberaron el 19 de septiembre.

Grupos disidentes de las FARC están aterrorizando a la población mayormente afrocolombiana del municipio de Tumaco.

Los paramilitares y sus sucesores

Entre 2003 y 2006, organizaciones paramilitares de derecha que tenían estrechos vínculos con la fuerza pública y con políticos participaron en un proceso de desmovilización que presentó graves falencias, y tras el cual numerosos miembros permanecieron activos y simplemente se reorganizaron conformando nuevos grupos. Estos grupos sucesores siguen cometiendo abusos graves como asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales.

Los combates entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), el mayor grupo sucesor del paramilitarismo, y los Caparrapos, un grupo que se desprendió de las AGC, provocaron que más de 2.000 personas huyeran de sus viviendas en la zona de Bajo Cauca, en el norte de Colombia, entre enero y marzo de 2018.

El Congreso aprobó en julio una ley que reduce sustancialmente las condenas impuestas a los miembros de grupos armados que se desmovilicen, reconozcan los delitos que se les atribuyen y proporcionen información sobre cómo actúan los grupos. El entonces presidente Juan Manuel Santos señaló que las AGC habían aceptado desmovilizarse al amparo de la nueva ley, pero esta desmovilización todavía no se había producido cuando se redactó el presente informe.

La implementación de la Ley de Justicia y Paz de 2005, que ofrece una reducción de las penas a los paramilitares desmovilizados que confiesen sus crímenes, ha avanzado lentamente. De los más de 30.000 paramilitares que se desmovilizaron, 4.000 han intentado solicitado los beneficios de la ley. Hasta marzo de 2018, habían sido condenadas 215 personas, es decir, cerca del 5%.

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, seguía procesado por los delitos de homicidio y concierto para delinquir en relación con su presunto rol en el grupo paramilitar “Los 12 Apóstoles” en la década de 1990.

En julio, la Corte Suprema de Justicia citó al expresidente Uribe para que respondiera por señalamientos de que había presionado a testigos cuyas declaraciones lo implicaron en atrocidades paramilitares cometidas durante la década de los noventa. En agosto la audiencia se pospuso y al momento de preparación de este documento Uribe no había sido indagado.

Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública

De 2002 a 2008, fue habitual que miembros de brigadas del Ejército en toda Colombia ejecutaran a civiles, en lo que ahora se conoce como “falsos positivos”. Soldados y oficiales, presionados por sus superiores para que demostraran resultados “positivos” e incrementaran el número de bajas en el combate a las guerrillas, se llevaban por la fuerza a víctimas o las citaban en parajes remotos con promesas falsas —como ofertas de empleo—, para luego dispararles y matarlas, colocar armas junto a los cuerpos e informar que se trataba de combatientes enemigos muertos en enfrentamientos. El número de señalamientos de ejecuciones ilegales atribuidas a miembros de la fuerza pública se redujo drásticamente desde 2009, si bien sigue habiendo información creíble sobre algunos casos nuevos.

La Fiscalía General de la Nación estaba investigando más de 3.600 presuntas ejecuciones ilegales perpetradas por miembros del Ejército entre 2002 y 2008, y, a marzo de 2018, había conseguido condenas contra más de 1.600 soldados de los escalafones bajos y medios (esta estadística incluye condenas a las mismas personas en distintos casos).

No obstante, en general las autoridades no han procesado a altos mandos del Ejército presuntamente involucrados en los asesinatos y, en cambio, han concedido ascensos a muchos de ellos. Ha habido avances muy limitados en los casos contra 19 generales del Ejército que están siendo investigados por falsos positivos.

En abril de 2018, la revista colombiana Semana reveló que, en 2017, el general Rodríguez Barragán, que entonces estaba al mando de las Fuerzas Armadas colombianas, pidió que otros militares interceptaran y monitorearan al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, y evaluaran formas de censurar sus tuits.

En octubre de 2017, ocho agricultores fueron asesinados en el municipio de Tumaco, en el sur del país, durante una protesta contra demoras en la implementación de programas destinados a la sustitución de cultivos ilegales. El Ministerio de Defensa señaló en un primer momento que disidentes de las FARC habían disparado contra manifestantes, mientras que los sobrevivientes responsabilizaron a policías. Al momento de redacción del presente, ninguna persona había sido imputada en relación con los asesinatos.

Violencia contra activistas comunitarios, sindicalistas y periodistas

Activistas indígenas, afrocolombianos y de otras comunidades siguen siendo blanco de amenazas y ataques. A pesar de un programa del Ministerio del Interior que asigna protección a defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) documentó el asesinato de 53 defensores de derechos humanos entre enero y septiembre de 2018.

