Amnistía Internacional refiere el caso de un joven que fue
asesinado por un oficial del Ejército hondureño, desplegado por el presidente
Juan Orlando Hernández durante las manifestaciones que piden reformas en
educación y salud.
Amnistía Internacional ha acusado al presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández, de desplegar al Ejército para "reprimir" las
manifestaciones en contra de su Gobierno.
Al menos cinco personas han muerto y casi 80 han resultado
heridas desde que estallaron las protestas en contra de las reformas de ley a
los sistemas educativo y de salud, el pasado 25 de abril, informa la
organización de derechos humanos en un artículo publicado en su sitio de
internet.
"El uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades
ha violado el derecho internacional, pero sigue impune", señala Amnistía
Internacional.
La organización no gubernamental añade que el uso de las
fuerzas de seguridad en Honduras contra la población civil se recrudeció luego
de que documentos oficiales mostraran que la campaña del presidente Hernández
fue financiada por el crimen organizado.
"Esto significa que prácticamente nada disuade a las
fuerzas de seguridad de cometer más delitos a medida que las protestas siguen
cobrando intensidad tras denunciarse en un documento judicial de EE.UU. que la
campaña presidencial de Hernández de 2013 fue financiada en parte por
narcotraficantes", agrega.
El joven que murió a manos del Ejército
Amnistía Internacional refiere el caso de los familiares de
Eblin Noel Corea Maradiaga, un joven de 17 años de edad que fue asesinado por
las fuerzas de seguridad durante las protestas en Honduras en la localidad de
Yarumela, en la Paz, donde horas antes había tenido lugar un bloqueo carretero
como parte de las protestas, el pasado 19 de junio.
De acuerdo con algunos testimonios, un convoy del Ejército
llegó al lugar y disparó contra los civiles. A pesar de que Eblin y su padre
iban desarmados e intentaban refugiarse en un callejón, los testigos refieren
que un oficial del Ejército tomó posición, apuntó y disparó contra el
adolescente, que cayó en los brazos de su padre tras recibir un disparo en el
pecho.
La familia del joven estuvo 41 días vigilando su tumba para
evitar que autoridades retiraran la bala incrustada en el pecho del joven, con
el fin de evitar que el crimen contra Eblin quede impune y se pueda probar que
fue asesinado por el Ejército hondureño.
"Los vigilamos día y noche. Tenemos miedo de que entren
y roben la bala, y quieran esconder su crimen", dijo Erika Maradiaga,
madre de Eblin.
La organización de derechos humanos hizo un llamado al
presidente Hernández para poner fin por completo y de inmediato a la represión
estatal, cumplir las normas internacionales sobre el uso de la fuerza y
garantizar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.
"El sistema de Justicia hondureño ha demostrado una vez
más que las violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas
continúan sin ser debidamente investigadas, ni aquellos sospechosos de responsabilidad
penal son llevados ante la Justicia. Los hechos de estas últimas semanas dejan
al descubierto como la impunidad es una constante que promueve la repetición de
graves violaciones", dijo en junio pasado, Erika Guevara Rosas, directora
para las Américas de Amnistía Internacional.
Juan de Dios Parra, Secretario General de la ALDHU, dijo al
respecto: “El uso de la fuerza para reprimir la libre expresión y la
manifestación del malestar de la población es un síntoma poco democrático para
un gobierno, que, no en vano, está alterando a muchas organizaciones
internacionales respecto a dichas prácticas. Tal vez, un cambio de estrategia
gubernamental podría ayudar a frenar la escalada de malestar y violencia
vividas”.
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