En abril, un grupo de hombres armados secuestraron a tres familiares del líder comunitario Iber Angulo Zamora. El 5 de mayo, mientras trabajadores de la Defensoría del Pueblo llevaban a Angulo Zamora en una embarcación en el río Naya, hombres armados se lo llevaron. En junio, hombres que afirmaban pertenecer al grupo disidente de las FARC denominado “Frente Fuerza Unida del Pacífico” difundieron un video en el que anunciaban que los todos los secuestrados habían sido asesinados.

Una parte importante de estos asesinatos han ocurrido en cinco zonas donde hay numerosas actividades económicas ilegales, como la producción y el tráfico de drogas: los departamentos de Cauca y Nariño, en el sur del país; la zona nororiental de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y las zonas de Bajo Cauca y Urabá, en el noroeste del país.

En julio, la Fiscalía General de la Nación informó que había emitido órdenes de captura contra los presuntos responsables de cerca de la mitad de los asesinatos de defensores de derechos humanos reportados por el ACNUDH desde enero de 2016. La Fiscalía General de la Nación señaló que 71 personas fueron detenidas en relación con estos abusos y que en cinco casos se había condenado a los autores.

En agosto, el presidente Duque anunció que el gobierno establecería nuevos programas para prevenir este tipo de homicidios y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Negociaciones de paz y rendición de cuentas

El acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC estableció una “Jurisdicción Especial para la Paz” para procesar y juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. Los miembros de las FARC y de las Fuerzas Armadas responsables de delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen plenamente con la nueva jurisdicción y confiesen sus delitos quedan sujetos a penas de hasta ocho años de “restricciones efectivas de libertades y derechos”, pero no a penas de prisión.

Al momento de redacción de este informe, los magistrados de la Jurisdicción Especial habían priorizado cuatro situaciones: secuestros cometidos por las FARC; falsos positivos; abusos de integrantes del Ejército y de las FARC contra personas afrocolombianas e indígenas en tres municipios del departamento de Nariño entre 1990 y 2016; y abusos perpetrados por miembros de las FARC y del Ejército en la zona de Urabá entre 1986 y 2016.

En julio, los congresistas aprobaron una ley con disposiciones que suspenden, a menos que los acusados soliciten lo contrario, los procesos en la Jurisdicción Especial contra soldados de las Fuerzas Armadas colombianas, hasta que el gobierno establezca para ellos un “procedimiento especial y diferenciado”. La disposición, que fue propuesta por el Centro Democrático, el partido al que pertenecen Uribe y Duque, y estaba siendo analizada por la Corte Constitucional cuando se redactó este documento, podría frenar los procesos por falsos positivos.

Durante 2018, el Centro Democrático presentó al Congreso otros proyectos que contribuirían sustancialmente a frustrar los procesos contra miembros de la fuerza pública; por ejemplo, al permitir que los miembros del ejército reciban beneficios en materia punitiva con independencia de si confiesan o no los delitos. Sin embargo, la mayoría de estas propuestas habían sido retiradas o enmendadas por los legisladores al momento de redacción del presente informe.

El Centro Democrático ha planteado falsos señalamientos contra magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, acusándolos de tener perjuicios en contra de la fuerza pública. Al momento de redacción de este informe, el Congreso estaba discutiendo un proyecto de ley para nombrar a otros 14 magistrados de la Jurisdicción Especial.

Desplazamiento interno y restitución de tierras

La violencia relacionada con el conflicto ha desplazado a más de 8,1 millones de colombianos desde 1985, según indican estadísticas gubernamentales. Más de 48.000 fueron desplazados entre enero y septiembre de 2018.

Los avances en la implementación de la restitución de tierras conforme a la Ley de Víctimas de 2011 siguen siendo lentos. La ley se promulgó para restituir millones de hectáreas de tierras que fueron abandonadas o robadas a personas desplazadas durante los años de conflicto armado. Hasta noviembre de 2018, la justicia había dictado sentencias en apenas 8.200 de las más de 116.000 solicitudes recibidas.

En septiembre, una senadora del Centro Democrático presentó un proyecto en el Congreso que limitaría la restitución de aquellas tierras que hubieran sido robadas y luego vendidas a terceros.

Migración desde Venezuela

La crisis humanitaria y de derechos humanos en Venezuela ha provocado la mayor crisis migratoria de la historia reciente de América Latina. Colombia ha recibido, por amplia diferencia, a la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Al menos un millón de personas se trasladaron de Venezuela a Colombia tan solo entre marzo de 2017 y junio de 2018.

En julio de 2017, el gobierno colombiano creó un permiso especial que habilita a regularizar su condición y a recibir permisos de trabajo y acceso a servicios públicos básicos a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país legalmente, pero que superen el período de permanencia permitido por sus visas. En 2017 y los primeros meses de 2018, se concedió este permiso a 180.000 venezolanos. En julio de 2018, el gobierno colombiano permitió que los más de 400.000 inmigrantes irregulares venezolanos que se registraron en un censo gubernamental tuvieran acceso a servicios públicos básicos, permisos de trabajo y pudieran inscribir de sus hijos en las escuelas.

Derechos de mujeres y niñas

La violencia de género es un problema generalizado en Colombia. La falta de capacitación y la implementación deficiente de protocolos de tratamiento impiden el acceso oportuno a servicios médicos y generan obstáculos para las mujeres y niñas que procuran recibir atención o acceso a la justicia luego de hechos de violencia. Los responsables de delitos violentos de género rara vez responden ante la justicia.

En Colombia el aborto es ilegal, salvo cuando la vida o la salud de la mujer o niña están en riesgo, el embarazo es resultado de violación sexual o el feto presenta complicaciones incompatibles con la vida extrauterina. En octubre, la mayoría de los magistrados de la Corte Constitucional rechazaron la propuesta de una magistrada de limitar el aborto legal a las primeras 24 semanas de embarazo.

Es común que mujeres y niñas enfrenten obstáculos en el acceso al aborto legal, lo que incluye largas demoras y falta de médicos dispuestos a practicar abortos.

Orientación sexual e identidad de género

En los últimos años, las autoridades han dado varios pasos importantes para reconocer los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En junio de 2015, el Ministerio de Justicia dictó un decreto que permitió que las personas modificaran el género consignado en sus documentos de identidad sin necesidad de aprobación judicial previa. En noviembre de 2015, la Corte Constitucional dispuso que no podían invocarse motivos de orientación sexual para negar a los colombianos la posibilidad de adoptar un hijo. En 2016, la Corte Constitucional consagró el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio.

Derechos de la población indígena

La población indígena de Colombia está afectada por niveles desproporcionados de pobreza que obstaculizan significativamente la posibilidad de que satisfagan sus derechos sociales y económicos. Entre enero y principios de noviembre de 2018, al menos 43 niños y niñas de menos de cinco años —en su mayoría de las comunidades indígenas wayúus— murieron en el departamento de La Guajira por causas vinculadas con desnutrición. Muchas de estas muertes son provocadas por el acceso
limitado al agua potable. En diciembre de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al gobierno que adoptara medidas para frenar estas muertes.

Actores internacionales clave

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero con mayor influencia en Colombia. En marzo de 2018, el Congreso estadounidense aprobó fondos de asistencia por más de USD 390 millones, que se destinarían principalmente a fines de desarrollo y lucha contra el narcotráfico. Una parte de la asistencia militar estadounidense se encuentra supeditada a requisitos en materia de derechos humanos. El cumplimiento de estos requisitos no ha sido exigido rigurosamente por el Departamento de Estado de EE. UU.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa realizando un seguimiento de las investigaciones en Colombia sobre crímenes que estarían comprendidos dentro de la competencia de la corte. En marzo, mayo y octubre de 2018, personal de la Fiscalía visitó Colombia para obtener información sobre procesos penales relevantes en el país.

En 2016, a pedido del gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, el Consejo de Seguridad de la ONU creó una misión en Colombia para dar seguimiento al acuerdo de paz con las FARC y verificar su implementación. En septiembre de 2018, el Consejo de Seguridad amplió el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 25 de septiembre de 2019.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos tiene un rol clave en la defensa y la promoción de los derechos humanos en Colombia. En marzo de 2018, se designó a Alberto Brunori como nuevo representante del Alto Comisionado en Colombia. En un primer momento, el gobierno le otorgó un permiso temporal de trabajo, que limitaba su posibilidad de trabajar en Colombia. En mayo, el gobierno extendió el permiso.

El gobierno colombiano sigue colaborando con iniciativas de la región para abordar la crisis de derechos humanos en Venezuela. Colombia es miembro del Grupo de Lima, una coalición de gobiernos de la región que da seguimiento a la crisis en Venezuela.

El 26 de septiembre, los gobiernos de Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Perú y Paraguay remitieron la situación en Venezuela a la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.